• 05 abril 2018

    |

    Posteado en : Opinion

    |

    Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (III)

    En la última entrega del viaje con EUROsociAL+, ponemos rumbo a San Vicente del Caguán para asistir a la inauguración del NAF en el centro de convivencia ciudadana

     

    San Vicente del Caguán es un municipio especialmente marcado por el conflicto armado. Sus habitantes intentan librarse del estigma de vivir en ‘tierra de guerrilleros’, por haber sido una zona de despeje –en la que no entraba el Ejército– durante el gobierno de Andrés Pastrana, lo que permitió consolidar la influencia de las FARC en el territorio.

     

    Nos desplazamos a este municipio para inaugurar un NAF. El trayecto de tres horas desde Florencia ofrece paisajes idílicos, salpicados de retenes militares. Las historias sobre el conflicto armado son inevitables: “en este mismo trayecto secuestraron a Ingrid Betancourt, candidata a la presidencia, tres días después de que Pastrana interrumpiera los contactos con las FARC”, “aquí asesinaron al parlamentario Diego Turbay, unos minutos antes de llegar al municipio de Puerto Rico”.

     

    Un coche que se cruza, un movimiento extraño, todo nos pone en alerta. El vehículo sospechoso ha cambiado de carril para acceder a una finca. Falsa alarma. Son nuevos tiempos, pero los miedos del pasado siguen ahí. Todavía hay grupos disidentes de las FARC que no han abandonado las armas.

     

    Impuestos para el desarrollo

     

    El NAF está ubicado en un centro de convivencia ciudadana que ofrece servicios a personas vulnerables: comisaría de familia, inspección de policía, coordinación de juntas comunales, unidad de atención a las víctimas… El alcalde de San Vicente del Caguán, contrario a los acuerdos de paz, se encuentra estos días en Europa para conocer de primera mano las lecciones aprendidas en Irlanda del Norte. Un 53% de la población de Caquetá votó en contra del acuerdo, por lo que la reconciliación tiene un arduo camino por delante.

     

    Nos recibe en su lugar Cecilia Collazos, alcaldesa en funciones y secretaria de Desarrollo Social. A su juicio, el fraude fiscal se debe sobre todo a la cultura del impago: “más que dificultades para entender el sistema tributario, lo que existe es una cultura del no pago, de ocultar los ingresos reales, de evadir. Los acuerdos de paz han traído algunos cambios, pero aún persiste el tema de la extorsión, sigue habiendo guerrillas disidentes en la zona. La paz real se logra con obras, con inversión, con empleo”.

     

    Cristián, estudiante de Contaduría, ve en los NAF una experiencia muy útil para su futuro profesional: “la parte contable se enfoca mucho en la parte tributaria, y esa es la oportunidad que nos están dando los NAF de brindar una orientación a quienes tienen bajos recursos y poder luego ser competitivos en un mercado como el de San Vicente del Caguán, donde hay mucho comercio y en el que se requieren muchos contadores”. Cristián tiene claro que el desarrollo debe ir de la mano del pago de los tributos: “si queremos inversión social, debemos hacer nuestros aportes en el impuesto. Será un trabajo duro, nos van a mirar mal al principio, pero poco a poco iremos haciendo un buen servicio para el bienestar de las comunidades”.

     

    La creación del NAF es recibida con satisfacción por el sector empresarial de San Vicente. Así nos lo transmite César Augusto España, coordinador del Centro de Atención Empresarial Cámara de Comercio de Caquetá: “Estamos a tres horas de Florencia, donde la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) tiene las oficinas, y el NAF va a agilizar el proceso de formalización fiscal en todos los municipios”. España argumenta que “existe resistencia al pago de los tributos por el limitado acceso a servicios públicos y la escasa presencia del Estado. El 98% de las empresas del Caquetá son microempresas y el aporte en materia impositiva es muy pequeño, pero los acuerdos de paz están empezando a dinamizar la economía: en 2017, las empresas crecieron en un 34%”.

     

    Luz al final del túnel

     

    Pese a los múltiples obstáculos, Hernando Vásquez, Director Distrital de la DIAN, ve el nuevo escenario con optimismo: “he recorrido casi el 80% de los municipios y he encontrado más receptividad. Los ciudadanos nos están pidiendo que los acompañemos, que los orientemos para cumplir de manera voluntaria con sus obligaciones tributarias”.

