EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

Florencia Gaya, especialista del proyecto ‘Convivir sin discriminación’  y apoyo técnico al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), desgrana el papel fundamental que en su opinión tienen las Organizaciones de la Sociedad Civil para construir sociedades más tolerantes y combatir el racismo y la discriminación.

El valor del trabajo de las OSC y el papel crucial que desempeñan han sido ampliamente reconocidos por organismos internacionales y europeos, quienes sostienen, muy a menudo, la necesidad de generar sinergias y colaborar activamente con estos agentes para conseguir avances significativos en la lucha contra el racismo y la discriminación¹.

El proyecto “Convivir sin discriminación” financiado por la Unión Europea, en el que FIIAPP participa, junto con la AECID y el OBERAXE, como institución codelegada, comparte esta visión y propósito, apoyando y reforzando las capacidades de las organizaciones no gubernamentales marroquíes que trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos humanos para que impulsen acciones o prosigan con su importante labor de sensibilización, de vigilancia y notificación de incidentes racistas y xenófobos, y/o de asistencia a las víctimas de estos hechos.

Las OSC: socias clave en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación

Las OSC trabajan con los colectivos más vulnerables susceptibles de sufrir este tipo de actos, conocen de primera mano su situación y necesidades, dan voz a las personas y grupos que sufren la discriminación racial o étnica, les asisten y acompañan en la reclamación de sus derechos.

Las OSC contribuyen, asimismo, a concienciar a la sociedad en su conjunto, a poner en evidencia el problema, a señalar las múltiples formas en que se manifiesta el racismo y la discriminación racial en distintos espacios y ámbitos.

Las OSC supervisan las actividades de los Gobiernos, exigen a las autoridades estatales que actúen para corregir las desigualdades y, por su rico conocimiento y experiencia del terreno, ofrecen asesoramiento a los y las responsables políticos y orientaciones guía sobre cuál debe ser el camino a seguir, colaborando, de manera activa, en la formulación de políticas públicas, medidas y estrategias nacionales de acción en esta materia.

Estas y otras razones las convierten en piezas clave en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Cooperar con las organizaciones de base que están en el terreno, generar alianzas y establecer un dialogo estrecho con las personas y comunidades afectadas por estas prácticas es fundamental para abordar y responder de manera adecuada a las situaciones de racismo, discriminación racial e intolerancia propias de cada país y contexto.

El papel de la sociedad civil en la lucha contra el racismo y la intolerancia

En función de su naturaleza, características, tamaño, objetivos, escala o nivel en el que actúan, las OSC pueden desarrollar múltiples tareas para prevenir y combatir la discriminación y la intolerancia. Entre las estrategias y vías de acción que emplean más habitualmente se encuentran:

La educación, sensibilización y concienciación: a través de campañas de sensibilización y movilización social, de acciones de educación en derechos humanos o de la publicación y difusión de recursos, guías y documentos temáticos en la materia. Estas acciones pueden llevarse a cabo a escala internacional, nacional o local, en solitario o en asociación con otras organizaciones y organismos, y dirigirse a distintos grupos de destinatarios/as (grupos afectados, profesionales clave de distintos sectores, a toda la ciudadanía).

La formación, capacitación y empoderamiento: las OSC pueden desempeñar un papel primordial en la formación de, por ejemplo, agentes clave (fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, operadores/as jurídicos, profesionales de la intervención social o de la comunicación, profesionales de los centros de enseñanza…) para sensibilizar sobre la realidad del racismo, promover una mejor comprensión de este fenómeno y dotarles de herramientas apropiadas para combatirlo. Pueden, además, empoderar a las víctimas potenciales y a los colectivos que trabajan con ellas para que conozcan sus derechos, las vías y recursos disponibles para hacerlos valer.

El acompañamiento y asistencia a las víctimas: las OSC pueden proporcionar información y asistencia a las víctimas, asesorándoles y apoyándoles sobre los pasos a seguir para hacer frente a estas situaciones.

