• 11 noviembre 2016

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    Posteado en : Opinion

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    La abogacía española en la cooperación internacional

    El acceso a la Justicia de los ciudadanos está en la base de las garantías judiciales que tienen la consideración de derechos humanos.

    Ningún país ni comunidad puede funcionar pacíficamente si sus habitantes no logran reclamar sus derechos ante el sistema de justicia establecido o defenderse de acusaciones que se formulan contra ellos. El acceso a la Justicia de los ciudadanos está en la base de las garantías judiciales que tienen la consideración de derechos humanos.

     

    Sin embargo, en la realidad nos encontramos con numerosas dificultades para su aplicación práctica y efectiva. Y, lamentablemente, cuando esto es así, observamos las consecuencias correspondientes: mayores grados de desigualdad social o elevados índices de violencia, que, con frecuencia, se atribuyen a otros factores, como la pobreza, cuando en realidad la pobreza no es una causa, sino un efecto, y precisamente un efecto de, entre otras cuestiones, que mucha gente esté excluida de la Justicia.

     

    Los mecanismos de acceso a la Justicia deben concebirse para el conjunto de los ciudadanos, deben estar correctamente previstos a nivel legislativo y también deben estar dotados de los recursos necesarios para funcionar de un modo adecuado. Algunos países requieren de forma muy acuciante de la cooperación para poder atender estas necesidades.

     

    Para los que trabajamos en la defensa de los derechos de los ciudadanos es muy difícil no fijarse en los tremendos retos que a nivel mundial tienen por delante las personas con discapacidad, los desplazados y refugiados, las minorías, las víctimas de trata y explotación, los privados de libertad o las personas en situación de pobreza endémica. Estamos hablando de cientos de millones de personas.

     

    El Consejo General de la Abogacía Española, en su participación en acciones de cooperación, tiene a menudo su punto de mira en favorecer que los colectivos más vulnerables puedan acceder a la protección de sus derechos a través del sistema de justicia en las mismas condiciones que el resto de sus vecinos.

     

    Hemos podido llevar a cabo numerosos proyectos de estas características en algunos países europeos y, sobre todo, latinoamericanos. Quizás podamos destacar, por su carácter representativo, algunos desarrollados en colaboración con FIIAPP, en el marco de programas de cooperación europea como EUROsociAL.

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    Seminario de Defensorías Públicas y Monitoreo en los Centros de Privación de Libertad en Argentina.

    En referencia a las personas privadas de libertad, en Paraguay y Chile hemos contribuido a favorecer que algunos centros penitenciarios tengan sistemas de videoconferencia para que los presos puedan trasladar sus consultas a los abogados de oficio que tienen asignados (los llamados allá “defensores públicos”); en Costa Rica y Perú hemos podido ayudar a que se introdujera perspectiva de género en ciertos preceptos de sus leyes penales y penitenciarias, consiguiendo que mujeres en circunstancias particulares puedan acogerse a beneficios penitenciarios, o sean castigadas por ciertos delitos de un modo más proporcionado al preexistente; junto a la Asociación Interamericana de las Defensorías Públicas, hemos elaborado también manuales de vigilancia de derechos humanos en los cárceles u otros ámbitos de privación de libertad.

     

    En los últimos cuatro años hemos trabajado igualmente en varios países por los derechos de las personas con discapacidad, cuyas circunstancias personales presentan necesidades especiales cuando se enfrentan a procedimientos judiciales. En otro orden de actividad, en Brasil, pudimos impulsar servicios de “Justicia Comunitaria” dedicados a asistir jurídicamente a la población negra de las barriadas de favelas de Río de Janeiro. En Perú, hicimos posibles nuevos espacios de entendimiento entre la justicia ordinaria y la justicia especializada indígena. Son sólo algunos ejemplos relevantes.

     

    También a lo largo de los últimos años, hemos participado en algunos procedimientos judiciales de derechos humanos que tenían un valor paradigmático por su potencial para acercar a la Justicia a personas que fueron privadas de ese derecho. Así fue en algunos llevados hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Campo Algodonero, que juzgaba los asesinatos en Ciudad Juárez (México) de ocho niñas cuyos cuerpos abusados y asesinados fueron abandonados en una plantación de algodón, y que este tribunal denominó feminicidios.

     

    En Panamá, contribuimos a dotar de argumentación jurídica a varias comunidades indígenas que habían sido expulsadas de sus tierras para la construcción de una gran obra hidráulica que modificó todo el paraje y las posibilidades de subsistencia de estos pueblos con tradiciones especialmente protegidas por el derecho.

     

    Colombia ha sido otro país importante para nosotros en nuestra labor de cooperación. En este país hemos desarrollado, desde 2011 especialmente, diversas acciones dirigidas al fortalecimiento de los sistemas de asociación de los abogados y de otros defensores de derechos humanos, así como al reconocimiento de su trabajo.

     

    Toda nuestra actividad está basada en un principio de especialización, es decir,  en la idea del aprovechamiento de las capacidades, la experiencia y los conocimientos particulares de la abogacía. Sería de desear que, dentro de las políticas de cooperación entre los países, las diseñadas para mejorar el acceso a la Justicia de los ciudadanos ocuparan el lugar prioritario que merecen, por el gran valor añadido que poseen para las sociedades de los países implicados.

