• 28 julio 2017

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    Posteado en : Entrevista

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    Inmaculada Aguado, más de 10 años colaborando con la FIIAPP

    Hablamos con Inmaculada Aguado sobre su labor en el Ministerio de Justicia apoyando los proyectos de cooperación internacional que gestiona la FIIAPP

    Inmaculada Aguado es Jefa de la Unidad de Apoyo del Director General de Cooperación Internacional en el Ministerio de Justicia. Su colaboración con la FIIAPP viene de lejos, desde 2005 hasta ahora ha sido la encargada de coordinar numerosos proyectos de cooperación internacional en materia de justicia gestionados por la FIIAPP.

     

    En la actualidad su labor se centra en numerosas tareas de carácter institucional, como la preparación de visitas de delegaciones extranjeras que quieren conocer la experiencia española en el ámbito de la justicia, la negociación de acuerdos de colaboración con otros países, así como la coordinación de la participación del Ministerio de Justicia en proyectos internacionales.

     

    ¿Cuál es el trabajo del Ministerio de Justicia en cooperación internacional?

    Cuando hablamos de cooperación internacional en el ámbito de la Justicia, hay que diferenciar muy bien entre la cooperación jurídica internacional y la cooperación internacional al desarrollo. En relación al primer caso, la cooperación jurídica internacional, hay que señalar que el auxilio judicial entre países es esencial en un mundo globalizado en el que los procesos judiciales tienen cada vez más un componente extraterritorial ya que se necesita de la colaboración de las autoridades de varios países para el enjuiciamiento de los presuntos delincuentes.

     

    Y respecto al ámbito de la cooperación internacional al desarrollo se trata de la participación del Ministerio de Justicia en proyectos relacionados con la Justicia con países con los que tenemos unas especiales relaciones. Estos proyectos pueden tener fines muy distintos; apoyar reformas legislativas de códigos penales, la formación de jueces y fiscales, la modernización de los sistemas de justicia, la creación de juzgados especializados en determinados materias como la violencia de género, etc.

     

    ¿Cuál es la relación entre el Ministerio de Justicia y las Políticas de Acción Exterior de la Unión Europea?

    El Ministerio de Justicia de España seguimos las indicaciones que nos marca nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que a su vez están en línea con las políticas de la Acción Exterior de la UE y apoyamos el fortalecimiento del Estado de Derecho en países prioritarios para España. Estos países son los países Iberoamericanos, los países europeos que tiene como objetivo adherirse a la UE, (los Balcanes y Turquía) y los países con los que nos interesa que exista una estabilidad, como los del Norte de África, ya que son nuestros vecinos del sur y nuestra seguridad depende de su estabilidad y desarrollo.

     

    ¿Qué asuntos tratan los proyectos de justicia en los que colaboras con la FIIAPP?

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    Inamculada Aguado reunida con representantes del MInisterio de Justicia de Túnez en España

     

     

     

     

     

     

     

    En la actualidad el Ministerio de Justicia participa liderando dos proyectos de hermanamiento con Túnez y Turquía.

     

    El proyecto con el Ministerio de Justicia tunecino tiene por finalidad apoyar a ese Ministerio para que adapte su organización y su funcionamiento a los nuevos retos a los que se enfrenta, ya que tras la Revolución de 2011 tienen que acometer reformas que afectan al Estado de Derecho tras la aprobación de la Constitución en 2014.

     

    También tenemos otro proyecto con el Ministerio de Justicia de Turquía y la Abogacía turca para apoyarles en la mejora de su turno de oficio, por lo que también contamos con la colaboración de los Colegios de Abogados de Barcelona, Madrid y Valencia.

     

    En ambos proyectos, participan funcionarios del Ministerio, jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y abogados que se desplazan durante una semana a Túnez o Turquía para trabajar y compartir buenas prácticas con sus colegas tunecinos y turcos. Estos proyectos los ejecutamos en colaboración con otros países, en el caso de Túnez con Italia y en el caso de Turquía con Lituania y Francia.

     

    En el tiempo que llevas colaborando el este tipo de proyectos, ¿has visto una evolución en los proyectos de cooperación?

    Los proyectos de cooperación cada vez tienen objetivos más ambiciosos, así en el caso de los que yo me suelo ocupar, se trata de proyectos que tienen por finalidad apoyar en cambios institucionales de los países en los que trabajamos.

