• 24 enero 2019

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    Migración, una cuestión humana

    Debido al panorama actual, se hace necesaria la solución de los principales obstáculos que impiden la integración de los migrantes en las sociedades de acogida. A través de “Convivir sin discriminación” la FIIAPP trabaja en la inclusión social de estos

    Plaza de Yamaa el Fna en Marrakech

    Muchas son las personas que se desplazan voluntariamente desde su país en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, otras muchas tienen que huir para escapar de conflictos o del terrorismo en determinados países. Según señala la ONU, hay 68 millones de personas desplazadas por la fuerza, entre los que se incluyen 25 millones de refugiados3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de desplazados internos. 

     

    Por la magnitud que alcanza esta cuestión, la Asamblea General de la ONU proclamó, en diciembre de 2000, el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante. 

     

    La Organización Internacional para Migraciones (OIM) define a los migrantes como “cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia”. 

     

    Según cifras del Portal Global de Datos Migratorios, perteneciente al Centro Global de Análisis de Datos de Migración de la OIM, Asia acoge el 31% de la población de migrantes internacionalesEuropa el 30%, las Américas el 26%, África el 10% y Oceanía el 3% restante. Además, en 2017 el número de migrantes internacionales alcanzó los 258 millones en todo el mundo, de los que el 48% son mujeres. 

     

    ¿Qué es la Organización Internacional para Migraciones (OIM)? 

     

    Tal es la dimensión de la migración que se hace necesaria una organización que compruebe si se da una gestión ordenada humana en materia de migración. Para este fin, fue creada en 1951 la OIM, siendo la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración. La OIM promueve la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias, ayuda a buscar soluciones a los problemas migratorios y ofrece asistencia humanitaria a los migrantes.  

     

    La migración y la Agenda 2030 

     

    A lo largo de la última década, la comunidad internacional ha experimentado una evolución en cuanto a su visión sobre la migración internacional y el desarrollo. Desde la celebración del primer Diálogo de Alto Nivel en 2006, el discurso sobre la migración mundial se ha ido transformando. Ejemplos de ello son la búsqueda de medios para la optimización de los beneficios de la migración internacional para el desarrollo, así como la creación del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. Este último se ha centrado cada vez más en el examen y la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la migración, en particular mediante la constitución del grupo de trabajo del Foro sobre la Agenda 2030, así como el Pacto Mundial sobre Migración. 

     

    Con la adopción en 2015 de la Agenda 2030 y la inclusión de la meta “la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas”, se ha contribuido oficialmente y por primera vez a la inclusión de la migración al desarrollo en las Naciones Unidas. En la misma, se han desarrollado indicadores que pueden ser utilizados para medir el progreso sobre la manera en que los países gestionan la migración para el desarrollo 

     

    Efectos de la inmigración 

     

    Los efectos de la inmigración dependen principalmente del contexto y de cómo se regula la movilidad en los diferentes países. No podemos comparar la situación de una persona que viaja voluntariamente a otro país para trabajar con la situación de los refugiados que llegan a los países en busca de asilo por la situación en su lugar de origen. Por lo tanto, debemos dar respuesta al dóndecuándocómo y quién para conocer dichos efectos.  

     

    Bien es cierto que existe un reconocimiento cada vez mayor de los efectos positivos de la migración, cuando ésta es seguraregular y está bien gestionada. Muchos gobiernos de todo el mundo han manifestado un gran interés por optimizar los beneficios de la migración a través de más alianzas internacionales que garanticen una migración beneficiosa para todos. 

     

    Sin embargo, uno de los principales obstáculos que impiden la integración de los migrantes en las sociedades de acogida, así como su acceso efectivo a los derechos humanos, son los sentimientos de rechazo, las actitudes negativas y las prácticas discriminatorias que éstos deben enfrentar en su día a día.  

     

    Por todo ello, es fundamental la formulación e implementación de políticas públicas orientadas a combatir el racismo, la xenofobia, la discriminación y la intolerancia ya que muchos migrantes son objeto de discriminación en ámbitos tales como el acceso a la vivienda, el empleo, la salud, la educación o los servicios sociales, entre otras esferas.  