La denuncia: las OSC pueden, igualmente, denunciar o acompañar a las víctimas en la denuncia de estos actos frente a los tribunales (incluido el acompañamiento para litigar frente a estos casos y el llamado litigio estratégico).

El monitoreo, registro y notificación de incidentes: las OSC pueden desarrollar sistemas de recogida de información sobre incidentes de discriminación, racismo, xenofobia e intolerancia. Pueden recopilar información, investigar, documentar los casos y elaborar informes que den cuenta del estado de situación, de la naturaleza y magnitud del problema. La recopilación y sistematización de información puede servir como herramienta para influir, para respaldar y argumentar la necesidad de cambios en las políticas y/o prácticas existentes.

El asesoramiento y asistencia técnica: por su valioso conocimiento y experiencia, las OSC pueden prestar asesoramiento y formular recomendaciones y orientaciones a instituciones y organismos públicos y privados.

La incidencia: las OSC pueden, igualmente, realizar acciones de incidencia dirigidas a las autoridades de distintos niveles para que adopten medidas orientadas a prevenir y combatir estas prácticas, pueden hacer un seguimiento de las políticas y la legislación en materia de igualdad y no discriminación y ayudar a definir y mejorar estas medidas.

El trabajo en red: además, las OSC pueden trabajar en asociación con otras organizaciones y agentes clave para sacar el máximo provecho, coordinar más eficientemente los esfuerzos realizados y aumentar la eficacia de sus acciones.

Algunos ejemplos de estas actuaciones fueron presentados el pasado 9 de julio en un encuentro inédito entre organizaciones de la sociedad civil española y marroquí para favorecer el intercambio de experiencias en la lucha contra el racismo y la xenofobia².

Organizaciones relevantes de ambas orillas como “Movimiento contra la intolerancia”, Asociación Rumiñahui y el Grupo Antirracista de acompañamiento y defensa de las personas extranjeras y migrantes (GADEM) dialogaron y dieron a conocer su visión sobre el modo en que las OSC pueden contribuir y los ejes estratégicos que pueden impulsar para alentar procesos de cambios duraderos en esta materia.

Escucharlas siempre resulta útil e inspirador: su compromiso sostenido, su conocimiento especializado, sus reflexiones y aprendizajes construidos a lo largo del tiempo actúan como desencadenante, motivan y ayudan a que otras organizaciones y personas quieran sumarse a esta causa.

Unidas, vamos más lento

pero lo hacemos mejor

“Unidas, vamos más lento, pero lo hacemos mejor” o por qué construir alianzas para hacer frente al racismo y la discriminación

Las prácticas racistas, discriminatorias e intolerantes están profundamente arraigadas en nuestras sociedades. Contribuir a resolver estos problemas es una responsabilidad compartida que exige esfuerzos conjuntos y continuos por parte de las instituciones, las agencias especializadas, los y las interlocutoras sociales, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

En este sentido, existe un consenso de que para hacer frente a estos problemas con mayor eficacia es imprescindible establecer instrumentos y dispositivos de coordinación entre agentes públicos pertinentes, colaborar con las OSC, así como favorecer espacios de trabajo conjunto.

De aquí la importancia de establecer alianzas, redes o coaliciones para hacer frente al racismo y la discriminación. Principalmente, porque juntas y juntos conseguimos más que por separado, amplificamos el impacto de nuestras acciones, y porque “unidas, vamos más lento, pero lo hacemos mejor”.

Así lo destacaron, en un encuentro virtual celebrado hace unas pocas semanas³, las representantes del “Servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica” del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDRE) y de la Red Eraberean para la igualdad y la no discriminación promovida por el Gobierno Vasco; dos servicios públicos, uno de ámbito estatal y otro autonómico, que se apoyan en el trabajo de organizaciones no gubernamentales especializadas para la identificación, registro, e investigación de incidentes discriminatorios y para ofrecer asistencia a las víctimas de estos hechos.

