Este sector trabaja en la construcción de ciudadanía desde un enfoque de derechos, desarrollando proyectos cuyo resultado final implica el disfrute pleno y efectivo de derechos políticos, sociales y culturales. También se encarga de la reforma y modernización de la administración pública, que son factores clave en el fortalecimiento de la democracia y en la consolidación de un Estado que responda a las necesidades de sus ciudadanas y ciudadanos tanto a nivel nacional como local.

Los proyectos que se llevan a cabo en este sector pretenden ampliar la cobertura social a las poblaciones no cubiertas, favorecer el desarrollo económico sostenible, asegurar la protección de datos, prevenir la drogadicción, mejorar el acceso a la sanidad, apoyar la libre circulación de personas, fomentar la igualdad de género y las políticas sociales, apoyar reformas educativas, fortalecer y reformar la Administración pública, adaptar el acervo comunitario en los países candidatos a la entrada en la Unión Europea, mejorar el control administrativo interno y fomentar la descentralización o la transición hacia la democracia.

Desarrolla importantes esfuerzos en el cinturón de países que rodea a la Unión Europea y en otras zonas geográficas de interés prioritario para España, como América Latina y África Subsahariana.

Responsable de equipo: Alejandro Bueno de la Fuente.