     

    Convivir sin discriminación en Marruecos 

     

    El proyecto “Convivir sin discriminación: un enfoque basado en los derechos humanos y la dimensión de género”, financiado por la Unión Europea y en cuya gestión participa la FIIAPP junto a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, es un buen ejemplo de iniciativa encaminada a combatir los problemas nombrados anteriormente: el racismo, la xenofobia, la discriminación y la intolerancia hacia los migrantes en nuestras sociedades. Además, el proyecto cuenta con la colaboración de instituciones especializadas como el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).

     

    Su objetivo principal es reforzar los instrumentos y políticas públicas dirigidos a prevenir y combatir el racismo y la xenofobia respecto de la población migrante en Marruecos. 

     

    “Convivir sin discriminación supone una oportunidad para fortalecer la colaboración existente entre España y Marruecos en materia migratoria, para conocer la experiencia de las instituciones públicas españolas en la implementación de políticas de lucha contra el racismo y la xenofobia y para beneficiarse de las mejores prácticas existentes a nivel nacional y europeo”, destaca Florencia Gaya Campal, técnica de este proyecto y experta en discriminación. 

     

  • 28 diciembre 2018

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    La igualdad de las personas con discapacidad, un largo camino por recorrer

    Aún queda un largo camino por recorrer para incluir a las personas con discapacidad en el día a día de todos nosotros. Es por ello, que la FIIAPP trabaja en proyectos como Bridging The Gap para que este camino sea cada vez más corto

    Momento de uno de los eventos de Bridging The Gap en Paraguay

    «Toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.» Así es como define la Organización Mundial de la Salud (OMS) discapacidad.  Concepto publicado en 1980 en su Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM).

     

    Asimismo, la OMS estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que se corresponde con el 15% de la población mundial. Cada vez son más las personas que pertenecen a este grupo, lo que está estrechamente relacionado con el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas.

     

    Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU), señala que las personas con discapacidad suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Asimismo, destaca que “los niños con discapacidad tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos, la misma proporción que los adultos con problemas mentales», unos datos que muestran la necesidad de desarrollar una legislación que les proteja. A ello hay que añadir que estas personas se enfrentan también a una serie de obstáculos como son el transporte o el acceso a la información.

     

    Acceso a la salud, la educación y el empleo

     

    La salud se considera un derecho fundamental para la sociedad. Sin embargo, para las personas que poseen algún tipo de discapacidad es de extrema importancia, ya que su enfermedad puede mejorar o empeorar según la atención sanitaria que se les proporcione, como por ejemplo la rehabilitación.

     

    Aunque parece algo paradójico, a pesar de que las personas con discapacidad necesitan una mayor atención sanitaria de manera periódica, son las que menos se benefician de este derecho, ya que el 50%  no tienen acceso a la sanidad. Según la OMS, muchas personas con discapacidad no tienen los recursos suficientes para costearse sus tratamientos, a pesar de que el 80% de las personas que sufren algún tipo de discapacidad viven en países desarrollados.

     

    Pero no todo se reduce al ámbito sanitario sino que también afecta a la educación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, actualmente hay en España alrededor de 560.000 alumnos entre 16 y 17 años con discapacidad. De ellos, un 16,5% son integrados en centros de educación especial y el 83,5% restante cursa educación ordinaria. El número de alumnos con discapacidad es alto pero más es el porcentaje de abandono escolar de los mismos, un 43%.

     

    A nivel mundial, los niños con discapacidad tienen mayores probabilidades de no ser escolarizados, especialmente si se encuentran en situación de pobreza. Además, encontramos desigualdad en el acceso a la educación entre niños y niñas. Por ello «se deben mejorar los mecanismos para integrar a las niñas con discapacidad en el sistema de educación, e integrar el género en la Agenda 2030«. Apunta Ola Abu, directora de Investigación e Influencia Global en la organización Leonard Cheshire.

     

    De los 3,84 millones de personas con discapacidad que hay en España, 481.000 están trabajando. En relación al empleo, las personas con discapacidad han tenido una baja participación en el mercado laboral durante 2017, ya que según datos del INE, su tasa de actividad ha sido del 35%. Asimismo, las mujeres con discapacidad han tenido menos presencia en el mercado laboral que los hombres, un dato que muestra el largo recorrido que queda por hacer en inclusión e igualdad.

