• 07 enero 2021

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    “SEACOP ha creado los puentes necesarios para llevar a cabo futuras operaciones contra el tráfico de drogas”

    Alberto Morales, Inspector Jefe de la Policía Nacional y experto clave del proyecto de cooperación portuaria, SEACOP, nos relata la evolución de las cuatro fases del proyecto de cooperación europea, que está a punto de finalizar.

    A lo largo de los años 2003 a 2008 se observa en Europa un incremento notable del tráfico de drogas (cocaína) vía marítima, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FFCCSE) presionaron en crear lo que posteriormente se denominó policialmente “muro de contención”, y que supuso que las rutas habituales de transporte se derivasen hacia África como ruta alternativa.

    En ese marco nace el proyecto SEACOP, un proyecto que necesitó realizar sobre el terreno visitas a los diferentes países productores, de tránsito y destinatarios de la droga, requiriendo adaptar y consensuar las necesidades de todos ellos en un proyecto sobre el que se contribuyese a esta lucha.

    Así nace y surge el proyecto SEACOP, un proyecto que se basa en cuatro pilares principalmente como son: equipos de inteligencia (MIU); equipos de control portuario (JMCU); bases de datos y cooperación a nivel regional y transregional.

    Es en África donde inicialmente se focalizan los primeros esfuerzos desde el año 2008 y los avances eran más que notables. Por primera vez éramos capaces, como especialistas, de aunar los esfuerzos de las agencias que operan en los tres países en los que se desarrollaba el SEACOP: Senegal, Ghana y Cabo Verde.

    El idioma siempre ha sido un pequeño problema para que entre ellos se comunicasen de forma fluida e inclusive intercambiasen experiencias o métodos de trabajo pero, poco a poco, con diferentes encuentros entre ellos, viéndose las caras han logrado entablar diversas comunicaciones entre los equipos.

    Por parte de los especialistas policiales, que participaban en el proyecto, se pudo confirmar como había una clara necesidad de homogeneizar las formaciones que se impartían a los agentes u oficiales que formaban parte del proyecto, aunque muchos de ellos habían tenido poco contacto con ordenadores u otros medios utilizados para el desarrollo de inteligencia y búsquedas en embarcaciones.

    Las actividades desarrolladas, en esos tres países, permitieron que incluso por parte de la Unión Europea se considerase la extensión del proyecto a diversos países africanos en una II fase con objetivos tales como: Sierra Leona, Togo, Benín o Costa de Marfil, entre otros, siendo un verdadero reto para todos los integrantes del proyecto.

    En fases posteriores, se constata la necesidad no sólo de involucrar a los países que eran destino de parte de la droga producida en Latinoamérica, sino que además se sigue extendiendo en sucesivas fases III y IV a otras regiones como el Caribe y los países productores y de tránsito de la droga en Latinoamérica.

    La zona del Caribe es especialmente sensible al tráfico de cocaína en embarcaciones de recreo y esa es la razón por la cual SEACOP establece alianzas con otros proyectos ya operativos en la zona, con el fin de potenciar los puntos fuertes y reforzar los débiles, tales como la conexión entre las islas, las formaciones sobre profiling de embarcaciones, elementos que levantan sospechas de los oficiales cuando visitan las marinas, trabajo en equipo y como no dotarles del material necesario para poder realizar las búsquedas en embarcaciones sin perjudicar o dañar demasiado las mismas.

    Esa misma formación, aunque adaptada a las necesidades de cada país, se ofrecía por los especialistas a los diferentes oficiales que forman parte de este. Nuestra experiencia tras más de veinte años luchando contra el tráfico de drogas se ha puesto a su servicio siendo muy gratificante ver cómo, poco a poco, adquirían el nivel adecuado para engrosar la familia que hoy supone pertenecer al SEACOP.

    Los países productores son más que relevantes para el proyecto, países como Colombia con la experiencia adquirida en su lucha diaria contra el tráfico de drogas o Argentina donde el problema fluvial se añade a sus problemas en puertos, suponía un reto que, sin duda, ha tenido reflejo en las labores tanto de formación regional como transregional y en las cuales los países aportaban su granito de arena sobre la manera como desarrollaban las labores en cada una de las fronteras y a nivel internacional.

