• 16 agosto 2018

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    Posteado en : Entrevista

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    “La gran corrupción requiere una respuesta global y de cooperación”

    Delia Ferreira es presidenta de la ONG Transparencia Internacional y en esta entrevista nos relata algunos avances contra la corrupción así como también desafíos que aún están pendientes

    ¿Cómo podemos lograr un cambio cultural en nuestras sociedades en relación al fenómeno de la corrupción, de modo que deje de considerarse como un fenómeno natural?

     

    La normalización de la corrupción es un problema central en nuestras sociedades. La corrupción aparece cuando está instalada estructuralmente como la forma normal de hacer negocios o de conseguir tus derechos o lo que necesites del Estado en la prestación de servicios. Y ese es un problema que tiene que ver con la reconstrucción de ciertos consensos sobre valores básicos en una sociedad. Durante años se han ido rompiendo esos acuerdos y esa comprensión sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal en las sociedades. Incluso si uno analiza cuál es la percepción de un niño muy pequeñito sobre lo que es justo e injusto, es mucho más clara que la percepción que ese niño va a tener al permearse a los criterios sociales a lo largo de los años. Debemos trabajar fuertemente en educación, en rediscusión sobre lo que es aceptable y lo que no, porque, cuando se normaliza la corrupción, ya no hay ningún antídoto efectivo, porque precisamente el socio que necesitamos en la lucha contra la corrupción es la sociedad movilizada, ciudadano por ciudadano, consciente de lo que se debe admitir y lo que no. Hay que generar condiciones que favorezcan o canalicen esa energía social.

    ¿Cuáles son los desafíos de la coordinación internacional en la lucha contra la corrupción ante fenómenos de corrupción institucionalizada y alcance global como el caso Lava Jato?

     

    La gran corrupción, como el caso del Lava Jato, plantea para la justicia desafíos distintos que los casos de corrupción que habíamos visto anteriormente, por muy grandes que fueran en términos monetarios, porque este es un fenómeno globalizado y, por lo tanto, requiere una respuesta global y de cooperación, no solo a nivel de los países, sino entre todas las agencias. Este es uno de los problemas que afronta la justicia cuando quiere investigar estos casos. No solo el acceso a información bancaria, información tributaria, información de los organismos de lavado de dinero, que debería ser mucho más fácil para los jueces y fiscales que investigan, sino también la necesidad de cooperar internacionalmente.

    Es por ello que hay que cambiar las normas procesales en muchos países y modificar los convenios internacionales de lucha contra la corrupción, porque seguimos enfrentándonos a este tipo de problemas en una situación en la que el dinero cambia de un país a otro con un clic de la computadora, en cuestión de segundos, y desaparece del radar. Esto lo afrontamos con el mismo mecanismo de oficios ante los gobiernos que teníamos en el siglo XIX: el juez hace un oficio que va al gobierno, éste lo manda al gobierno del otro país, que se lo manda al juez, y el juez dice que le falta un detalle y vuelve de regreso, y tardamos meses, cuando no años, en obtener la información, y, si el dinero se pasó de un país a otro, o de una estructura social a otra, o a otro paraíso fiscal en cuestión de segundos, resulta imposible seguir su rastro, que es lo esencial para investigar la corrupción.

     

    Recientemente se inauguró en Chile un Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), que ha contado con el apoyo de EUROsociAL+, programa gestionado por la FIIAPP, ¿qué valor tiene este centro para las denuncias de corrupción y cómo va a servir de enlace entre el Estado y los ciudadanos?

     

    Los ALAC ya existen en más de 60 países en nuestros capítulos. La idea de estos centros es acompañar a las víctimas de corrupción o a aquellos que conocen casos de corrupción y que quieren denunciarlos y no tienen el acompañamiento legal o jurídico necesario para hacerlo. Los ALAC nos han permitidos en muchos países del mundo activar las denuncias contra la corrupción, porque ya no es un ciudadano aislado, es una organización que está vinculada con el Ministerio Público y puede canalizar las denuncias y acompañar.

