• 11 noviembre 2016

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    Posteado en : Opinion

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    La abogacía española en la cooperación internacional

    El acceso a la Justicia de los ciudadanos está en la base de las garantías judiciales que tienen la consideración de derechos humanos.

    Ningún país ni comunidad puede funcionar pacíficamente si sus habitantes no logran reclamar sus derechos ante el sistema de justicia establecido o defenderse de acusaciones que se formulan contra ellos. El acceso a la Justicia de los ciudadanos está en la base de las garantías judiciales que tienen la consideración de derechos humanos.

     

    Sin embargo, en la realidad nos encontramos con numerosas dificultades para su aplicación práctica y efectiva. Y, lamentablemente, cuando esto es así, observamos las consecuencias correspondientes: mayores grados de desigualdad social o elevados índices de violencia, que, con frecuencia, se atribuyen a otros factores, como la pobreza, cuando en realidad la pobreza no es una causa, sino un efecto, y precisamente un efecto de, entre otras cuestiones, que mucha gente esté excluida de la Justicia.

     

    Los mecanismos de acceso a la Justicia deben concebirse para el conjunto de los ciudadanos, deben estar correctamente previstos a nivel legislativo y también deben estar dotados de los recursos necesarios para funcionar de un modo adecuado. Algunos países requieren de forma muy acuciante de la cooperación para poder atender estas necesidades.

     

    Para los que trabajamos en la defensa de los derechos de los ciudadanos es muy difícil no fijarse en los tremendos retos que a nivel mundial tienen por delante las personas con discapacidad, los desplazados y refugiados, las minorías, las víctimas de trata y explotación, los privados de libertad o las personas en situación de pobreza endémica. Estamos hablando de cientos de millones de personas.

     

    El Consejo General de la Abogacía Española, en su participación en acciones de cooperación, tiene a menudo su punto de mira en favorecer que los colectivos más vulnerables puedan acceder a la protección de sus derechos a través del sistema de justicia en las mismas condiciones que el resto de sus vecinos.

     

    Hemos podido llevar a cabo numerosos proyectos de estas características en algunos países europeos y, sobre todo, latinoamericanos. Quizás podamos destacar, por su carácter representativo, algunos desarrollados en colaboración con FIIAPP, en el marco de programas de cooperación europea como EUROsociAL.

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    Seminario de Defensorías Públicas y Monitoreo en los Centros de Privación de Libertad en Argentina.

    En referencia a las personas privadas de libertad, en Paraguay y Chile hemos contribuido a favorecer que algunos centros penitenciarios tengan sistemas de videoconferencia para que los presos puedan trasladar sus consultas a los abogados de oficio que tienen asignados (los llamados allá “defensores públicos”); en Costa Rica y Perú hemos podido ayudar a que se introdujera perspectiva de género en ciertos preceptos de sus leyes penales y penitenciarias, consiguiendo que mujeres en circunstancias particulares puedan acogerse a beneficios penitenciarios, o sean castigadas por ciertos delitos de un modo más proporcionado al preexistente; junto a la Asociación Interamericana de las Defensorías Públicas, hemos elaborado también manuales de vigilancia de derechos humanos en los cárceles u otros ámbitos de privación de libertad.

     

    En los últimos cuatro años hemos trabajado igualmente en varios países por los derechos de las personas con discapacidad, cuyas circunstancias personales presentan necesidades especiales cuando se enfrentan a procedimientos judiciales. En otro orden de actividad, en Brasil, pudimos impulsar servicios de “Justicia Comunitaria” dedicados a asistir jurídicamente a la población negra de las barriadas de favelas de Río de Janeiro. En Perú, hicimos posibles nuevos espacios de entendimiento entre la justicia ordinaria y la justicia especializada indígena. Son sólo algunos ejemplos relevantes.