    Si bien el gran problema que hemos encontrado ha sido sin duda la itinerancia de los oficiales en sus puestos, la necesidad de ese compromiso de permanencia ha sido uno de los puntos débiles que, sin duda, se tendrá en cuenta en futuros proyectos.

    Nos quedamos con el buen sabor de boca de la labor bien realizada, con el placer de saber que se han creado los puentes necesarios para llevar a cabo futuras operaciones contra el tráfico de drogas y sobre todo de crear esa red de contactos que supone uno de los mayores valores que puede aportar este proyecto.

    Atrás quedan horas de trabajo, muchos casos analizados y horas de formación que nos ha dejado siempre una satisfacción, que se ha potenciado el desarrollo de esas labores que, hoy día, vienen desarrollando y que, al menos, seguirá en los próximos años como uno de los referentes en la lucha contra el tráfico marítimo de cocaína.

    Alberto Morales, Inspector Jefe de la Policía Nacional y experto clave del proyecto

  • 17 diciembre 2020

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    El valor de los números para avanzar hacia una justicia inclusiva

    María Luisa Domínguez, técnica sénior del área de Gobernanza Democrática, como responsable de Justicia Inclusiva dentro del programa EUROsociAL+ nos ofrece este artículo para explicar el trabajo desarrollado en esta materia, por parte del programa.

    Cuando nos enfrentábamos al reto de contar desde una perspectiva distinta a la tradicional (más centrada en actividades y resultados) qué hace EUROsociAL en la línea de Justicia Inclusiva, decidimos poner en valor algunos números. Los números no sólo indican cantidades, también cualidades. He aquí algunos de ellos.

    15. Trayectoria

    Quince son los años que lleva el programa EUROsociAL de la Unión Europea apoyando la cohesión social en América Latina. Desde su inicio en 2005 hasta 2020 EUROsociAL ha venido acompañando a las instituciones públicas de América Latina en el diseño e implementación de una multiplicidad de políticas públicas en todos los ámbitos: social, económico, justicia, género, desarrollo regional, buen gobierno, etc. Y en todos los niveles: regional, nacional y local.

    En estos 15 años hemos visto 3 fases del programa, en contextos muy diversos: de crisis y bonanza económica, de conflictos sociales y estabilidad democrática y, más recientemente, de pandemia y crisis humanitaria, económica y social. También con diferentes enfoques: proyectos piloto en la primera fase; orientación a la demanda y a resultados concretos de política pública en las dos siguientes.

    Pero en estos 3 lustros el ADN y el espíritu del programa ha seguido siendo el mismo: luchar contra las desigualdades y mejorar la cohesión social en la región. En Justicia Inclusiva, el programa ha sido pionero en reducir barreras para el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad que se materializó en 2008 en las Reglas de Brasilia y que hoy estamos apoyando su conversión a convenio internacional.

    16, 10 y 5. Agenda Global

    Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas es lo que propone la Agenda 2030 en su ODS 16, y más concretamente en la meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

    Desde EUROsociAL entendemos el acceso a la justicia como un derecho llave que permite ejercer y garantizar otros derechos básicos como salud, educación, vivienda, identidad, etc. Por ello hemos puesto el énfasis en la protección y divulgación de los derechos de los grupos que se encuentran en condición de vulnerabilidad: personas en contexto de movilidad, migrantes y refugiados niñas, niños y adolescentes; víctimas y testigos de delitos; jóvenes en conflicto con la ley penal; personas privadas de libertad; personas pertenecientes a minorías étnicas; y las mujeres que se encuentran en situaciones de discriminación por razón de género Y este ODS 16 es habilitador para el logro de otros ODS: el 10, referente a la reducción de desigualdades, y el  5, que persigue la igualdad de género.

    Imposible en este breve espacio hacer una relación detallada de las numerosas acciones actualmente en ejecución en la región con las instituciones del sistema de justicia: Poderes Judiciales, Ministerios de Justicia, Fiscalías, Defensorías Publicas y Sistemas Penitenciarios.

    Nuestro referente fundamental aquí son las citadas 100 Reglas de Brasilia y las Guías de Santiago de Protección de Víctimas y Testigos, documentos de referencia cuya elaboración ha sido impulsada por EUROsociAL en el marco de las redes regionales de justicia.

    17. Alianzas

    Para el buen desarrollo de nuestro trabajo aplicamos el ODS 17, y en particular con la meta 17.16 orientada a “mejorar la alianza mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo”.

