• 30 noviembre 2017

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    Posteado en : Opinion

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    Acortando distancias para no dejar a nadie atrás

    El proyecto Bridging the Gap quiere contribuir a la implementación efectiva de las políticas inclusivas para personas con discapacidad en cinco países de renta media y baja: Burkina Faso, Ecuador, Etiopí­a, Paraguay y Sudán

    Según el Informe mundial sobre discapacidad elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM), las personas con discapacidad representan aproximadamente el 15% de la población mundial, de las cuales el 80% viven en países en desarrollo. De acuerdo con estas cifras, el vínculo entre discapacidad y pobreza es más que evidente. Sin embargo, el desarrollo inclusivo con enfoque de discapacidad aún no está lo suficientemente integrado en los proyectos de cooperación internacional.

     

    Los países en vías de desarrollo están haciendo grandes esfuerzos por incluir a la población con discapacidad en el diseño de sus políticas públicas, pero en la práctica siguen encontrando muchas dificultades para implementar esas polí­ticas debido a la falta de recursos económicos y profesionales.

     

    Precisamente ese objetivo de contribuir a la implementación efectiva de las políticas inclusivas para personas con discapacidad es el que persigue Acortando distancias (Bridging the Gap), un proyecto financiado por la Unión Europea para promocionar los derechos y la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en cinco países de renta media y baja (Burkina Faso, Ecuador, Etiopí­a, Paraguay y Sudán).

     

    Para ello, el proyecto plantea acciones concretas en cada uno de los paí­ses beneficiarios en función de las necesidades planteadas por las instituciones públicas y las organizaciones de personas con discapacidad de cada paí­s. Así­, en Burkina Faso estará centrado en la mejora en el acceso universal a la salud de las personas con discapacidad; en Ecuador, en el derecho a la educación inclusiva de los niños con discapacidad; en Etiopía, en promover un nivel de vida adecuado y la protección social de las personas con discapacidad; en Paraguay, en la mejora de la recolección y sistematización de datos sobre discapacidad y en el fomento de la educación inclusiva; y en Sudán, en mejorar el acceso universal al empleo para personas con discapacidad.

     

    El hecho de plantear cinco acciones-país concretas hace que se puedan obtener resultados visibles y, lo que es más importante, permitir que los países se apropien de esos resultados. Bridging the Gap aspira a que las buenas prácticas que se generen en este proyecto sean replicables, queden recogidas gracias a una estrategia de gestión del conocimiento y puedan ser llevadas a un nivel transversal global, fomentando el mainstreaming de la inclusión de las personas con discapacidad en la cooperación internacional.

     

    Los cinco ámbitos en los que se focaliza el proyecto están contemplados en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), el instrumento internacional para la protección de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. En su artículo 32, la Convención establece que todos los Estados Partes deben velar porque todas sus acciones en el marco de la cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo, sean inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Además, la promoción de los derechos de las personas con discapacidad está reforzada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y del nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo aprobado por la Unión Europea.

     

    La inclusión del enfoque de discapacidad en la cooperación internacional es, por tanto, un tema urgente para cumplir de manera eficaz los Objetivos de Desarrollo Sostenible y no dejar a nadie atrás. Bridging the Gap trabajará para sentar unas bases sólidas que permitan conseguirlo

     

    El proyecto Bridging the Gap se presentará oficialmente el próximo martes, 5 de diciembre, en Bruselas, en el marco de la European Disability and Development Week (EDDW).

     

    Carmen Serrano es Técnico de Comunicación de Bridging the Gap II

  • 07 septiembre 2017

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    Posteado en : Entrevista

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    “Es frecuente que no se comprenda nuestro derecho a la autonomía”

    Olga Montúfar, ‎presidenta de la Fundación Paso a Paso y de la Red Global de Personas Indígenas con Discapacidad, nos habla sobre su trayectoria como defensora de los derechos de las personas indígenas con discapacidad

    Olga nació hace 38 años en México en el seno de la comunidad indígena San Miguel Totolapan en el Estado de Guerrero. Como consecuencia de la poliomelitis, tiene una discapacidad motriz que le impide caminar.

