• 19 octubre 2017

    |

    Posteado en : Opinion

    |

    Gobierno Abierto, Estado Abierto

    En estos días en los que la corrupción se ha convertido en un mal endémico, necesitamos más que nunca acercar las Instituciones a los ciudadanos, sus legítimos acreedores

    La Alianza del Gobierno Abierto fomenta una cultura de transparencia y rendición de cuentas

    En estos días en los que la corrupción se ha convertido en un mal endémico que afecta directamente a la calidad democrática de nuestras sociedades, necesitamos más que nunca acercar las Instituciones a los ciudadanos, sus legítimos acreedores. Un elemento que contribuye a disminuir la fractura entre poder público y los ciudadanos es sin duda, el fomento de una cultura de transparencia y rendición de cuentas que devuelva la confianza en las Administraciones públicas.

     

    En este sentido una iniciativa interesante es la Alianza del Gobierno Abierto (Alianza OGP, por sus siglas en inglés) una iniciativa multilateral en la que participan 69 países, entre ellos España y Colombia, orientada a mejorar el desempeño gubernamental, fomentar la participación efectiva de la sociedad civil y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos.

     

    Cada estado miembro de la Alianza OGP se compromete a poner en marcha Planes de Acción plurianuales, aplicables transversalmente en sus Instituciones y principalmente en las competencias gubernamentales.

     

    Colombia está demostrando su compromiso con la transparencia ampliando la perspectiva de un “Gobierno Abierto” a un “Estado abierto”, incluyendo en esta iniciativa al Poder Judicial. En ACTUE Colombia llevamos tres años trabajando esta iniciativa en Colombia, apoyando tanto a la entidad coordinadora, la Secretaría de Transparencia, como fortaleciendo la capacidad técnica de la sociedad civil, de forma que puedan mantener un diálogo efectivo con el gobierno colombiano.

     

    Los Planes de Acción OGP están concebidos para construirse de forma participativa entre las distintas Administraciones Públicas (Administración General del Estado, Autonómica y Local) y la sociedad civil, en el que la participación de la ciudadanía tiene un rol fundamental en el desarrollo y éxito de esta Alianza.

     

    España, miembro de la OGP desde 2011, ha implementado hasta el momento dos Planes de Acción, de los cuales la sociedad civil demandaba más transparencia y participación. Dichas demandas han sido recogidas por la Audiencia Nacional, en una reciente Sentencia (SAN 3357/2017) en la que reconoce el Derecho de Acceso a la organización Access Info Europe y argumenta para ello jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH 8.11.16 y 25.06.13), que entiende este Derecho como fundamental y meritorio de una esfera de especial protección; por lo que si bien en nuestro país el Derecho de Acceso a la Información no ha sido reconocido como un Derecho Fundamental, en la práctica actual podemos hablar de un contexto esperanzador al respecto.

     

    En esta línea el III Plan de Gobierno Abierto, lanzado en junio de este año para el periodo 2017-19, ha introducido importantes mejoras al respecto, como así lo recomendaba el Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza; estructurado en cinco Ejes (Colaboración; Participación; Transparencia; Rendición de cuentas y Formación) ha sido elaborado incluyendo propuestas de las administraciones territoriales y Ministerios así como posibilitando la participación de la ciudadanía a través de la herramienta de información pública, en la que cualquier ciudadano podía hacer llegar sus propuestas a través del portal de transparencia, en el que se puede realizar el seguimiento de todas las Fases del III Plan.

     

    Asimismo como novedad se prevé la constitución de un Foro Multisectorial, en el que tendrán cabida representantes de la academia, de la sociedad civil y las Administraciones públicas para llevar a cabo el seguimiento del III Plan.

     

    Aún nos queda mucho por avanzar hacia la consecución de un Estado abierto, pero algo parece claro y es que nos encontramos ante un cambio de paradigma en cuanto a la construcción de políticas públicas, en el que el Acceso a la Información y la Transparencia, la Educación en cultura de integridad y el avance de un Gobierno en línea son elementos clave para que el ciudadano se convierta en sujeto activo en los procesos públicos de decisión y construcción de políticas y contribuya a mejorar la eficacia y eficiencia de nuestras Instituciones.