    La asociación con redes regionales, y en particular con las redes de justicia de América Latina, es una de las señas de identidad de EUROsociAL desde su inicio en 2005. Promover las alianzas y redes de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre instituciones homólogas de la región latinoamericana y europeas ha sido uno de los pilares centrales de EUROsociAL y en esto hemos sido pioneros. Ello nos ha permitido avanzar en la construcción de respuestas comunes de varios países a problemas compartidos como pueden ser marcos estratégicos de referencia para políticas públicas a nivel regional; declaraciones o lineamientos conjuntos, estándares, modelos o protocolos comunes, entre otros.

    Acompañamos a la Cumbre Judicial Iberoamericana, a través de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia, en la definición de la primera versión de las Reglas en 2008, en su actualización en 2018, en la implementación de las Reglas en los países, trasladándolas a programas, políticas y planes nacionales de acceso a la justicia, y actualmente en la Hoja de ruta para convertir las Reglas en Convenio Internacional.

    También desde 2007 colaboramos con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos-AIAMP, fortaleciéndola y apoyando la conformación de sus diferentes Redes (Red de Fiscales contra la corrupción y Red especializada de Género) y Grupos de trabajo. En 2008 se elaboró y aprobó con apoyo del programa las Guía de Santiago de Protección de víctimas y testigos, y en esta tercera fase se ha colaborado con el Grupo de Víctimas y Testigos en la revisión y actualización de dichas Guías, que serán aprobadas a principios de noviembre en la Asamblea General de la AIAMP.

    En 2012, en Fortaleza Brasil, se dio el pistoletazo de salida a la colaboración de EUROsociAL con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas-AIDEF. Estos ocho años la colaboración han sido intensos y muy fructíferos, lo que ha permitido avanzar en el diseño de modelos regionales que posteriormente se ha ido implantado a nivel nacional. Desde la Guía Regional para la defensa pública y la protección integral de las personas privadas de libertad; el manual de monitoreo de Derechos Humanos en los centros de privación de libertad por parte de las Defensorías Públicas; y el manual regional sobre las Reglas de Bangkok en clave de Defensa Pública, en la segunda fase del programa.

    En esta tercera fase se está acompañando a la AIDEF en dos acciones muy estratégicas que intentan dar respuesta a dos desafíos muy presentes actualmente en la región: por un lado, los casos de violencia institucional que se producen en las prisiones de América Latina; y por otro, la situación de exclusión y vulnerabilidad de las personas en contexto de movilidad y que requieren una atención especial para mejorar la defensa y vigencia de sus derechos.

    En el primer caso se ha diseñado un Modelo regional de Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria-SIRCAIVI, que actualmente se está implementando en 3 países: Argentina, Chile y Costa Rica. En el segundo se está avanzando en el diseño de un modelo regional y la creación de una red regional de asistencia jurídica a personas en contexto de movilidad desde las Defensorías Públicas.

    A través del trabajo con estas redes EUROsociAL ha contribuido con el fortalecimiento del Estado derecho, promoviendo la protección y defensa de los derechos humanos, relación indivisible e intrínseca, fundamental no sólo para la cohesión social, sino también para la democracia.

    19. Resiliencia y reconstrucción

    Y llegó la COVID19. Finalmente, el contexto actual no podíamos olvidar la pandemia de COVID19 que ha venido a trastocar y condicionar la vida de todos, pero que está afectando particularmente y de forma desproporcionada a los grupos más vulnerables, como han puesto de manifiesto diversos OOII como el ACNUDH, la CIDH o la CEPAL por citar algunos de ellos.

    Los derechos humanos y la protección y garantía de los mismos son cruciales en época de crisis. En este contexto, EUROsociAL se ha puesto rápidamente a disposición de los países para reconducir sus acciones y dar respuesta a los efectos de esta pandemia global y para sentar bases sólidas para la recuperación y reconstrucción no dejando a nadie atrás, ni permitiendo la vulneración de ningún derecho.

    Esto pasa por poner a las personas en el centro de las políticas públicas, especialmente a los más vulnerables, y preparar a los sistemas de justicia para superar las actuales dificultades garantizando el funcionamiento de una justicia independiente y justa. La aplicación de las Reglas de Brasilia como norma obligatoria puede ser un arma potente para luchar contra el coronavirus y desde EUROsociAL+ haremos todo lo posible porque así sea.

