• 22 noviembre 2018

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    Posteado en : Reportaje

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    Trata de personas: la esclavitud del siglo XXI

    LA FIIAPP aborda la trata de personas como un problema global: muchos países se ven afectados por ser lugar de origen, tránsito o destino de las víctimas.

    Imagen participante en el concurso de fotografía organizado por el proyecto FIIAPP de apoyo a la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos en Bolivia

    Son muchas las personas que caen en manos de organizaciones que les explotan, sexual o laboralmente, arrebatándoles su libertad en contra de su voluntad.  La trata de personas se ha convertido en la forma de esclavitud del siglo XXI. 

     

    Es importante conocer a qué nos referimos con la trata de personas, cuyo día mundial se celebra el 30 de julio. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, la define como “el traslado de seres humanos de un lugar a otro dentro de las fronteras de un mismo país o hacia el exterior con fines de explotación en su mayoría sexual, laboral o en la mendicidad”.  

     

    Para conocer las dimensiones de este delito, Naciones Unidas señala que hay alrededor de 21 millones de víctimas, siendo un 30 por ciento de ellas niños y un 70 por ciento mujeres y niñas. Además, todas estas víctimas provienen de 137 países, un dato que refleja la dimensión que tiene este problema.  

     

    “Captación, traslación y explotación” 

     

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    Imagen participante en el concurso de fotografía organizado por el proyecto FIIAPP de Apoyo a la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos en Bolivia

    Existe una diferencia entre la trata y el tráfico de personas. En el caso de la trata de personas “se tienen que dar tres fases: captación, traslación y explotación”, según señala Félix Durán, jefe del grupo de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y experto del proyecto en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP.  

     

    En base a ello, se capta a ciertas personas para su explotación laboral, sexual, mendicidad o tráfico de órganos, entre otros; y se utiliza este engaño para traer a esas personas a otros países. “Para hablar de trata de personas tiene que haber un traslado y finalmente una explotación final”, destaca Félix Durán. La fase de explotación es la que diferencia a la trata con el tráfico de personas. 

     

    Además, Félix Durán nos cuenta que la mayoría de los casos de trata que se dan en España son de personas que provienen del sur de África (en mayor medida desde Nigeria), del este de Europa (Bulgaria y Rumanía) y de China. El perfil de las víctimas se corresponde con niñas, especialmente de Nigeria, así como personas de edad avanzadas si hablamos de Rumanía.  

     

    Por otro lado, existe una gran dificultad para demostrar un delito de trata de personas, especialmente si es sexual. Para poder justificar judicialmente el delito y poder llevar a cabo la detención de las personas implicadas, es de especial importancia contrastar las tres fases mencionadas, lo que en muchas ocasiones es muy complicado de conseguir. 

     

    El caso de Bolivia 

     

    En el proyecto de Bolivia, ya mencionado, se trabaja en la lucha contra la trata de personas, al ser este problema un delito conexo con el narcotráficotema principal del proyecto. El proyecto se centra fundamentalmente en las “3P”: prevención, persecución y protección.  

     

    En este país existe mucha trata, tanto es así que se ha incluido a Bolivia “en el listado negro de países que no trabajan contra la trata”, según afirma Félix Durán, experto de este proyecto.  

     

    Además, se ha creado un programa en el que se proporciona formación a los funcionarios públicos que están estrechamente relacionados con esta problemática, trabajando tanto con la administración nacional como con la municipal.  

     

    En esta línea, destaca la importancia que tienen los proyectos de cooperación en esta materia, en la que se “debe concienciar y sensibilizar a los funcionarios públicos” que trabajan en esta lucha; la obligación de “realizar una formación para que estos conozcan si es o no un caso de trata de personas” y finalmente, al ser la trata “un tipo delictual”, la necesidad de que haya cooperación internacional entre instituciones, según Durán. 

    Nigeria, escenario de trata 

     

    En el caso de las mujeres nigerianas que están en Europa, el 95% de ellas pertenece a Benin City, un pueblo de alrededor de 10 millones de habitantes perteneciente a Edo State.  

     

    La mayoría de estas niñas son captadas dentro de un entorno familiar en el que son los mismos padres quienes las ponen a disposición de las organizaciones de trata de personas. Tal es el número de víctimas de este país, que se cuenta con mediadoras del propio Benin City, muchas de ellas antiguas víctimas de trata, que facilitan el trabajo a las autoridades para comunicarse con ellas. 