Dos ejemplos de buenas prácticas españolas de trabajo en red en la lucha contra el racismo, la discriminación y la xenofobia, a partir de las cuales pudimos reflexionar sobre las ventajas y desafíos que presentan estos modelos de trabajo colaborativo entre instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

Gracias a sus interesantes aportaciones, somos más conscientes del valor añadido que aportan las OSC a la lucha contra la discriminación y la intolerancia, de la necesidad de aunar esfuerzos que nos permitan complementar el trabajo, mejorar las herramientas y metodologías disponibles para prevenir y erradicar estas prácticas, llegando así mucho más lejos.

¹Órganos especializados de Naciones Unidas, así como la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA), la Red europea de organismos de igualdad de trato (Equinet) o la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE han destacado la función esencial y la importancia de trabajar con las organizaciones de la sociedad civil para responder con mayor eficacia a las manifestaciones de racismo,  xenofobia,  discriminación y otras formas de intolerancia.

En esta misma línea, más recientemente, el “Plan de Acción de la UE Antirracismo” para el período 2020 -2025, aprobado el pasado 18 de septiembre, subraya e insta a los Estados miembros a dialogar y colaborar más activamente con las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a promover la inclusión, los derechos fundamentales y la igualdad y a garantizar que se escuchen las voces de las personas que sufren el racismo a diario y a aprender de ellas.

²Encuentro virtual “La sociedad civil y la lucha contra el racismo y la xenofobia en España y Marruecos”, celebrado el 9 de julio en el marco del “Foro para el intercambio de experiencias con la sociedad civil”.

³Encuentro virtual para la presentación de experiencias españolas de trabajo en red y cooperación para luchar contra la discriminación racial o étnica, el racismo y la xenofobia, celebrado en el marco del proyecto el pasado 28 de abril.

El proyecto de la FIIAPP y CIVIPOL “Promoting Community Policing in Lebanon” avanza según la planificación prevista, a pesar de las muchas dificultades y retos que actualmente afronta el Líbano.  

La crisis política, económica y social continúa cerniéndose en el Líbano, y como consecuencia del plan de reducciones lanzado por el Gobierno, los productos básicos han ido aumentando sus precios drásticamente y la grave crisis eléctrica causada por la falta de reservas de gas y petróleo, mantienen al país sumido en una recesión económica cada vez más preocupante.  

Durante los últimos días, la empresa nacional Electricidad del Líbano (EDL), responsable de proveer corriente eléctrica al tendido nacional, se ha visto forzada a racionalizar la provisión del servicio a lo largo del día, provocando largos periodos de cortes de luz y de corriente eléctrica. En ese sentido, durante la primera semana de julio, en Beirut se han vivido momentos de especial tensión, debido a un acceso limitado e irregular de 4 horas de electricidad diarias, mientras que, en otras regiones, como en el caso de Trípoli, la población solo está teniendo acceso a corriente eléctrica durante 2 horas al día. Las empresas de electricidad privadas, que reemplazan al servicio eléctrico estatal en esta época de recortes, están poniendo a disposición de la ciudadanía grupos electrógenos y generadores, que también están sufriendo ya la falta de aprovisionamiento del carburante necesario para mantenerlos operativos, y se han declarado incapaces de mantener el nivel de suministro demandado por mucho más tiempo, si no hay acceso a una mayor cantidad de petróleo o gas subvencionado.  

La reducción de carburante afecta también el sector de transporte y los desplazamientos internos en el país. Ante las gasolineras se acumulan largas colas de coches, camiones, motos y furgonetas para poder comprar un máximo de 10 litros de gasolina o gas por un importe muy elevado para la población local, debido al actual nivel de inflación de la libra libanesa.  

Estos recortes eléctricos y la falta de acceso al transporte provocan grandes dificultades a la ciudadanía para desarrollar cualquier actividad económica, política o social. Las tensiones y ansiedad social van en aumento, y las manifestaciones en las calles se multiplican día tras día.  