     

    El panorama mundial no es muy diferente ya que la tasa de empleo de hombres y mujeres con discapacidad es mucho más baja que de aquellos que no tienen ninguna.

     

    Las personas con discapacidad en la Agenda 2030

     

    Comprometida con “no dejar a nadie atrás”, la ONU refleja en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible la importancia que tiene la inclusión y la mejora de las condiciones de las personas con discapacidad. El décimo objetivo de los 17 con los que cuenta la Agenda, es el que trata la inclusión de las personas con discapacidad.

     

    Como hemos señalado anteriormente, las personas con discapacidad tienen dificultades a la hora de acceder a los servicios de salud. En este contexto, la ONU destaca que estas personas tienen hasta cinco veces más probabilidades de enfrentarse a gastos de salud que son calificados como “catastróficos”.

     

    Bridging The Gap

     

    Es muy importante que la cooperación internacional se convierta en una herramienta fundamental para que los gobiernos den visibilidad a las personas con discapacidad incluyéndolos en sus agendas políticas. Además de estos, tanto la sociedad como las instituciones deben unirse para trasladar las necesidades que tienen estas personas para darles voz y mejorar su situación actual de la mejor manera posible.

     

    En relación con ello, Ecuador, Paraguay, Burkina Faso y Etiopía se han beneficiado del proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, Bridging The Gap. Este proyecto tiene como objetivo reducir la exclusión social de las personas con discapacidad en los países de renta media y baja de África y América Latina.

     

    La situación de los países en los que trabaja Bridging The Gap es complicada. Según Boukary Savadogo, secretario permanente del Comité Nacional Multisectorial para la Protección y Promoción de las personas con discapacidad en África, “en Burkina Faso las personas con discapacidad no son bien acogidas”. Para mejorar la situación de las personas con discapacidad del país africano, “Burkina Faso está en línea con los ODS y la Agenda 2030”.

     

    Es importante que reflexionemos e intentemos entre todos mejorar los mecanismos para que las personas con discapacidad puedan tener una vida digna, plena y en la que puedan acceder a todos y cada uno de los derechos fundamentales.

     

     

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  • 22 noviembre 2018

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    Trata de personas: la esclavitud del siglo XXI

    LA FIIAPP aborda la trata de personas como un problema global: muchos países se ven afectados por ser lugar de origen, tránsito o destino de las víctimas.

    Imagen participante en el concurso de fotografía organizado por el proyecto FIIAPP de apoyo a la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos en Bolivia

    Son muchas las personas que caen en manos de organizaciones que les explotan, sexual o laboralmente, arrebatándoles su libertad en contra de su voluntad.  La trata de personas se ha convertido en la forma de esclavitud del siglo XXI. 

     

    Es importante conocer a qué nos referimos con la trata de personas, cuyo día mundial se celebra el 30 de julio. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, la define como “el traslado de seres humanos de un lugar a otro dentro de las fronteras de un mismo país o hacia el exterior con fines de explotación en su mayoría sexual, laboral o en la mendicidad”.  

     

    Para conocer las dimensiones de este delito, Naciones Unidas señala que hay alrededor de 21 millones de víctimas, siendo un 30 por ciento de ellas niños y un 70 por ciento mujeres y niñas. Además, todas estas víctimas provienen de 137 países, un dato que refleja la dimensión que tiene este problema.  

     

    “Captación, traslación y explotación” 

     

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    Imagen participante en el concurso de fotografía organizado por el proyecto FIIAPP de Apoyo a la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos en Bolivia

    Existe una diferencia entre la trata y el tráfico de personas. En el caso de la trata de personas “se tienen que dar tres fases: captación, traslación y explotación”, según señala Félix Durán, jefe del grupo de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y experto del proyecto en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP.  

     

    En base a ello, se capta a ciertas personas para su explotación laboral, sexual, mendicidad o tráfico de órganos, entre otros; y se utiliza este engaño para traer a esas personas a otros países. “Para hablar de trata de personas tiene que haber un traslado y finalmente una explotación final”, destaca Félix Durán. La fase de explotación es la que diferencia a la trata con el tráfico de personas. 