    En muchos de estos países lo que hacemos son convenios con los colegios de abogados que nos permiten contar con asesoramiento legal de primer nivel, abogados que trabajan ‘pro bono’ los casos y que permiten, a través de los ALAC, ese contacto con quien quiere ir a la justicia y no sabe cómo. Además, los centros ALAC nos han facilitado una gran cantidad de información sobre cómo opera la corrupción en los países, información directa, de primera mano, y que de otra manera hubiera sido difícil de recabar, dado que la corrupción opera en la opacidad total, no se entregan recibos de corrupción salvo en casos excepcionales en los que ha habido un registro de esa contabilidad, como pasó con Odrebrecht, que tenía una sección de la empresa dedicada a estas operaciones estructuradas.

     

    ¿En qué medida tiene la corrupción efectos diferenciados en las mujeres?

     

    Un sector importante en el que se nota una diferenciación de género es aquel que se refiere al acceso a los servicios y a los derechos vinculados a la pequeña corrupción. Ello se debe a que las mujeres estamos a cargo de las tareas de cuidado y, por lo tanto, somos la cara visible que va a solicitar esas ayudas, porque la pobreza se ha feminizado y los sectores más pobres son los que necesitan de esa colaboración del Estado en la prestación de esos servicios.

    Otro factor que castiga específicamente a las mujeres, o lo hace de manera más sustancial, es el tema de las monedas de intercambio. En muchos casos de pequeña corrupción, se exigen favores sexuales o se da lugar a situaciones de acoso en los cuales las mujeres son victimizadas doblemente.

    Del barómetro de corrupción, que es una de las mediciones de Transparencia Internacional, surge que, en la región, áreas de política pública como la salud, la educación o los planes sociales son percibidas como las más corruptas o más proclives a la corrupción, y son las áreas que precisamente se vinculan con las tareas de cuidado y de solicitud de derechos. Ahí tenemos un efecto diferenciado en materia de corrupción entre hombres y mujeres.

    Las otras dos áreas del Estado en las que también se observan efectos diferentes son la policía y los tribunales de justicia. Cuando la policía y los tribunales se ven afectadas por la corrupción, las mujeres que tienen que recurrir a ellos en casos de discriminación, de violencia doméstica o de género, de feminicidios, de violaciones o de acoso se enfrentan al hecho de que, al defender sus derechos en un área dominada por la corrupción, en lugar de encontrar la protección y la garantía de esos derechos, terminan siendo víctimas.

     

  • 14 junio 2018

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    Posteado en : Opinion

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    La importancia de la cooperación internacional en la vigilancia aduanera

    El carácter transnacional de los delitos a los que se enfrenta la vigilancia aduanera, exige esfuerzos de cooperación y coordinación internacional de las instituciones responsables

    El Servicio de Vigilancia Aduanera es, en España, una Dirección Adjunta integrada en el Departamento de Adunas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y perteneciente al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Está compuesta por funcionarios con la consideración de agentes de la autoridad (policías fiscales y policías judiciales) que desarrollan su trabajo en todo el territorio nacional, en su espacio aéreo y en sus aguas jurisdiccionales. Respecto a las tareas que aborda, estas consisten, fundamentalmente, en la represión de los delitos e infracciones de contrabando, en la lucha contra el tráfico de drogas y otros delitos conexos, contra el blanqueo de capitales y contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Todos ellos tienen cada vez una dimensión más global.

     

    En todo lo relativo a la cooperación internacional en vigilancia aduanera, la coordinación y la cooperación entre organismos estatales, europeos y con terceros Estados tiene una importancia vital; en general para los ciudadanos y el Estado y, en particular, para los órganos implicados en esta cooperación, como la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

     

    La envergadura de las actividades ilícitas que, desde este organismo nosotros perseguimos, se pone de manifiesto de varias maneras: en primer lugar, porque se trata de acciones que trascienden las fronteras de los Estados; y, en segundo lugar, porque los autores se aprovechan de las diferencias en la legislación que existe entre los diferentes Estados, buscando subterfugio en esos huecos legales para desarrollar su actividad delictiva.

     

    En este sentido, la lucha contra este tipo de ilícitos tan complejo tiene dificultades múltiples a pesar de que tiende a culminar con éxito. En la mayoría de los casos, la fluidez en el intercambio de información y la capacidad de coordinación entre medios operativos de diferentes países es lo que lo posibilita.