A pesar de estos retos, el Proyecto y su equipo siguen adelante con el plan de trabajo, adaptándose a la realidad del país, haciendo lo posible por mantener el nivel de compromiso de todos los actores implicados a través de visitas personales, llamadas telefónicas y, cuando la electricidad lo permite, comunicación online permanente entre los miembros del equipo y sus interlocutores nacionales.

Muestra de dicho compromiso adquirido ha sido la realización del primer Comité Directivo del Proyecto, que ha tenido lugar el 6 de julio en Beirut, de forma telemática. Esta reunión de lanzamiento del Plan de Trabajo del Proyecto ha logrado reunir virtualmente a más de 30 representantes de institucionales libanesas y al equipo completo de FIIAPP y CIVIPOL en el terreno y en Madrid. El Comité Directivo ha aprobado unánimemente el plan de trabajo propuesto, lo cual supone todo un éxito en tiempos difíciles como los actuales. 

Consuelo Navarro, coordinadora del proyecto de Apoyo a la policía de proximidad en el Líbano

Laia Castells, experta en Derechos Humanos del proyecto de Apoyo a la policía de proximidad en el Líbano

El eslogan de la FIIAPP “de lo público para lo público” reconforta.  Transmite un objetivo colectivo, de colaboración institucional, ajeno a intereses particulares y nos hace sentir que lo que hacemos en conjunto es positivo y puede tener un impacto efectivo en la mejora de sistemas judiciales en distintos lugares del mundo, porque lo hacemos desde lo público. Lo sé por propia experiencia, como exconsejero residente de un Twinning en Serbia que me hizo conocer a la FIIAPP, hacer extraordinarios amigos y vincularme con la visión del Fiscal español como un profesional especializado que puede exportar la mejor imagen de España.

La Fiscalía es veterana en estas tareas de cooperación institucional y la colaboración de la Fiscalía española con la FIIAPP comienza casi desde su creación en 1998 y ha ido creciendo gestionada a través de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado (UCIF). Puedo afirmar que nuestra relación es permanente, compleja y positiva y, por supuesto, pública.

Es permanente porque, pese a que tenemos una plantilla escasa, formada únicamente por 2571 fiscales – nada comparable con el número de otros colectivos del ámbito de Justicia como jueces, letrados de la Administración de Justica o policías, entre otros – y, de ellos, no más de 30-40 participan en actividades internacionales; nuestra presencia en los proyectos de Justicia y también de Interior es muy relevante: no solo contamos en la actualidad con cuatro Fiscales en el extranjero o de plantilla de FIIAPP coordinando hermanamientos, proyectos de cooperación delegada o asimilados, sino que la participación en misiones de corto plazo es permanente. Por ejemplo, el pasado año 2020, pese a la pandemia, alrededor de 30 fiscales españoles participaron en sendas misiones de FIIAPP, sin contar la participación con otras instituciones, como AECID, las propias actividades derivadas de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) de la que la UCIF ostenta la secretaría general y proyectos de la UE como EUROMED, entre otros. Esto implica compromiso.

Es compleja. Quienes estamos detrás de la gestión somos personas que respondemos a perfiles institucionales distintos y participamos de culturas corporativas diferentes. El Ministerio Fiscal no tiene como objetivo cooperar en el extranjero, nuestra función es la promoción de la acción de la Justicia y su visión originaria nada tenía que ver con los retos actuales en el exterior. Hoy contamos con una Fiscal de la máxima categoría profesional (Fiscal de Sala) a cargo de la cooperación internacional, convencida de la importancia de esta cooperación técnica. Y también de una Unidad de la Fiscalía General dedicada a ello, que engloba la cooperación judicial penal y la cooperación institucional con terceros países, lo que es un logro que nace de un compromiso personal de unos pocos fiscales que creyeron en lo que hoy parece una obviedad. El diálogo de esa estructura con la de la FIIAPP genera complejidad, en aspectos como diseño de actividades, cuestiones de recursos humanos, relaciones institucionales… La complejidad provoca dificultades, pero la clave es el entendimiento, que existe, a pesar de los escasos recursos humanos que la UCIF dispone para desarrollar su labor.