     

    La paz duradera y el desarrollo económico son el principal anhelo de los habitantes del Caquetá. Una tierra fértil, acogedora, con enorme potencial para el turismo rural y el desarrollo agropecuario, con grandes deseos de demostrar que su destino no está escrito, que puede ser diferente. Ahora depende de ellos mismos dar los pasos necesarios para recuperar la seguridad y la cohesión social.

     

    También de las instituciones, que deben construir una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos basada en la reciprocidad, un proceso en el que resultará de enorme utilidad la educación cívico-tributaria como puente de comunicación entre unos y otros.

     

    Ciudadanos e instituciones saben que, si unos esperan a que el otro haga algo, el círculo vicioso de ‘impago de impuestos-escasos servicios públicos-desconfianza en el Estado’ puede hacerse perpetuo. Para salir del laberinto del pos conflicto es preciso caminar de manera decidida, con la vista puesta en un futuro mejor.

     

    Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en el Área de Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+ 

     

    Lee las dos primeras partes:

    Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (I)

    Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (II)

  • 15 marzo 2018

    |

    Posteado en : Opinion

    |

    Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (II)

    La educación es un factor clave para transformar la cultura fiscal en los territorios que han vivido inmersos en el conflicto armado. Continuamos el viaje con EUROsociAL+ en Caquetá (Colombia)

    La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Caquetá sabe que no es factible vencer mediante la coacción, es preciso convencer. Ante la imposibilidad de situar a sus diez únicos auditores “bajo de la cama de cada contribuyente”, hay que tender puentes. Además de ‘palos’, se necesitan ‘zanahorias’.

     

    Así, los incentivos fiscales creados para impulsar la formalización y la inversión deben ir acompañados por mejores servicios de información y atención tributaria a los ciudadanos, así como por una buena dosis de pedagogía sobre el sentido social de los impuestos y el gasto público. La educación fiscal desde edades tempranas puede hacer sostenible este proceso y, a largo plazo, contribuir al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

     

    Desde hace varios años, la DIAN de Colombia promueve encuentros infantiles y juveniles sobre cultura fiscal con escuelas del Caquetá y realiza ferias de servicios tributarios para socializar su función y acercarse a la ciudadanía. Se abren ahora oportunidades para consolidar y multiplicar estos esfuerzos a través de la Universidad, mediante el proyecto de los Núcleos de Asistencia Fiscal (NAF).

     

    La Universidad como puente entre la DIAN y los ciudadanos

     

    El pasado noviembre, EUROsociAL+ – el Programa regional de cooperación de la Unión Europea con América Latina – organizó un taller en la Universidad de la Amazonia, en Florencia, dedicado a impulsar estrategias de cultura tributaria en el pos conflicto. Con presencia de instituciones de enseñanza superior y seccionales de la DIAN de las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) de Colombia.

     

    La Universidad de la Amazonia no es una institución cualquiera. Es la única universidad pública del Caquetá. Y está fuertemente comprometida con el proceso de paz, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

     

    Su programa de Contaduría Pública se ha sumado al reto del pos conflicto creando un Núcleo de Asistencia Fiscal (NAF), un punto de información en el cual estudiantes universitarios ofrecen asesoría contable y fiscal gratis a personas de baja renta y micro emprendedores.

     

    naf-amazonia-web
    NAF de la Universidad de la Amazonia

     

    Los universitarios, capacitados por la administración tributaria, dedican todo el tiempo necesario a los ciudadanos, escuchan sus problemas, sus inquietudes. Les generan confianza y les ayudan a comprender el sistema impositivo y a mejorar sus pequeños negocios.

     

    Los NAF son un puente entre la DIAN y la ciudadanía. La experiencia, ideada en Brasil, está ya presente en más 450 universidades de 10 países. En Colombia se han adherido 43 universidades, 20 de ellas en las Zomac.

     

    En los últimos 4 años, EUROsociAL+ ha apoyado la expansión de esta iniciativa a través del intercambio de experiencias. El taller organizado en Florencia ofreció la posibilidad de compartir aprendizajes aplicables al contexto del pos conflicto.