     

    Para contribuir a cambios reales, los expertos españoles tienen un cargo de responsables de las correspondientes instituciones de España, ya que son los profesionales de la Justicia los que saben cómo sugerir propuestas de mejora a otros países porque ellos ya han tenido que hacer esas reformas. Así pues, cada vez se demandan a personas más especializadas que tienen que conocer su ámbito técnico de trabajo (por ejemplo la formación de jueces) y además tener ciertas habilidades para trabajar en entornos culturales diferentes y en numerosas ocasiones en otro idioma.

     

    ¿Cuáles son los desafíos de la justicia en un mundo globalizado?

    En un mundo globalizado en el que ya no hay fronteras, ni siquiera para los delincuentes, la Justicia tiene como reto buscar nuevos mecanismos para luchar contra nuevos delitos como los de la Ciberdelincuencia, así como los de criminalidad organizada y terrorismo.

     

    Para combatir estos delitos es necesaria la armonización de legislaciones, tarea que corresponde a los Ministerios de Justicia de los países, pero también la colaboración entre todos los profesionales que forman parte de la cadena penal del delito, ya sea a nivel operativo a través de la investigación policial, así como en la fase de enjuiciamiento responsabilidad de fiscales y jueces.

  • 21 julio 2017

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    Posteado en : Reportaje

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    UE-ACT: la lucha contra las “rutas de la heroína”

    El proyecto cuenta con 12 millones de euros y recorrerá durante cuatro años más de 30 países para combatir el perjudicial y enorme negocio de la heroína

    Afganistán se sitúa desde hace décadas como principal exportador mundial de heroína, una droga mortal al calor de la cuál prolifera el crimen organizado y un negocio enorme que mueve miles de millones de euros anualmente.

     

    Con una producción de 4.800 toneladas de opio en 2016 y más de 200.000 hectáreas cultivadas, según los datos de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el país se sitúa en el centro neurálgico de la zona conocida como Medialuna de Oro (Afganistán, Pakistán e Irán), de donde procede la mayoría de los opiáceos que se consumen en Europa.

     

    En línea con la Estrategia Europea de Drogas 2013-2020, se ha lanzado esta semana en Bruselas el proyecto UE-ACT Acción contra las Drogas y el Crimen Organizado, la tercera fase de una iniciativa que lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada asociada a dos ámbitos:

     

    Reducción de la oferta: se trata de reforzar la cooperación judicial y policial transnacional para atacar a las grandes redes de narcotráfico.

    Reducción de la demanda: también se dirigen esfuerzos a la prevención del consumo de drogas y la mejora del tratamiento de las drogodependencias.

     

    Ambos frentes son fundamentales. Como explica el líder del proyecto Thomas Carter, “son dos caras de la misma moneda: debe existir un balance entre las políticas represoras que persiguen el tráfico y el crimen organizado, y aquellas que se centran en la reducción de la demanda”.

     

    Más de treinta países

    Desde Afganistán, tradicionalmente, la Ruta de la Heroína atravesaba los Balcanes para llegar a Europa. Sin embargo, las vías se han multiplicado y recorren una treintena de países a través de varias rutas:

     

    Ruta de los Balcanes: Une Afganistán con Irán y transita luego por Turquía. Constituye la distancia más corta y la ruta terrestre más directa hacia los mercados de consumo europeos. Se utiliza desde la década de 1980.

    Ruta meridional: en años recientes han atraído la atención internacional los voluminosos cargamentos de heroína embarcados en puertos de Irán y Pakistán.

    Ruta septentrional: desde el Norte de Afganistán, la heroína se destina principalmente a los grandes mercados de consumo de Asia central, Rusia, Ucrania y Bielorrusia.

    Ruta del Cáucaso: la droga producida en la Medialuna de Oro se transporta desde Irán hasta Turquía pasando por Armenia, Azerbaiyán y Georgia.

    Ruta Sur: pasa por África del este para después alcanzar la UE por el sur.

     

    El proyecto se centra en más de 30 países beneficiarios con necesidades muy diferentes y con 5 zonas estratégicas: Asia Central, Cáucaso Sur, Ucrania, Asia y este de África.