    Contenido audiovisual relacionado: “Justicia para la cohesión social”.

     

     

     

     

     

  • 05 noviembre 2020

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    Acceso a la información pública en América Latina y el Caribe

    La recién aprobada Ley Modelo Interamericana 2.0 de la Organización de Estados Americanos marca un antes y un después en la gestión de un derecho esencial para la fortaleza de las democracias. La FIIAPP ha contribuido, a través del programa europeo EUROsociAL+, al desarrollo del texto legal prestando apoyo técnico e impulsando la incorporación del enfoque de género

    Borja Díaz, Técnico Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL + en la FIIAPP 

    El pasado 22 de octubre, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en su Asamblea Anual la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública. Este marco normativo, impulsado por el Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la OEA, ha contado con una amplia participación en su proceso de elaboración y es de enorme relevancia para América Latina y el Caribe, ya que incorpora estándares de vanguardia y mejores prácticas para la promoción de la transparencia y del derecho de acceso a la información 

    La Ley establece la más amplia aplicación posible del derecho de acceso a la información en posesión, custodia o control de cualquier autoridad públicapartido político, gremio y organización sin fines de lucrolos cuales deberán responder a las solicitudes de información sobre los fondos o beneficios públicos recibidos. 

    Como destaca el DDI, el objetivo último de la normativa es que es que “el acceso a la información pública se consolide como una herramienta que permita incrementar los niveles de transparencia y una lucha efectiva contra la corrupción, promueva la competencia abierta, las inversiones y el crecimiento económico, genere la confianza de la población en sus instituciones democráticas y empodere a los ciudadanos, incluidos aquellos sectores que están en situación de vulnerabilidad”.  

    “Con esta Ley Modelo se pretende brindar a la ciudadanía un mayor acceso a la información en manos de las autoridades. ¿Para qué? Para tener un mayor conocimiento sobre cómo se gestiona la administración y sobre cómo se utilizan los recursos públicos que provienen de sus impuestos. También se quiere incidir en los modelos de gestión que impactan en el ciudadano común y corriente porque el derecho de acceso a la información va desde las altas esferas hasta los gobiernos locales, subraya Dante Negro, Director del DDI de la OEA. 

    El programa de cooperación financiado por la Unión Europea en América Latina, EUROsociAL+, a través de su área de Gobernanza Democrática, que coordina la FIIAPP, ha contribuido de manera decisiva a la elaboración de esta propuesta normativa, mediante un importante apoyo técnico canalizado a través de la  Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA) en espacios de debate e intercambio de experiencias entre los órganos garantes y promotores del derecho a la información, así como con la sistematización de buenas prácticas aportadas por diferentes expertos y expertas. 

    La normativa se centra en factores clave como la naturaleza y funciones de los órganos garantes de este derecho, el régimen de excepciones, los sujetos obligados, la transparencia activa y proactiva y las definiciones y alcance del derecho de acceso a la información. Asimismo, incluye como anexo la Ley Modelo interamericana sobre Gestión Documental y su guía de implementación, elaborados por especialistas de la Subdirección de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte de España sobre la base del Modelo de Gestión Documental de la RTA impulsado por EUROsociAL+.  

    A lo largo de los procesos de trabajo, desde EUROsociAL+ se contribuyó además mediante la incorporación de la perspectiva de género, ​ ​siendo esta norma uno de los primeros instrumentos jurídicos del Sistema Interamericano en incluir dicha visión desde su gestación. ​ 

    Como destaca Gabriel del Piazzopresidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay (UAIP) (Presidencia de la RTA), “la Ley Modelo 2.0 tiene el valor agregado de recoger la experiencia de los órganos garantes de América Latina, que tuvieron la responsabilidad de implementar las leyes de acceso a la información en los últimos 10 años”.  

    La Ley Modelo se convierte así en una referencia a seguir por los Estados a efectos de mejorar las normativas, lineamientos y procedimientos internos de transparencia y acceso a la informaciónDesde el momento en que los 35 Estados de las Américas la han refrendado, están dando su reconocimiento que es necesario llegar a ese estándar. Para la ciudadanía y la sociedad civil organizada implica tener conocimiento de cuáles son los estándares a los que potencialmente su Estado podría llegar y poder así exigir procesos de elaboración de normas o políticas orientadas a alcanzar ese estándar.  