     

    También a lo largo de los últimos años, hemos participado en algunos procedimientos judiciales de derechos humanos que tenían un valor paradigmático por su potencial para acercar a la Justicia a personas que fueron privadas de ese derecho. Así fue en algunos llevados hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Campo Algodonero, que juzgaba los asesinatos en Ciudad Juárez (México) de ocho niñas cuyos cuerpos abusados y asesinados fueron abandonados en una plantación de algodón, y que este tribunal denominó feminicidios.

     

    En Panamá, contribuimos a dotar de argumentación jurídica a varias comunidades indígenas que habían sido expulsadas de sus tierras para la construcción de una gran obra hidráulica que modificó todo el paraje y las posibilidades de subsistencia de estos pueblos con tradiciones especialmente protegidas por el derecho.

     

    Colombia ha sido otro país importante para nosotros en nuestra labor de cooperación. En este país hemos desarrollado, desde 2011 especialmente, diversas acciones dirigidas al fortalecimiento de los sistemas de asociación de los abogados y de otros defensores de derechos humanos, así como al reconocimiento de su trabajo.

     

    Toda nuestra actividad está basada en un principio de especialización, es decir,  en la idea del aprovechamiento de las capacidades, la experiencia y los conocimientos particulares de la abogacía. Sería de desear que, dentro de las políticas de cooperación entre los países, las diseñadas para mejorar el acceso a la Justicia de los ciudadanos ocuparan el lugar prioritario que merecen, por el gran valor añadido que poseen para las sociedades de los países implicados.

     

    Victoria Ortega Benito es Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española desde enero de 2016.

  • 23 junio 2015

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    Posteado en : Entrevista

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    Colombia y EUROsociAL, juntos contra la corrupción

    Colombia cuenta con una sólida política anticorrupción y el programa EUROsociAL de la Unión Europea liderado por la FIIAPP le apoya para conseguir sus objetivos

    En 2014, Colombia expidió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública con el fin de reducir los niveles de corrupción con los que cuenta el país. Según las encuestas, la corrupción sale como una de las grandes preocupaciones de la población. Guarda casi la misma importancia que los temas de seguridad, violencia y desempleo.

    El Secretario de Transparencia de Colombia, Camilo Enciso, analiza en este vídeo cuál es el papel del programa EUROsociAL en la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.

    Entrevista completa a Camilo Enciso aquí

  • 18 junio 2015

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    Posteado en : Opinion

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    La feria de la cooperación y el desarrollo

    EUROsociAL, el programa de la Comisión Europea para la cohesión social en América Latina, ha participado en las Jornadas Europeas de Desarrollo en Bruselas.

    2015 es un año clave para la cooperación. Designado el año europeo del desarrollo por la Unión Europea; en el ecuador llegó su evento bandera, las jornadas europeas del desarrollo que reunieron en Bruselas a personas procedentes de cinco continentes, con destacada presencia de África (exceptuando la lógica mayoría europea), decenas de instituciones públicas (también evidente mayoría de la Unión Europea), agencias bilaterales y organismos internacionales, no tantas ONGDs como se esperaba y poca pero mediática aparición del sector privado, con especial atención a Melinda Gates y su Fundación con los temas de salud por bandera.

    3 auditorios, 16 laboratorios (o pequeñas salas de conferencias), 5 puntos de encuentro, 44 stands, 4 espacios de prensa y 2 platós de televisión; muchas cámaras de fotos, y bastante gente, sin llegar a ARCO o a FITUR por poner un ejemplo cercano. En definitiva, toda una feria de la cooperación.

    Pero más allá de la puesta en escena, se podía aprender mucho de los demás, e invitar a que los demás se interesaran por los temas que EUROsociAL propuso en Bruselas: Europa y América Latina, sus relaciones de cooperación, las políticas de cohesión social, y la realidad de ambas regiones durante la crisis y en el momento actual. Una interesante “excepción” temática y geográfica en una agenda más enfocada a África y Asia y a sectores como migración, salud y seguridad alimentaria.

