• 08 marzo 2017

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    El trabajo en transparencia en Colombia

    Liliana Caballero, Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia nos habla de la labor en relación a la transparencia en las instituciones colombianas y el postconflicto colombiano.

    Liliana Caballero en su visita a la sede de la FIIAPP en Madrid.

    Cada año, el día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

     

    Desde que se estableció este día internacional en 1910, durante la II Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Copenhague, cada 8 de marzo mujeres de todo el mundo ocupan el lugar que merecen como protagonistas de la historia gracias al trabajo de visibilidad de los medios.

     

    Por esto, tal día como hoy, desde la FIIAPP hemos querido dar voz a una de estas mujeres, Liliana Caballero Durán, Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia (DAFP), un departamento administrativo a nivel ministerial dedicado al empleo público, gestión pública, servicio al ciudadano y transparencia.

     

    Liliana es tiene más de 15 años de experiencia en cargos públicos y 25 asesorando a entidades públicas colombianas en procesos de fortalecimiento institucional.

     

    Desde su cargo Liliana tiene un papel esencial en la reforma del gobierno colombiano en materia de transparencia que junto a la Secretaría de Transparencia colaboran con la FIIAPP en el proyecto ACTUE Colombia, un proyecto financiado por la Unión Europea cuyo objetivo es prevenir y combatir la corrupción de una manera más eficaz apostando por la transparencia y la rendición de cuentas.

     

    Un trabajo, en el DAFP y en el proyecto ACTUE Colombia, que tiene un papel de gran importancia en la situación postconflicto que vive el país.

     

    El DAFP junto con la Secretaría de Transparencia (ST) son socios clave del proyecto ACTUE puesto que ambas instituciones tienen responsabilidades en la implementación y el cumplimiento, la orientación y promoción de La Ley de Transparencia y Derecho al acceso a la información, del Estatuto Anticorrupción y del Estatuto de Participación Ciudadana de Colombia.

     

    ¿Qué importancia tiene la implementación y el cumplimiento de la Ley de Transparencia y el Derecho a la Información en Colombia?

    Tiene gran importancia porque ha permitido incrementar la confianza en el Estado. Todas estas medidas legales han ido logrando cambios culturales paulatinos, tales como el control interno, la rendición de cuentas, la transparencia en la información…Esto hace que los ciudadanos, conozcan sus derechos y sepan cómo pueden acceder a ellos.

     

    Además hace que las Administraciones sean muy cuidadosas con la información y sean conscientes de la obligación de poner a disposición del ciudadano todo tipo de información. Por esto la importancia es total y la idea es que no sean solamente normas que tengan mandatos y obligaciones legales, si no que tanto ciudadanos como los trabajadores de las administraciones públicas logren entender la importancia que tiene la norma, que esto fluya como si fuera lo natural en ellos y no se tenga que llegar a una sanción.

     

    ¿Cómo cree que mejorará la vida de los ciudadanos con estas mejoras en cuanto a la transparencia y la participación ciudadana?

    Esto tiene una doble cara. Para el Gobierno es muy importante que el ciudadano confíe en el Estado y en los empleados de las administraciones públicas, entonces incrementar la confianza es absolutamente importante porque es muy difícil incrementar una política pública por muy buena que ella sea si no hay confianza en el Estado y en sus funcionarios, porque el Estado, en últimas, es como decimos una entelequia. Pero los empleados públicos son los que ponen la cara, los que representan al Estado entonces es muy importante que los ciudadanos confíen en ellos.

     

    Y los ciudadanos deben tener la seguridad de que tienen acceso a todo, que ya no hay un secreto en lo que se maneja, en los presupuestos. Hay que estar comunicando e informando todos los temas.

     

    Hace muchos años en Colombia se estableció la obligación de rendir cuentas.

    Al principio esto serán unas audiencias horribles donde solamente se daban indicadores, se utilizaba un lenguaje poco claro y los ciudadanos ni sabían de estos temas ni tenían interés.