     

    Además, Félix Durán nos cuenta que la mayoría de los casos de trata que se dan en España son de personas que provienen del sur de África (en mayor medida desde Nigeria), del este de Europa (Bulgaria y Rumanía) y de China. El perfil de las víctimas se corresponde con niñas, especialmente de Nigeria, así como personas de edad avanzadas si hablamos de Rumanía.  

     

    Por otro lado, existe una gran dificultad para demostrar un delito de trata de personas, especialmente si es sexual. Para poder justificar judicialmente el delito y poder llevar a cabo la detención de las personas implicadas, es de especial importancia contrastar las tres fases mencionadas, lo que en muchas ocasiones es muy complicado de conseguir. 

     

    El caso de Bolivia 

     

    En el proyecto de Bolivia, ya mencionado, se trabaja en la lucha contra la trata de personas, al ser este problema un delito conexo con el narcotráficotema principal del proyecto. El proyecto se centra fundamentalmente en las “3P”: prevención, persecución y protección.  

     

    En este país existe mucha trata, tanto es así que se ha incluido a Bolivia “en el listado negro de países que no trabajan contra la trata”, según afirma Félix Durán, experto de este proyecto.  

     

    Además, se ha creado un programa en el que se proporciona formación a los funcionarios públicos que están estrechamente relacionados con esta problemática, trabajando tanto con la administración nacional como con la municipal.  

     

    En esta línea, destaca la importancia que tienen los proyectos de cooperación en esta materia, en la que se “debe concienciar y sensibilizar a los funcionarios públicos” que trabajan en esta lucha; la obligación de “realizar una formación para que estos conozcan si es o no un caso de trata de personas” y finalmente, al ser la trata “un tipo delictual”, la necesidad de que haya cooperación internacional entre instituciones, según Durán. 

    Nigeria, escenario de trata 

     

    En el caso de las mujeres nigerianas que están en Europa, el 95% de ellas pertenece a Benin City, un pueblo de alrededor de 10 millones de habitantes perteneciente a Edo State.  

     

    La mayoría de estas niñas son captadas dentro de un entorno familiar en el que son los mismos padres quienes las ponen a disposición de las organizaciones de trata de personas. Tal es el número de víctimas de este país, que se cuenta con mediadoras del propio Benin City, muchas de ellas antiguas víctimas de trata, que facilitan el trabajo a las autoridades para comunicarse con ellas. 

     

    En este país, con el proyecto A-TIPSOM, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, se busca reducir la trata de personas y el tráfico irregular de migrantes, tanto a nivel nacional y regional como entre Nigeria y la UE. Además, en él se persiguen cinco objetivos fundamentales, las “5P”: política o fortalecimiento de las instituciones y el marco legal, prevención con actividades de sensibilización y formación, protección de las víctimas, persecución de los tratantes y traficantes y partenariado o coordinación de los actores involucrados. 

     

    Según Rafael Ríos Molina, coordinador de este proyecto, la situación en Nigeria ahora mismo es compleja, ya que “el país es un punto fuerte de migración y de tránsito” al encontrarse en el centro del continente africano. Además, “la cantidad de mujeres y niños que son víctimas y que caen en la red de prostitución y de explotación laboral, según las estadísticas, es superior al de hombres”, razón por la que se focalizan más en estos colectivos. 

     

     La enorme cantidad de casos de trata de personas existente en la actualidad exige abordar este problema desde una dimensión transnacional, a través de una cooperación entre países y regiones. 

  • 18 octubre 2018

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    La ciberseguridad es una responsabilidad compartida

    La UE organiza varias actividades dentro del Mes Europeo de la Ciberseguridad, un tema que aborda EL PAcCTO contra el crimen organizado

    Cambiar las contraseñas, configurar los ajustes de privacidad o contratar un antivirus son los pasos previos por excelencia antes de navegar por Internet. Consejos cada vez más básicos para evitar los riesgos o peligros a los que nos exponemos en la red de redes, y que necesitan de una información actualizada constantemente. 

     

    Por ello, la Unión Europea organiza cada año varias actividades, dentro del Mes Europeo de la Ciberseguridad (ECSM), dedicadas a compartir buenas prácticas y promover la ciberseguridad entre los ciudadanos y organizaciones. En la sexta edición de esta campaña de sensibilización participa la Agencia de Ciberseguridad europea (ENISA), la Comisión Europea y unos 200 socios en toda la región. 