     

     

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    Una de las actividades del proyecto de hermanamiento con Turquía

     

     

    El proyecto de hermanamiento “Mejora de la vigilancia marítima en las aduanas turcas”, gestionado por la FIIAPP, viene desarrollándose en la actualidad entre la aduana española y la turca. Este proyecto aspira a mejorar el conocimiento y las técnicas dentro de cada Estado para poder mejorar internamente y poder implementar en nuestro registro y en nuestro trabajo del día a día nuevas técnicas y nueva táctica operacional que nos permitan idear y tener una visión nueva para poder operar contra estas mafias.

     

    Laura Rebollo Villarino es Jefa de las Áreas de Operaciones Aeronavales y de CECOP, dependiente de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria

     

     

    Sobre el proyecto

     

    El proyecto de Mejora de la vigilancia marítima en las aduanas turcas, financiado por la Comisión Europea y gestionado por la FIIAPP en colaboración con Douanes & Droits Indirects, tiene como objetivo tratar de mejorar la capacidad de vigilancia de las aduanas marítimas en Turquía. Además, también pretende asegurarse de que el país cumple con las obligaciones establecidas por la Unión Europea a los Estados Miembros en esta materia.

     

    Desde el pasado mes de noviembre, expertos españoles procedentes del IEF y de la AEAT trabajan conjuntamente con sus homólogos turcos para mejorar las facultades y procedimientos de la vigilancia aduanera en el país, desde el comercio ilegal a la falsificación pasando por otros delitos conexos. España y Turquía presentan paralelismos en este sentido, puesto que ambos países tienen una gran extensión de costa y también han de lidiar con un estrecho que forma cuello de botella para el tráfico marítimo. Además, los dos países son un puente para la conexión entre dos continentes, por lo que los riesgos y amenazas a los que se enfrentan son muy similares.

  • 08 junio 2018

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    Posteado en : Entrevista

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    “La FIIAPP comparte con CIVIPOL el objetivo de apoyar las políticas públicas”

    Desde 2001, CIVIPOL es el operador de cooperación técnica del Ministerio de Interior francés. Su actividad se desarrolla principalmente a nivel internacional y esencialmente tienen como financiador a la Unión Europea. Yann Jounot es el Director General de CIVIPOL y nos habla en esta entrevista del trabajo de la consultora y de su trabajo con la FIIAPP.

    ¿Qué es CIVIPOL y cuál su labor?

    CIVIPOL es la sociedad de consultoría y servicio del Ministerio de Interior francés. Su papel es poner en valor el trabajo de los expertos a nivel internacional, particularmente en el marco de los proyectos de desarrollo y financiados por la Comisión Europea, el Banco Mundial, etc.

     

    Además, la sociedad interviene en todas las áreas pertenecientes al Ministerio en Francia: Policía, Gendarmería, el Gobierno Territorial, la Seguridad Civil, pero también el estado civil o el desminado.

     

    ¿Cuáles son los sectores y las zonas geográficas prioritarias para CIVIPOL?

    Las zonas geográficas prioritarias para CIVIPOL son las del Ministerio del Interior. Por un lado, África Occidental, en particular la región del Sahara, y la región del Magreb y Oriente Medio. Por otra parte, en los últimos años la empresa ha desarrollado también sus actividades particularmente en África Oriental y en el África anglófona en general (Nigeria y Kenia, por ejemplo).

     

    Una de las actividades principales de CIVIPOL es gestionar proyectos financiados por la Comisión Europea. En este sentido, ¿qué visión tiene usted sobre la FIIAPP y qué relación tienen con la Fundación?

    La FIIAPP es un socio histórico y estratégico para CIVIPOL. La Fundación comparte con CIVIPOL el objetivo de apoyar las políticas públicas, y nuestro personal mantiene relaciones cotidianas desde hace mucho tiempo con el sector de justicia y seguridad de la FIIAPP, que son nuestro interlocutor habitual.

     

    ¿En qué proyectos colaboran actualmente CIVIPOL y la FIIAPP?