    Del resto, muy relevante el tema de la desigualdad donde la FIIAPP también participó junto a think tanks como ODI y DIE, y al Banco Mundial; la equidad de género con presencia de la AECID; los derechos sexuales y reproductivos; la crisis del ébola; la seguridad alimentaria con un stand impactante de la FAO (incluidas las macetas neumáticas made in Guatemala); y las frescas propuestas de los jóvenes líderes internacionales.

    Un ir y venir de gente (más white collar que look onegero) salpicado con actuaciones musicales, exposiciones fotográficas, entrevistas improvisadas… en un evento con espíritu paperless al que le faltó (o le falló) la ayuda tecnológica ya que el wifi no estuvo a la altura del despliegue de los organiser, como se les llamaba en Bruselas a las instituciones participantes.

    Este año decisivo para el desarrollo nos entregará otros tres hitos fundamentales: la 3ª conferencia sobre la financiación del desarrollo (Addis Ababa, Etiopía, 13-16 julio); la cumbre especial sobre desarrollo sostenible (Nueva York, 25-27 septiembre) donde se deben aprobar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la cumbre sobre el cambio climático (COP21, París, diciembre).

    Por lo que respecta a los #EDD2015, ya miran al 2016.

    Por Enrique Martínez, responsable de comunicación y visibilidad de EUROsociAL

  • 20 mayo 2015

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    Posteado en : Reportaje

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    Cooperación: Violencia cero en Argentina

    En la semana en la que la OCDE presenta su informe sobre la evolución económica de América Latina, nos acercamos a la realidad de Argentina gracias a EUROsociAL.

    El programa de cooperación europea, EUROsociAL, centra su trabajo en la cohesión social y el desarrollo de varios países en Latinoamérica. Uno de ellos es Argentina dónde, en colaboración con el Ministerio de Justicia, se trabaja en varios proyectos de acceso a la justicia y prevención de violencia.

    Han sido los chavales del programa “Jóvenes con más y mejor trabajo” del Centro de Acceso a la Justicia de Santiago del Estero, quiénes han llevado a cabo una campaña contra la violencia institucional. Entre las acciones realizadas destaca la creación de un mural con el lema de la campaña “No me pongas la mano encima”, un espectáculo de radio “a micro abierto” y una performance callejera.

    Violencia en la calle

    La IDLO, organización internacional de apoyo a la justicia, (con apoyo de EUROsociAL) realizó un taller en el norte de la provincia de Santiago del Estero para capacitar a los jóvenes en la creación de sus propias campañas de concienciación sobre los derechos, y casi no había debate: la “violencia institucional” -y en particular los malos tratos que sufren los jóvenes a manos de la policía- debería estar en el centro de sus acciones.

    Según la IDLO, en  Argentina, los chicos que pasean por las calles saben que ser detenidos, perseguidos y posiblemente arrestados por una patrulla que hace su ronda es un escenario muy posible.

    En la mayoría de los casos, no hay una razón real para ello. El pretexto más habitual es “portación de rostro” o “tener pinta de” –la apariencia es lo que les hace sospechosos. Llevar un chándal o una gorra de baseball es una circunstancia agravante. En un momento estás hablando con tus amigos, y al minuto siguiente estás de cara a la pared, tus pertenencias desperdigadas por el pavimento y unas manos cacheándote en busca de armas o drogas.

    Desde 2013, EUROsociAL viene consolidando varias herramientas de las políticas de acceso al derecho orientadas a distintos grupos vulnerables: además de los jóvenes protagonistas de esta historia, se ha promovido el derecho a la justicia para mujeres migrantes en Costa Rica, mujeres víctimas de violencia en Honduras, mujeres víctimas de trata en Chile, población indígena en Perú y jóvenes afrodescendientes en Brasil”.

  • 07 mayo 2015

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    Posteado en : Opinion

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    La salud, para todos

    Llegar al hospital de Popayán, en Colombia, se convierte en una odisea que puede costar hasta 100000 pesos (35€), un lujo que no se puede permitir la mayoría.