    Esta acción de EUROsociAL+ está alineada con la Agenda 2030, especialmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 16.10 (garantizar el acceso a la información), el 16.5 (reducir considerablemente la corrupción y el soborno), el 16.6 (crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas), y el ODS 17 (promover alianzas para lograr estos objetivos). 

    Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL + en la FIIAPP 

  • 08 septiembre 2020

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    Lavarse las manos, una lección tan simple como imposible

    En el día Mundial de las Personas Cooperantes, un técnico de la FIIAPP nos cuenta el reto que supone para millones de personas acceder al agua potable

    En el Día Mundial de las Personas Cooperantes, David Rodríguez Soane nos regala una reflexión sobre la importancia de que las personas cooperantes no detengan su trabajo. Una labor vital y necesaria, especialmente durante la pandemia. En un contexto difícil como este, David, pone el foco en la necesidad de garantizar el acceso al agua potable y la higiene, como derechos universales y acción clave contra la propagación del virus.

    Lavarse las manos con agua y jabón es un gesto simple que hoy más que nunca, en plena era COVID, ayuda a salvar vidas. Con los primeros días de septiembre ya en marcha, los gobiernos y los centros educativos, se debaten sobre la reapertura de sus instalaciones y los modelos de enseñanza más adecuados para adaptarse a los tiempos de la pandemia. Sin embargo, en el 43% de las escuelas alrededor del planeta no es posible lavarse las manos , un mecanismo de defensa clave en la lucha por aminorar la transmisión del virus. De hecho, en los países menos desarrollados, 7 de cada 10 escuelas carecen de instalaciones básicas para ello.

    A mediados de agosto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF publicaron un informe conjunto, Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene in Schools (WASH), en el que se revelaba que alrededor de 818 millones de niños y niñas en el mundo carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos en sus escuelas, lo que los pone en mayor riesgo de contraer la COVID 19 y otras enfermedades transmisibles. Más de un tercio (295 millones) viven en África subsahariana.

    Una vez más, el agua se demuestra esencial para la vida. Pero también lo son el saneamiento y la higiene. Basta un simple ejemplo: sin inodoros, las fuentes naturales de agua se contaminan; sin agua limpia, las prácticas básicas de higiene no son posibles. Entre ellas, lavarse las manos.

    La mirada desde la cooperación

    El mundo de la cooperación tiene mucho que decir para conseguir que el derecho al agua potable y al saneamiento sea eso, un derecho de todas y todos. Este verano, precisamente, la comunidad internacional ha debatido largo y tendido sobre el agua. En la última semana de agosto, por ejemplo, numerosos actores, desde Gobiernos hasta organizaciones de la sociedad civil, se dieron cita en dos eventos importantes.

    Por un lado, del 24 al 28 de agosto, tuvo lugar virtualmente la Semana Internacional del Agua (Water World Week – WWWeek). El Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI), es quién impulsa cada año esta ágora multilateral que, desde hace casi 30 años, se ha convertido en el evento más influyente del mundo para el abordaje de los grandes retos del agua. Por otro lado, la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) organizó, también en la misma semana, cinco días de conferencias dedicadas exclusivamente al agua desde la óptica del desarrollo. La Week on Water for Development (WW4D) arrancó este año con un lema anclado claramente en la actualidad: “Cada gota cuenta, el agua en tiempos excepcionales”.

    También este verano, en el mes de julio, y con una presencia clara de la Cooperación Española a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), tuvo lugar la XXI Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA), la principal plataforma de diálogo político, colaboración técnica y cooperación en materia de agua en Iberoamérica. En este marco, la relación entre agua y biodiversidad y la integración del saneamiento y la depuración en el marco de la gestión integrada de los recursos hídricos fueron los dos diálogos técnicos que coparon el debate.

    Como vemos, abundan los espacios para el intercambio de experiencias y para la coordinación multi-actor de cara a la consecución del ODS 6, agua limpia y saneamiento para todas y todos. Los logros del pasado deben servir de acicate para fortalecer los pasos firmes del multilateralismo para llegar a 2030 en las mejores condiciones posibles. La movilización mundial tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) consiguió que en 2015, 2100 millones de personas tuvieran acceso a un saneamiento mejorado y que 147 países cumpliesen con la meta de acceso a fuentes a de agua potable (Informe ODM 2015, PNUD). Ahora, los ODS, tras cinco años de andadura, abren un nueva ventana de oportunidad para seguir el mismo sendero de progreso y de consolidación de derechos. Aunque, ciertamente, las cifras del Informe ODS 2020 en torno a las ODS6 no son todo lo buenas que cabría esperar y la irrupción del COVID19 no ha hecho más que empeorar la situación. Por ello hacen falta soluciones, necesitamos respuestas.