     

     

    Carolina Díaz es Técnico Jurídico del Proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia (ACTUE Colombia)

  • 06 octubre 2017

    |

    Posteado en : Opinion

    |

    Los retos de las administraciones tributarias de América Latina

    El Director de Cooperación y Tributación Internacional del CIAT describe los grandes desafíos a los que se enfrentan las administraciones tributarias de América Latina

    Isaac Gonzalo Arias en la conferencia técnica del CIAT celebrada en San José de Costa Rica

    Tal vez “heterogeneidad” sea el término que mejor define a América Latina (AL), tanto por las diferencias geográficas, económicas y culturales de sus países, como por la desigualdad en el nivel de desarrollo de sus habitantes. No es tarea fácil definir retos comunes para sus administraciones tributarias (AT). La región alberga AT de clase mundial y otras que presentan carencias significativas, siendo la misión del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) trabajar para reducir las brechas existentes en el nivel de desarrollo de las mismas.

     

    Aunque existen algunas herramientas regionales de armonización – modelos, manuales, propuestas –, en el ámbito de la política tributaria poco se ha logrado armonizar. Por ejemplo, el Código Tributario del CIAT-BID-GIZ representa un modelo regional, que pretende motivar reformas tendientes a “equilibrar el campo de juego”. En la tributación internacional[1], la transparencia y el intercambio de información[2], se está dando un proceso de armonización que surge de iniciativas globales. Este proceso constituye un reto para la región. Sin embargo, nace de la experiencia de países desarrollados y no de AL. A este proceso, lo llamaría “armonización importada”.

     

    Las AT de AL han mejorado principalmente gracias al uso de la tecnología y a un mayor respaldo político por parte de sus gobiernos. De acuerdo a datos del CIAT, desde los años 60, los ingresos tributarios de los gobiernos centrales de AL han presentado una tendencia positiva, pasando de 9,7 (1960) a 16,2 (2014) puntos del PIB, siendo este último valor el más alto registrado en el referido período.

     

    El gran reto que las AT enfrentan consiste en “hacer + con -”. Para ello, es necesario orientar esfuerzos en aquellos ámbitos donde existe riesgo de incumplimiento; con el ánimo de clasificarlos, prevenir su ocurrencia o bien gestionarlos. El reto consiste en fortalecer varios procesos e integrarlos en una sola plataforma – Ej.: acceso y manejo de información, registro de contribuyentes, cuenta corriente tributaria, sistemas de facturación, servicio al contribuyente, investigación, auditoría, recaudación, cobranza, iniciativas de cumplimiento cooperativo, etc.–. En este ámbito, el uso de soluciones tecnológicas avanzadas hace la diferencia. Para no fallar en el intento, es fundamental una adecuada planificación, donde las áreas críticas deben actuar de manera coordinada, inclusive, con actores que trascienden la frontera de la AT.

     

    gonzalo_vargas-002
    Isaac Gonzalo Arias, Director de Cooperación y Tributación Internacional del CIAT

     

    Un adecuado monitoreo de incentivos tributarios contribuye con el propósito planteado anteriormente. Según datos del CIAT, representan en promedio 4,6 puntos del PIB en AL (2012), siendo éste un número significativo. Asimismo, la adecuada aplicación de convenios para evitar la doble imposición constituye un desafío. Este último tema actualmente no es relevante para todos, aunque gradualmente los países de AL están ampliando sus redes.

     

    El fortalecimiento de la infraestructura jurídica representa una asignatura pendiente para muchos países de AL. Actualmente, el planeamiento tributario es sofisticado, dejando una frontera muy delgada entre la elusión y la evasión. Resulta complejo para las AT aplicar normas generales y específicas anti-abuso. Complementariamente, es oportuno plantear estrategias para evitar litigios y prestar atención a la capacidad de los tribunales a cargo de asuntos tributarios.

     

    Para afrontar estos retos, el compromiso político, el diálogo y la cooperación entre pares, el apoyo internacional, la inversión en recursos para la AT, y ante todo la transparencia tributaria, resultan imprescindibles. En este marco, el reciente convenio de colaboración firmado entre el CIAT y la FIIAPP para promover el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre las AT de la Unión Europea y de América Latina, así como entre las propias administraciones latinoamericanas en el marco del Programa EUROsociAL+, representa una oportunidad para las AT de AL.

     

    [1] Marco Inclusivo BEPS

    [2] Estándar sobre transparencia e intercambio de información

     

    Isaac Gonzalo Arias es Director de Cooperación y Tributación Internacional del CIAT

     

  • 15 septiembre 2017

    |

    Posteado en : Opinion

    |

    El Salvador afronta una nueva era en la gestión de sus expedientes clínicos

    Alicia Miranda Duke, jefa de estudios e investigación del Instituto de Acceso a la Información Pública salvadoreño, describe los retos en la protección de datos sanitarios de los pacientes. El programa de la Unión Europea EUROsociAL+ contribuye a este proceso fomentando el intercambio de experiencias entre países de América Latina y Europa

    En El Salvador, pocos temas pasan tan desapercibidos en las agendas públicas y mediáticas como la gestión de los expedientes clínicos. La ironía es que estos documentos contienen datos personales sensibles sobre la salud de miles de personas que deberían de ser protegidos con los máximos estándares de calidad. El tema adquiere más relevancia en el sector sanitario público, al que recurre el 84 % de la población (Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2014, DIGESTYC-MINEC).