    Actualmente trabajamos juntos en 10 proyectos, principalmente en temas de seguridad, con un alcance geográfico muy amplio grande. Algunos de estos proyectos son: refuerzo de la policía en Myanmar; GAR-SI Sahel, o lucha contra el crimen organizado en el cuerno de África. Sin hablar de proyectos que están ahora en preparación o negociación, que forman parte de una cooperación bilateral privilegiada entre Francia y España en temas de seguridad.

     

    CIVIPOL y la FIIAPP han firmado recientemente un acuerdo para la puesta en marcha de un proyecto en Senegal. ¿En qué consiste tal acuerdo? ¿Por qué trabajar con la FIIAPP?

    CIVIPOL ha querido trabajar con la FIIAPP porque una colaboración así permitirá al proyecto el conocimiento de los expertos españoles en temas de seguridad interna. El acuerdo establece las normas jurídicas donde se fijan las reglas y las condiciones financieras de esta colaboración.

     

    ¿Cuál es el objetivo del proyecto en Senegal?

    El proyecto deberá permitir a los servicios de seguridad interna de Senegal tener mejores equipos para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado y controlar y vigilar sus fronteras. Además, el proyecto ayudará a mejorar la seguridad interior para tener una mayor seguridad de sus bienes y de las personas en general.

     

  • 08 marzo 2018

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    Posteado en : Reportaje

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    Cooperación para la igualdad universal

    La agenda 2030 cuenta con la cooperación como herramienta para avanzar en la igualdad de género que se demanda públicamente

    “En el Día Internacional de la Mujer, debemos comprometernos a hacer todo lo posible para superar los prejuicios arraigados, apoyar la participación y el activismo y promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”. Son las palabras de António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, para el Día Internacional de la Mujer. Otro 8 de marzo que sirve para reflexionar sobre lo logrado y lo que queda por avanzar en materia de igualdad.

     

    En 1995, casi 200 gobiernos firmaron en Beijing una hoja de ruta histórica para la materialización de los derechos de las mujeres. Dos décadas después, movimientos a favor de esa igualdad siguen llenando las calles y redes sociales por todo el mundo. De cara a ese progreso conjunto y global, la cooperación internacional puede ser una herramienta clave para conseguirlo.

     

    Mar Merita, técnica especialista en género del programa EUROsociAL+ – financiado por la Comisión Europea y gestionado por la FIIAPP – afirma lo mucho que se ha innovado respecto al rol de la mujer en la Agenda 2030 de cooperación.

     

    Desde velar para que niños y niñas tengan una educación equitativa y de calidad, pasando por poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo, hasta que la igualdad sea uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que establecieron varios líderes mundiales por un mundo mejor en 2030.

     

    La igualdad en la UE

     

    La igualdad de género es también uno de los valores fundacionales de la Unión Europea, que sigue de cerca estos objetivos de desarrollo. Y que analiza su progreso al respecto en un estudio periódico.

     

    El último (Sustainable development in the European Union, 2017) en concreto aporta datos sobre cuatro áreas que sirven de indicador a la hora de evaluar el objetivo de igualdad: la violencia de género, el acceso a la educación, el empleo y los puestos de responsabilidad.

     

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    En 2012, la violencia de género es una realidad en la UE. Cuando una de cada tres mujeres dice haber experimentado violencia física o sexual desde los 15 años. Este problema es causa y consecuencia de la desigualdad, y se combate desde el acceso a la educación.

     

    Sin embargo, el hecho de que los hombres abandonen antes los estudios y las mujeres tengan más éxito en esta área no se refleja en la tasa de empleo de los recién graduados, mayor en el caso de los varones. También la proporción de hombres en edad de trabajar que efectivamente lo hacen supera a la de las mujeres trabajadoras en un 11,6%.

     

    El empleo es una de las áreas que va más unida a roles de género, responsabilidades familiares o tradiciones. Y tiene su reflejo en la brecha salarial: en 2015, según el mismo estudio, las mujeres ganaban un 16,3% menos por hora que los hombres. La misma diferencia que 5 años atrás.