     

    En este país, con el proyecto A-TIPSOM, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, se busca reducir la trata de personas y el tráfico irregular de migrantes, tanto a nivel nacional y regional como entre Nigeria y la UE. Además, en él se persiguen cinco objetivos fundamentales, las “5P”: política o fortalecimiento de las instituciones y el marco legal, prevención con actividades de sensibilización y formación, protección de las víctimas, persecución de los tratantes y traficantes y partenariado o coordinación de los actores involucrados. 

     

    Según Rafael Río Molina, coordinador de este proyecto, la situación en Nigeria ahora mismo es compleja, ya que “el país es un punto fuerte de migración y de tránsito” al encontrarse en el centro del continente africano. Además, “la cantidad de mujeres y niños que son víctimas y que caen en la red de prostitución y de explotación laboral, según las estadísticas, es superior al de hombres”, razón por la que se focalizan más en estos colectivos. 

     

     La enorme cantidad de casos de trata de personas existente en la actualidad exige abordar este problema desde una dimensión transnacional, a través de una cooperación entre países y regiones. 

  • 18 octubre 2018

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    La ciberseguridad es una responsabilidad compartida

    La UE organiza varias actividades dentro del Mes Europeo de la Ciberseguridad, un tema que aborda EL PAcCTO contra el crimen organizado

    Cambiar las contraseñas, configurar los ajustes de privacidad o contratar un antivirus son los pasos previos por excelencia antes de navegar por Internet. Consejos cada vez más básicos para evitar los riesgos o peligros a los que nos exponemos en la red de redes, y que necesitan de una información actualizada constantemente. 

     

    Por ello, la Unión Europea organiza cada año varias actividades, dentro del Mes Europeo de la Ciberseguridad (ECSM), dedicadas a compartir buenas prácticas y promover la ciberseguridad entre los ciudadanos y organizaciones. En la sexta edición de esta campaña de sensibilización participa la Agencia de Ciberseguridad europea (ENISA), la Comisión Europea y unos 200 socios en toda la región. 

     

    «La ciberseguridad es una responsabilidad compartida — Deténgase. Piense. Conéctese» es el lema para 2018, que refleja un paso previo a la acción en el mundo digital, donde todo es accesible e instantáneo. Pensar. Pensar qué compartimos, qué escribimos o dónde clicamos.  

     

    ¿Estamos concienciados? 

     

    El director de operaciones de la ENISA, Steve Purser, decía para La Vanguardia que hay que “desarrollar un sentido común electrónico”. Es decir, “debemos comportarnos de una manera similar en el mundo electrónico y en el real”, no dar respuesta o proporcionar datos sin pensar para qué van a ser utilizados. 

     

    Una actitud que va calando en los ciudadanos y que nos hace desconfiar de correos no deseados o páginas web que saltan literalmente a nuestra pantalla. A pesar de ello, muchos usuarios caen frente a las estafas o sustracciones de toda la vida que ahora también tienen su versión online.  

     

    Peligros de los que nos habla Antonio Roma, coordinador de cooperación entre sistemas de justicia de EL PAcCTO, que asegura que el problema es que “los delincuentes siempre van un poco por delante y encuentran otras maneras de llegarnos”. Más graves serían los delitos informáticos propiamente dichos, como los virus que entran en nuestros equipos a través de archivos, o los ataques masivos que “afectan a la seguridad general e incluso nacional”, comenta Roma.  

     

    Ataques que muchas veces escapan de nuestro control, pero ante los que también hay que estar prevenidos. Por ello, el coordinador de justicia del programa financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP y Expertise France, en colaboración con el Instituto Ítalo-Latino Americano (IILA) y el Instituto Camoes de Portugal, destaca que campañas como las de la UE son necesarias porque son “medidas que conviene recordar, actualizar los conocimientos, las formas de amenaza y sensibilizar al público”.  

     

     

    Con este objetivo, alrededor de 400 actividades se organizan en varios países de Europa: conferencias, talleres dirigidos a usuarios, seminarios web, campañas, etc. Madrid, Barcelona, Zaragoza o Valencia son algunas de las ciudades escogidas para alertar sobre “un fenómeno que está en crecimiento”, según Roma. A nivel de concienciación, asegura que “es necesario no perder la perspectiva de que hace falta tener seguridad”.  

