• 10 enero 2019

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    Categoría : Entrevista

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    “La Fiscalía investiga el narcotráfico desde la especialidad y desde la experiencia”

    Ignacio Miguel de Lucas Martín, fiscal de la Fiscalía especial Antidroga de la Audiencia Nacional y colaborador del proyecto EU-ACT, nos cuenta cómo se investiga el narcotráfico, ahondando en la relevancia que tiene la cooperación internacional en esta materia.

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    Ignacio Miguel de Lucas junto a la Fiscal General del Estado, María José Segarra

    ¿Cómo investiga la Fiscalía española el narcotráfico? 

     

    La Fiscalía General del Estado tiene varias Fiscalías especiales, entre ellas la Fiscalía especial Antidroga, que aborda el narcotráfico desde dos puntos de vista: desde uno, digamos, central, en la Audiencia Nacional hay doce fiscales antidroga que trabajamos en las investigaciones relacionadas con el narcotráfico cuando el delito se comete por una organización criminal y afecta a varias provincias; esos son los límites competenciales de la Audiencia Nacional y también de nuestra Fiscalía especial. El segundo punto de vista lo componen los delegados en determinadas provincias, por ejemplo, en Cádiz (Algeciras) donde la especialización es un grado e incluso una necesidad. 

     

    Por lo tanto, la Fiscalía investiga el narcotráfico sobre todo desde la especialidad y desde la experiencia, trabajando de manera muy próxima y cercana con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

     

    ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta la investigación sobre narcotráfico? 

     

    Obviamente, hay una falta de medios, comparativamente hablando, si nos fijamos en las organizaciones criminales, pues éstas disponen de unos recursos financieros y humanos ilimitados, mientras que nosotros tenemos unos recursos limitados; además, ellos no tienen barreras a la hora de hacer uso de la globalización, de la transnacionalidad y nosotros tenemos que reunir una serie de requisitos, seguir unos parámetros legales que nos marca nuestra actuación para que la prueba que obtengamos sea admisible en juicio. 

     

    También tenemos una dificultad inicial: la necesidad de que la sociedad se dé cuenta de que el narcotráfico no es una cuestión menor; es necesario que la sociedad perciba que el narcotráfico es una amenaza real, importante, no solo para la salud en términos del daño que pueda producir una determinada sustancia sino también en términos de seguridad, en términos de integridad de las instituciones. 

     

    En mi opinión, en muchos casos se frivoliza con la droga y eso tiene una consecuencia: se percibe el narcotráfico como algo que no tiene un perjuicio directo sobre la ciudadanía, no hay una víctima individualizada (salvo que alguien tenga en su familia a alguien con una grave adicción). Pero fuera de esos casos, que afortunadamente ya no se perciben con la misma visibilidad de antes, la sociedad, me temo, no percibe la gravedad del problema 

     

    ¿Qué importancia tiene la cooperación entre fiscales de distintos países en la lucha contra el narcotráfico?

     

    Es fundamental, es un requisito necesario. Hoy por hoy no se puede combatir el narcotráfico simplemente a nivel nacional, porque éste opera en países de producción, de tránsito y de destino. Si no se actúa al mismo tiempo en las tres áreas, lo único que conseguimos es detener a unas personas en lugar concreto -pongamos España- que mañana serán reemplazadas por otras, pero los proveedores que suministran las sustancias seguirán libres para enviar cargamentos de droga a nuestro país. 

     

    Entonces, obviamente, si no desmantelamos toda la cadena, incluyendo países de producción y tránsito, no estamos siendo eficaces. 

     

    ¿Cómo coopera España con otros países en la lucha contra el narcotráfico? 

     

    Se puede establecer una diferenciación: a nivel de la Unión Europea, tenemos un marco común, un marco legal, en muchos casos también un reconocimiento directo mutuo de las resoluciones judiciales. Existe, por tanto, un contacto directo entre jueces y fiscales y compartimos un nivel de garantías. 

     

    Si hablamos de Latinoamérica, pese a que pudiera parecer otra cosa por el hecho de tener una cultura y una lengua común, la situación es mucho más dispersa. No existe ese grado de confianza mutua, las instituciones no siempre tienen la misma fortaleza… Con lo cual el trabajo es más complejo. Hay que tratar de establecer plataformas, mecanismos que permitan generar esa confianza y esa comunicación directa entre fiscales. 

     

    Entonces, ¿cómo trabaja la Fiscalía Antidroga con Latinoamérica? 

     

    Desde la Audiencia Nacional lideramos una Red de fiscales antidroga en Iberoamérica que está constituida por 16 fiscalías antidroga y con puntos de contacto en todos los países. A través de la red tratamos de establecer estos canales de comunicación entre fiscales de manera fluida, frecuente, ágil y segura para intercambiar información y también para coordinar investigaciones. Esta red, constituida en 2014, exige mucho trabajo de mantenimiento, pero también da frutos. 