     

    El coronel de la Guardia Civil y codirector del proyecto Manuel Marión destaca la flexibilidad de la iniciativa: “Una de las necesidades más acuciantes de Kirguistán es formar a fiscales y policías en utilizar técnicas especiales de investigación en materia de drogas, como por ejemplo las entregas controladas”.

     

    Sin embargo, “puede ocurrir que Tanzania requiera conocer la experiencia europea en vigilancia de costas porque la heroína llega al país en barcos” indica Marión.

     

    La acción policial y judicial se realiza generalmente a nivel nacional, lo que dificulta acabar con fenómenos globales como éste. Por eso, el proyecto pone especial énfasis en la coordinación entre policías de todos los países por los que transita la droga. La cooperación transnacional y transregional es fundamental.

     

    Un negocio millonario

    Tom Carter explica una de las principales dificultades para acabar con el tráfico de heroína: la corrupción. “Estamos hablando de miles de millones de euros y la cuestión es que cuanto más cerca está del mercado más dinero se mueve y más caro es el producto. Por ejemplo, puede ser que un kilo de opio en Afganistán sean 2.000 euros y con el tiempo, según se va acercando a Europa puede alcanzar entre 25.000 a 40.000 euros”.

     

    “Es un negocio enorme e invasivo. Se mueve tanto dinero que corrompe fácilmente. Un policía o un agente de aduanas de cualquier país fuera de Europa, por ejemplo en Asia central o África, se ve muy tentado cuando alguien le ofrece 200 euros a cambio de no abrir un camión”. Se trata de invertir en desarrollo porque “en un país minado por oficiales corruptos en las instituciones el proyecto se convierte en algo inútil”, apunta Carter.

     

    La clave: influir en las políticas

    Uno de los objetivos principales del proyecto es ayudar a las autoridades y órganos de seguridad de estos países a identificar y perseguir a los grandes traficantes, que manejan grandes cantidades de droga.

     

    Sin embargo, se trabaja paralelamente en la búsqueda de alternativas a la prisión como tratamientos de desintoxicación. “No tenemos ni el presupuesto ni el tiempo para solucionarlo todo pero podemos aportar nuestras experiencias desde la perspectiva de la UE. Hay que cambiar percepciones para que vean a un drogadicto como una víctima y no como un criminal”, explica Carter.

     

    Durante cuatro años la FIIAPP gestionará este proyecto, que cuenta con una financiación de 12.000.000€ de la Comisión Europea, y que será ejecutado por expertos del Ministerio de Interior de España, Carabinieri de Italia y Nacional Crime Agency (NCA) de Reino Unido.

     

  • 14 abril 2017

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    Posteado en : Reportaje

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    Día de las Américas, un recorrido a través del trabajo en la región

    Desde 1931 se celebra cada 14 de abril el Día de las Américas, un día pensado para estrechar lazos entre los estados americanos

    Hoy, 14 de Abril, se celebra en 21 países del territorio americano el Día de las Américas, un día en el que se reafirma la unidad del continente.

    La primera vez que se celebró este día fue en 1931 en conmemoración de la fundación de la Unión de las Repúblicas Americanas que más tarde pasó a llamarse Unión Panamericana y en 1984 se convirtió en lo que hoy conocemos como Organización de los Estados Americanos, la OEA.

    Tal y como se expresa en la Carta de la Organización de Estados Americanos los principios sobre los que se sostiene esta unión son “crear un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”.

    Siguiendo estos mismos principios la FIIAPP gestiona un amplio número de proyectos en la región que desde diferentes ámbitos contribuyen a fomentar la paz, la justicia, la cooperación general en la región.

    Por esto desde la FIIAPP nos unimos a la celebración haciendo un recorrido por algunos de los proyectos que gestionamos en la región:

    Intercambio de expertos Cuba-UE

    Cuba, La FIIAPP
    La Habana, Cuba

     

    Este es un proyecto financiado por la Unión Europea que tiene como objetivo acompañar al gobierno cubano en su compromiso de reforma de las políticas socioeconómicas. Un ejemplo de ello es la reforma en la Administración Tributaria que tal y como nos explica el Director General de Economía y Planificación de Cuba, Alfredo Jam Masso, es una actividad importantísima ya que se ha creado una página web que permite a los contribuyentes gestionar sus cuentas, rellenar formularios o hasta darse de baja de sus cuentas sin tener que desplazarse a una oficina concreta. Esta reforma ya se ha implantado en toda la isla.