     

    Entre enero y marzo de 2017, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) realizó una serie de entrevistas a personal clave del Ministerio de Salud (MINSAL) y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para conocer, de manera preliminar, algunos aspectos sobre la gestión documental y la protección de datos personales. La información contribuirá a que el IAIP, como ente rector en esas materias, emita lineamientos en torno a la temática. Desde las primeras entrevistas se planteó una realidad compleja.

     

    En términos de normalización se encontraron al menos seis documentos que contienen diferentes criterios para el manejo de los expedientes clínicos. Sin embargo, no existe una gestión normalizada para todo el sector público. Por ejemplo, el archivo de documentos se ha vuelto un problema que, literalmente, está desbordando el sistema de salud público. Si bien no es igual en todos los centros de atención, existen almacenes en los que se guardan estos documentos sin mayor criterio que su peso en kilos.

     

    Otro hallazgo que surgió fue el poco o nulo conocimiento sobre los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos). Por un lado, operadores de salud que no garantizan el pleno ejercicio de estos derechos; y por otro, usuarios que no los exigen. ¿Pero cómo exigir un derecho que no es conocido por quienes tienen que garantizarlo?

     

    Durante las entrevistas, los desafíos sobre la gestión de los expedientes clínicos aparecieron uno tras otro. Casi todos los entrevistados coincidieron en la necesidad de migrar a formatos electrónicos y únicos. Algo que, entre otros beneficios, permitiría la interoperabilidad de la información. Es decir, acceder a la historia clínica para la intervención de un paciente desde cualquier lugar en donde se encuentre. Pero aunque haya argumentos favorables de sobra, la posibilidad de migrar choca con otra realidad. Su implementación requeriría de una importante inversión financiera. Datos preliminares, proporcionados por ambas instituciones, arrojan que se trata de una inversión aproximada de 40 millones de dólares. Pero aún en un escenario favorable, la normalización sobre la gestión no se agota con la migración al formato electrónico. De hecho, cualquiera que sea la acción a implementar tiene, al menos, dos retos iniciales.

     

    En primer lugar, la normalización de la gestión documental y la protección de datos personales de los expedientes que se encuentran actualmente en papel. Es decir, ¿qué hacer con lo que hay? En segundo lugar, el compromiso de aquellos actores involucrados en la gestión de estos documentos, más allá de los operadores del MINSAL.

     

    El IAIP, como ente rector en materia de gestión documental y en protección de datos personales, podría simplemente emitir lineamientos y verificar su cumplimiento. Pero, ¿es esto lo que nos interesa? Delimitar nuestra intervención a estas dos acciones sería negar una realidad demasiado compleja que se expresa en múltiples dimensiones. La gestión de los expedientes clínicos, en este caso en el sector público de salud de El Salvador, requiere ante todo un profundo diálogo interinstitucional que permita diseñar la ruta a los cambios necesarios, para lo cual resulta igualmente necesario conocer cómo se han desarrollado procesos semejantes en otros países de América Latina y de la Unión Europea. De lo contrario, por muy bien diseñada que esté técnicamente la norma, no sería sostenible en el tiempo.

     

    Alicia Miranda Duke es jefa de estudios e investigación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de El Salvador

    #

  • 25 agosto 2017

    |

    Posteado en : Opinion

    |

    Encerrado en mi país

    Helen Pardo reflexiona sobre el fenómeno migratorio y nos cuenta las dificultades a las que se enfrentan en Níger, uno de los focos donde operan las redes de tráfico de personas

    Cada vez hablamos más de migración pero no siempre disponemos de la información necesaria que nos permite entender las causas de origen que llevan a un grupo de personas a cambiar de forma voluntaria o forzada de ciudad o de país; pero si lo pensamos, la migración forzada y el tráfico de personas han determinado la historia de la humanidad. Es el caso del periodo de colonización, donde los europeos protagonizaron el negocio de trata de esclavos, explotando a entre 10 y 15 millones de personas procedentes de los mismos países de los que son originarios gran parte de los migrantes que, a día de hoy, intentan llegar a Europa.