Es positiva. La FIIAPP ha hecho que la Fiscalía española crezca y se proyecte hacia el exterior y le ha permitido desarrollar la posibilidad de expandir en el mundo el conocimiento y la experiencia de una institución que ofrece la especialización como uno de sus principales activos, permitiéndonos crear y reforzar Fiscalías hermanas y otras instituciones, a través de hermanamientos y otros proyectos. Sin ánimo de ser exhaustivo, hemos estado en primerísima línea en Eslovaquia, Polonia, Albania, Croacia, Serbia, Perú y, ahora de nuevo, en Albania, Marruecos, Colombia, sin olvidar la participación permanente en misiones en Iberoamérica, este de África, Mozambique… De este modo, nuestras ideas han podido dar fruto. Sé lo que digo. Creemos que FIIAPP se ha beneficiado igualmente de este impacto.

Es pública. El eslogan es un permanente recuerdo de algo esencial: la FIIAPP es el vehículo de la cooperación española y la Fiscalía como institución pública desarrolla su misión exterior al amparo de esa cobertura. Los Fiscales españoles no participan de misiones gestionadas por consultorías privadas, salvo excepciones que pudieran justificarse, en el entendimiento de que los servidores públicos no pueden hacer competencia a instituciones públicas prestando servicio a empresas que compiten por un mismo proyecto. De lo público a lo público significa esto y nos honra defenderlo.

¿Qué esperamos del futuro? Mantener la intensidad de nuestra cooperación y poner en valor a la Fiscalía española como una institución capaz de mostrar en el exterior lo mejor de España. Para eso necesitamos a la FIIAPP. Pero también necesitamos más visibilidad y avanzar en una relación más profunda. Tenemos experiencias compartidas de que los proyectos se ganan solo si se plantifican bien, si se conoce a los beneficiarios, si se selecciona y se cuida adecuadamente a los expertos, si el equipo de la FIIAPP es cualificado y flexible y por ello es necesario establecer nuevas fórmulas de relación.

La FIIAPP y nosotros, nosotros y la FIIAPP. Un entramado complejo, necesario, útil que nos hace volar. Que dure.

Borja Jiménez Muñoz. Fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado

La evolución de la COVID19 nos ha demostrado que esta pandemia y la crisis que le viene asociada necesitan respuestas rápidas, coordinadas y sobre todo globales que permitan proteger a las personas y enfrentarse a las consecuencias socioeconómicas que se están observando en todos los países del mundo. Y es que, aunque este virus no ha entendido de fronteras, cabe destacar la desigualdad con la que parece afectar a la población.  

Observamos desigualdades en múltiples dimensiones y ámbitos: en el riesgo de contagio, en el acceso a la educación debido a la brecha digital, desigualdad en el acceso a los servicios de salud, o a la hora de permitirse estar confinados en sus hogares. Esta realidad ha sido aún más visible en algunos de nuestros países socios, especialmente en América Latina, dónde Naciones Unidas estima que el PIB real ha disminuido un 8% en 2020 debido a los prolongados cierres nacionales, el debilitamiento de las exportaciones de mercancías y el colapso del turismo, que ha socavado las actividades económicas1. 

Ante esta situación, la Unión Europea ha reaccionado redoblando el compromiso con sus socios. Por este motivo, se ha creado el Equipo Europa, una iniciativa que nace para dar una respuesta global a las consecuencias de la pandemia de la mano de nuestros países socios, apoyando y abordando cuestiones clave como la cohesión social, los derechos humanos, la calidad democrática, la digitalización, la igualdad de género o el medio ambiente. 

Se trata de contribuir a la gestión global de la crisis, brindando una respuesta europea conjunta, organizada y coordinada; aunando los esfuerzos de la Unión Europea y sus Estados miembros –   incluidas las agencias de cooperación – y las instituciones financieras de desarrollo.   