     

    Nuestra intimidad, a un clic 

     

    Según el informe de la ENISA, publicado a principios de este año, la principal amenaza para los usuarios es el malware o “software malicioso”, dentro del que se encuentran los virus que nos llegan a través de Internet y del correo electrónico sin nuestro conocimiento. 

     

    Un peligro al que siguen en el ranking los ataques informáticos y el phishing o “suplantación de identidad”, una estafa para conseguir los datos privados de los usuarios, especialmente de acceso a sus cuentas bancarias. 

     

    Estos datos quedan frecuentemente registrados en nuestros equipos. Y es que el aumento de nuestra actividad en la red, ya sea abriendo cuentas en diferentes páginas o publicando nuestra vida a través de las redes sociales, hace que nuestra intimidad quede cada vez más expuesta a estas amenazas.  

     

    Un riesgo potenciado con el uso de los teléfonos móviles, como precio de una mayor accesibilidad. Antonio Roma destaca en esta parte el contacto cada vez más temprano de los menores con diferentes dispositivos.  

     

    “Antes el consejo era tener el ordenador en el salón de casa” comenta. Un consejo anticuado para salvaguardar su intimidad ante los actuales casos de bullying y, en el peor de los casos, pornografía infantil. Frente a esta situación, “conviene siempre alertar al menor de cuál es su defensa y de que su intimidad es un gran valor”, recomienda Roma. 

     

    ¿Qué aporta la cooperación? 

     

    Internet es una red mundial y aunque los delitos pueden cometerse desde el ordenador vecino, también pueden estafarnos desde servidores ubicados en otros países. Aquí es donde entra en juego la cooperación, muchas veces infructuosa según Roma, cuando el dinero de una sustracción acaba en “países lejanos que no colaboran eficazmente”. 

     

    el-paccto-ciberseguridad
    Lanzamiento oficial de EL PAcCTO

     

    A pesar de las llamadas “jurisdicciones opacas”, asegura que “la cooperación judicial ha evolucionado” y que, por ejemplo, existen nuevos sistemas para congelar direcciones IP. El factor tiempo es la principal dificultad: “llegar tarde” cuando la policía no ayuda o no está capacitada. Esta especialización, junto a la tecnología, son según Roma las tareas pendientes en este terreno. 

     

    El cibercrimen y la ciberseguridad son temas que preocupan a EL PAcCTO y en los que se trabaja transversalmente desde todas las áreas del programa: policial, judicial y penitenciaria. El programa financiado por la Unión Europea asiste a los países latinoamericanos contra el crimen organizado, que actúa también a través de la red. 

     

    El objetivo es tratar el tema a nivel regional, además de las preocupaciones de países concretos, “poniendo en marcha operaciones para ver cuáles son los problemas, dónde están los nudos, para que la cooperación pueda fluir de una manera eficaz”. 

  • 06 septiembre 2018

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    La paradoja boliviana contra las drogas

    ¿Cómo se lucha contra el narcotráfico en un país productor de hoja de coca? Conocemos el caso de Bolivia junto al proyecto de apoyo a las instituciones en esta tarea

    Formación del proyecto en Bolivia

    La oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) apunta en su informe sobre los cultivos de hoja de coca en Bolivia, que el país tiene más de 20.000 hectáreas legales. Una extensión que se concentra en dos áreas principales: la zona de las Yungas, en el Departamento de La Paz; y la zona de Chapare, en el Trópico de Cochabamba. 

     

    La UNODC proporciona de esta forma información al gobierno boliviano sobre la cantidad y ubicación geográfica de los cultivos, pues parte de la hoja de coca se desvía hacia el tráfico ilícito. Que este producto se convierta en una droga internacional es lo que trata de evitar la Policía boliviana y otras instituciones involucradas. Este informe les permite el desarrollo de estrategias y políticas para su control. 

     

    Estas instituciones cuentan además con el apoyo en esta tarea de un proyecto gestionado por la FIIAPP, en coordinación con el Consejo Nacional de la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), con fondos de la Unión Europea y de la AECID. Y es que la paradoja es todavía más difícil de abordar cuando la hoja de coca es un producto cultural. 