     

    A raíz de la Red de fiscales de Iberoamérica y, auspiciada por el proyecto EU-ACT que gestiona la FIIAPP, ha surgido la Red de fiscales del mar Negro. 

     

    Exacto. Esta red sigue exactamente los mismos parámetros que la Red de Iberoamérica, es decir, confianza mutuaintercambio de información y marco operativo común. En definitiva, contacto directo entre los fiscales. 

     

    A partir de ahí, lo que se espera de esta plataforma es que sea capaz de mejorar la cooperación entre fiscales especializados, que complemente -pero no reemplace- los mecanismos tradicionales de cooperación internacional, lo que llamamos comisiones rogatorias. 

     

    La comisión rogatoria es la manera de introducir legalmente la prueba obtenida en otro país, pero en muchos casos son lentas y eso hay que mejorarlo. ¿Cómo? A través de mecanismos más flexibles que permitan comunicación directa, intercambio de información espontánea y que los compañeros de otros países dispongan de la información con rapidez. 

     

    ¿La situación de las fiscalías de estos países es comparable a la de los países de la Red Iberoamericana? 

     

    No es comparable. Algunos de estos países no tienen fiscalías especializadas y son más formalistas que en Latinoamérica. Además, hay estructuras que hay que tratar de fortalecer. 

     

    Uno de los mayores desafíos de esta red es superar esta formalidad, que no se trata de reemplazar, pero sí de complementar, conseguir que la información se comparta a través de otros canales. La formalidad ralentiza el proceso. 

     

    Si yo mando una solicitud de aquí a Ucrania y yo, desde esta Fiscalía Antidroga la mando a la autoridad central, de ahí lo mandan al Ministerio de Asuntos Exteriores o al Ministerio de Justicia, de allí a la unidad de cooperación internacional y de allí al fiscal especializado, supone un recorrido muy largo. Cuando, en realidad, solo se trata de que el fiscal de aquí se comunique con el de allí y le transmita la información, que el fiscal de allí disponga de la información y la pueda utilizar. 

     

    ¿Cómo y cuándo surge la Red del Mar Negro? 

     

    Surge en septiembre del 2018 en Odessa, donde se constituye con representantes de Ucrania, Georgia, Armenia, Rumanía y Moldavia. Surge por la necesidad común de todas las fiscalías de abordar un problema que no es nacional, sino que es transnacional y que exige una cooperación de todos los países. 

     

    ¿Se han obtenido ya resultados? 

     

    Sí, ya se están obteniendo. Es sorprendente que en tan breve espacio de tiempo algunos fiscales han sido ya capaces de identificar investigaciones comunes, investigaciones transnacionales y hayan tenido la voluntad de compartir ya información. 

     

    ¿Qué papel ha tenido la FIIAPP en la creación de esta red? 

     

    Decisivo. Sin la FIIAPP y sin el proyecto EU-ACT, la red no hubiera podido surgir. Porque les ha brindado una posibilidad, les ha presentado una idea, una plataforma y ha sido capaz de ilustrarles. La idea se les ha explicado bien, ellos la han entendido y han considerado que funcionaría. Además, les está poniendo los medios, acompañándolos para que ellos puedan ponerla en marcha. Pero, sobre todo, y para mí es lo fundamental, ha sido capaz de decir: vosotros tenéis una necesidad, que estáis abordando de esta manera, pero podéis abordarla mejor de esta otra. Y los países así lo han entendido. 

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  • 10 enero 2019

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    Categoría : Interview

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    “La Fiscalía investiga el narcotráfico desde la especialidad y desde la experiencia”

    Ignacio Miguel de Lucas Martín, fiscal de la Fiscalía especial Antidroga de la Audiencia Nacional y colaborador del proyecto EU-ACT, nos cuenta cómo se investiga el narcotráfico, ahondando en la relevancia que tiene la cooperación internacional en esta materia.

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    Ignacio Miguel de Lucas with the General State Public Prosecutor, María José Segarra

    How does the Spanish Prosecutor’s Office investigate drug trafficking? 

     

    The Public Prosecutor’s Office has several Special Prosecutors, including the Special Anti-Drug Prosecutor’s Office, which deals with drug trafficking from two points of view. The first, we can call it the central one, is the National Court where twelve anti-drug prosecutors work on investigations related to the drug trafficking when the crime is committed by a criminal organisation that affects several provinces; these are the jurisdictional limits of the National Court and also of our Special Prosecutor’s Office. The second point of view is composed of delegates in certain provinces, for example, in Cádiz (Algeciras) where specialisation is a link or even a necessity.  

     

    Therefore, the Prosecutor’s Office investigates drug traffic especially through specialisation and experience, working very closely with the State Security Forces.  

     

    What are the main difficulties that the investigation into drug trafficking faces? 

     

    Obviously, there is a lack of resources, comparatively speaking, if we look at criminal organisations, because they have unlimited financial and human resources, while we have limited resources. They also have no barriers when it comes to making use of globalisation and of transnationality and we have to meet a series of requirements, follow legal parameters that mark our actions so that the evidence we obtain is admissible in court.  