Siguiendo el enfoque “Working Better Together”, la Comisión Europea lanzó en mayo de 2020 un ejercicio piloto llamado Mesas COVID19 liderado por las Delegaciones de la Unión Europea en Argentina, Costa Rica y Ecuador junto con los gobiernos de cada uno de estos tres países. Esta iniciativa trabaja en la identificación de las demandas derivadas de la emergencia sanitaria, para poder priorizarlas en un ejercicio conjunto con el gobierno del país socio y así canalizar la respuesta de los actores europeos de manera estructurada y coordinada según las capacidades y especialidad de cada actor.  

Gracias al trabajo estrecho realizado junto a los puntos focales de cada país, se está facilitando una puesta en común de todos los actores relevantes en las distintas facetas y niveles en los que se han constatado las consecuencias devastadoras de la pandemia. 

El objetivo no es sino dar una respuesta conjunta de la UE en el país socio fortaleciendo acciones para la recuperación socioeconómica, la recuperación verde, digital o la seguridad alimentaria.  

Las agencias implementadoras de los Estados miembros, como la FIIAPP son parte del Equipo Europa. Así, la FIIAPP ofrece una asistencia técnica a las Delegaciones de la UE de Costa Rica y Ecuador, coordinando las mesas piloto en estos dos países.   

Tras varios meses de trabajo conjunto, los avances son muy destacables y las lecciones aprendidas de gran valor. A lo largo de este proceso de diálogo se ha puesto el foco en la recuperación post pandemia y en reconstruir mejor, con la vista puesta en los sectores y grupos más afectados.  

Mediante un diálogo específico en cada país, con metodología flexible y basado en la reorientación de actividades ya en marcha de los Estados Miembro, agencias y programas de cooperación de la UE como EUROsociAL+, EUROCLIMA+, EL PAcCTO, Bridging the Gap, se está consiguiendo: 

• Una mayor coordinación y coherencia en la respuesta del Equipo Europa 
• La apropiación tanto de los actores europeos como de las instituciones de los países socios. Se observa un gran compromiso por parte de todos los actores implicados, reconociendo el valor añadido de un diálogo sectorial, multi-actor y entre pares.  
• Profundizar en la comprensión mutua de las necesidades, demandas, intereses y posibilidades de respuesta. Por ejemplo, se ha puesto de manifiesto que la Agenda Verde, la gobernanza, la digitalización o las desigualdades son temas importantes en la agenda bilateral, regional y birregional de América Latina y Caribe.

Esta respuesta conjunta ha resultado ser la materialización del Equipo Europa, permitiendo ofrecer respuestas articuladas, coordinadas, coherentes y flexibles a necesidades especialmente urgentes como la que representa la pandemia provocada por la COVID19.  

Que nadie se quede atrás es la misión del Equipo Europa y, para ello, la cooperación internacional es más necesaria que nunca. Nos encontramos ante una coyuntura óptima para reforzar lazos e intercambiar conocimientos y experiencias que nos serán muy útiles a todos.  

Estamos ante la oportunidad de impulsar, cooperando en torno a valores compartidos de las dos regiones, una transición hacia una verdadera cohesión social, hacia instituciones democráticas sólidas que impulsen la revolución digital, la igualdad de género y el empujón definitivo que necesita la Agenda Verde. 

Quizás podamos pasar de este ejercicio piloto centrado en la COVID19 hacia una metodología de trabajo y una forma de relacionarse entre la cooperación europea y los países socios: ir de las Mesas COVID19 a las Mesas Equipo Europa, traduciendo el principio «policy first» en un mecanismo estructurado para el diálogo conjunto, la implementación conjunta y la asociación. 

Una tarea difícil, sin duda, pero con la que FIIAPP, aportando su granito de arena, está comprometida. 

Sigamos construyendo juntos nuestro futuro. 