    En este sentido, desde la Cooperación Española existen herramientas que contribuyen a los objetivos globales y que deben ser puestas en valor. En datos de 2018 se estima que el FCAS, ha beneficiado a más de 2,8 millones de personas en América Latina y el Caribe. Además, 2,2 millones de latinoamericanos han tenido acceso a servicios nuevos o rehabilitados de agua potable y 1,1 millones a servicios de saneamiento. También la AECID y la FIIAPP, a través de su participación en el proyecto EUROCLIMA+ el programa insignia de la UE sobre sostenibilidad ambiental y cambio climático con América Latina, dedican grandes esfuerzos a la gestión del agua para asegurar la disponibilidad de los recursos hídricos y fortalecer las capacidades institucionales y la gobernanza del sector en los países beneficiarios. A su vez, numerosas ONGD, como Manos Unidas, Oxfam Intermón o Acción Contra el Hambre, por citar solo algunas, desarrollan también importantes intervenciones especializadas en la provisión de agua, saneamiento e higiene en los países en los que cooperan. Son ejemplos de actores de nuestra cooperación, pero habría más, también entre las comunidades autónomas, las universidades y otros agentes que forman parte del sistema.

    El reflejo desde la pandemia

    Miramos desde la cooperación, pero la pandemia que ocupa y condiciona nuestras vidas desde hace meses nos devuelve un reflejo: la interconexión de elementos esenciales como la dignidad, las personas, la prosperidad, el planeta, la justicia y las alianzas. La imagen que nos devuelve el espejo ya la conocíamos, pero nos invita a reflexionar una vez más. La salud global, la educación de calidad y el acceso al agua y el saneamiento. Los ODS 3, 4 y 6. Todos ellos derechos, objetivos y retos interconectados que se entremezclan a lo largo y ancho del mundo, en una escena habitual a principios del mes de septiembre: el comienzo del curso escolar. La ecuación es más compleja en tiempos de pandemia. Y prácticamente imposible de resolver, para las niñas y niños que viven en los países en los que lavarse las manos con agua y jabón sigue siendo un lujo al alcance de un puñado.

    El día 8 de septiembre celebramos el Día del Cooperante. Es un día para homenajear a todas las personas que aportan su trabajo, su conocimiento y su sudor para construir un mundo más justo. Pero también será un día para recordar que, según la iniciativa Hand hygiene for all, tres mil millones de personas, el 40% de la población mundial, no pueden lavarse las manos con agua y jabón en sus hogares. Tres cuartas partes de ellas viven en los países más pobres del mundo. Simplemente porque carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos, millones de personas estarían en riesgo inmediato de contraer la COVID19 u otras enfermedades.

    El reto es mayúsculo, pero en algún momento y por alguna parte debemos empezar. Entonces empecemos este mismo septiembre y empecemos por las escuelas. Aprendamos una lección como sociedad: los gestos simples no deberían ser imposibles.

    Autor: David R. Seoane, Técnico de Comunicación y Gestión de Conocimiento del programa de “Transparencia, Comunicación y Gestión de Conocimiento de la Cooperación Española”

     

     

  • 06 agosto 2020

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    “La frontera es un punto de transición, un lugar temporal que acrecienta la vulnerabilidad y dificultad de los migrantes”

    Una especialista de EUROsociAL+ nos cuenta la situación de vulnerabilidad a las que se enfrentan las personas migrantes en las fronteras

    Bárbara Gómez, técnica del proyecto EUROsociAL+ nos relata acerca de los peligros que corren las personas migrantes en las fronteras y cómo se ven acrecentadas las desigualdades mientras permanecen en esta situación, especialmente en el cruce entre México y Estados Unidos. Además, nos habla de cómo las políticas públicas son la clave para garantizar un marco legal que proteja los derechos humanos básicos de las personas migrantes.