     

    We also have an initial difficulty: the need for society to realise that drug trafficking is not a minor issue. Society must perceive that drug trafficking is a real and important threat, not only for health in terms of the damage that a certain substance can produce, but also in terms of security, and the integrity of our institutions.  

     

    In my opinion, in many cases drugs are frivolised and that has a consequence: drug trafficking is perceived as something that does not directly harm citizens, there is no individualised victim (unless someone has a person in their family with a serious addiction). But outside of those cases, which fortunately are no longer perceived with the same visibility as before, society, I fear, does not perceive the seriousness of the problem.   

     

    How important is the cooperation between prosecutors from different countries in the fight against drug trafficking? 

     

    It is fundamental, it is a necessary requirement. Today, drug trafficking cannot be fought simply at the national level, because it operates in the countries the drugs are produced in, those they transit and at the final destination. If action is not taken at the same time in the three areas, the only thing we get is to arrest a few people in a specific place – say Spain – who will be replaced by others tomorrow, but the suppliers that supply the substances will remain free to send drug shipments to our country.  

     

    So, obviously, if we do not dismantle the entire chain, including in the countries where the drugs are produced and those they transit, we are not being effective.  

     

    How does Spain cooperate with other countries in the fight against drug trafficking? 

     

    A differentiation can be established: at the level of the European Union, we have a common legal framework, and in many cases also a direct mutual recognition of judicial decisions. There is, therefore, direct contact between judges and prosecutors and we share a level of guarantees.  

     

    If we talk about Latin America, although it might seem different because of the common culture and language, the situation is much more dispersed. There is no such degree of mutual trust, institutions do not always have the same strength… so the work is more complex. We must try to establish platforms, mechanisms that allow that trust and that direct communication to be generated between prosecutors.  

     

    So, how does the Anti-Drug Prosecutor’s Office work with Latin America? 

     

    From the National Court we lead a network of anti-drug prosecutors in Latin America that is made up of 16 anti-drug prosecutors and with contact points in all countries. Through the network we try to establish these channels of communication among prosecutors in a fluid, frequent, agile and secure way to exchange information and also to coordinate investigations. This network, established in 2014, requires a lot of maintenance work, but it also bears fruit.  

     

    The Network of Black Sea prosecutors has emerged as a result of the prosecutors’ network in Latin America, which is sponsored by the EU-ACT project managed by FIIAPP. 

     

    That’s right. This network follows exactly the same parameters as the Ibero-American Network, that is, mutual trust, exchange of information and a common operational framework. In short, direct contact between prosecutors.  

     

    It is expected that this platform will be capable of improving cooperation between specialised prosecutors, which complements, but does not replace, the traditional mechanisms for international cooperation, which we call letters rogatory.  

     

    A letter rogatory is a way to legally introduce the evidence obtained in another country, but in many cases they are slow and that needs to be improved. How? Through more flexible mechanisms that allow direct communication, exchange of spontaneous information and colleagues from other countries to have information quickly.  

     

    Is the situation of the prosecutors in these countries comparable to that of the countries in the Ibero-American Network? 

     

    It is not comparable. Some of these countries do not have specialised prosecutors and they are more rigid than in Latin America. There are also structures that must be strengthened.  

     

    One of the biggest challenges of this network is to overcome this rigidity, which is not about replacing, but complementing, getting information to be shared through other channels. The rigidity slows down the process.  

     

    If I send a request from here to the Ukraine it goes from this Anti-Drug Prosecutor’s Office to the central authority, from there they send it to the Ministry of Foreign Affairs or the Ministry of Justice, from there to the international cooperation unit and from there to the specialised prosecutor; this is a long journey. When, in fact, it is only a question of the prosecutor here communicating with the one there and transmitting the information, so that the prosecutor there has the information and can use it.  

     

    How and when did the Black Sea Network emerge? 

     

    It arose in September 2018 in Odessa, where it was constituted with representatives from the Ukraine, Georgia, Armenia, Romania and Moldova. It arose from the common need of all prosecutors to address a problem that is not national, but transnational and requires cooperation from all countries.  

     

    Have results been obtained yet? 

     

    Yes, it is already bearing fruit. It is surprising that in such a short space of time some prosecutors have already been able to identify common investigations, transnational investigations and have already had the will to share information.  

     

    What role did FIIAPP play in the creation of this network? 

     

    A decisive role. Without FIIAPP and without the EU-ACT project, the network would not have been able to emerge. Because it has given them a chance, it has presented them with an idea, a platform and it has been able to provide examples. The idea was explained to them well, they have understood it and they considered it would work. In addition, it is giving them the resources, accompanying them so that they can start it up. But, above all, and for me this is the fundamental thing, it has been able to say: you have a need that you are dealing with in this way, but you can approach it better from this other way. And the countries have understood this.

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