     

    «La ciberseguridad es una responsabilidad compartida — Deténgase. Piense. Conéctese» es el lema para 2018, que refleja un paso previo a la acción en el mundo digital, donde todo es accesible e instantáneo. Pensar. Pensar qué compartimos, qué escribimos o dónde clicamos.  

     

    ¿Estamos concienciados? 

     

    El director de operaciones de la ENISA, Steve Purser, decía para La Vanguardia que hay que “desarrollar un sentido común electrónico”. Es decir, “debemos comportarnos de una manera similar en el mundo electrónico y en el real”, no dar respuesta o proporcionar datos sin pensar para qué van a ser utilizados. 

     

    Una actitud que va calando en los ciudadanos y que nos hace desconfiar de correos no deseados o páginas web que saltan literalmente a nuestra pantalla. A pesar de ello, muchos usuarios caen frente a las estafas o sustracciones de toda la vida que ahora también tienen su versión online.  

     

    Peligros de los que nos habla Antonio Roma, coordinador de cooperación entre sistemas de justicia de EL PAcCTO, que asegura que el problema es que “los delincuentes siempre van un poco por delante y encuentran otras maneras de llegarnos”. Más graves serían los delitos informáticos propiamente dichos, como los virus que entran en nuestros equipos a través de archivos, o los ataques masivos que “afectan a la seguridad general e incluso nacional”, comenta Roma.  

     

    Ataques que muchas veces escapan de nuestro control, pero ante los que también hay que estar prevenidos. Por ello, el coordinador de justicia del programa financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP y Expertise France, en colaboración con el Instituto Ítalo-Latino Americano (IILA) y el Instituto Camoes de Portugal, destaca que campañas como las de la UE son necesarias porque son “medidas que conviene recordar, actualizar los conocimientos, las formas de amenaza y sensibilizar al público”.  

     

     

    Con este objetivo, alrededor de 400 actividades se organizan en varios países de Europa: conferencias, talleres dirigidos a usuarios, seminarios web, campañas, etc. Madrid, Barcelona, Zaragoza o Valencia son algunas de las ciudades escogidas para alertar sobre “un fenómeno que está en crecimiento”, según Roma. A nivel de concienciación, asegura que “es necesario no perder la perspectiva de que hace falta tener seguridad”.  

     

    Nuestra intimidad, a un clic 

     

    Según el informe de la ENISA, publicado a principios de este año, la principal amenaza para los usuarios es el malware o “software malicioso”, dentro del que se encuentran los virus que nos llegan a través de Internet y del correo electrónico sin nuestro conocimiento. 

     

    Un peligro al que siguen en el ranking los ataques informáticos y el phishing o “suplantación de identidad”, una estafa para conseguir los datos privados de los usuarios, especialmente de acceso a sus cuentas bancarias. 

     

    Estos datos quedan frecuentemente registrados en nuestros equipos. Y es que el aumento de nuestra actividad en la red, ya sea abriendo cuentas en diferentes páginas o publicando nuestra vida a través de las redes sociales, hace que nuestra intimidad quede cada vez más expuesta a estas amenazas.  

     

    Un riesgo potenciado con el uso de los teléfonos móviles, como precio de una mayor accesibilidad. Antonio Roma destaca en esta parte el contacto cada vez más temprano de los menores con diferentes dispositivos.  

     

    “Antes el consejo era tener el ordenador en el salón de casa” comenta. Un consejo anticuado para salvaguardar su intimidad ante los actuales casos de bullying y, en el peor de los casos, pornografía infantil. Frente a esta situación, “conviene siempre alertar al menor de cuál es su defensa y de que su intimidad es un gran valor”, recomienda Roma. 

     

    ¿Qué aporta la cooperación? 

     

    Internet es una red mundial y aunque los delitos pueden cometerse desde el ordenador vecino, también pueden estafarnos desde servidores ubicados en otros países. Aquí es donde entra en juego la cooperación, muchas veces infructuosa según Roma, cuando el dinero de una sustracción acaba en “países lejanos que no colaboran eficazmente”. 