     

    Hoy en día, los ciudadanos se interesan cada vez más por lo que está pasando en el ámbito público, y eso, como decía,  tiene la virtud de que incrementa la confianza, pero lo más importante es que permite la corresponsabilidad que deben tener los ciudadanos con lo público. No solamente deben contentarse con participar electoralmente, si no que tienen que participar en la gestión y entender que son corresponsables.

     

    ¿En qué medidas concretas se van a llevar a cabo este trabajo para que los ciudadanos participen?

    Hoy en día, las redes son un espacio abierto al que el ciudadano accede en cualquier momento. La reducción de trámites presenciales y el uso continuo de la tecnología ha permitido acercar al ciudadano a las instituciones.

    Ayer, por ejemplo alguien me preguntaba por un tema en el que yo trabajé hace muchos años y le dije ¿tú como supiste eso? Y me dijo, en internet.

    Por eso es importante el uso de las redes, de la tecnología, pero sobre todo de la conciencia del Estado y de los funcionarios públicos. No sólo hay que ser transparentes, hay que parecerlo, porque no solamente tienes que serlo, si no decir, comunicar, informar, permitir el acceso a la información.

    Se busca que el ciudadano pierda ese concepto de un Estado no solamente corrupto, que es lo más grave, sino un Estado que pone trabas y no piensa en el ciudadano. Por eso este tipo de decisiones, como la ley de transparencia, contribuyen a que cambie el concepto.

     

    ¿Cuáles son vuestros retos de vuestro trabajo sobre todo en la situación actual en una Colombia post conflicto?

    Yo dirijo la función pública, que es el departamento administrativo a nivel ministerial, que tiene a su cargo temas de institucionalidad, empleo público, gestión pública, pero también algo muy importante como es la transparencia, la participación, y el servicio al ciudadano.

     

    Nuestro empeño está en todo lo que tiene que ver con los empleados públicos. Sobre todo en lo que ahora se llama capacidades blandas, como aprender a dialogar, resolución de conflictos, como son capaces de actuar en la diversidad, etc.

     

    La institucionalidad está muy convencidos de la necesidad de trabajar en una institucionalidad flexible. No puede ser lo mismo la exigencia que hoy hacemos a ciudades capitales que lo que vamos hacer a municipios de post conflicto. Es muy importante el tema de control interno, la transparencia, la rendición de cuentas, porque justamente en estos momentos de transición es clave.

     

    El conflicto de Colombia se ha regido por un círculo vicioso, hay menos presencia de Estado porque hay conflicto armado y hay conflicto armado porque no hay presencia del Estado y romper de un momento para otro con ese círculo no es fácil, tenemos que prepararnos nosotros, preparar a los ciudadanos… pero yo creo que estamos todos tan contentos, con tener la posibilidad de construir un país en paz, que lo vamos a lograr.

     

    Puedes escuchar más sobre el proyecto ACTUE Colombia en nuestro programa Cooperación Pública en el Mundo en Radio 5, Radio Nacional de España.

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  • 16 febrero 2017

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    “Les mueve el entusiasmo de contribuir a la mejora de la justicia en un país como Turquía”

    Vanessa Untiedt, enviada especial de la FIIAPP en Turquía, nos cuenta cómo se está ejecutando el proyecto de fortalecimiento de la asistencia jurídica gratuita en Turquía a pesar del difícil contexto que vive el país.

    Vistas de Santa Sofía en Estambul, Turquía.

    El proyecto de fortalecimiento de la asistencia jurídica gratuita en Turquía, gestionado por la FIIAPP, comenzó el pasado 16 de junio de 2016. Apenas transcurrido un mes, aconteció el intento de golpe de estado, que ya conocemos coloquialmente como “el 15 de julio”. Siempre que nos referimos de manera oficial al fallido golpe de estado, hablamos de: antes del 15 de julio o después del 15 de julio, pero sin mencionar las palabras “golpe de estado”.