     

    Victoria Ortega Benito es Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española desde enero de 2016.

  • 14 octubre 2016

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    Posteado en : Entrevista

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    “En la propia esencia de la abogacía está la defensa y la promoción de los Derechos Humanos”

    Victoria Ortega Benito es Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española desde enero de 2016. Es también la primera mujer que preside la abogacía.

    En la web general del Consejo de la Abogacía, Victoria se refiere al trabajo de los abogados españoles con los siguientes términos: “Somos cada vez mejores profesionales, aunque muchos nos hemos tenido que formar después de nuestro paso por la Universidad y seguimos haciéndolo cada día”.  Desde la FIIAPP queremos conocer esta realidad.

     

    ¿En qué se centra vuestro trabajo? ¿Cómo se puede beneficiar el ciudadano de a pie de lo que hacéis?

    El Consejo de la Abogacía es el órgano ejecutivo superior de representación y coordinación de los 83 colegios de abogados que existen en España.

    Entre las funciones que desempeña, a parte de la propia de representación de la abogacía española, hay una actividad fundamental de ordenación normativa de la profesión. Además de ello trabajamos sobre todo en el ámbito de la abogacía que lleva su parte disciplinaria en el ámbito de la formación, en las relaciones con administración de justicia y en toda la materia de justicia gratuita. También trabajamos por el logro de una justicia más ágil y más eficaz y desarrollamos una actividad de informes y de estudios.

    Otra labor importante que tenemos es la actividad internacional transversal en la que trabajamos fundamentalmente a través de la sede que tenemos en Bruselas.

     

    Respecto a la sede en Bruselas, las labores que allí realizáis es estar en contacto con otros colegios europeos pero además hacer un poco de lobby, ¿no es así?

    La incidencia que tiene Europa es indudable y para nosotros tiene una extraordinaria importancia y queremos incrementar el trabajo allí aumentando las posibilidades de intervención.

     

    En este ámbito internacional y por tanto, también el europeo, ¿podría detallarnos algunos logros que hayáis tenido con vuestra presencia allí?

    Si, por ejemplo quiero señalar lo último que hemos suscrito, que es el Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo (OIAD). Ahí nos hemos suscrito a las abogacías francesas, italianas, alemanas…

    Es un observatorio que puede tener extraordinaria transcendencia para los compañeros que por unas circunstancias o por otras se encuentran en estancia en riesgo; estamos trabajando en eso y yo creo que tendrá éxito y será muy positivo.

     

    En el ámbito de la defensa de los Derechos Humanos, ¿cómo valora el trabajo del Consejo General de la Abogacía Española por la defensa de los mismos?

    En la propia esencia de la abogacía está la defensa y la promoción de los Derechos Humanos. Entonces, con la Fundación del Consejo General de la Abogací­a Española hemos reconducido esta actividad que llevábamos a cabo como tal colectivo. Ahí tenemos dos ámbitos de actuación, tanto el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Es una de las instituciones más sentida y querida por la abogacía.

     

    El Consejo ha colaborado en el proyecto gestionado por la FIIAPP y financiado por la Unión Europea, de cohesión social para América Latina, EUROsociAL. ¿Algún ejemplo de éxito en EuroSocial?

    Ha sido fundamental el trabajo que se ha llevado a cabo tanto con presos españoles en Ecuador, que están en situación de discapacidad, como con personas con la pena cumplida y que seguían en prisión. Allí hemos trabajado bien y con éxito.

    Muchas veces se trabaja con mucho entusiasmo e ilusión pero el resultado no es positivo. Pero aquí lo ha sido, cosa que sirve también como acicate para seguir trabajando en un futuro.

     

    Respecto a su nombramiento como presidenta, convirtiéndose en la primera mujer que lo consigue, ¿cómo lo valora?

    Pues digamos que lo valoro como el inicio, el día que dejemos de hablar de esto, el día que no llame la atención será el día que hayamos llegado a la normalidad. Te diré que mis compañeras del consejo me regalaron un reloj con una grabación que decía “no hay techos”. El día que no haya techos nos podremos felicitar todas.

  • 22 julio 2016

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    Posteado en : Entrevista

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    50.000 personas han pedido la actuación del Defensor en 2015

    El Defensor del Pueblo es el organismo encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos.

    Se trata de una institución independiente que, como tal, desempeña sus funciones con independencia e imparcialidad, con autonomía y según su criterio. Además, el Defensor del Pueblo ha colaborado con la FIIAPP en diferentes proyectos de cooperación internacional. El último sobre la puesta en marcha de la oficina del Defensor del Pueblo en Turquía.

    Soledad Becerril, Defensora del Pueblo desde 2012, fue la primera mujer en ocupar el cargo.  En esta entrevista nos cuenta en qué consiste el trabajo del Defensor del Pueblo:

     

    ¿Todos los ciudadanos tienen acceso al Defensor del Pueblo?