     

    Ingeniera de formación, las dificultades a las que tuvo que enfrentarse para encontrar un trabajo acorde con su profesión hicieron que decidiese dedicarse a trabajar en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

     

    El pasado mes de julio participó como experta externa en el seminario de inicio de Bridging the Gap II, proyecto financiado por la Unión Europea y liderado por la FIIAPP cuyo objetivo es contribuir a la inclusión socioeconómica, la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad en los países de ingresos bajos y medios mediante el fortalecimiento de instituciones y políticas más inclusivas y responsables.

     

    En él participan, tres agencias de cooperación de la Unión Europea (Austria, Italia y España), una organización europea de personas con discapacidad (EDF), una red de organizaciones de discapacidad y desarrollo (IDDC), la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea (DG DEVCO), además del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en calidad de observadores.

     

    ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan las personas indígenas con discapacidad?

     

    El principal problema que enfrentamos es que esa doble identidad hace que en muchas ocasiones no exista claridad sobre qué administración es responsable de elaborar la política pública o los programas a favor de las personas indígenas con discapacidad.

     

    Las propias personas indígenas con discapacidad también presentan esa misma confusión. Muchas personas que se encuentran dentro del movimiento de pueblos indígenas se identifican únicamente como indígenas y no como personas con discapacidad y viceversa.

     

    Además, nuestra participación activa es poco visible y a menudo los familiares, la falta de recursos económicos y la falta de accesibilidad limitan nuestra participación.

     

    En el caso de las mujeres se da, además, una situación de triple interseccionalidad y riesgo de discriminación múltiple en base a género, identidad indígena y discapacidad. ¿Cuáles son los retos específicos de este colectivo? ¿Qué avances se han dado en la situación de las mujeres indígenas con discapacidad?

     

    Las mujeres indígenas se enfrentan principalmente a las estructuras machistas de nuestros gobiernos autónomos, el atraso educativo y el escaso respaldo de otras mujeres indígenas.

     

    Estas limitaciones se multiplican en el caso de las mujeres indígenas con discapacidad debido a que las negociaciones sobre su participación en la sociedad se inician en su entorno familiar donde es frecuente que no se comprenda el derecho a la autonomía que tenemos.

     

    ¿Qué medidas se deben tomar para asegurar que las personas indígenas con discapacidad se beneficien de la protección de la CDPD (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) del mismo modo que otras personas con discapacidad?

     

    El desafío más importante es comprender el pluralismo jurídico que existe dentro de los sistemas indígenas y no caer en la confusión de identificar a las comunidades indígenas con las zonas rurales puesto que no siempre es así y esto que hace que, por ejemplo, se diseñen políticas pensadas para zonas rurales que no siempre puedan ser aplicables en las comunidades indígenas que viven en entornos urbanos.

     

    Las zonas rurales están regidas por los instrumentos jurídicos que el Estado diseña. En cambio, las comunidades indígenas se rigen bajo usos y costumbres establecidos por los ancestros desde sus orígenes y, con el tiempo, van añadiendo nuevos acuerdos de convivencia social adecuados a las nuevas generaciones.

     

    Además, es necesario realizar una interpretación rigurosa de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sobre los derechos que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por ejemplo, la Declaración no menciona el tema de la accesibilidad, pero sí habla del derecho a gozar de nuestros territorios, lo cual requiere que contemos con mecanismos que nos garanticen el acceso a ellos.

     

    Bridging the Gap II cuenta con la participación de una organización europea de personas con discapacidad (EDF) y una red de organizaciones de discapacidad y desarrollo (IDDC), ¿Cómo valora la incorporación de organizaciones de la sociedad civil a los proyectos de cooperación internacional?