     

    La situación en Turquía después de dicha fecha es complicada. Se han producido detenciones y suspensiones masivas, que han afectado a todos los ámbitos de la sociedad, incluidos jueces, fiscales, abogados… Sin embargo, el desarrollo del proyecto no se ha visto directamente afectado. En consecuencia, seguimos adelante, y muchos expertos españoles siguen viniendo a Ankara para poder cumplir con los objetivos que hace más de un año nos trazamos. Cinco de estos expertos se encontraban en Ankara la noche del 15 de julio y aun así han vuelto en varias ocasiones. En mi opinión, les mueve el entusiasmo de intuir que están contribuyendo a la mejora de la administración de justicia en un país como Turquía, donde la crisis de los refugiados ha acentuado las necesidades de fortalecimiento del sistema de acceso a la justicia. Sin el trabajo de los expertos, este proyecto no se podría llevar a cabo, como tampoco se podría sin el concurso de la líder del proyecto: Amparo Mahiques y la asistente técnica: Esther Utrilla. También cabe destacar el constante apoyo de la Embajada Española en Ankara, y especialmente del embajador don Rafael Mendivil.

     

    El proyecto de asistencia jurídica gratuita y acceso a la justica es complicado:

    • Por un lado, contamos con dos beneficiarios: el Consejo de la Abogacía y el Ministerio de Justicia. Dos beneficiarios cuyas relaciones, antes del inicio del proyecto, no eran fluidas, cuando no inexistentes. Sin embargo, a lo largo de estos meses, hemos conseguido reunirlos cada vez que se desarrolla una actividad y han viajado a tres países juntos (en estos 7 meses de proyecto ya hemos completado 12 actividades y se han realizado 3 visitas de estudio a Lituania, España y Francia).

     

    • Por otro lado, aunque España lidera el proyecto, formamos un consorcio con Lituania y Francia. Esta circunstancia en ocasiones es enriquecedora, pero en otras resulta bastante complicado conjugar las distintas visiones acerca de la implementación del proyecto.

     

    Aunque los proyectos de hermanamiento de los países candidatos a formar parte de la Unión Europea tienen como objetivo facilitar la entrada del país en la Unión, en este proyecto se intenta no mirar tan lejos, sino ir poco a poco.

     

    Ahora mismo estamos trabajando en un componente bastante interesante que trata acerca de la visibilidad del proyecto, de cómo acercar la justicia a los ciudadanos. En primer lugar, se fijaron cuáles debían ser los grupos que, por su vulnerabilidad, debían ser objeto de una mayor atención: refugiados, mujeres víctimas de la violencia de género, personas que viven en las áreas rurales, menores, discapacitados… Posteriormente, se establecieron los cauces a través de los cuales poder mostrarles cuáles son sus derechos a la hora acceder a la justicia, así como las posibilidades de contar con un abogado que les defienda en el juzgado.

     

    Somos ambiciosos. En cada componente tratamos de ampliar los objetivos inicialmente negociados. No siempre se consigue, pero si podemos, al menos, alcanzar alguno o algunos de los inicialmente fijados, lo consideramos como motivo de satisfacción.

     

    En los 7 meses de proyecto hemos alcanzado las siguientes metas, entre otras:

    • Se ha discutido la conveniencia (y la necesidad) de la existencia de una única ley de la asistencia jurídica gratuita. Pues a día de hoy, la normativa sobre justicia gratuita se encuentra dispersa en varios textos legales. La publicación de esta ley será de gran ayuda tanto para los abogados como para los jueces y fiscales.

     

    • Se ha logrado llevar a cabo una encuesta de satisfacción entre los usuarios del sistema de justicia gratuita. Si bien en apariencia se trataba de una tarea sencilla, a la postre ha resultado bastante complicada de realizar. Primero, por las reticencias mostradas por los beneficiarios; en segundo lugar, porque una vez superadas estas, había que poner de acuerdo a los dos beneficiarios en la forma de realizarla; y por último, porque los costes de su realización debían ser asumidos por el país beneficiario, tal y como se estipuló en el contrato del proyecto.