     

    La migración también ha estado muy presente en mi vida. Mi madre es finlandesa y mi padre español y he vivido los últimos diez años en diferentes países de Europa, Asia y África. En mi caso, la migración tenía como objetivo ganar conocimientos y tener nuevas oportunidades profesionales. Al igual que otras miles de personas, buscaba tener la oportunidad de mejorar mi calidad de vida.

     

    Desde marzo trabajo como coordinadora institucional en el proyecto ECI Niger lo que me permite conocer más en profundidad la complejidad de los movimientos migratorios.  En mi última misión a Niamey, pude conversar con unos artesanos a los que conocí en 2009 cuando trabajaba para la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Me comentaron que desde hace un par de años no consiguen obtener los visados que les permitan viajar a Europa y poder vender sus joyas en las ferias de artesanía. Esta situación, sumada a la reducción de turistas en Niger y en otros países de la región, repercute gravemente en la economía de sus familias, empobreciéndolas y creando mucha frustración a los artesanos por no poder vender sus productos. Es también el caso de varios jóvenes con los que conversé y que afirmaban haber visto reducidas las oportunidades de obtener una beca de estudio, participar en un programa de intercambio o adquirir algún tipo de experiencia de trabajo en Europa.

     

    Pese a estos impedimentos y teniendo en cuenta que Niger protagoniza uno de los focos donde operan las redes de tráfico de personas, el porcentaje de población nigerina que migra a Europa es relativamente bajo. Estas redes, conectadas con Europa, se lucran directamente de la situación de vulnerabilidad de miles de las personas migrantes.

     

    El Gobierno nigerino es consciente de esta situación y está actuando a través del proyecto ECI, financiado por el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea, en la lucha contra el crimen organizado y la trata de personas. La Dirección General de la Policía Nacional de Níger afirma que, en muchas ocasiones, las propias víctimas de tráfico de personas no son conscientes de serlo, no conocen sus derechos y se exponen en la mayoría de los casos a la explotación por parte de los traficantes.

     

    Helen Pardo es coordinadora del proyecto ECI Níger para la lucha contra el crimen organizado y la trata de personas en Niger.

    #

  • 30 junio 2017

    |

    Posteado en : Opinion

    |

    EDD17, una nueva forma de entender el desarrollo

    Estamos entrando en una nueva era de la política para la acción conjunta con los Estados Miembros

    Es un cambio de paradigma, algo histórico”, destacaba Jolita Butckeviciene, directora de programas para América Latina y el Caribe en EuropeAid. “No es solo invertir en desarrollo, es invertir en todos nosotros”, expresaba el comisario europeo de Desarrollo, Neven Mimica. “Estamos entrando en una nueva era de la política no sólo para las instituciones de la Unión Europea, sino también para la acción conjunta con los Estados Miembros”, remataba Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. No se pueden entender las Jornadas Europeas del Desarrollo de 2017 sin el nuevo consenso europeo para el desarrollo, un acuerdo que alinea la política de desarrollo de la UE con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.

     

    Pero, además, los EDD dejaron muchas imágenes y mensajes. La cultura tuvo un papel relevante en el colorido village. Sin cultura no hay futuro, este es el mensaje. También jóvenes y mujeres coparon los espacios de diálogo, más presentes que nunca en estas Jornadas. Ellas son las protagonistas del desarrollo.

     

    La generación de alianzas rescató ese habitual espacio de networking en Bruselas. Como ejemplo, la FIIAPP en el marco de Practitioner’s Network, la plataforma que aúna a las principales agencias europeas de desarrollo. Compartiendo stand y espacio en un debate sobre movilización de experticia pública europea, FIIAPP expuso su experiencia gestionando el programa de intercambio de expertos UE-Cuba, ampliando rumbos y generando complementariedad con otros programas como EUROsociAL+.

     

    Y como siempre, los reencuentros, como si del clásico chiste patrio se tratara, en un corrillo se juntaban un español ex FAO, un sueco ex ASDI y un peruano ex DUE, todos en nuevos horizontes, como el consenso, con la mirada puesta en no dejar a nadie detrás.

     

    Enrique Martínez es técnico de comunicación y visibilidad en EUROsociAL+.

    #

  • 18 mayo 2017

    |

    Posteado en : Opinion

    |

    Instituciones fuertes débiles

    Evaluación políticas públicas en América Latina.

    Miguel Ángel Lombardo en el Taller de Evaluación en Angola

    Hace tiempo tuve la ocasión de conversar con un oficial de investigación de la policía nacional de un país latinoamericano en una reunión a la que me invitaron en calidad de evaluador.