     

    El progreso cuesta en lo que Mar llama la “tercera generación de derechos”, en la que estaría incluida esa diferencia de salarios que sigue siendo importante en la mayoría de los países. Según la experta de EUROsociAL+, a pesar del avance en el reconocimiento de derechos políticos, todavía queda por hacer respecto a derechos sociales, culturales y económicos; mediante los que se conseguiría esa “igualdad real”.

     

    El reparto de cargos políticos o puestos de responsabilidad también refleja la desigualdad, pues las mujeres no suelen tener tanta representación como los hombres en procesos de toma de decisiones. Aunque la proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales ha aumentado desde 2003, las mujeres todavía ocupaban menos de un tercio (28,9%) de estos asientos en 2017.

     

    La cooperación como herramienta

     

    Muchos de estos temas, como la brecha salarial o el acoso sexual, están hoy en el foco de actualidad. Y constituyen denuncias públicas, con un impacto internacional fuerte, que sin embargo necesitan de “procesos para hacer frente a esas problemáticas”.

     

    Así lo cree Dominique de Suremain, coordinadora del área de políticas de equidad de género del programa EUROsociAL+, que ve “un trabajo menos visible por cambiar” a la hora de que esas demandas se materialicen y tengan su reflejo en el sistema.

     

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    Actividad de EUROsociAL en la Casa de Derechos en Brasil

     

    Es ahí donde entra en escena la cooperación, cuyo papel es esencial para la puesta en marcha de políticas públicas que tengan en cuenta esas peticiones. Desde el principio, según Dominique, es importante “introducir esa preocupación en el diseño de los proyectos”. Un aspecto transversal que no sólo debe aplicarse en proyectos sociales, sino que es pertinente para todas las temáticas.

     

    Un ejemplo sería el taller de enfoque de género organizado por ARAP Ghana – proyecto contra la corrupción gestionado por la FIIAPP – o la inclusión de esta perspectiva en las actividades de Euroclima+. Ya que al final, la desigualdad es inherente a la sociedad en la que se produce e influye en los problemas que aborda.

     

    Sin embargo, este enfoque es en muchos casos insuficiente para conseguir una igualdad real. Hay que ir más allá del diagnóstico, de los indicadores, de cuantificar cuántas mujeres han salido beneficiadas: “hay que aprovechar los proyectos de cooperación para tener un papel proactivo”, según Dominique.

     

    Quizás por ello, EUROsociAL+ es uno de los primeros programas en crear un área temática exclusiva para abordar esta problemática. Un componente o eje de género fuerte que cuenta con acciones directas y un equipo de personas dedicado exclusivamente a ello.

     

    La cooperación se basa en un intercambio de experiencias que es también importante para Mar Merita: “se puede combatir la desigualdad promoviendo ejemplos y buenas prácticas que surgen en los países”, aprendiendo unos de otros.

     

    “La igualdad es una causa universal” y un objetivo realista que, en el marco de los proyectos, necesita de políticas públicas para avanzar de forma práctica. Aunque al final lo verdaderamente importante, según la experta, es creer en ello.

     

    Escucha el programa dedicado al Día Internacional de la Mujer en nuestro espacio de Radio Nacional de España

  • 01 febrero 2018

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    Posteado en : Opinion

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    Perú: cooperación con resultados

    El proyecto contra el crimen organizado y el tráfico de drogas capacita a las instituciones involucradas en el país

    La directora para América Latina y el Caribe de EuropeAid, Jolita Butkeviciene, twitteaba hace unas semanas que “la Unión Europea no impone programas, acompaña políticas nacionales y esta es nuestra forma de ver la cooperación”.

     

    Estas declaraciones encajan perfectamente con los resultados que se están alcanzando en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas en Perú. Una política apoyada y acompañada de manera efectiva por la Unión Europea, a través de un proyecto gestionado por la FIIAPP y otros fondos adicionales que en total suman 32 millones de euros.