    Lucha contra el narcotráfico en Bolivia y Perú

    La Paz, Bolivia, FIIAPP
    La Paz, Bolivia

     

    A estos dos países se han desplazado expertos europeos para llevar a cabo una serie de formaciones con las instituciones nacionales de lucha contra el narcotráfico y crimen organizado. Estos expertos proceden de Francia, Alemania, Reino Unido y España y tienen diferentes perfiles profesionales, policías, jueces, fiscales o agentes de aduanas.

    Tanto Perú, Bolivia y Europa aportan su experiencia en este campo, que interesa a ambas partes, mejorando así las políticas y técnicas que se utilizan actualmente en la lucha contra el narcotráfico.

    Estas formaciones dentro del proyecto de lucha contra el narcotráfico, tanto en Bolivia como en Perú,  van destinadas a agentes de policía de diferentes niveles, Feliz Murga Director contra el crimen organizado de la Policía Nacional del Perú lo explica:

    “Los cadetes han recibido cursos afines a la lucha contra la droga, inteligencia y en investigación del tráfico de drogas, así mismo los policías en activo y los que están ya dentro de la lucha contra el crimen organizado han recibido cursos de especialización y cursos en el extranjero, de la Unión Europea”.

    COPOLAD

    copolad La FIIAPP
    Actividad de desarrollo alternativo, COPOLAD

     

    Este es otro proyecto de cooperación internacional sobre drogas pero con un enfoque diferente es COPOLAD, que aspira a mejorar el diálogo bi-regional entre América Latina y la Unión Europea en políticas sobre drogas.

    Este diálogo se centra en 4 componentes, consolidación de mecanismos de cooperación, creación de observatorios de nacionales sobre drogas, implantación de medidas para la reducción de la demanda de drogas y formaciones a expertos para la reducción de la oferta de drogas.

    La Directora de COPOLAD, Teresa Salvador resume el trabajo en el proyecto, “son actividades de refuerzo institucional pensadas para que las agencias nacionales de drogas de observatorios de drogas que les permitan tener datos fiables y de calidad y con ellos valorar el impacto de las medidas que se toman en esta problemática”.

    Otros programas regionales

    Además de estos existen muchos otros proyectos gestionados por la FIIAPP que actúan a nivel regional, EUROCLIMA + , un programa enfocado en la adaptación y mitigación del Cambio Climática  EUROsociAL +, programa para la cohesión social en América Latina, AmeriPOL, centrado en la mejora de las capacidades de los fiscales y de las autoridades policiales y judiciales en lucha contra el crimen organizado.

  • 07 abril 2017

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    Posteado en : Reportaje

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    Apoyo a la transición tunecina desde la estructura

    Desde 2015 la FIIAPP gestiona un proyecto de apoyo al Ministerio de Justicia tunecino en el proceso de transición democrática

    En diciembre de 2010, en el centro de la capital tunecina aconteció uno de los momentos que cambiarían la historia reciente del país. En las proximidades de la plaza central de la ciudad, Mohamed Bouazizi, un joven vendedor ambulante de frutas y verduras de 26 años, fue detenido por 3 agentes municipales que le pidieron sobornos mientras vendía sus productos. Mohamed se negó y los policías requisaron sus productos y su carretilla. Esa misma tarde acudió a la oficina del gobernador a reclamar que le devolvieran lo que los agentes le habían requisado, pero no tuvo ninguna respuesta, así que decidido, compró un bidón de gasolina y unas cerillas y se prendió en llamas dentro de la oficina de gobernanza.

     

    Estas llamas de Mohamed encendieron las tensiones de la población tunecina y las plazas se llenaron de gritos de esperanza. Miles de ciudadanos salieron a las calles a reclamar los derechos de los que se les habían privado durante el régimen de Ben Alí.  Tras varias semanas de manifestaciones ciudadana se disolvió el partido.

     

    Desde entonces Túnez vive una transición democrática. En 2014 se aprobó la constitución y se celebraron elecciones libres y democráticas, en las que se nombró primer ministro a Habib Essid del partido Nida Tunes.