     

    el-paccto-ciberseguridad
    Lanzamiento oficial de EL PAcCTO

     

    A pesar de las llamadas “jurisdicciones opacas”, asegura que “la cooperación judicial ha evolucionado” y que, por ejemplo, existen nuevos sistemas para congelar direcciones IP. El factor tiempo es la principal dificultad: “llegar tarde” cuando la policía no ayuda o no está capacitada. Esta especialización, junto a la tecnología, son según Roma las tareas pendientes en este terreno. 

     

    El cibercrimen y la ciberseguridad son temas que preocupan a EL PAcCTO y en los que se trabaja transversalmente desde todas las áreas del programa: policial, judicial y penitenciaria. El programa financiado por la Unión Europea asiste a los países latinoamericanos contra el crimen organizado, que actúa también a través de la red. 

     

    El objetivo es tratar el tema a nivel regional, además de las preocupaciones de países concretos, “poniendo en marcha operaciones para ver cuáles son los problemas, dónde están los nudos, para que la cooperación pueda fluir de una manera eficaz”. 

  • 06 septiembre 2018

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    La paradoja boliviana contra las drogas

    ¿Cómo se lucha contra el narcotráfico en un país productor de hoja de coca? Conocemos el caso de Bolivia junto al proyecto de apoyo a las instituciones en esta tarea

    Formación del proyecto en Bolivia

    La oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) apunta en su informe sobre los cultivos de hoja de coca en Bolivia, que el país tiene más de 20.000 hectáreas legales. Una extensión que se concentra en dos áreas principales: la zona de las Yungas, en el Departamento de La Paz; y la zona de Chapare, en el Trópico de Cochabamba. 

     

    La UNODC proporciona de esta forma información al gobierno boliviano sobre la cantidad y ubicación geográfica de los cultivos, pues parte de la hoja de coca se desvía hacia el tráfico ilícito. Que este producto se convierta en una droga internacional es lo que trata de evitar la Policía boliviana y otras instituciones involucradas. Este informe les permite el desarrollo de estrategias y políticas para su control. 

     

    Estas instituciones cuentan además con el apoyo en esta tarea de un proyecto gestionado por la FIIAPP, en coordinación con el Consejo Nacional de la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), con fondos de la Unión Europea y de la AECID. Y es que la paradoja es todavía más difícil de abordar cuando la hoja de coca es un producto cultural. 

     

    El agricultor no es el traficante 

     

    Javier Navarro es uno de los expertos del proyecto. El inspector de la Policía Nacional española recuerda que “el consumo de hoja de coca es algo que está muy arraigado en sus costumbres”. En Bolivia, el producto se consume directamente con el acullico (mascar la propia hoja de coca con otros productos que la dulcifiquen) o se utiliza para mate o caramelos. 

     

    Su producción se gestiona a través de cooperativas. Cada agricultor registrado tiene derecho al cultivo de un cato de coca (1.600 m2). El producto llegaría al mercado legal después de pasar por la cooperativa. El problema es que no toda la producción sigue ese camino.  

     

    Parte de la hoja de coca se introduce en “circuitos paralelos” y con ella se fabrica la pasta base de la que sale el clorhidrato de cocaína. Una vez conseguida esta sustancia, explica el inspector de policía, se habla de tráfico propiamente dicho. Además, existen cultivos ilegales “en zonas de frontera o de difícil acceso”. 

     

    La Paz (Bolivia)

     

    Sin embargo, ningún agricultor colabora en ese fin, simplemente viven de ello. “El productor no tiene ese perfil de traficante”, comenta Navarro, e incluso si actuara de manera ilícita, se trataría del eslabón más pequeño de toda la cadena de narcotráfico. 

     

    Javier Navarro apunta además que “Bolivia no es solo un país productor, sino también de tránsito”, principalmente por cuestiones geográficas. Al país llega la pasta base de Perú, igualmente productor, para realizar la denominada “purificación” en laboratorios. 

     

    Y aporta un dato representativo: “el kg de clorhidrato de cocaína sale en Bolivia a 2.500 dólares. Cuando llega a España, pasa a costar 35.000 dólares”. España vuelve a funcionar en este caso como país de tránsito: desde aquí se exporta la cocaína a Francia, Italia o Gran Bretaña con el consiguiente incremento de precio. Un recorrido que lo convierte en un problema transnacional. 