     

    Los jóvenes como motor de cambio

     

    Hernando Vásquez, Director Distrital de la DIAN, ve en los NAF una vía para que los jóvenes transformen la realidad: “los NAF son una oportunidad para generar confianza en la administración fiscal y crear conciencia cívico-tributaria. Y qué mejor que los futuros contadores, administradores y abogados tengan una visión real de lo que está pasando”.

     

    Los estudiantes atienden todos los días en el campus, pero también se desplazan a los comercios de Florencia y a los municipios. Los jóvenes conocen la realidad del pos conflicto y las oportunidades que abre la paz para el desarrollo de su territorio.

     

    hernando-web
    Hernando con los estudiantes del NAF

     

    Uno de los universitarios del NAF nos cuenta su experiencia: “Caquetá ha sido muy golpeada por el conflicto armado. Ahora tenemos la oportunidad de llegar a lugares antes inaccesibles, y que los colombianos de otras zonas y los extranjeros puedan ver que Caquetá quiere dar lo mejor de sí. Pagar impuestos supone contribuir a nosotros mismos”.

     

    Y continúa: “los empresarios han tenido la excusa de que, por motivo del conflicto, no debían pagar impuestos. Ahora esas excusas se han acabado. Nos hemos desplazado con el NAF a los lugares más duros, como San Vicente del Caguán o Cartagena del Chairá, donde la gente se está preparando para que la legalidad sea más fuerte. Es necesario mostrar en qué se utilizan los impuestos, que el campesino o el comerciante vean que se construye una carretera para facilitarle su trabajo”.

     

    Esta realidad no es ajena a la de otras zonas afectadas por el conflicto armado y que comparten sus experiencias en el taller. Natalia es otra de las jóvenes de los NAF de las Zomac, en este caso de Ibagué: “Es muy gratificante que lleguen personas con necesidades, que no saben ni leer ni escribir y mucho menos manejar un computador, y que salgan contentos y con conocimiento”.

     

    Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+

     

    Lee la primera parte del viaje: Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (I)

  • 01 marzo 2018

    |

    Posteado en : Entrevista

    |

    “Nos enfrentamos a la falta de confianza en las instituciones del sistema de justicia”

    Andrés Mahnke, Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública de Chile y Coordinador General de la AIDEF, nos habla de los retos en la región y de los proyectos que desarrollan con apoyo del Programa EUROsociAL+, financiado por la Unión Europea

    En América Latina, las Defensorías Públicas son actores clave para garantizar el acceso a la Justicia de las personas con pocos recursos o privadas de libertad y asegurar que puedan ejercer sus derechos fundamentales. ¿Cuáles son los principales retos de las Defensas Públicas de la región para poder ejercer una defensa pública eficaz?

     

    Existen tres dimensiones. Conceptualmente y aunque parezca inicialmente contradictorio, la Defensa no es un servicio asistencialista de personas pobres. Es la representación de la tutela jurídica que el Estado debe garantizar a un Derecho Fundamental. Presentarlo de otra forma permite que el Estado eluda su responsabilidad y afecte directamente a la igualdad ante la ley, precisamente de las personas más vulnerables.

     

    La siguiente dimensión hace referencia a aspectos institucionales. La independencia técnica de los defensores, la autonomía institucional que asegure esa independencia, la dotación, los recursos para seleccionar y capacitar, la equivalencia de remuneraciones con los demás actores del sistema, la capacidad y financiación para sostener la investigación propia, la habilitación de infraestructuras que permitan atender dignamente a sus representados y las tecnologías de la información que aseguren una gestión de la defensa en igualdad con la persecución penal.

     

    Finalmente, la dimensión cualitativa pretende asegurar estándares de defensa y un sistema que controle su cumplimiento. A través de AIDEF, las Defensorías de América y Caribe hemos avanzado notoriamente en este ámbito. De no considerar esta dimensión, nos encontraríamos con abogados que no tienen ninguna posibilidad de representar eficazmente los intereses y derechos de sus defendidos.

     

     

    La actuación de EUROsociAL+ en la línea de justicia está orientada a ampliar y fortalecer la cobertura de los servicios de asistencia prestados por las Defensorías Públicas, con el fin de humanizar y dignificar la atención a las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Qué grupos en condición de vulnerabilidad enfrentan mayores obstáculos para el acceso a la justicia, debido al limitado reconocimiento de esa condición?