     

    • Se ha diseñado un catálogo para que los licenciados en derecho conozcan los pasos a seguir para poder acceder a las listas de los abogados del turno de oficio.

     

    • Se ha valorado la posibilidad de suprimir los impuestos que pagan los abogados del turno de oficio, respecto a las retribuciones que reciben de este.

     

    • Se ha diseñado un plan estratégico de comunicación en el que se contempla la existencia de un autobús que circule por las distintas ciudades, ofreciendo información acerca del derecho a la justicia gratuita y los cauces y requisitos para acceder a la misma.

     

    • Se ha comenzado la construcción de una página web, en la que, de una manera sencilla y accesible, los ciudadanos puedan conocer los pasos a seguir cuando necesitan un abogado y no tienen recursos económicos para contratarlo.

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  • 10 octubre 2013

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    Universitarios que ayudan a contribuyentes de renta baja a declarar sus impuestos

    La pasada semana se inauguró en Costa Rica el primer Núcleo de Apoyo Fiscal y Contable (NAF), una novedosa experiencia de educación fiscal que nació en Brasil en 2011 de la mano de la Receita Federal, y que la FIIAPP está apoyando para su implementación en otros países de América Latina -Costa Rica fue el primero- a través del Programa EUROsociAL. Clóvis Belbute Peres, auditor fiscal de la Receita Federal de Brasil nos explica en este artículo el porqué de las ventajas de los NAF.

    Los sistemas fiscales de todos los países son complejos por varias razones que no necesitan ser investigadas en este breve artículo. Sin embargo, es importante reflexionar sobre las consecuencias de esta complejidad y la forma de superarla.

    La consecuencia más evidente es el rechazo de los ciudadanos a su obligación de contribuir a través de los impuestos. El ciudadano desconfía de las Administraciones Tributarias y tal percepción psicológica se convierte en una barrera de comunicación real para las personas con bajo nivel educativo o económicamente en desventaja. A menudo, los ciudadanos menos educados o micro-empresarios tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias simples.

    El análisis de esta externalidad fiscal fue el inicio de la idea de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF). Una iniciativa de la Receita Federal de Brasil para fomentar, en las Facultades de Ciencias en Contabilidad, la creación de grupos de estudiantes para la investigación de cuestiones de impuestos y para ayudar a comunidades marginadas en sus problemas fiscales más sencillos. Esta iniciativa es similar a los Centros de Práctica Jurídica de las facultades de derecho y se inspiró en el modelo de LITC de Estados Unidos (Low Incoome taxpayer Clinics o Consultorios para Contribuyentes de Bajos Ingresos).
    Por tanto, los NAF tienen dos funciones complementarias. En primer lugar, complementar la educación de los alumnos con estudios específicos en materia fiscal. En grupos y con el apoyo de la Administración Tributaria y de otros organismos, los estudiantes pueden estudiar materias fiscales complejos y difundir este conocimiento entre los demás estudiantes universitarios. En segundo lugar, ayudando a los necesitados, los estudiantes contribuyen a su comunidad y adquieren una formación ciudadana.

    La comunidad tiene una ganancia clara. A veces, las personas con bajo nivel de alfabetización pueden sentirse avergonzadas y frustradas al tratar de exponer sus problemas en una unidad de atención estándar de las Administraciones Tributarias. Consideran, sin embargo, más relajado hablar con un estudiante o un profesor. Las universidades y las Administraciones Tributarias también ganan. Las Administraciones se aproximan a los futuros contables, ayudándoles a desarrollarse profesionalmente. Las universidades cumplen mejor su misión académica y se insertan mejor en sus comunidades.

    El primer NAF inició sus operaciones en Brasil en abril de 2011; hoy forman una red de 34 núcleos en diferentes universidades brasileñas. Recientemente, con el apoyo de la FIIAPP a través del área de Finanzas de EUROsociAL II, se compartió la iniciativa con otros países, como Costa Rica, que ha inaugurado el primer NAF fuera de Brasil.

    Clóvis Belbute Peres es auditor fiscal de la Receita Federal de Brasil

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