La situación de emergencia carcelaria continúa vigente 

Hace tres años escribimos un texto en que abordábamos la situación de emergencia generalizada que viven las cárceles de América Latina y una iniciativa que estaba en marcha con el objetivo de atender a las víctimas y familiares de violencia institucional carcelaria.

Pues bien, tras estos años, la situación crítica que describíamos desafortunadamente no ha dejado de agravarse en muchos de los países. La sobreocupación carcelaria y las problemáticas derivadas del hacinamiento siguen siendo preocupaciones centrales respecto del respeto de los derechos humanos en la región. Si entre los años 2000 y 2021 la población encarcelada a nivel mundial creció un 24% en promedio, en América Central lo hizo un 77%, y en América del Sur un espectacular 200% (Ver datos en último informe del ICPR, World Prison Pulation List (Fair & Walmsley 2021).

Si la tasa de encarcelamiento media a nivel mundial, según datos de Naciones Unidas, es de 140 por 100.000, en las Américas es de 376. Gran parte de los países del mundo con las tasas de encarcelamiento más alta están en América Central y del Sur: El Salvador (564, cuarto país del mundo con la tasa más alta), Panamá (436), Uruguay (383), Brasil (381), o Nicaragua (332)3. 

Respecto de las mujeres, aparece un fenómeno preocupante: su encarcelamiento ha subido en todos los continentes. A nivel mundial, mientras se estima que en el silgo XXI la población total de mujeres ha aumentado un 21%, las mujeres encarceladas han aumentado mucho más, el 53%. Lo preocupante es que el número de mujeres encarceladas en Centro América y algunos países de Sur América se ha disparado exponencialmente: en Colombia se ha multiplicado casi por 3, en Brasil 4,5 veces, en Guatemala, 5 veces, y en El Salvador, el número de mujeres presas ha aumentado casi 10 veces4 

Pero la tasa de encarcelamiento por sí sola no brinda datos de las condiciones carcelarias, como sí lo hace la tasa de densidad. Cuando el número de personas encarceladas supera el número de cupos disponibles hablamos de sobrepoblación. El Comité Europeo para los Problemas Criminales ha establecido que más del 120% de ocupación se considera sobrepoblación crítica o hacinamiento. Si continuamos mirando datos de la región latinoamericana, algunos países alcanzan los primeros puestos del ranking mundial de densidad, con Haití como el país con la mayor sobreocupación del planeta (454,5%), y con otros países con porcentajes altísimos como Guatemala (357,1%), Bolivia (263,6%) o Perú (212,2%)5. 

La representación cuantitativa de la realidad carcelaria de la región tiene una traducción preocupante a nivel cualitativo, es decir, en cómo las personas privadas de libertad viven y sufren la cárcel, en lo que podemos calificar como una situación de violencia institucional estructural. Falta de espacio mínimo vital, de acceso agua potable, a la luz natural, a una comida nutritiva y suficiente, o a asistencia sanitaria o a la justicia. Las personas privadas de libertad en realidad sufren una pena añadida, una vulneración de derechos que convierte en esa pena como inhumana o degradante. 

Vulnerabilidad de personas presas, especialmente aquellas que sufren violencia institucional 

La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), preocupada por el acceso a la justicia de las personas en situación de riesgo, entendió que las personas presas y especialmente las que sufren violencia institucional forman un grupo en situación de vulnerabilidad. En 2017, la AIDEF identificó un proyecto denominado Guía Regional de actuación ante casos de violencia institucional carcelaria. El objetivo principal era crear un instrumento para poner en común instituciones públicas y sociedad civil para ofrecer una atención integral (jurídica, médica y psicosocial) a las víctimas de malos tratos y sus familias. 

Con al apoyo del Programa EUROsociAL+ (financiado por la Unión Europea), la AIDEF pudo poner en marcha el proyecto. El primer paso consistió en realizar un Diagnóstico de la violencia institucional carcelaria en la región. Los resultados fueron muy alarmantes. 