    Todos los ciudadanos tienen acceso al Defensor del Pueblo, sin ninguna discriminación y esperamos que sin ninguna dificultad. Porque, para hacernos llegar su queja, disponen de números de teléfonos gratuitos, pueden escribir directamente mediante carta, pueden venir físicamente a las oficinas del Defensor a presentar su problema y por supuesto, también pueden hacerlo por internet, a través de correo electrónico o a través de nuestra página web.

     

    ¿Qué tipo de quejas son las que tramita el Defensor?

    Quejas ante las Administraciones Públicas. El Defensor no atiende quejas entre particulares ni entidades o empresas particulares.

    También actuamos a través del ministerio correspondiente cuando se trata de grandes empresas que prestan servicios públicos, como la telefonía el transporte, o por ejemplo, asuntos relacionados con bancos, a través del Banco de España. Pero tratamos todo tipo de situaciones y problemas. En relación a personas con discapacidad, problemas por impuestos locales, por cuestiones de la Agencia Tributaria, por listas de espera en hospitales, etc. En fin, todo tipo de hechos o circunstancias.

     

    ¿Todas las quejas de España al Defensor se tramitan desde Madrid o hay oficinas del Defensor en las diferentes CCAA?

    Nosotros cubrimos todo el ámbito español. Además hay Defensores en diez comunidades autónomas que tienen capacidad para actuar en el ámbito de competencias de esa comunidad.

     

    ¿Cuántas quejas se reciben anualmente en la oficina del Defensor del Pueblo?

    En torno a 20.000 quejas. Pero, un gran número de ellas, son presentadas por personas individuales. Porque también los colectivos, las asociaciones o entidades, se pueden dirigir a nosotros.

    En 2015, en el informe anual que presentamos todos los años en las Cortes Generales, dimos cuenta de que habían sido 50.000 las personas que habían suscrito documentos pidiendo la actuación del Defensor.

     

    ¿Hay temas prioritarios para la oficina del Defensor?

    No tenemos temas prioritarios, lo que sí que hacemos es intentar ver qué situaciones son más urgentes, por ejemplo si hay una persona que está en una situación administrativa no regular, va a ser devuelta a su país y tenemos conocimiento de que concurren en ella circunstancias de vulnerabilidad, muy singulares o muy especiales, pues actuamos rápidamente antes de que sea devuelta.

    Si tenemos conocimiento de que la situación de un menor están en un momento muy dramático o muy difícil, inmediatamente esas situaciones pasan por encima de otras cosas, pero se tratan todos los temas.

     

    ¿Cuáles son los principales retos del Defensor del Pueblo?

    El mayor reto es llegar al mayor número posible de personas y que el mayor número de personas que tengan un problema sepa cómo dirigirse al Defensor y puedan hacerlo. Por eso la página web es muy importante. Para hacernos visibles y hacer que la población comprenda lo que hacemos, para ser apreciados. Eso es fundamental, tener la confianza de los ciudadanos.

     

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    Oficina del Defensor del Pueblo en Madrid

     

    ¿Cuáles son las mayores dificultades?

    Dificultades son las que tienen las propias Administraciones, los Gobiernos locales, los Gobiernos de las Comunidades, o el Gobierno del Estado; dificultades presupuestarias para una mayor dotación en servicios asistenciales, sociales o sanitarios.

     

    ¿Cuál es el papel del Defensor en otros países?

    La mayoría de los países de la Unión Europea tienen Defensores, también países iberoamericanos y algunos países del Mediterráneo. Nosotros les hemos ayudado y asistido para la formación de los equipos del Defensor.

    Últimamente hemos estado en Turquía, durante dos años (a través de un proyecto gestionado por la FIIAPP y financiado por la Comisión Europea). Les hemos mostrado la forma de trabajar de España y hemos colaborado en la formación del personal allí. Además, mantenemos una relación de colaboración con los Defensores Iberoamericanos, que siguen el modelo español.

     

     ¿Qué ha aportado el Defensor de España en Turquía?

    Les hemos aportado parte de la formación necesaria a sus equipos: cómo se tratan los asuntos, cuáles son los campos en los que se puede actuar, cómo se puede actuar, cómo hay que dirigirse a las Administraciones, el seguimiento de la legalidad vigente, el respeto a los DDHH… en fin, todos estos campos.

     

    ¿Cómo se están beneficiando los ciudadanos turcos con este proyecto?

    Turquía es un país muy grande, con más de 80 millones de habitantes, extender la acción del Defensor por toda la geografía y a todos los ciudadanos turcos, les va a llevar un tiempo y mucho esfuerzo, pero espero que poco a poco lo logren.

     

    ¿Hay proyección de trabajar en otros proyectos en diferentes países?

    Si surgen otros proyectos, sí. En la medida en la que soliciten nuestra ayuda así lo haremos.

     

    ¿Cuál es el papel del Defensor en el tema de los refugiados?

    Se trata de un tema muy complicado porque los procedimientos son bastante tediosos, pero la postura del Defensor es la de hacer un seguimiento para que España cumpla con sus compromisos en este tema. Desde la oficina del Defensor proclamamos por procurar una recepción, acogida e integración de las personas que lleguen a nuestro país.