     

    La realidad de América Latina nos demuestra que la población perteneciente a pueblos originarios, migrantes y las personas privadas de libertad presentan vulneraciones a su dignidad y derechos. Ocurre lo propio con los jóvenes, mujeres – principalmente las privadas de libertad – población LGTBI, personas con capacidades diferentes. Todos transversalmente unidos por el principal factor de vulnerabilidad y discriminación: la pobreza.

     

     

    A nivel regional, EUROsociAL+ trabaja en estrecha colaboración con la Asociación Interamericana de Defensorías Publicas (AIDEF), apoyando el avance en la construcción de respuestas y marcos estratégicos comunes de referencia para políticas públicas regionales, la adopción de acuerdos, declaraciones o lineamientos conjuntos o la elaboración de protocolos u otros productos comunes. ¿Qué valor añadido tiene el trabajo en red para las Defensorías de América Latina?

     

    En primer lugar, defender la plena vigencia y eficacia de los Derechos Humanos y las garantías reconocidas en pactos internacionales sobre la materia, que es también uno de los objetivos de AIDEF. Actuar de forma conjunta y coordinada provoca un impacto real en debates que de forma aislada serían complejos de sostener. Permite establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las Defensorías Públicas con el propósito de elevar los estándares de defensa en cada una de ellas.

     

    Finalmente, actuar en red y en el marco del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, produce un evidente apalancamiento de las instituciones de defensa que logra atenuar las deficiencias estructurales.

     

     

    Actualmente, en coordinación con la AIDEF, se está trabajando en la elaboración de un diagnóstico y guía de actuación de las Defensas Públicas en casos de violencia institucional, para dar respuesta acasos de tortura o violencia institucional en cárceles. Según diagnósticos recientes, a pesar de haber transcurrido más de 30 años desde la firma de las Convenciones Internacional e Interamericanas para prevenir y sancionar la tortura, en América Latina aún subsisten importantes desafíos en materia de violencia institucional. ¿Cree que la población en general en América Latina desconoce la dimensión del fenómeno de la tortura? ¿Cómo se podría abordar esta problemática desde el quehacer de las Defensorías Públicas?

     

    Este es un tema profundo. Tras las dictaduras recurrentes en la región, ha sido difícil el tratamiento de vulneraciones graves a los DDHH en gobiernos democráticos, tanto para distinguirlas, enfrentarlas y hasta para “denominarlas” tal cual son, como es el caso de torturas.

     

    Sin duda es un tema que hemos liderado, ya que las situaciones más frecuentes de violencia institucional y tortura se presentan en los extremos del proceso penal. Al inicio, después de la detención en los recintos policiales, y, al final, tras la sentencia condenatoria privativa de libertad en los recintos penitenciarios.

     

    Hemos logrado posicionar la temática, precisamente a través de los proyectos que hemos llevado adelante con EUROsociAL+, con la incorporación del debate en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a través de Resoluciones Generales de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y audiencias plenarias de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la misma institución, entre otros instrumentos.

     

    Todo ello ha permitido permear el debate interno en torno a la privación de libertad y sus consecuencias, el uso excesivo de la prisión preventiva (ya como pena anticipada y mecanismo de control social), la reclusión como elemento central de la pena en la región y, en particular, la violencia institucional y tortura en recintos carcelarios que se producen en dichas circunstancias.

     

     

    Finalmente, dada la diversidad de actores que intervienen en el ámbito de la justicia y que se trata de problemáticas multidimensionales, ¿qué mecanismos/instrumentos se podrían poner en marcha para mejorar la coordinación interinstitucional e intersectorial para la implementación de políticas de acceso a la justicia?

     

    Más que crear o poner en marcha nuevos mecanismos e instrumentos, lo que actualmente se requiere en América Latina es fortalecer y mejorar las instancias que ya existen para una buena coordinación interinstitucional. Robustecer el trabajo entre las instituciones del ámbito de la justicia y capacitar a los actores potenciando el trabajo en conjunto.

     

    Porque una de las problemáticas a las que nos enfrentamos es la falta de confianza en las instituciones del sistema de justicia, pero no sólo por parte de la ciudadanía sino también por parte de los mismos actores del sistema.