Tras las conclusiones del diagnóstico, se elaboró la Guía regional de atención integral a víctimas de violencia institucional en el sistema penitenciario. La guía, aprobada por el Consejo Directivo de AIDEF en Santiago de Chile en septiembre de 2018, diseña el Sistema de Registro, Comunicación y Atención integral a víctimas de violencia institucional carcelaria (SIRCAIVI), que prevé un protocolo de actuación intersectorial activado por las Defensorías Públicas (a través de un registro centralizado) y que despliega unas actuaciones como la visita y entrevista con la víctima, la atención a su familia, la solicitud de medidas judiciales cautelares de protección, la atención médica (bajo el Protocolo de Estambul de la ONU), la atención psicosocial e incluso la intervención de organismos internacionales del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas. 

La implementación del SIRCAIVI 

Tras la aprobación de la mencionada Guía por parte del Consejo Directivo de AIDEF, diversas defensorías públicas mostraron su interés en que la misma fuera implementada en sus países. En mayo de 2020 se aprobaba una nueva acción en el marco del mencionado Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea para que esto fuera efectivo en 3 países: Argentina, Chile y Costa Rica. Por medio de la FIIAPP se planificó una acción que se desarrollaría (con alguna extensión debido a la pandemia mundial por la Covid-19), en dos años. 

Se ponía así en marcha el Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a las víctimas de violencia institucional carcelaria (SIRCAIVI) el cual contempla la creación de diversos elementos, unos de tipo estructural como la Unidad de atención integral a víctimas de violencia institucional (UNAIVI), un sistema de fichas (para documentar y sistematizar los casos las cuales irían en un Registro de Violencia Institucional Carcelaria (REVIC). Junto con ello se previa el diseño de un elemento dinámico, de un Protocolo de atención integral por medio del cual y a través de diversos pasos, se ordenaban las acciones que debían llevarse a cabo desde el conocimiento de un caso hasta la puesta en marcha de medidas para dar atención a las víctimas.  Las actuaciones que preveía el Protocolo de funcionamiento del SIRCAIVI eran las siguientes:  

Actuación núm. 1, El conocimiento del caso. 

Actuación núm. 2. La visita al centro penitenciario. 

Actuación núm. 3 La adopción de medidas urgentes por parte de la Defensoría 

Actuación núm. 5 Comunicación y acción intersectorial.  

Actuación núm. 6 Seguimiento y monitoreo.  

Actuación núm. 7 Informes, registro y mapeo de la violencia institucional. 

Finalmente, y dado que las Defensorías públicas necesitarían del concierto de otros actores institucionales y de la sociedad civil, se diseñaba también la creación de una Mesa de Dialogo y Actuación Intersectorial (MEDAI). 

Los tres Sistemas fueron lanzados en el año 2022 en cada país (Costa Rica en enero y Argentina y Chile en mayo). Especialmente relevante fue la decisión de alojar el SIRCAIVI en las Defensorías Públicas de los tres países, readecuando sus organigramas, personal, oficinas y programas a las necesidades del nuevo sistema. Es fundamental, pues a través del SIRCAIVI las Defensorías pueden ayudar a cumplir su objetivo de velar por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Hay que recordar que el Sistema pretende cumplir con el concepto de atención integral a las víctimas de violencia institucional carcelaria, esto es, garantizar la triple respuesta de proporcionar atención jurídica, médica y psicosocial, no solo a las personas privadas de libertad que sufren directamente las violaciones de derechos humanos a través del sometimiento a penas y tratos crueles inhumanos o degradantes, sino también a sus familiares que viven con desesperación esas situaciones traumáticas. 

Podemos concluir afirmando que este camino muestra una clara “buena praxis” en la adopción de políticas públicas para paliar los nocivos efectos de la violencia institucional y señala que existe una hoja de ruta clara y posible. Probablemente los retos más importantes sean ahora dos:

a) consolidar la implementación del SIRCAIVI en los tres países indicados; y

b) lograr su extensión a otros países de la región.

Así lo esperamos. 

Alejandro Forero Cuéllar e Iñaki Rivera Beiras, miembros del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, y expertos del Programa EUROsociAL+. 

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