Mariana Fernandez,  Unidad de Apoyo a la Dirección en la FIIAPP

La COVID-19 no afecta igual a todas las personas. Y no afecta igual en todos los territorios. Casi el 60% de la población de Centroamérica vive en zonas urbanas, muchas de ellas no planificadas, según los cálculos de ONU-Hábitat. Barrios con altos grados de hacinamiento, dispersos, mal conectados y sin apenas servicios e infraestructuras cuya población ha visto incrementada su vulnerabilidad a causa de la pandemia. Específicamente, el impacto en los asentamientos informales ha sido mayor a causa de la inaccesibilidad al agua potable para una correcta higienización, el hacinamiento en viviendas y la dificultad de acceso a los servicios sanitarios. Además, la pandemia ha tenido importantes efectos negativos en la economía familiar ya que muchas personas que viven en asentamientos trabajan en la informalidad, fundamentalmente las mujeres. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, 126 millones de mujeres trabajan de manera informal en América Latina y el Caribe. Lo que supone casi el 50% de la población femenina de la región.

“Desde que inició la pandemia la situación en el barrio fue un caos porque vivimos muy pegadas unas casas a otras y conviven hasta 15 personas en viviendas muy pequeñas. En mi casa, que tiene tres cuarticos, éramos tres y ahora somos ocho porque ha tenido que venirse a vivir con nosotros mi hija y mis nietos.  Dependo de una pensión que me da el gobierno por invalidez, pero es muy pequeña”, nos explica Alicia Bremes desde Pueblo Nuevo, un barrio del distrito de Pavas en San José de Costa Rica. Los distritos de Pavas y Uruca agrupaban en agosto del 2020 más del 15% de los casos activos de COVID en todo el país.

“¿Cómo vamos a lavarnos las manos si no tenemos acceso a agua? ¿o cómo vamos a desinfectarnos con gel si el precio es tan elevado?” se lamenta Bremes, quien ha sufrido en su hogar las consecuencias de la pandemia. “Uno de mis hijos arregla celulares y ha estado sin trabajo muchos meses. Tengo otro hijo con discapacidad que iba todos los días a un taller del psiquiátrico y sufrió mucho porque ya no tenía a donde ir. Como es muy callejero cogió la COVID y sufrió fiebres y asfixia, pero se recuperó. Pero tengo muchos vecinos, de todas las edades, que fallecieron”, asegura.

Tal y como explica Alicia Bremes, la situación en los barrios es de extrema vulnerabilidad. “Muchas madres del barrio trabajaban en limpieza de hogares y les despidieron por la pandemia. La COVID también ha disminuido la venta ambulante de la que dependen muchas familias para poder comer diariamente”, afirma. Por ello, es imprescindible centrarse en las necesidades de los colectivos más vulnerables y tratar de amortiguar los efectos de la pandemia que rápido se ha convertido en una crisis socio económica además de sanitaria.

En este contexto, el Consejo de la Integración Social (CIS) solicitó a la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) que, con el apoyo del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, gestionado por FIIAPP, IILA y Expertise France, y en alianza con agencias y programas de Naciones Unidas, FAO, OIT y ONU HABITAT, elaborasen un “Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de Centroamérica y República Dominicana”. El Plan es una hoja de ruta común regional y está compuesto por una serie de proyectos estratégicos articulados en torno a tres ejes de intervención: la protección social, el empleo y el desarrollo urbano sostenible.

El Plan, que ha sido respaldado por los Consejos de Ministras y Ministros de Trabajo, de Vivienda y Asentamientos Humanos de Centroamérica y República Dominicana, centra sus esfuerzos en la reducción de la pobreza y la desigualdad socio espacial, cuya expresión territorial más evidente son los asentamientos informales, que se estima suponen el 29% de la población urbana centroamericana. A pesar de los esfuerzos nacionales por reducir la población residente en asentamientos informales en los últimos 15 años, mucha gente sigue viviendo en esta situación. A lo que hay que sumar los riesgos derivados por el cambio climático, que expone a un creciente número de habitantes a los efectos de eventos climáticos extremos como huracanes o deslizamientos.