     

    ¿Cuál es el papel del proyecto? 

     

    Para hacer frente a este problema, miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía trabajan en este proyecto con los agentes bolivianos en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, como el blanqueo de capitales o la trata y el tráfico de personas. Además se actúa en fronteras y aeropuertos. 

     

    En concreto, se forma a la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, unidades especializadas repartidas en varios puntos de la geografía boliviana. Y es que el narcotráfico representa el sector dominante del crimen organizado. La evolución de sus formas de organización y acción requieren una adaptación constante de los dispositivos y estrategias de lucha contra esta problemática. 

     

    Una formación que se ha complementado con visitas a España para conocer los procedimientos de las fuerzas de seguridad españolas, por ejemplo, en inteligencia e investigación criminal. 

     

    visita-bolivia-web
    Visita de una delegación boliviana a España

     

    Tras dos años de trabajo, “el proyecto está consolidado y son las propias instituciones las que acuden a él”, explica Javier Navarro. Se ha conseguido, entre otras cosas, abordar las investigaciones de una forma más integral. Esto es, según el inspector, que no solo se detenga al transportista, sino que se lleguen a desarticular organizaciones. 

     

    Un trabajo que se completa con la sensibilización de los ciudadanos a través de algunas actividades de comunicación. La última, un taller para periodistas en el que se trabajó sobre cómo comunicar adecuadamente sobre temas tan sensibles.

     

    Proyectos para un problema transnacional 

     

    La FIIAPP gestionaba hasta hace poco un proyecto similar en Perú, ejemplo de buenos resultados con la desarticulación de más de cien organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. La Fundación también está presente en esta dimensión operativa con el proyecto SEACOP, para la  lucha contra el tráfico marítimo de drogas.  

     

    Además, existen programas regionales que acompañan las políticas públicas de los países latinoamericanos. Es el caso de EL PAcCTO contra el crimen transnacional organizado o COPOLAD, que abarca la dimensión social y sanitaria. 

     

    Además, otros proyectos siguen las rutas de narcotráfico más importantes, como la de la heroína. UE-ACT  actúa en 30 países de Asia central, la costa Este de África y Europa del Este, y trabaja para mejorar la eficacia de las policías y de los órganos judiciales, además de la prevención del consumo de drogas. 

  • 28 junio 2018

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    Cooperación regional: intercambio y estabilidad

    Las revoluciones al Norte de África y en Oriente Medio iniciaron reformas democráticas, pero también dejaron espacio a amenazas como el terrorismo. En ambos casos, la cooperación ha tenido y tiene un papel determinante.

    Túnez fue el país origen de la Primavera Árabe

     

    En 2011, la gente tomó las calles de Oriente Medio y el Norte de África. El mundo árabe pidió democracia y derechos en sus países, a través de protestas populares que se englobaron en el concepto de Primavera Árabe. Siete años después, los cambios no son del todo destacables. Conflictos armados o el terrorismo han coartado muchas de esas expectativas. Sin embargo, sí se iniciaron reformas políticas, económicas o sociales que en algunos casos siguen desarrollándose a un ritmo más lento.

     

    Procesos en los que la cooperación ha tenido y puede tener un papel determinante, aportando experiencias de otros países que han pasado por situaciones similares o haciendo frente a amenazas que frenan ese desarrollo. En este contexto de transición, se gestionan desde la FIIAPP varios proyectos en la región con financiación de la Unión Europea. Destacan, entre otros, los que tienen que ver con la justicia y la seguridad.

     

    Túnez fue el primer país en el que se habló de revolución. Desde entonces, “ha habido unas primeras elecciones democráticas, un gobierno constituyente y una aprobación de la Constitución en 2014”. Así lo explicaba Ángel Llorente, coordinador del proyecto para acompañar la reforma judicial en el país que finaliza este año. El objetivo ha sido llevar a cabo en el Ministerio de Justicia “una reforma organizativa como consecuencia del proceso de transición democrática”. Y crear desde ahí un poder judicial independiente que nunca había existido en Túnez.

