La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada cumple con los estándares fijados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo internacional cuyo convenio de 1997 propició que este delito se pudiera perseguir en España.

 

La coordinación entre instituciones para la detección y comprobación de este tipo de conductas viene asegurado por el carácter multidisciplinar de la propia Fiscalía Especial, que cuenta, además de con las unidades de Policía Judicial y de la Guardia Civil, con unidades de apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Agencia Tributaria, así como de Aduanas y de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera.

 

 

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa y la propia OCDE en sus evaluaciones han mencionado a la Fiscalía Anticorrupción española como el organismo que tiene las mejores condiciones para encarar la investigación de este tipo de delitos. Así lo ha reconocido la propia Comisión Europea y otros países miembros como Rumania, Eslovaquia o candidatos como Croacia, a los que desde 2001 se ha "exportado" el modelo español gracias al programa PHARE.

 

España lidera el modelo organizacional en nuestro ámbito comunitario: por su ubicación en el Ministerio Fiscal -lo que le confiere una adecuada autonomía funcional en las investigaciones-, por la especialización de sus miembros y por su estructura a nivel central y autonómico. Realidades la dotan de máxima operatividad también a nivel técnico -gracias a sus unidades de apoyo-.Tampoco hay que olvidar la capacidad de dirección de la Policía Judicial, a la que se confiere la práctica de diligencias relevantes y también a nivel internacional. Nos faltarían más medios materiales -fundamentalmente herramientas y aplicaciones informáticas- y una sede mejor equipada y más adecuada al notable incremento de la plantilla y al volumen de casos, como los de criminalidad organizada, que se vienen asumiendo.

 

 

El Intercambio de Experiencias que Rosana Morán e Isabel Guajardo, compañeras de la FGE, me propusieron coordinar en estos países ha sido muy positivo. Gracias a esa acción, el Fiscal Nacional de Chile ha impulsado la transformación de su Unidad Especializada Anticorrupción, de carácter asesor y consultivo, en una verdadera Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad compleja y así, con el Programa EUROsociAL, se generó un debate político, jurídico y académico que en estos meses puede convertirse en una propuesta de modificación de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

 

Fue muy interesante comprobar la eficacia de Chile en la implantación del modelo procesal acusatorio, en el que, desde 2000, el Fiscal dirige la investigación obteniendo unos resultados que pudieran tomarse como referente en España para una reforma legal pendiente desde hace años y que resultaría muy beneficiosa para la justicia.