     

    María Luisa Domínguez, Técnica Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+

  • 18 enero 2018

    |

    Posteado en : Entrevista

    |

    “Nuestros derechos cuestan dinero”

    Antanas Mockus, ex alcalde de Bogotá (Colombia), nos habla de la importancia de la educación fiscal para que la ciudadanía vea los impuestos como una contribución a los objetivos comunes

    Cuando se cumple un año de la firma de los Acuerdos de Paz de Colombia, entrevistamos en Bogotá al ex alcalde de la ciudad, el profesor Antanas Mockus. Gran defensor del proceso de conciliación nacional y un referente en el cambio de comportamientos colectivos mediante la educación. Entre ellos, los referidos al pago de impuestos.

     

    Durante sus mandatos en la alcaldía, Bogotá experimentó una transformación de su cultura fiscal, al apreciar los ciudadanos una reciprocidad entre los tributos y la mejora de los servicios públicos, generándose de ese modo sentimientos de corresponsabilidad en la financiación del desarrollo basados en la convicción, y no en el temor a la sanción. ‘Todos pagan’ y ‘Recurso público, recurso sagrado’ fueron algunos de los lemas acuñados por Mockus, quien además promovió una campaña denominada ‘110 por ciento con Bogotá’, a través de la cual se solicitaba añadir voluntariamente un 10 por ciento extra a los impuestos, pero dando la oportunidad de decidir el proyecto al que se destinaría dicha cantidad.

     

    ¿Qué papel cumple la fiscalidad en el pos conflicto colombiano?

    El proceso de paz que está viviendo Colombia tiene muchos aspectos; uno de ellos es lograr que no se utilice la fuerza de las armas para impulsar transformaciones. El Estado debe llegar al territorio de manera mucho más densa, pero también la ciudadanía tiene que aportar de su lado. Los ciudadanos tienen que aprender a comprender cómo funciona el Estado, cómo el Estado reasigna recursos para fines normalmente más nobles que el gasto de un privado; no tendría sentido cobrar impuestos para hacer cosas menos buenas.

     

    El Estado social de derecho que estableció la Constitución de 1991 de Colombia prevé que uno de los deberes del ciudadano es tributar. Ahora bien, ese deber está asociado con el deber del Estado de cumplir en la protección de sus derechos. Pero los derechos cuestan. Hay un libro de un académico estadounidense Stepehen Holmes, que lleva por título ‘El coste de los derechos’, y que pone de manifiesto que no se puede asegurar un derecho y no tener alguna inversión de recursos en defensa de ese derecho.

     

    Colombia está en deuda en términos de desigualdad socioeconómica y los tributos deben ser entendidos como parte de las herramientas que tenemos para nivelar y generar más igualdad. Esperemos que la gente de las FARC y del ELN, si se suma al proceso de paz, participen en este proceso pedagógico, entendiendo la enorme importancia de los mecanismos de redistribución. Hay que pasar por el sistema tributario, es lo único que existe en un régimen democrático para redistribuir. La redistribución debe ser comprendida no solo como una forma de repartir los recursos, sino como fundamento de las relaciones humanas. Los recursos públicos son recursos sagrados.

     

    ¿Cómo se puede transformar la cultura tributaria de un país?

    Conozco una anécdota de un colombiano que está estudiando y trabajando en los Estados Unidos. Va y le cuenta a un amigo estadounidense en un desayuno: “Anoche encontré una manera de reducir la carga tributaria”, y le explica el truco. Y el estadounidense le dice: “Le doy 24 horas para que usted corrija ese truco o, si no, yo le denuncio”.

     

    La cultura mafiosa está asociada a la ley del silencio. En la cultura mafiosa, la norma social es no solo no cumplir la norma legal, sino que incumplir la norma legal se vuelve parte de las obligaciones.

     

    Durante un tiempo, yo pensaba que la corrupción era un acto al cual era muy fácil resistirse, simplemente diciendo que no, pero luego conocí a alcaldes que han sido amenazados por no colaborar con los delincuentes. Entonces, la combinación de la ley del silencio con la utilización de la violencia contra el que no se deja corromper genera una enfermedad un poco más difícil de atender, pero que es más urgente curar.

     

    Cuando uno compra en Colombia un bote de pintura en la ferretería, es todavía frecuente que te pregunten sin IVA o con IVA, sin recibo o con recibo, con la oferta implícita o explícita de no pagar el impuesto a las ventas.