Urge ampliar la mirada y pensar en el barrio como el entorno que nos permita hacer efectivo el derecho a la ciudad, para lo que habremos de atender no solo a la provisión de viviendas, si no asegurar que éstas cuenten con las infraestructuras, servicios y equipamientos necesarios.

Persisten todavía muchos desafíos que afrontar para cambiar el rostro de la pobreza y la desigualdad por un rostro de progreso sin dejar a nadie atrás. Por ello es urgente apalancar recursos financieros adicionales  para la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia, un instrumento que permitirá mitigar los efectos de la pandemia y configurar sociedades más resilientes, socialmente más justas e igualitarias y ambientalmente más sostenibles.

Cristina Fernández, arquitecta urbanista experta de EUROsociAL+ y colaboradora de Fundemuca

La razón de ser de la FIIAPP como institución es promover el aprendizaje entre Administraciones Públicas homólogas de diferentes países mediante el intercambio y la transferencia de conocimientos. La materia prima con la que trabajamos es, por lo tanto, el conocimiento. Somos una organización de conocimiento.

A lo largo de los últimos años, en la FIIAPP hemos hecho, además, una apuesta firme por avanzar en la implantación de la gestión del conocimiento como una de nuestras prioridades transversales para crecer como organización. Esta decisión nos ha llevado a dar pasos importantes en nuestra manera de trabajar que nos ha permitido alimentar nuestra planificación estratégica y nuestra gestión y establecer complementariedades con las funciones de programación, seguimiento y evaluación de los proyectos y programas de cooperación técnica pública en los que trabajamos. Durante todo este proceso, en el que la organización continúa inmersa, hemos mantenido siempre el convencimiento de que nuestra hoja de ruta para construir una mejor FIIAPP pasa ineludiblemente por el fomento de la innovación, el aprendizaje continuo y la incorporación de buenas prácticas a nuestras intervenciones.

Para ello, en el seno de la Fundación, hemos definido una categorización de los tipos de conocimiento con los que trabajamos y que nos son indispensables. Estos son: el conocimiento estratégico, el conocimiento metodológico y el conocimiento procedimental. Esta tipología nos permite definir y organizar aquellos conocimientos que consideremos críticos, fundamentales, para el desarrollo de las funciones de la organización y la consecución de sus objetivos.

Disponer de conocimiento útil en estos tres niveles es clave para que nuestros proyectos se traduzcan en resultados de desarrollo. En el plano estratégico, para tomar decisiones mejor informadas, necesitamos saber gestionar cuáles son las prioridades de la agenda internacional, cual es la oferta de capacitación de las Administraciones Públicas españolas y europeas y cuál es la demanda de los países socios. En el plano metodológico, debemos poner en marcha metodologías que aseguren una transferencia de conocimientos horizontal, innovadora y orientada a las necesidades reales de nuestros interlocutores. Por último, en el plano procedimental es imperativo que sigamos procedimientos sólidos y rigurosos que nos permitan hacer una gestión económica, jurídica, logística… que cumpla con los más altos estándares de calidad. Para todo ello, además de esfuerzo y constancia, solo necesitamos una cosa: conocimiento.

Asimismo, en el trabajo diario de la FIIAPP hemos ido desarrollando mecanismos y herramientas (guías, protocolos, manuales, videos explicativos, sesiones informativas, ejercicios piloto etc.) que nos permiten captar, procesar y difundir estos tipos de conocimiento para progresar en eficiencia y eficacia. Estas tres fases – captar, procesar y difundir – componen el ciclo de la gestión del conocimiento que la Fundación ha adoptado como propio y que nos esforzamos a diario por consolidar como nuestra verdadera cultura de trabajo colectivo.

En la FIIAPP, creemos que las organizaciones aprenden y por ello dedicamos importantes esfuerzos y recursos en mejorar nuestras capacidades para gestionar cada día mejor nuestro conocimiento. Solo así, andaremos el camino para cumplir con nuestra esencia y nuestra verdadera misión como organización.

David R. Seoane, Técnico de Comunicación y Gestión de Conocimiento en FIIAPP