     

    Durante 2017, nuestros socios peruanos, a los que apoyamos y acompañamos en sus políticas nacionales, han conseguido las mayores cifras históricas en la lucha contra el crimen organizado. A saber, la desarticulación de 111 organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, la destrucción de 78 pistas de aterrizaje clandestinas para el traslado de la droga a otros países y la incineración de 334 laboratorios de producción de cocaína, un buen número de ellos identificados gracias a tareas de inteligencia. Asimismo, se logró erradicar 22.165 hectáreas de hoja de coca, hecho que evitó la producción potencial de 204,8 toneladas de cocaína. Estas cifras no tienen  parangón con las de años anteriores y denotan un claro esfuerzo de la nueva administración peruana para mejorar los resultados en esta materia.

     

    El proyecto, implementado por la FIIAPP, capacita y presta asistencia técnica a las principales instituciones que luchan contra el crimen organizado y el tráfico de drogas en este país andino. Los socios peruanos del proyecto están obteniendo muy buenos resultados y se ha verificado, mediante una evaluación independiente, que se están aplicando con éxito los conocimientos y herramientas transmitidas por los funcionarios de los Estados Miembros a sus homólogos peruanos.

     

    SUNAT Aduanas es una de las instituciones que reciben el apoyo del proyecto. En este caso, en la prevención del contrabando:

     

    También cabe destacar el apoyo y acompañamiento que se ha dado por parte del proyecto a los operadores judiciales para resolver exitosamente los grandes casos nacionales vinculados a bandas organizadas internacionales y los logros alcanzados en materia de inteligencia, como es la creación del primer sistema informatizado de gestión de información contra el crimen organizado en Perú (SIIETID).

     

    Proyectos a demanda

    Vivimos en un mundo interconectado y la cooperación es un factor imprescindible en la resolución de los problemas relacionados con el crimen organizado transnacional. Eso influye en muchos elementos de la agenda birregional euro-latinoamericana.

     

    Hay que diseccionar el problema del tráfico de drogas según su impacto y naturaleza, tanto en las instituciones como en las personas. No es lo mismo un país productor que otro de tránsito o uno consumidor. En América Latina el tráfico de drogas tiene un efecto directo en la gobernabilidad de los estados. Las enormes cantidades de dinero que mueven las bandas organizadas pueden llegar a comprar estructuras gubernamentales y desestabilizar países – tristemente hay varios ejemplos en la región. Eso sin mencionar la violencia que genera y el deterioro en la cohesión social. En Europa el impacto es profundo a nivel delincuencial pero principalmente se trata de un tema de salud pública. Son dos problemas interconectados a los dos lados del océano.

     

    La UE, a través de grandes proyectos bilaterales gestionados por FIIAPP en Perú o Bolivia y regionales como EL PAcCTO y COPOLAD, acompaña las políticas de lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas, que tanto impacto tienen en América Latina y Europa. Este apoyo se aplica a través de una metodología a demanda, cosa que agradecen nuestros socios latinoamericanos, felicitando la forma de trabajar horizontal y no paternalista de la UE. Definitivamente ésta es una de las recetas para obtener buenos resultados.

     

    De hecho, el método de trabajo participativo es uno de los emblemas del “Soft Power” que caracteriza la cooperación europea. Sin duda alguna, estos proyectos en los que se intercambian conocimientos y se crean lazos duraderos entre administraciones públicas a los dos lados del Atlántico son la mejor apuesta para lograr resultados sostenibles en el tiempo. Sin ir más lejos, a través de nuestro proyecto se han creado redes de contacto que ya están trabajando para investigar asuntos relacionados con el crimen organizado transnacional, no solo entre Europa y Perú sino también a nivel regional.

     

    La seguridad de los ciudadanos como objetivo

    Sin embargo, no se debe caer en la autocomplacencia, la lucha contra el crimen organizado es policéntrica y comporta muchos desafíos como el lavado de activos y la colaboración eficaz entre administraciones. Para mejorar la calidad de vida de la población en muchos países América Latina es necesario avanzar en esta materia ya que tiene un impacto directo en la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Solo en 2017, 25.000 personas murieron de forma violenta en México por razones vinculadas al crimen organizado, lo cual nos debería hacer reflexionar sobre cómo apoyar a nuestros socios en la región.