     

    Influye decisivamente la actitud de los ciudadanos hacia los impuestos…

    La corriente de la economía conductual ha estudiado que el ser humano es muy averso a las pérdidas. Si usted pierde 10 euros y se encuentra 10 euros, usted no queda en paz, queda claramente en pérdida desde el punto de vista psicológico; usted necesitaría encontrarse 27 euros. A las pérdidas se les aplica una lupa. Si usted ve los impuestos como pérdida, sufre desproporcionadamente; pero es diferente si los ve como una contribución, como hacer una vaca, como decimos en Colombia, -en Perú es chanchito, en México es coperacha (poner un bote en España)-, distintos nombres para un mecanismo que es el de poner recursos en común para lograr objetivos comunes.

     

    Bogotá logró que la gente tuviera una actitud más positiva para el pago de los impuestos. También hemos trabajado con el Ministerio de Salud mostrando que, además de los impuestos, hay otros esquemas redistributivos. En el modelo de salud de Colombia, las clases más poderosas económicamente contribuyen más que proporcionalmente a la salud y esto es un mecanismo claro de redistribución, porque gente de muy distinta situación económica recibe atención médica similar. Tener las mismas garantías es otra expresión del Estado social de derecho.

     

    Mi experiencia es que, si la gente comprende para qué son los tributos, si comprende cómo funcionan las tarifas para los distintos grupos de ciudadanos, la gente puede entender lo importantes que son los impuestos. La buena administración de los mismos es, en parte, el secreto del desarrollo del país.

     

    ¿Qué opinión le merece el trabajo que promueve el programa EUROsociAL + en las universidades con los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF)?

     

    Lo que se está promoviendo con los consultorios tributarios en las universidades es un paso muy importante. La figura del contable como el que asesora la evasión o la elusión cede el paso a una cultura del asesor tributario que le explica al ciudadano la razón de ser de las normas y se vuelve así un educador.

     

     

    Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+.

  • 07 diciembre 2017

    |

    Posteado en : En primera persona

    |

    EUROsociAL+, buscando las respuestas

    Si por algo se caracteriza el programa EUROsociAL+ es por buscar respuestas a las demandas que llegan desde América Latina

    “Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas”, recordaba Pelayo Castro un grafiti descubierto por el poeta ecuatoriano Jorge Enrique Adoum y universalizado por el escritor uruguayo Mario Benedetti. Esta cita, pronunciada por el Embajador de la Unión Europea en Costa Rica durante la apertura del encuentro de EUROsociAL+ en San José, marcó de alguna manera el debate y el intercambio de tres días en la capital costarricense.

     

    Porque si por algo se caracteriza EUROsociAL+ es por buscar respuestas a las demandas que nos llegan desde América Latina. Respuestas que encontramos en Europa y en América Latina, y que en Costa Rica se transformaron en realidades con importantes compromisos para la lucha contra la violencia de género, el diálogo social y el desarrollo regional.

     

    Pero también en esta tercera fase del programa para la cohesión social en América Latina queremos ser parte de las preguntas, lo que significa ser más estratégicos, posicionar de nuevo lo social en la agenda de la cooperación euro-latinoamericana y contribuir al cumplimiento de los países con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso, nuestra exigencia fue mayor para la puesta en marcha de las acciones en apoyo a políticas públicas que realmente incidan en una reducción de la brecha de la desigualdad en la región.

     

    Y no solo en el diálogo fue inspirador la cita inicial, también fue premonitoria del inolvidable momento cultural que se vivió en este primer encuentro anual de la tercera fase de EUROsociAL. Los laboratorios de creatividad dieron voz a diferentes realidades existentes en cualquier país de América Latina como son niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión, la lucha del colectivo LGTBI, y la situación de las privadas y los privados de libertad, quienes, a través de la poesía, la pintura y la fotografía expresaron su anhelo de formar parte de una sociedad que les ofrezca los mismos derechos y las mismas oportunidades que a cualquier otra persona.

