• 08 marzo 2018

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    Posteado en : Reportaje

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    Cooperación para la igualdad universal

    La agenda 2030 cuenta con la cooperación como herramienta para avanzar en la igualdad de género que se demanda públicamente

    “En el Día Internacional de la Mujer, debemos comprometernos a hacer todo lo posible para superar los prejuicios arraigados, apoyar la participación y el activismo y promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”. Son las palabras de António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, para el Día Internacional de la Mujer. Otro 8 de marzo que sirve para reflexionar sobre lo logrado y lo que queda por avanzar en materia de igualdad.

     

    En 1995, casi 200 gobiernos firmaron en Beijing una hoja de ruta histórica para la materialización de los derechos de las mujeres. Dos décadas después, movimientos a favor de esa igualdad siguen llenando las calles y redes sociales por todo el mundo. De cara a ese progreso conjunto y global, la cooperación internacional puede ser una herramienta clave para conseguirlo.

     

    Mar Merita, técnica especialista en género del programa EUROsociAL+ – financiado por la Comisión Europea y gestionado por la FIIAPP – afirma lo mucho que se ha innovado respecto al rol de la mujer en la Agenda 2030 de cooperación.

     

    Desde velar para que niños y niñas tengan una educación equitativa y de calidad, pasando por poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo, hasta que la igualdad sea uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que establecieron varios líderes mundiales por un mundo mejor en 2030.

     

    La igualdad en la UE

     

    La igualdad de género es también uno de los valores fundacionales de la Unión Europea, que sigue de cerca estos objetivos de desarrollo. Y que analiza su progreso al respecto en un estudio periódico.

     

    El último (Sustainable development in the European Union, 2017) en concreto aporta datos sobre cuatro áreas que sirven de indicador a la hora de evaluar el objetivo de igualdad: la violencia de género, el acceso a la educación, el empleo y los puestos de responsabilidad.

     

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    En 2012, la violencia de género es una realidad en la UE. Cuando una de cada tres mujeres dice haber experimentado violencia física o sexual desde los 15 años. Este problema es causa y consecuencia de la desigualdad, y se combate desde el acceso a la educación.

     

    Sin embargo, el hecho de que los hombres abandonen antes los estudios y las mujeres tengan más éxito en esta área no se refleja en la tasa de empleo de los recién graduados, mayor en el caso de los varones. También la proporción de hombres en edad de trabajar que efectivamente lo hacen supera a la de las mujeres trabajadoras en un 11,6%.

     

    El empleo es una de las áreas que va más unida a roles de género, responsabilidades familiares o tradiciones. Y tiene su reflejo en la brecha salarial: en 2015, según el mismo estudio, las mujeres ganaban un 16,3% menos por hora que los hombres. La misma diferencia que 5 años atrás.

     

    El progreso cuesta en lo que Mar llama la “tercera generación de derechos”, en la que estaría incluida esa diferencia de salarios que sigue siendo importante en la mayoría de los países. Según la experta de EUROsociAL+, a pesar del avance en el reconocimiento de derechos políticos, todavía queda por hacer respecto a derechos sociales, culturales y económicos; mediante los que se conseguiría esa “igualdad real”.

     

    El reparto de cargos políticos o puestos de responsabilidad también refleja la desigualdad, pues las mujeres no suelen tener tanta representación como los hombres en procesos de toma de decisiones. Aunque la proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales ha aumentado desde 2003, las mujeres todavía ocupaban menos de un tercio (28,9%) de estos asientos en 2017.

     

    La cooperación como herramienta

     

    Muchos de estos temas, como la brecha salarial o el acoso sexual, están hoy en el foco de actualidad. Y constituyen denuncias públicas, con un impacto internacional fuerte, que sin embargo necesitan de “procesos para hacer frente a esas problemáticas”.

     

    Así lo cree Dominique de Suremain, coordinadora del área de políticas de equidad de género del programa EUROsociAL+, que ve “un trabajo menos visible por cambiar” a la hora de que esas demandas se materialicen y tengan su reflejo en el sistema.

     

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    Actividad de EUROsociAL en la Casa de Derechos en Brasil

     

    Es ahí donde entra en escena la cooperación, cuyo papel es esencial para la puesta en marcha de políticas públicas que tengan en cuenta esas peticiones. Desde el principio, según Dominique, es importante “introducir esa preocupación en el diseño de los proyectos”. Un aspecto transversal que no sólo debe aplicarse en proyectos sociales, sino que es pertinente para todas las temáticas.