     

    Proyecto europeo de apoyo al ministerio de justicia

     

    La Unión Europea ha aplaudido los avances en la transición democrática tunecina y se ha comprometido a apoyarla en todo el proceso, y un ejemplo de ello es el proyecto de apoyo al Ministerio de Justicia tunecino, que comenzó en 2015 y, que está financiado a través den Instrumento Europeo de Vecindad y gestionado por la Fundación Internacional de Administraciones y Políticas Públicas (FIIAPP).

     

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    Este proyecto tiene como objetivo acompañar al sistema judicial tunecino en el proceso de transición democrática y definir la organización y la estructura del Ministerio de Justicia y del Consejo General de la Magistratura.   El coordinador del proyecto residente en Túnez, Ángel Llorente, explica la situación de la que parte el proyecto, “al pasar de un régimen autocrático a un sistema democrático de libertades había que cambiar las leyes más importantes porque, en el Ministerio de Justicia, anteriormente confluían competencias que deben ser ejercidas por un poder judicial independiente, dotado de una autonomía y de una financiación propia”.

     

    Actualmente, el proyecto se encuentra en su ecuador. Ya se ha realizado una primera fase de estudio de la situación para conocer la situación previa y así identificar las necesidades a partir de las cuales diseñar la futura implementación de políticas públicas. El letrado de tribunal superior de justicia de Murcia y líder del proyecto, Javier Parra, explica que uno de los logros tangibles alcanzado hasta el momento es la elaboración de un plan quinquenal sobre la implantación de tecnologías de la información.

     

    Pero los resultados del proyecto no sólo tienen vigencia durante los 2 años y medio de su ejecución, se espera que estos pasos dados sean el motor de un cambio mucho más profundo en la estructura de los órganos de justicia tunecinos. Un ejemplo de ello es el plan quinquenal de objetivos a conseguir durante los próximos 5 años. La consejera del Ministerio de Justicia de Túnez y encargada de la misión lo explica, Najet Ben Salah, “estamos comprometidos con la espera de resultados, tenemos unos objetivos que están ya incluidos dentro del plan de acción global y esperamos que estos resultados se consigan en los próximos 5 años”.

     

  • 18 noviembre 2016

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    Posteado en : Entrevista

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    La labor de la DGT en cooperación internacional

    Carmen Girón, Jefa de Área de Relaciones Internacionales en la DGT y coordinadora del hermanamiento entre Argelia y España, nos explica la labor de la DGT en el proyecto de cooperación internacional en Argelia.

    El próximo día 20 será el tercer domingo de noviembre y como cada año en este día se celebra el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, establecido por  Naciones Unidas en homenaje a las víctimas de accidentes de tráfico y sus familiares. Reducir el número de accidentes de tráfico es también uno de los objetivos de la Unión Europea.

     

    En el año 2010 la Comisión Europea adoptó el Programa de Acción de Seguridad Vial con el objetivo de reducir a la mitad las víctimas de accidentes de tráfico para 2020. Encuadrado en este programa de acción surge el proyecto de seguridad vial en Argelia, Carmen Girón, Jefa de Área de Relaciones Internacionales en la DGT es la coordinadora del hermanamiento en España.

     

    ¿Cuál es el objetivo general del proyecto en Argelia?

    Se trata de un proyecto de hermanamiento financiado por la Comisión Europea dentro de la política de buena vecindad con otros países. Y concretamente lo que se quiere hacer es fomentar y favorecer la política de seguridad vial de una manera hermanada en este caso con nuestros colegas, las autoridades de Argelia que se encargan de fomentar la seguridad vial de su país.

     

    ¿Cuáles son los resultados esperados en este proyecto?

    La concreción de ese hermanamiento se puede explicar en 5 resultados porque así fue diseñado por la Comisión Europea y después acordado de una manera recíproca por parte de Argelia y España.

     

    Un primer resultado macro se refiere a la organización, el cimiento y la base para que pueda funcionar,  que atiende a cómo se debería estructurar esa organización, qué competencias habría de tener, cómo se podría coordinar con otros entes a nivel nacional y la legislación a desarrollar.