     

    Generalmente las organizaciones de personas con discapacidad somos consultadas cuando en los proyectos se exige nuestra participación, pero pocas veces contamos con la capacidad económica para llegar a los lugares donde se centralizan la información y los proyectos.

     

    Esto hace más difícil que además de ser consultadas, podamos participar como actores directos de esos procesos. Por eso pienso que es un gran acierto que se incluyan organizaciones de la sociedad civil que puedan acompañar el proceso de manera que aporten la experiencia de vida y soluciones más cercanas a la realidad.

     

    Usted participó como invitada externa en el seminario de inicio de Bridging the Gap II, ¿Cómo fue su experiencia en esta reunión? ¿Cuáles piensa que son los principales retos de este proyecto?

     

    Para mí fue una gran experiencia porque fue la primera vez que pude estar presente en el inicio de un gran proyecto. Considero que el principal reto de este y otros proyectos que trabajan en temas de discapacidad y desarrollo es poder contar con una buena información procedente de actores de base.

     

    Para eso es muy importante que las organizaciones de personas con discapacidad o de los pueblos indígenas incluyan a personas indígenas con discapacidad que aún vivan en sus comunidades de origen porque muchas de las organizaciones y líderes sociales en este ámbito nunca han estado en una comunidad indígena y asumen que las necesidades son iguales en todas ellas, pero cada comunidad es diferente, igual que no es lo mismo una comunidad indígena que una zona rural, ni tampoco un entorno urbano.

  • 14 mayo 2015

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    Posteado en : Opinion

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    Discapacidad y revolución en Túnez

    El trabajador de la FIIAPP Diego Blázquez cuenta cómo afrontó el reto de desplegar en Túnez políticas orientadas al empoderamiento de las personas con discapacidad en un periodo de convulsión social y política.

    Cuando llegué a Túnez, en las navidades de 2011, la transición había hecho que todos los aspectos de la vida en Túnez fueran políticos: la forma de vestir de mujeres y hombres, cómo se llevaba la barba o el pelo, qué mezquita frecuentabas, la radio que escuchabas, el periódico que leías… y también la discapacidad. El desafiante contexto de la transición política y la vulnerabilidad de las políticas de discapacidad, anteriormente bajo la tutela directa de Ben Ali, motivaron que la discapacidad dejara de figurar entre las prioridades de la Administración. Sin embargo, en el mismo contexto de la Revolución pronto surgieron nuevas organizaciones de jóvenes con discapacidad que querían denunciar los abusos anteriores, reformar las instituciones preexistentes, e igualmente se produjeron disensiones dentro de las grandes organizaciones clásicas, la construcción de nuevos liderazgos asociativos, nuevas reivindicaciones de participación y transparencia…

    Hace un año que dejé el país. Viví y trabaje allí durante dos años y cuatro meses como experto de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Tuve la inmensa fortuna profesional y personal de vivir prácticamente toda la transición política desde el interior de la Administración tunecina y en contacto directo con su sociedad civil, y más concretamente con uno de los colectivos más vulnerables: las personas con discapacidad.

    Llegué a Túnez en una situación privilegiada, como consejero residente de un proyecto de hermanamiento de la Unión Europea: los llamados twinnings, en argot comunitario. Se trata de una herramienta de cooperación institucional de la Comisión Europea, que en España gestiona la FIIAPP, que pretende favorecer el acercamiento de la gestión administrativa y las políticas públicas entre los países vecinos de la Unión. En mi caso, se trataba de apoyar el desarrollo de políticas de inclusión de personas con discapacidad en el nuevo marco que impone la Convención de Naciones Unidas.

    Aproveché el paréntesis vacacional de las Navidades de 2011 para realizar la mudanza y el traslado de mi familia. Al iniciar enero, ya estábamos allí los cinco con un gusto de aventura en todos los sentidos, a pesar de estar sólo a dos horas de avión de Madrid. Esas semanas nos recibió el mayor temporal invernal registrado desde que en Túnez se recogían datos meteorológicos, incluida la mayor nevada en el interior del país en 40 años. Sería un presagio de que las cosas no resultarían tan fáciles como habíamos pensado.