     

    Fue un encuentro lleno de símbolos, desde la palabra Libertad que da nombre al Parque Metropolitano donde iniciamos el encuentro, hasta el antiguo presidio conocido como “La Peni”, hoy convertido en Museo de los Niños adónde acudimos en coincidencia con el Día Universal del Niño. Por ello, la mejor manera de cerrar estas líneas es acudiendo al prólogo escrito por Kennly Garza, subdirectora del Centro de Atención Integral Vilma Curling, para el libro de poemas de las privadas de libertad de este centro, titulado “Luna compartida”. En este preámbulo, de nombre “Alquimistas de significados”, Kennly nos hace un llamado de atención sobre algunas de estas alegorías: “La prisión de mujeres es un lugar incómodo y antagónico; la insospechada bienvenida de querubines apura la sonrisa. Al fondo, el susurro de quinientas escritoras inquieta la conciencia al sabernos parte de esas tramas. Escenario de pérdidas y reivindicaciones, es también una isla de guerreras cuyas historias merecen ser contadas antes que el Río Cañas las reclame su patrimonio. Hasta entonces, aquí el tributo de su palabra, transparente y directa, advirtiendo que mientras haya mujeres escribiendo desde la cárcel de la desigualdad, el hablar de libertad nunca será un facilísimo ni un lugar común, es una deuda urgente que solo el aplauso no refrenda”.

     

    Enrique Martínez es responsable de comunicación del programa EUROsociAL+

  • 13 octubre 2017

    |

    Posteado en : Reportaje

    |

    Archivos clínicos hospitalarios: mucho más que un almacén

    Representantes del Ministerio de Salud, el Seguro Social y el Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador han viajado a Madrid con el apoyo de EUROsociAL+ para conocer in situ la experiencia española en la gestión de expedientes clínicos hospitalarios

    Cuando Margarita acudió a su hospital del Seguro Social salvadoreño para la revisión periódica de su tratamiento de diabetes grado 2, su expediente clínico había desaparecido. Tras horas de búsqueda infructuosa, pasó a ver a su médico con un expediente provisional (vacío) para que le recetara las correspondientes medicinas. Ante la ausencia de información clínica, el doctor le indicó que no le podría recetar la glimepirida, uno de los dos fármacos claves en el tratamiento de su diabetes, hasta no contar con unos análisis precisos sobre su situación médica. Margarita tuvo que esperar casi un mes para obtener los resultados de unos nuevos análisis clínicos, sin recibir mientras tanto el adecuado tratamiento farmacológico. Al cabo de casi tres meses, el expediente fue por fin encontrado, sorprendentemente, en el archivo de defunciones.

     

    Gestionar adecuadamente las historias clínicas resulta crítico para mejorar el tratamiento de los pacientes y el ejercicio de sus derechos, pero también para el funcionamiento eficaz y eficiente del sistema sanitario. Sin embargo, se trata de una tarea titánica que requiere afrontar enormes desafíos como la ausencia de espacio de almacenamiento o las carencias de recursos humanos y económicos, al tiempo que se garantiza la debida protección de los datos personales de los pacientes o se logra de manera progresiva la compleja transición del formato papel al expediente electrónico.

     

    Conscientes de la imperiosa necesidad de abordar esta problemática en el Salvador, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el Ministerio de Salud (MINSAL) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) han unido fuerzas con el objetivo de construir los pilares para una nueva etapa en la gestión de los expedientes clínicos del sector sanitario público del país centroamericano.

     

    El Programa EUROsociAL+, financiado por la Comisión Europea y gestionado por la FIIAPP, acompaña a El Salvador en este proceso de reforma. Como primer paso, del 25 al 28 de septiembre se desarrolló en Madrid una visita de representantes de las tres instituciones salvadoreñas para conocer los avances y desafíos que ha vivido España en este ámbito. Durante una semana, pudieron intercambiar experiencias y aprendizajes con el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), el Hospital Clínico San Carlos de la Comunidad de Madrid, la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio de Educación Cultura y Deportes y con la Agencia Española de Protección de Datos Personales. La visita incluyó el desplazamiento al archivo del Hospital Clínico San Carlos y al Archivo Central de la Administración del Estado en Alcalá, así como una presentación de las lecciones aprendidas en el proyecto sobre el expediente electrónico en Túnez liderado por la FIIAPP y financiado por la Unión Europea.

     

    Esta actividad ha representado un primer paso para impulsar el diálogo interinstitucional en El Salvador, avanzar en la creación de instrucciones operativas y nuevas normativas, e impulsar el cambio cultural necesario para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria en el país centroamericano.

     

    Borja Díaz Rivillas, técnico senior de Gobernanza Democrática / Senior Officer of Democratic Governance. EUROsociAL+