     

    Un segundo paso es tener una información fiable sobre cuál es la situación de accidentalidad y siniestralidad en el país, los datos de los que se puede nutrir la autoridad pública encargada de la promoción de la seguridad vial son fundamentales, y en este supuesto, juega un papel importante España, por su experiencia, en relación con Argelia y trabajamos mano a mano con ellos asesorándoles sobre cómo recoger, tratar y analizar los datos en caso de un accidente de tráfico para finalmente poder fijar una estrategia a nivel nacional.

     

    Un tercer apartado es todo lo que se refiere a las condiciones de seguridad de las personas que participan en la circulación vial. En este caso se presta una especial atención a los conductores atendiendo a la formación que deben tener para obtener las licencias de conducción, abarca aspectos de contenido teórico y práctico y las metodologías que se pueden emplear para realizar los  exámenes.

     

    Hay también un ámbito muy concreto que se refiere a la educación vial extendida a toda la población ligada con las campañas en concienciación vial.

     

    Por último está el resultado que se encarga de la legislación y procedimientos técnicos de revisión  para la actualización de los vehículos, es decir que reúnan las condiciones técnicas necesarias para poder circular en condiciones de seguridad y del tratamiento de los riesgos asociados a la infraestructura vial.

     

    ¿Cuál es el marco de actuación sobre el que se mueve el proyecto?

    A nivel internacional global, se atiende como marco de referencia al Decenio de Acción Mundial de Seguridad Vial horizonte 2020, siempre entendido como paraguas de una política de promoción a la seguridad vial dentro del ámbito de cooperación internacional de la UE.

     

    ¿Resultados a destacar?

    Ahora estamos en el meridiano del hermanamiento y se han llevando a término misiones formativas y de asistencia técnica por parte de funcionarios expertos españoles, fundamentalmente profesionales de la Dirección General de Tráfico y de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil,  además irán incorporándose expertos del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Industria y de los Ayuntamientos.

     

    ¿Cuál es el trabajo de la Dirección General de Tráfico a nivel internacional?

    Participa activamente en todos los grupos internacionales técnicos para mejorar la  seguridad vial. En los informes mundiales de seguridad vial  de la OMS de 2013 y de 2015  España ocupa una posición  en primera fila en el ranking  de los países con mejor seguridad vial en el mundo no siendo óbice para seguir trabajando para alcanzar cada vez mayores cotas de seguridad vial.

     

    Además, en cooperación internacional  da respuesta a la demanda que hace el propio Secretario General de la ONU para  que aquellos países que se encuentren en mejor situación de seguridad en circulación vial presten su ayuda a otros países, como con  nosotros también lo hicieron antes  otros países y así, por ejemplo, en  el año 2011, la ONU destacó  precisamente  la labor tuitiva de la DGT para con otros países, especialmente con la región Latinoamericana  para promocionar y mejorar la seguridad vial.

     

    También hay que tener en cuenta, que nosotros no solamente nos dedicamos al ámbito de Latinoamérica o del espectro de la UE, si no que  atendemos  peticiones a nivel bilateral de aquellos países que forman parte de la acción exterior prioritaria y estratégica de España, que es la que fija nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores.

     

    Escucha en nuestro programa Cooperación Pública en el Mundo, en Radio 5 (RNE), más cosas sobre el proyecto de la DGT en Argelia:

  • 11 noviembre 2016

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    Posteado en : Opinion

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    La abogacía española en la cooperación internacional

    El acceso a la Justicia de los ciudadanos está en la base de las garantías judiciales que tienen la consideración de derechos humanos.

    Ningún país ni comunidad puede funcionar pacíficamente si sus habitantes no logran reclamar sus derechos ante el sistema de justicia establecido o defenderse de acusaciones que se formulan contra ellos. El acceso a la Justicia de los ciudadanos está en la base de las garantías judiciales que tienen la consideración de derechos humanos.

     

    Sin embargo, en la realidad nos encontramos con numerosas dificultades para su aplicación práctica y efectiva. Y, lamentablemente, cuando esto es así, observamos las consecuencias correspondientes: mayores grados de desigualdad social o elevados índices de violencia, que, con frecuencia, se atribuyen a otros factores, como la pobreza, cuando en realidad la pobreza no es una causa, sino un efecto, y precisamente un efecto de, entre otras cuestiones, que mucha gente esté excluida de la Justicia.