    Sin lugar a dudas, hemos abandonado la idea habitual de ver la frontera como una mera línea que se puede borrar fácilmente, para verla, siguiendo al filósofo Eugenio Trías, como un auténtico territorio en el que se hacen patentes no solo conflictos o choques culturales, sino también intercambios y trueques varios. Al fin y al cabo, una concepción diferente de la “experiencia del límite”.

    La flexibilidad en la movilidad de personas a través de estas fronteras sumado a la complejidad de nuestra sociedad actual, y a los siempre presentes problemas de búsqueda de oportunidades debido a la pobreza y a la desigualdad social de muchos estados, unido a los conflictos regionales, ha propiciado el fenómeno de la migración que ha crecido hasta convertirse en una situación global. Esta realidad se ha hecho últimamente más patente por los últimos acontecimientos acaecidos en el contexto actual de la migración en tránsito por México cuando en octubre de 2018 inició la caravana en la que poco más de seis mil personas llegaron hasta Tijuana para solicitar asilo en Estados Unidos[1]. El foco en este acontecimiento se agudizó por el continuo reforzamiento de la frontera suroeste de los Estados Unidos donde el actual presidente insiste a pesar de la negativa y no aprobación del gasto por parte de los demócratas, en la construcción del muro fronterizo con México.

    El fenómeno migratorio en México, en los últimos 12 años, inició un cambio profundo, en su volumen, sus patrones e impactos, es decir, se experimentó una fuerte transformación en la dinámica migratoria en esta región del país. Se ha observado que esta nueva dinámica ha traído consigo consecuencias de índole social, económico y cultural en las distintas ciudades fronterizas y en la región en general.

    El Programa de la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, EUROsociAL+, está atento al fenómeno migratorio en la región latinoamericana, y en particular en la región centroamericana, y con un abordaje multidimensional, también está prestando atención a cómo se está gestionando la migración en las áreas de frontera, mejorando los sistemas de gobernanza transfronteriza. En este marco ha acompañado la elaboración de un estudio diagnóstico que pone el foco en todas las fases y etapas de dicho fenómeno en un contexto de crisis económica, social y política.

    A tal efecto, había varias preguntas que responder: ¿qué sucederá con los migrantes indocumentados que lleguen a la frontera suroeste de Estados Unidos? ¿Qué tan probable es que decidan residir en la región fronteriza de México ante la imposibilidad de cruzar la frontera o pedir asilo? ¿El gobierno mexicano está preparado ante esta posible contingencia?

    De vital importancia era analizar en qué situación de partida se encontraban los territorios de frontera que en la mayoría de los casos no sólo se veían obligados a acoger a los migrantes provenientes de Centroamérica y que no conseguían cruzar la frontera, sino que a la par, asumirían de nuevo todos aquellos y aquellas deportados/as afectados por las férreas políticas migratorias de Estados Unidos. El análisis partió de este planteamiento y de cómo todo ello tendría efectos en una nueva organización del territorio, de las políticas públicas puestas en marcha para la gobernanza multinivel, la cohesión territorial y, por ende, para la cohesión social como respuesta al sentido de pertenencia de la ciudadanía tan heterogénea que habita en la frontera.

    El estudio, por tanto, plantea comprender las trayectorias vividas por los/as migrantes, así como sus vivencias durante su estancia temporal o forzada en las ciudades fronterizas de esta región. El análisis incluyó tanto a mexicanos/as que han sido deportados o retornaron desde los Estados Unidos, así como a hombres y mujeres procedentes de Centroamérica y del Caribe.

    La frontera norte de México abarca al conjunto de municipios colindantes con la frontera estadounidense, bajo el supuesto de que ahí se observa el mayor dinamismo de las actividades de interés. Se trata de 38 municipios colindantes que pertenecen a seis entidades federativas: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En la actualidad se ha constituido en una región de estrecha relación con los Estados Unidos; existen intercambios permanentes de mercancías, servicios en ambos sentidos, así como un inmenso flujo de personas que cada día cruzan en ambas direcciones. Por mencionar algunos datos de interés. La región fronteriza de Baja California es la que tiene el mayor número de inmigrantes (168 mil); el 38,4% de la población es nacida en una región no fronteriza o en el extranjero. Este porcentaje aumenta a más del 50% en municipios como Tijuana y Tecate (Baja California). Baja California y Sonora han recibido la mayor parte de las y los migrantes deportados de EE. UU, en su conjunto registran 67% de los eventos. Los hombres componen la gran mayoría de los eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, suponiendo un 91% frente al 9% de las mujeres. No obstante, la vivencia del suceso en términos cualitativos, no serán de la misma índole para hombres y para mujeres siendo estas las más vulnerables al llevar consigo en la mayoría de los casos, sus hijos e hijas a cargo. Pero además se observa que la gran mayoría de los eventos están asociados a migrantes con edades jóvenes, prácticamente la mitad tiene entre 20 y 29 años. Entre enero y octubre de 2018 hubo 9,348 eventos de menores (MENAS) entregados a las autoridades mexicanas por parte de sus pares estadounidenses, lo que representa 6% del monto total.

