• 14 julio 2014

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    Categoría : Opinion

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    19 vidas

    Honduras cuenta con ocho millones de habitantes. El 95 % se sienten amenazados por la criminalidad que sufre el país. Allí, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cada día mueren 19 personas víctimas de la violencia y el crimen. Tras años sin obtener frutos en la reducción de esta cifra, el país se ha sumergido en un nuevo intento con el “Programa de Apoyo al Sector Seguridad” (PASS) de la Unión Europea (UE) y en el que participa la FIIAPP.

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    Hace diez años, la tasa de homicidios en Honduras era de 30 asesinatos cada cien mil habitantes. De acuerdo a cifras oficiales, actualmente es de 86. Esto supone un aumento de más del 200%. Fomentada en gran parte por el futuro incierto de los jóvenes en un país en el que las dos terceras partes de su población subsisten en condiciones de pobreza, esta violencia y criminalidad no sólo se traduce en homicidios, sino también en otro tipo de delitos como la extorsión. Hasta el momento, las políticas públicas desarrolladas en Honduras para enfrentar este problema no han resultado eficaces y los delitos no han sido perseguidos adecuadamente.

    “La juventud tiene un alto nivel de desempleo y ante esa sensación de que no hay futuro en el país y de que aquí no se puede hacer nada, la vía de escape -resumiendo quizá demasiado- para un chico joven es la migración a Estados Unidos de ilegal o las posibilidades que ofrece la delincuencia: dinero a corto plazo”, explica Francisco de Asís López Sanz, director de equipo de la asistencia técnica que ofrece la FIIAPP al PASS. Con este programa, Honduras confía en que las instituciones nacionales de seguridad se fortalezcan y que se apoye la reforma del sector de seguridad del país.

    Algo necesario teniendo en cuenta que la población se ha decantado por recurrir a sistemas de seguridad privada que los habitantes con menos recursos no se pueden permitir y, en consecuencia, se convierten en los más afectados por la delincuencia. “Hay un alto índice de extorsión que popularmente se achaca a las pandillas callejeras, pero también han corroborado taxistas y pequeños comerciantes que a la policía hay que pagarle la ‘mordida’ correspondiente si se quiere ejercer el negocio cotidianamente”, ilustra el experto de la FIIAPP.

    Para paliar esta problemática, generada desde hace décadas y con diferentes focos de origen, según Francisco de Asís habrá que esperar entre una y dos generaciones. “El Estado tendría que emplearse a fondo con medidas impulsoras de una correcta distribución de la renta”, subraya. “Hay un gran índice de evasión fiscal y lavado de dinero, unos índices educativos muy bajos y también hay un alto índice de violencia política y contra los periodistas, además de un incremento de asesinatos de mujeres”, añade el experto sobre los factores que no ayudan a conseguir la paz social.

    Formación frente al crimen

    En este sentido, la FIIAPP aporta a Honduras a través del PASS expertos que forman a jueces, fiscales y policías con el objetivo de fortalecer los procesos judiciales y la seguridad del país. Esto se traduce en el desarrollo de 15 cursos que se han impartido desde el comienzo del programa (2011) hasta este mes de julio.

    El Fiscal General Adjunto de Honduras, Rigoberto Cuéllar, asegura a la FIIAPP que en el país centroamericano existe una falta de credibilidad en su sector de justicia. “Sólo hay una manera de garantizar ese extremo y es a través de procesos de formación tanto inicial como permanente y sistemática de especialización posterior de cada uno de sus miembros”, indica. Este tipo de formación, basado en gran medida en la práctica, se paralizó en Honduras hace una década.

    Uno de estos cursos ha sido el de “Derecho Penal y Procesal Penal” dirigido a 650 fiscales del Ministerio Público hondureño, 30 jueces y 30 policías, a quienes les ha aportado la necesidad de conservar las pruebas y no adquirirlas a cualquier coste o medio. También cómo un fiscal debe plantear un caso en un juicio oral y cómo defenderlo, entre otros contenidos. “Algo que no se enseña ni en las universidades ni en los libros”, subraya Cuéllar. En lo que refiere a la Fiscalía, este curso ha permitido valorar su situación en el país. “Tomar las enseñanzas aprendidas pueden servir al Fiscal General Adjunto de Honduras para tomar decisiones acerca de cuáles son sus necesidades de personal, sus puntos débiles y la adecuada reasignación de puestos de trabajo”, explica el experto de la FIIAPP Francisco de Asís.

    El PASS, financiado por la UE con nueve millones de euros y con uno procedente de Honduras, es un paso más hacia esa deseada transición generacional que reduzca la violencia. Ahora hay que esperar a que dé sus frutos con el fin de que no se repita ese balance de 19 vidas perdidas por día.

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