     

    Los mecanismos de acceso a la Justicia deben concebirse para el conjunto de los ciudadanos, deben estar correctamente previstos a nivel legislativo y también deben estar dotados de los recursos necesarios para funcionar de un modo adecuado. Algunos países requieren de forma muy acuciante de la cooperación para poder atender estas necesidades.

     

    Para los que trabajamos en la defensa de los derechos de los ciudadanos es muy difícil no fijarse en los tremendos retos que a nivel mundial tienen por delante las personas con discapacidad, los desplazados y refugiados, las minorías, las víctimas de trata y explotación, los privados de libertad o las personas en situación de pobreza endémica. Estamos hablando de cientos de millones de personas.

     

    El Consejo General de la Abogacía Española, en su participación en acciones de cooperación, tiene a menudo su punto de mira en favorecer que los colectivos más vulnerables puedan acceder a la protección de sus derechos a través del sistema de justicia en las mismas condiciones que el resto de sus vecinos.

     

    Hemos podido llevar a cabo numerosos proyectos de estas características en algunos países europeos y, sobre todo, latinoamericanos. Quizás podamos destacar, por su carácter representativo, algunos desarrollados en colaboración con FIIAPP, en el marco de programas de cooperación europea como EUROsociAL.

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    Seminario de Defensorías Públicas y Monitoreo en los Centros de Privación de Libertad en Argentina.

    En referencia a las personas privadas de libertad, en Paraguay y Chile hemos contribuido a favorecer que algunos centros penitenciarios tengan sistemas de videoconferencia para que los presos puedan trasladar sus consultas a los abogados de oficio que tienen asignados (los llamados allá “defensores públicos”); en Costa Rica y Perú hemos podido ayudar a que se introdujera perspectiva de género en ciertos preceptos de sus leyes penales y penitenciarias, consiguiendo que mujeres en circunstancias particulares puedan acogerse a beneficios penitenciarios, o sean castigadas por ciertos delitos de un modo más proporcionado al preexistente; junto a la Asociación Interamericana de las Defensorías Públicas, hemos elaborado también manuales de vigilancia de derechos humanos en los cárceles u otros ámbitos de privación de libertad.

     

    En los últimos cuatro años hemos trabajado igualmente en varios países por los derechos de las personas con discapacidad, cuyas circunstancias personales presentan necesidades especiales cuando se enfrentan a procedimientos judiciales. En otro orden de actividad, en Brasil, pudimos impulsar servicios de “Justicia Comunitaria” dedicados a asistir jurídicamente a la población negra de las barriadas de favelas de Río de Janeiro. En Perú, hicimos posibles nuevos espacios de entendimiento entre la justicia ordinaria y la justicia especializada indígena. Son sólo algunos ejemplos relevantes.

     

    También a lo largo de los últimos años, hemos participado en algunos procedimientos judiciales de derechos humanos que tenían un valor paradigmático por su potencial para acercar a la Justicia a personas que fueron privadas de ese derecho. Así fue en algunos llevados hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Campo Algodonero, que juzgaba los asesinatos en Ciudad Juárez (México) de ocho niñas cuyos cuerpos abusados y asesinados fueron abandonados en una plantación de algodón, y que este tribunal denominó feminicidios.

     

    En Panamá, contribuimos a dotar de argumentación jurídica a varias comunidades indígenas que habían sido expulsadas de sus tierras para la construcción de una gran obra hidráulica que modificó todo el paraje y las posibilidades de subsistencia de estos pueblos con tradiciones especialmente protegidas por el derecho.

     

    Colombia ha sido otro país importante para nosotros en nuestra labor de cooperación. En este país hemos desarrollado, desde 2011 especialmente, diversas acciones dirigidas al fortalecimiento de los sistemas de asociación de los abogados y de otros defensores de derechos humanos, así como al reconocimiento de su trabajo.

     

    Toda nuestra actividad está basada en un principio de especialización, es decir,  en la idea del aprovechamiento de las capacidades, la experiencia y los conocimientos particulares de la abogacía. Sería de desear que, dentro de las políticas de cooperación entre los países, las diseñadas para mejorar el acceso a la Justicia de los ciudadanos ocuparan el lugar prioritario que merecen, por el gran valor añadido que poseen para las sociedades de los países implicados.

     

    Victoria Ortega Benito es Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española desde enero de 2016.