     

    América Latina es un socio estratégico, cultural y comercial para la Unión Europea y como tal debemos tener una política continuista y mejorada de colaboración que ayude a optimizar el bienestar de su población y asegurar el Estado de derecho. La FIIAPP, a los 20 años de su creación, es sin duda un instrumento adecuado y maduro para canalizar e implementar proyectos de cooperación birregional euro-latinoamericana que tan buenos resultados están dando. No olvidemos que, tal y como se subraya en el último informe Elcano, en la Estrategia Global Europea de 2016 se habla de un “espacio atlántico ampliado”, y señala que la UE tratará de expandir la cooperación y de construir una fuerte asociación con América Latina y el Caribe.

     

    La Fundación, por su amplia experiencia y reconocimiento en la región, ya es un actor clave en la consecución de este acervo y un importante aliado de las instituciones europeas en materia de fortalecimiento del Estado. Por esa misma razón, tenemos que seguir visibilizando con fuerza los resultados obtenidos por nuestros socios latinoamericanos. Demostrando con hechos que estas acciones, además de fortalecer nuestras instituciones homólogas al otro lado del atlántico, sobre todo, mejoran la vida de sus ciudadanos. 

     

    Gerard Muñoz, Coordinador del Proyecto de lucha contra el tráfico de drogas en Perú

     

    Más información sobre el proyecto, en nuestro espacio en Radio Nacional de España (RNE):

  • 23 noviembre 2017

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    Posteado en : Entrevista

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    “La FIIAPP ha sido un compañero de viaje sólido y solvente”

    Mariano Simancas, Comisario Principal y Jefe de la División de Cooperación Internacional en la Policía Nacional, nos habla de retos, resultados y proyectos en los que trabaja el cuerpo en esta materia, en colaboración con la FIIAPP

    Garantizar la seguridad es uno de los retos más importantes a nivel internacional, ¿cuáles son a su juicio los temas o áreas más relevantes para la Policía en cooperación internacional?

    España mantiene su interés por luchar contra cualquier forma de terrorismo, delincuencia organizada o inmigración ilegal, así como contra los delitos relacionados: trata de seres humanos, falsificación documental o blanqueo de capitales. Pero es igualmente preciso destacar que formamos parte de la Unión Europea y es la Agencia de Policía Europea (EUROPOL) la que, tras recibir las aportaciones de los Estados Miembros, establece cuáles son las prioridades a través de sus informes: SOCTA y TE-SAT, claves a la hora de establecer las polí­ticas nacionales.

    Por otra parte, el avance del terrorismo yihadista ha supuesto un cambio sustancial en las dinámicas de trabajo en lo que a cooperación internacional se refiere y la transformación de los procedimientos de colaboración.

    ¿Dónde cree que hacen más falta proyectos en los que participe la Policí­a? ¿En qué áreas y en qué países?

    Siguiendo la línea trazada, en la actualidad va a ser interesante participar en cualquier proyecto de cooperación que luche contra el terrorismo, la inmigración ilegal, la delincuencia organizada y sus delitos conexos. Ahora mismo la región clave, por la que pasan gran parte de estos fenómenos, es África. Sin olvidarnos de lo ya trabajado en la zona de Iberoamérica, donde se han podido llevar a cabo varios proyectos de éxito.

     

    ¿Cuáles son los retos de la cooperación policial internacional?

    Tras el Tratado de Lisboa, se introdujo una perspectiva interesante: el “enfoque integrado”, según el cual los trabajos o iniciativas de la UE ya no se constituyen de manera estanca y por pilares, sino que implican diferentes trabajos transversales y sinergias entre distintos actores.

     

    Este enfoque obliga a que, en cuestiones policiales o judiciales, se observen otras perspectivas como la social o la educativa, que van a consolidar la estabilidad deseada pero que nos obliga a trabajar solidariamente con diferentes instancias.

     

    ¿Puede destacar algún proyecto de cooperación internacional en el que hayan trabajado por sus resultados y repercusión?

    Estamos muy satisfechos de la participación de la Policía Nacional en muchos proyectos, lo que indica una colaboración excelente con FIIAPP, pero resaltaría los trabajos de AMERIPOL. Lo que inicialmente comenzó como una experiencia en la que la UE auspició un proyecto dedicado al intercambio de datos en materia de tráfico de drogas, ha ido creciendo con el apoyo de diferentes países de Iberoamérica, con el desarrollo de las Unidades Nacionales de Ameripol, así­ como del uso del SIPA (Sistema de Intercambio de Información Policial para AMERIPOL). Esperamos un mayor desarrollo, crece siguiendo una evolución parecida a la de EUROPOL.