     

    Un ciudadano europeo tarda una media de 15 minutos en llegar al médico, pero en Colombia la dispersión territorial constituye una barrera para asegurar el acceso a los servicios de salud.El municipio del Tambo, el segundo más grande del país en extensión, es un ejemplo. Allí, en un territorio de 3280km2 donde residen alrededor de 60000 habitantes (el 94% en zonas rurales apartadas), hay un médico por 7500 habitantes, muy por debajo de la media nacional (15 por 10000 habitantes). Y desde una comunidad se puede tardar varias horas, a pie, en caballo o en coche, para llegar al centro médico más cercano. En estas condiciones, llegar al hospital de Popayán, la capital del departamento, se convierte en una odisea, que puede costar hasta 100000 pesos (35€), según relata Eduardo Villa, médico y gerente del hospital del Tambo. Un lujo que no se puede permitir la mayoría de los habitantes, en uno de los departamentos más pobres del país, donde el ingreso medio per cápita es de 250000 pesos[ii] (100€).

     

    Estos factores explican, en parte, las dramáticas tasas de mortalidad perinatal del municipio hasta hace unos años: 34 por 1000, el doble de la media nacional, y casi 10 veces más que en España. A su llegada al hospital en 2012, el doctor Villa decidió hacer frente a este problema, apoyándose en actores claves de este territorio de mayoría indígena y rural: los médicos tradicionales y parteros. Se trataba de sumar a la experiencia y los conocimientos ancestrales de los parteros y parteras, los conocimientos de la medicina occidental. El doctor Villa creó grupos de intercambio y capacitación, con el objetivo de mejorar el seguimiento de las gestantes, la prevención y la detección de los embarazos de riesgo. Luis Amaro, partero y médico tradicional, integró uno de estos grupos. Lleva toda una vida asistiendo partos en comunidades indígenas aisladas, de día o de noche. Desde que participa en el grupo de parteros, identifica rápidamente los embarazos y partos de riesgos, y los deriva al hospital.

     

    Otra iniciativa lanzada por el hospital ha sido la apertura de un “hotel de gestantes”, para facilitar el ingreso previo de mujeres con embarazos de riesgos de manera gratuita. El resultado de estas dos medidas combinadas es llamativo: en menos de tres años la mortalidad perinatal en el municipio ha disminuido de manera contundente, acercándose a cero.

     

    Este modelo constituye un nuevo paradigma para las políticas de salud de Colombia, y pretende lograr “el acceso con calidad a los servicios de salud”, en palabras de Fernando Ruiz, el Viceministro de salud, “para que los problemas se resuelvan principalmente en el nivel primario de atención”. El modelo se centra en la medicina familiar y comunitaria, para una atención más cercana, que entiende el contexto social de los pacientes y pone el acento en la promoción y prevención de la salud. Para ello, se formarán 5000 médicos de familia en 10 años. El modelo también pretende reducir las brechas territoriales en la atención en salud, con la apertura de centros más cercanos a la población, la creación de “brigadas móviles” de salud, o un sistema de incentivos para los médicos de familia en zonas dispersas. La implementación del nuevo modelo ya ha iniciado en el departamento de la Guainía, tras una negociación tripartita con las autoridades locales y los representantes indígenas. En 2015 se implementará en otros departamentos, para llegar a una cobertura total del territorio en 2016. También se prevé la apertura de 15 programas universitarios de Medicina Familiar.

     

    EUROsociAL, el programa de cooperación de la Comisión Europea con América Latina para la cohesión social, ha acompañado el Ministerio de Salud y de Protección Social de Colombia en el diseño del modelo, compartiendo experiencias de Francia y Brasil en materia de atención en zonas dispersas; y de Reino Unido, España y México en materia de medicina familiar. El objetivo es asegurar el derecho de todos los ciudadanos a la salud para que en unos años, el éxito de El Tambo no sea la excepción en Colombia.

     

    Peggy Martinello, Técnico Senior FIIAPP del Programa EUROsociAL

    [ii] Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, 2013