     

    Es mucho lo que se está haciendo en este ámbito con el apoyo técnico de instituciones, también españolas entre otras, y con el cuidado de no aplicar “modelos” de otros países en una realidad nacional totalmente ajena y extremadamente compleja. Estados Unidos, por ejemplo, se ha enfocado especialmente en los temas de narcóticos y las pandillas juveniles. En España, tenemos muchas experiencias, si bien puedo mencionar, por ejemplo, el trabajo realizado en Guatemala para disminuir el número de casos de delitos contra la vida y violencia contra las mujeres.

     

    El oficial con el que conversaba decía que en su país los policías tenían mucho estrés, que llevaban varios años haciendo su trabajo con gran presión y que a muchos de ellos les gustaría terminar de estudiar una carrera universitaria, hacer otra cosa, o, al menos, tener un mejor sistema de turnos que les permitiera descansar.

     

    También me contaba que habían aprendido que pocos delincuentes cometen muchos delitos, y que si hay, digamos, 10.000 víctimas de homicidios anuales éstas podrían ser atribuibles a unos 1.000 victimarios. Es decir, que con un poco de investigación, con buen criterio político y una mejor coordinación entre fiscales, jueces y policías el problema de la violencia y la inseguridad ciudadana se podía manejar mucho mejor.

     

    “No nos dejen solos”, me decía preocupado por los escasos apoyos que tenían internamente y por el hecho de que estos temas pudieran dejar de ser una prioridad para la cooperación. . Seguramente algunos así lo ven, cansados de apoyar una institucionalidad que podemos definir como débil-fuerte-ausente-presente.

     

    Débil, en lo que se refiere a la dirección estratégica puesto que muchas instancias trabajan en torno a los mismos temas de manera descoordinada: investigación criminal, fiscalía, jueces, sistema penitenciario, instituciones de lucha contra el crimen organizado… Fuerte, porque a veces estas instituciones solo contemplan como respuesta aceptada por la sociedad el meter a los jóvenes en las cárceles, lo cual no lleva sino a saturar las cárceles, donde por otro lado hay pocos tratamientos apropiados para salir del circulo de la violencia. Ausente, porque no hay policías o jueces allí donde se necesitan y no llegan a muchos lugares donde se sigue linchando a los delincuentes. Y, por último, presente, porque el gobierno tiene un gran afán de estar en los medios y demostrar que la inseguridad ciudadana es su gran prioridad, sin que sepamos bien a qué se refieren realmente.

     

    Evaluación de políticas públicas

     

    tallerevaluacionangolaweb

     

     

     

     

     

     

    Por eso es necesario mejorar nuestros diagnósticos apoyándonos en herramientas como la evaluación de políticas públicas, para tener la capacidad de mejorar los programas y hacer frente a estos desafíos que generan respuestas tan contradictorias desde las instituciones.

     

    Ya tenemos una larga experiencia de trabajo con muchas instituciones como para poder introducir la evaluación como un requisito para la realización de programas de cooperación para la reforma institucional, y también hemos generado la confianza necesaria que permite hacer análisis no solo de tipo cualitativo sino también cuantitativo, con líneas de base y encuestas después de varios años.

     

    A simple vista parece más fácil cuantificar el impacto de la ayuda cuando se trata de programas sociales, o de reducción de la pobreza, que es donde tradicionalmente se han venido realizando este tipo de evaluaciones, pero si lo observamos con atención desde el ámbito institucional y, más concretamente, del desarrollo de capacidades hay muchas opciones interesantes.

     

    Si se diseñan los programas desde el principio con el objetivo de ser evaluados, podríamos decir qué impacto tiene sobre el rendimiento de los policías, por poner un ejemplo, el que se haga un tipo de formación u otro, y eventualmente, qué impacto tiene sobre el cambio institucional y la reducción del crimen, que es de lo que se trata. También sería un gran avance, y estamos en condiciones de hacerlo, saber qué efecto tiene la capacitación de unidades de investigación criminal sobre la variable impunidad, es decir, en cuánto ayuda nuestra cooperación en lo que se refiere a resolución de casos y la capacidad de llevarlos a juicio.

     

    De esta manera las propias instituciones serán más conscientes de los límites y oportunidades que se plantean para poder desarrollar reformas de mayor escala y para ir construyendo una nueva cultura de desarrollo institucional.

     

    Miguel Angel Lombardo trabaja desde FIIAPP en la cooperación sur sur para la evaluación de políticas públicas en América Latina.