     

    Actualmente la Policía está trabajando frente a desafíos de diversa í­ndole, como aquellos que afectan al medio ambiente. ¿Cómo valora los proyectos que tratan las amenazas químicas y biológicas NRBQ?

    La Unión Europea muestra cada vez más interés por los delitos medioambientales: los tráficos ilícitos, las talas ilegales, los incendios provocados o los vertidos ilí­citos. En este marco europeo, ha comenzado la octava ronda de evaluaciones mutuas que valorará hasta qué punto la legislación comunitaria y las medidas tomadas por los diferentes Estados Miembros son suficientes para lidiar con las cuestiones relacionadas con los tráficos ilícitos, estableciendo las correspondientes recomendaciones.

     

    Otra de las amenazas contra la que trabajan los técnicos de la Policía es el tráfico de drogas y el crimen organizado, ¿cuáles son los principales avances que puede destacar en esta materia gracias a los proyectos de cooperación internacional?

    La Policía Nacional ha venido trabajando los grupos y organizaciones de delincuencia de manera intensa durante muchos años, lo que nos ha permitido conocer perfectamente su evolución hacia modelos especializados en ingeniería financiera y con movimientos precisos en la red a través de las nuevas tecnologías. Obviamente estas nuevas circunstancias mediatizan el trabajo policial y lo hacen mucho más especí­fico, más especializado, de ahí­ que sea en esta lí­nea donde nos estamos moviendo últimamente.

     

    El tráfico de armas y personas son también fenómenos globales, ¿cuáles son los principales desafíos al respecto a nivel policial?

    Tanto una actividad delictiva como la otra cuentan con el apoyo político de las más altas instancias de la Unión Europea y de la Dirección General de la Policí­a española.

     

    El tráfico de armas se ha desarrollado dentro del llamado Ciclo de Polí­tica Criminal como un Plan de Acción Operativo que se desarrollará durante los años 2018 y 2019. España ha liderado esta iniciativa obteniendo unos resultados extraordinarios. Como la Operación PORTU realizada a principios de año en la provincia de Vizcaya, en la que se incautó más de ocho mil armas de guerra listas para la venta a terroristas y grupos organizados.

     

    En cuanto al tráfico y la trata de personas, se ha marcado como objetivo estratégico minimizar los perjuicios que esta lacra social ocasiona. Desde las campañas publicitarias, como la lanzada hace unos años “Con la trata no hay trato”, así­ como la especial dedicación a la desarticulación de las organizaciones dedicadas a este fenómeno, en el que el componente de la cooperación internacional es clave. Puedo afirmar que constituye una de las grandes prioridades en el ámbito policial.

     

    La Policía lleva trabajando con la FIIAPP casi veinte años ¿Cómo valora el trabajo de la FIIAPP en estos temas, así como la colaboración entre ambas instituciones alrededor del mundo?

    Únicamente puedo mostrar mi satisfacción. La colaboración entre la FIIAAP y la Policía Nacional se ha venido gestionando de manera eficaz desde hace muchos años. Fruto de esa cooperación ha sido la ejecución de numerosos proyectos: desde los hermanamientos para los países candidatos a adherirse a la UE hasta la gestión de los programas del Fondo de Seguridad Interior o, más recientemente, el Fondo Fiduciario que destina una importante cantidad de dinero a los proyectos vinculados con el área de inmigración ilegal, fundamentalmente en África. En todos estos casos, la FIIAPP ha sido un compañero de viaje sólido y solvente.

     

    Soy plenamente consciente de que la gestión de fondos no es una tarea fácil y, en este caso, la Fundación nos brinda el apoyo necesario para sacar adelante todas las iniciativas de cooperación internacional que nos interesan. Esperamos poder contar con este apoyo en los años venideros y afianzar esta relación de confianza mutua que nos permite avanzar en la especialización y mejor servicio de la Policía Nacional.