• 28 noviembre 2014

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    Categoría : Opinion

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    El Defensor del Pueblo esperado por Turquía

    Lo intentaron varias veces años atrás, pero no fue hasta marzo de 2013 cuando anunciaron de manera oficial que Turquía ya contaba con un Defensor del Pueblo. Una figura que pretende velar por los derechos de los ciudadanos en el país euroasiático y por el buen hacer de la Administración Pública. Para consolidar sus raíces, Turquía recibe el apoyo de la Unión Europea (UE) a través de un proyecto de hermanamiento gestionado por la FIIAPP junto a Francia.

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    Al cierre del año pasado y con nueve meses de vida, el Defensor del Pueblo turco, según cifras de esta misma institución, recibió más de 7.000 quejas. Los principales motivos de desencanto: la función pública, la administración local, la educación, el acceso a la universidad y la seguridad social. “Estamos trabajando para asistir a los ciudadanos en temas que les preocupan. Intentamos también evitar problemas entre los ciudadanos y las administraciones, así como ayudamos a las administraciones a que mejoren sus servicios”, explica a la FIIAPP el primer y actual Ombudsman turco, Nihat Ömeroglu.

    Una institución recién nacida a la que le queda un largo camino por delante con independencia del Gobierno. “Espero que sea una figura respetada y eficaz. Supongo que es complejo en un país tan grande y con una población tan enorme, pero podrán diseñar una organización que abarque a todo el territorio y llegue a todos los ciudadanos. Nosotros les vamos a mostrar cómo actuamos y a orientar y facilitar toda la información y toda la ayuda para que sea también un defensor muy eficaz”, señala la Defensora del Pueblo en España, Soledad Becerril. Esta institución suma 30 años de experiencia con la de Francia que tratarán de mostrar a Turquía durante los dos años que dura este proyecto de cooperación, financiado por la UE con casi 1,6 millones de euros.

    Atención a refugiados

    Además de centrarse en las quejas más populares, el Defensor del Pueblo turco quiere atender otro tipo de necesidades como es la atención a la población Siria que migra a Turquía huyendo de la guerra civil que asola su país desde hace cuatro años. Según Amnistía Internacional, desde 2011, un total de 1,6 millones de sirios cruzaron la frontera turca, de los cuales, sólo 220.000 viven en campamentos de refugiados. El resto de población siria se encuentra en diferentes puntos del país. “Están muy interesados en hablar sobre inmigración con un país como España y una institución como ésta, ya que la inmigración ha sido uno de nuestros temas calientes”, subraya Carmen Comas-Mata, jefa de Gabinete del Defensor del Pueblo en España y directora española del proyecto que gestiona la FIIAPP. Esta misma institución hará que Turquía ponga el foco en otros temas como la prevención de la tortura en prisiones. “Somos el mecanismo nacional de prevención de la tortura en España, ellos en Turquía no lo son, pero también pueden entrar a visitar lugares de privación de libertad, con lo cual, también en esto vamos a intentar ayudarles y a contarles cómo pueden hacer las cosas”, añade la experta.

    Del papel a la práctica

    La meta está clara, ahora hay que dar los pasos hasta llegar al final. Unos pasos que se materializan desde el pasado mes de abril con una primera identificación de las necesidades del Defensor del Pueblo turco y después en formaciones teóricas y prácticas e intercambios de experiencia de los expertos españoles a los turcos, además de revisar la legislación referente a esta institución de acuerdo a otros países de la Unión Europea. Todo con el fin de para fortalecer su gestión.

    “Las sesiones de formación deben centrarse sobre todo en el proceso de gestión de las quejas, es decir, cómo se gestiona la queja desde que entra hasta que hay una resolución por parte del Defensor del Pueblo”, explica Arantxa Díaz, la experta de la FIIAPP enviada a terreno para coordinar el proyecto, pero también, según apunta, en derechos de la mujer, de los niños, de las personas privadas de la libertad y de refugiados. También se formará al funcionariado turco, tanto en Turquía como en España y Francia, a mediar entre los ciudadanos y la Administración y a establecer las relaciones entre la institución con el Parlamento, otras instituciones públicas y las ONG; así como a reforzar los medios de divulgación de la institución porque hasta el momento es poco conocida. “Cómo presentarse en Internet, en redes sociales y en medios de comunicación”, explica Díaz sobre su plan de comunicación.

    Dentro de este trabajo, el Defensor del Pueblo español revisará también la total independencia de su homólogo turco, ya que sin ella no se conseguirá el beneficio último del proyecto: la protección de los derechos de la ciudadanía turca.

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