    Trayectorias vividas por las personas migrantes

    Asimismo, no sería del todo justo presentar este trabajo que desde EUROsociAL+ se auspicia, únicamente con datos estadísticos. Es lícito igualmente tener en cuenta la dimensión humana de todas estas vivencias de “transición” que debido a la desigualdad se potencian exponencialmente.

    Desprovistos de derechos, e incluso desprovistos del derecho a tener derechos, los migrantes indocumentados son en nuestra época la expresión más clara de la privación consciente de derechos humanos básicos para la totalidad de un grupo humano. Al excluirlos de la legalidad, el Estado sitúa a los migrantes indocumentados por fuera de los límites de la ley, al mismo tiempo que les aplica leyes que los excluyen sistemáticamente. Esto es, la vulnerabilidad de este colectivo es originada en buena medida por la denegación del derecho de acceso a la justicia, y EUROsociAL+ trabaja para cambiar esta situación. El acceso a la justicia es un derecho clave, que actúa como una especie de pasarela para el acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda, empleo, etcétera. Pero también implica la defensa de personas extranjeras detenidas o privadas de libertad, la atención a víctimas de la violencia de género o asistencia jurídica a menores no acompañados.

    Quizás esta situación ambigua de estar “fuera de la ley” es lo que ha propiciado determinadas situaciones de violencia que los propios migrantes sufren en su periplo transitorio. Sin un marco legal que les ampare, en tierra de nadie, su desprotección es mayor y por ello, sus derechos se diluyen. Uno de los ejemplos más expresivos de esta forma de violencia la sufren las mujeres.  La mujer se encuentra en una situación muy vulnerable al atravesar fronteras. Y EUROsociAL+ justamente está abordando los efectos diferenciados de la corrupción en las mujeres, cruzando dos fenómenos que en su persecución no siempre se cruzan: corrupción y trata. A esta ecuación se le añade una variable más, migración, pues la mayoría de las mujeres que son objeto de trata son también migrantes.

    En la frontera, las personas migrantes están en un cruce de caminos entre el aquí y el allá, con sus pertenencias en un morral o en una bolsa de plástico, y sus sueños y esperanzas a flor de piel. En este espacio fronterizo, estas personas prefieren la información informal que llega de familiares y amigos, sobre cualquier otra fuente, para compensar por la vulnerabilidad extrema de su experiencia en la frontera. Consciente de esta situación, EUROsociAL+ también está trabajando para que este grupo vulnerable pueda ejercer su derecho de acceso a la información plenamente; mejorando la trasparencia pasiva con las instituciones que tienen la competencia para gestionar el fenómeno migratorio, pero también la activa, promoviendo que estas personas puedan ejercer su derecho a solicitar información básica que puede mejorar su vida en un país que no conocen.

    La frontera es un punto de transición, de transitoriedad, un lugar temporal que acrecienta su vulnerabilidad, la dificultad. Compartir la vulnerabilidad les permite crear vínculos profundos durante su corta estadía en la frontera, mientras deciden si seguir adelante o establecer su nueva residencia en los territorios de paso. Cualquiera de las dos decisiones les arrojará a la dimensión más desfavorecida de la desigualdad. Los gobiernos no deben olvidarse de la frontera y utilizar todos los instrumentos que tienen a sus manos para que los efectos de sus políticas públicas también lleguen a los territorios inhóspitos muchas veces olvidados.

    Bárbara Gómez, Técnica de Proyecto, área de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+ en la FIIAPP

    [1] El Colegio de la Frontera Norte México (COLEF), 2018.

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