     

    Un ejemplo sería el taller de enfoque de género organizado por ARAP Ghana – proyecto contra la corrupción gestionado por la FIIAPP – o la inclusión de esta perspectiva en las actividades de Euroclima+. Ya que al final, la desigualdad es inherente a la sociedad en la que se produce e influye en los problemas que aborda.

     

    Sin embargo, este enfoque es en muchos casos insuficiente para conseguir una igualdad real. Hay que ir más allá del diagnóstico, de los indicadores, de cuantificar cuántas mujeres han salido beneficiadas: “hay que aprovechar los proyectos de cooperación para tener un papel proactivo”, según Dominique.

     

    Quizás por ello, EUROsociAL+ es uno de los primeros programas en crear un área temática exclusiva para abordar esta problemática. Un componente o eje de género fuerte que cuenta con acciones directas y un equipo de personas dedicado exclusivamente a ello.

     

    La cooperación se basa en un intercambio de experiencias que es también importante para Mar Merita: “se puede combatir la desigualdad promoviendo ejemplos y buenas prácticas que surgen en los países”, aprendiendo unos de otros.

     

    “La igualdad es una causa universal” y un objetivo realista que, en el marco de los proyectos, necesita de políticas públicas para avanzar de forma práctica. Aunque al final lo verdaderamente importante, según la experta, es creer en ello.

     

    Escucha el programa dedicado al Día Internacional de la Mujer en nuestro espacio de Radio Nacional de España

  • 18 enero 2016

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    Posteado en : Opinion

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    Acceso a la justicia de mujeres extranjeras privadas de libertad en Perú

    El programa de cooperación de la Unión Europea, EUROsociAL, ha contribuido a la elaboración de un protocolo de defensa para que mujeres extranjeras de los diferentes establecimientos penitenciarios de Perú accedan eficientemente a la justicia y reciban una mejor asistencia.

    En la población penitenciaria de Perú existen dos grupos especialmente vulnerables al hacinamiento y a las condiciones de vida en la prisión; de una parte los jóvenes, que suponen el 11% del total, y de otra las mujeres extranjeras, que cumplen en un 90% penas por narcotráfico. De acuerdo con la Constitución del país, corresponde a la Defensa Pública garantizar el acceso gratuito al derecho de defensa a las personas con escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad. En el marco de la intervención regional con defensorías públicas que lleva a cabo EUROsociAL, el gobierno peruano consideró prioritario en 2014 mejorar la situación de estos dos colectivos, estableciendo unas pautas de conducta a seguir por las defensorías públicas. En este sentido, en 2014 EUROsociAL colaboró con el Ministerio de Justicia de Perú a través de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia para ampliar a nivel nacional el apoyo del programa a las defensorías, elaborando un protocolo específico de defensa que fuera aplicado a nivel nacional.

    CONTENIDO DEL PROTOCOLO

    El protocolo aborda, de una parte, las principales necesidades identificadas en el colectivo de mujeres extranjeras recluidas en establecimientos penitenciarios, como traducción, asesoría legal actualizada y comprensible en materia de beneficios penitenciarios, alternativas para el retorno al país de origen, espacios adecuados para el cuidado de hijos e hijas, garantías para el vínculo con sus familias y el acceso a medicación adecuada. De otra parte, aborda las necesidades específicas de los jóvenes internos, como obtener un trato diferenciado en atención a su edad, el acceso a beneficios penitenciarios y el contacto con sus familias. El protocolo determina acciones concretas y recomendaciones generales y específicas que deben emprender las defensorías públicas para lograr una adecuada atención de estos colectivos, desde el momento de la detención hasta la ejecución de la pena.

    PERSPECTIVA DE GÉNERO

    Los sistemas carcelarios normalmente no responden a las necesidades y problemas diferenciados de las mujeres reclusas. La intervención en Perú se inserta en una línea de trabajo del programa con las defensorías, que incorpora el enfoque de género y procura incidir en la administración de justicia para que contemple los condicionantes de género que influyen en la comisión de los delitos y en el cumplimiento de las penas. En esta línea, se han aprobado otros dos protocolos elaborados en Guatemala y en Costa Rica que abordan, respectivamente, la situación de mujeres privadas de libertad con hijos e hijas y con familiares

     

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