    Después de unos inicios muy difíciles sin poder realmente establecer una interlocución efectiva con nuestros socios de la Administración tunecina, poco a poco pudimos ir orientando el trabajo a través de una serie proyectos-piloto en materia de educación inclusiva y programas de empleo. Los avances se produjeron sobre todo gracias a la acción de un grupo de organizaciones de la sociedad civil que, siguiendo el modelo del CERMI español, se constituyeron en un potente lobby de presión que permitió regularizar la situación laboral de los trabajadores de los casi 300 centros de atención a las personas con discapacidad con que cuenta Túnez, y pactar con el Ministerio de Asuntos Sociales un nuevo cuadro de financiación estable basado en objetivos e indicadores de calidad.

    Este momento fue sin duda el punto de inflexión del proyecto, ya que permitió crear un nuevo ambiente en el que, a pesar de las dificultades y discusiones, se había generado de nuevo una estructura básica.

    Sin embargo, el contexto general puso, de nuevo, las cosas difíciles al estallar una primera oleada de violencia política que comenzó en junio de 2012 y que culminaría seis meses más tarde con el asesinato del abogado de derechos humanos y diputado de la izquierda laica Chokri Belaid, aunque quizás a efectos internacionales el episodio más conocido fuera el asalto y destrucción de la Embajada de Estados Unidos.

    Personalmente, esas vivencias me retrotrajeron a mi infancia en la transición política española. Al ver a mis hijos disfrutar divertidos de los días sin colegio que se sucedieron en estas situaciones, me recordaba a mí mismo disfrutando de momentos similares en la España de los setenta, mientras no era capaz de ver en los ojos de mis padres la preocupación que vivían, como espero que mis hijos no la vieran en mí en esos momentos.

    Finalmente, logramos elaborar un documento de estrategia nacional de la discapacidad; formamos un grupo de unas 30 personas para afrontar la reforma de la educación especial y llevamos proyectos piloto de esta reforma en cinco escuelas de Túnez y su área metropolitana. Incluimos en los proyectos piloto de educación inclusiva a padres, madres y maestros, inspectores educativos y dimos oportunidades a muchas personas, como Kauser.

    En el caso de las políticas de empleo para personas con discapacidad, intentamos romper su marginalidad en el mercado laboral poniéndolas en contacto con las empresas, mejorando los programas de capacitación profesional y sensibilizando a los empresarios acerca de las ventajas que puede tener la diversidad en las plantillas. La experiencia de Fundación Inserta fue clave en ese sentido. Y formamos en cada provincia un pequeño equipo sociolaboral que podría atender de manera coordinada a las personas con discapacidad.

    A pesar de ello, muchas cosas quedaron por hacer, pero me marché de Túnez con la satisfacción de haber dado lo máximo de mí en un contexto muy difícil que los tunecinos compartieron con generosidad conmigo y con mi familia.

    Me fui de Túnez amando el país, amando a sus gentes, su clima, su cultura, sus calles… Y con el sabor agridulce de querer participar aún más y mejor en ese espíritu de reforma que me invadió dos años y cuatro meses atrás, cuando llegué por primera vez al país. El futuro de Túnez es el futuro de todos los que vivimos a orillas del Mediterráneo, por eso sufrí con los tunecinos con el atentado del maravilloso museo de El Bardo. Y por eso quiero utilizar estas líneas para invitar a todos a apoyar la Revolución tunecina del Jazmín perdiéndose este verano por sus playas, montañas y desiertos. Compartiendo sus riquezas arqueológicas y naturales. Beber un vino Kurubis o una cerveza Celtia mirando el azul milenario del Golfo del Cartago, y consolidar de esta manera la libertad y la dignidad de nuestros vecinos, y la nuestra.

    Diego Blázquez es experto de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Este artículo también se puede leer en Planeta Futuro.