     

    Pese a algunas resistencias que podrían haber supuesto una vuelta atrás, Llorente cree que la sociedad civil no dejará que ocurra: “son muy conscientes de sus derechos, yo veo muy difícil que ahora puedan renunciar a algo que les ha costado mucho trabajo conseguir”. Una ilusión que le recuerda a la España de hace algunos años.

     

    EuroMed Justicia IV también apuesta por mejorar los sistemas judiciales. En este caso, en la región sur del Mediterráneo. Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, y Siria trabajan junto a los Ministerios de Justicia español y francés en la creación de un sistema eficiente, democrático, que respete los derechos humanos y coherente con las normativas internacionales.

     

    Encuentro de EuroMed Justicia IV en La Haya
    Encuentro de EuroMed Justicia IV en La Haya

     

    En su cuarta fase, el proyecto forma además parte de la estrategia de vecindad de la UE. Y es que la mayoría de estos países se incluyen en la Política Europea de Vecindad, que fue revisada precisamente en el contexto de las revoluciones del mundo árabe, para prestar un mejor apoyo en sus transiciones democráticas. Al fin y al cabo, su objetivo principal es reforzar las relaciones con los países vecinos del espacio comunitario, basadas en unos valores comunes -democracia, derechos humanos o Estado de Derecho- y que fomente una mayor integración económica, movilidad y estabilidad.

     

    Unas relaciones que, en el caso de EuroMed Justicia IV buscan una cooperación judicial internacional necesaria, según Victoria Palau, coordinadora del proyecto. “Hay problemas como el terrorismo, el cibercrimen o el tráfico de personas que, si no se resuelven a nivel regional, es imposible hacerles frente”, comenta. En este contexto, el proyecto fue testigo de la primera declaración de colaboración entre fiscales generales europeos y de los países del Mediterráneo, para trabajar conjuntamente frente a esos problemas.

     

    La cooperación judicial es también uno de los componentes del proyecto para la aplicación del Estado de Derecho en el Cuerno de África y Yemen, cuyo objetivo es luchar contra las amenazas de seguridad. En concreto, trabaja para mejorar las capacidades de los servicios de inteligencia, de las fuerzas cuerpos de seguridad, así como de fiscalías y tribunales.

     

    Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Uganda, Yemen y Djibouti son los países que se benefician de este proyecto financiado a través del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IcSP). Lo que en estos países se produce, aunque no se incluyan en la región vecina de la UE, sí afecta al continente.

     

    Además, es una región ejemplo de cómo los grupos terroristas aprovechan momentos de inestabilidad política para actuar. “Cuando hay un vacío de poder, siempre intentan colarse estos grupos con mayor o menor éxito”, comenta Javier Vega, coordinador del proyecto. Al final, el terrorismo es una amenaza cada vez más global con un foco importante en esta zona geográfica.

     

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    Visita de autoridades judiciales del Cuerno de África a la Fiscalía General del Estado

     

    La clave está en actuar regionalmente para que no se extienda al resto del mundo. Por ejemplo, a través del control del territorio que también se lleva a cabo en la región Sahel -a través de los Grupos de Acción Rápida- y en Níger, más centrado en la inmigración ilegal.

     

    La Agenda Europea de Seguridad subraya la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a esta amenaza de una manera más eficaz y global, que incluya a la comunidad internacional y a los proyectos de cooperación. Uno de estos últimos, también gestionado por la FIIAPP, se centra precisamente en la lucha contra el terrorismo en la región MENA (Middle East and North Africa).

     

    Un trabajo que, según Mariano Guillén, director del Área de Justicia y Seguridad en la FIIAPP, busca además “fortalecer el diálogo político dentro de la Liga Árabe”, para favorecer la cooperación entre los países de la región. Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Jordania, Líbano, Irak, Siria y Palestina son los países que, a pesar de sus diferencias políticas, económicas y sociales, trabajan para tener respuestas comunes ante el terrorismo. “La amenaza terrorista no distingue de niveles de desarrollo de los países y solo se puede atacar desde la cooperación”, comenta Mariano Guillén.

     

    La inestabilidad de los cambios deja hueco a amenazas de seguridad que no entienden de fronteras. Pero los mismos cambios son necesarios si los vemos como una oportunidad para mejorar, como un buen momento para nutrirse de experiencias similares mientras se trabaja conjuntamente frente a esos problemas que nos afectan a todos.