     

    El agricultor no es el traficante 

     

    Javier Navarro es uno de los expertos del proyecto. El inspector de la Policía Nacional española recuerda que “el consumo de hoja de coca es algo que está muy arraigado en sus costumbres”. En Bolivia, el producto se consume directamente con el acullico (mascar la propia hoja de coca con otros productos que la dulcifiquen) o se utiliza para mate o caramelos. 

     

    Su producción se gestiona a través de cooperativas. Cada agricultor registrado tiene derecho al cultivo de un cato de coca (1.600 m2). El producto llegaría al mercado legal después de pasar por la cooperativa. El problema es que no toda la producción sigue ese camino.  

     

    Parte de la hoja de coca se introduce en “circuitos paralelos” y con ella se fabrica la pasta base de la que sale el clorhidrato de cocaína. Una vez conseguida esta sustancia, explica el inspector de policía, se habla de tráfico propiamente dicho. Además, existen cultivos ilegales “en zonas de frontera o de difícil acceso”. 

     

    La Paz (Bolivia)

     

    Sin embargo, ningún agricultor colabora en ese fin, simplemente viven de ello. “El productor no tiene ese perfil de traficante”, comenta Navarro, e incluso si actuara de manera ilícita, se trataría del eslabón más pequeño de toda la cadena de narcotráfico. 

     

    Javier Navarro apunta además que “Bolivia no es solo un país productor, sino también de tránsito”, principalmente por cuestiones geográficas. Al país llega la pasta base de Perú, igualmente productor, para realizar la denominada “purificación” en laboratorios. 

     

    Y aporta un dato representativo: “el kg de clorhidrato de cocaína sale en Bolivia a 2.500 dólares. Cuando llega a España, pasa a costar 35.000 dólares”. España vuelve a funcionar en este caso como país de tránsito: desde aquí se exporta la cocaína a Francia, Italia o Gran Bretaña con el consiguiente incremento de precio. Un recorrido que lo convierte en un problema transnacional. 

     

    ¿Cuál es el papel del proyecto? 

     

    Para hacer frente a este problema, miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía trabajan en este proyecto con los agentes bolivianos en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, como el blanqueo de capitales o la trata y el tráfico de personas. Además se actúa en fronteras y aeropuertos. 

     

    En concreto, se forma a la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, unidades especializadas repartidas en varios puntos de la geografía boliviana. Y es que el narcotráfico representa el sector dominante del crimen organizado. La evolución de sus formas de organización y acción requieren una adaptación constante de los dispositivos y estrategias de lucha contra esta problemática. 

     

    Una formación que se ha complementado con visitas a España para conocer los procedimientos de las fuerzas de seguridad españolas, por ejemplo, en inteligencia e investigación criminal. 

     

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    Visita de una delegación boliviana a España

     

    Tras dos años de trabajo, “el proyecto está consolidado y son las propias instituciones las que acuden a él”, explica Javier Navarro. Se ha conseguido, entre otras cosas, abordar las investigaciones de una forma más integral. Esto es, según el inspector, que no solo se detenga al transportista, sino que se lleguen a desarticular organizaciones. 

     

    Un trabajo que se completa con la sensibilización de los ciudadanos a través de algunas actividades de comunicación. La última, un taller para periodistas en el que se trabajó sobre cómo comunicar adecuadamente sobre temas tan sensibles.

     

    Proyectos para un problema transnacional 

     

    La FIIAPP gestionaba hasta hace poco un proyecto similar en Perú, ejemplo de buenos resultados con la desarticulación de más de cien organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. La Fundación también está presente en esta dimensión operativa con el proyecto SEACOP, para la  lucha contra el tráfico marítimo de drogas.  

     

    Además, existen programas regionales que acompañan las políticas públicas de los países latinoamericanos. Es el caso de EL PAcCTO contra el crimen transnacional organizado o COPOLAD, que abarca la dimensión social y sanitaria. 

     

    Además, otros proyectos siguen las rutas de narcotráfico más importantes, como la de la heroína. UE-ACT  actúa en 30 países de Asia central, la costa Este de África y Europa del Este, y trabaja para mejorar la eficacia de las policías y de los órganos judiciales, además de la prevención del consumo de drogas. 

  • 28 junio 2018

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    Cooperación regional: intercambio y estabilidad

    Las revoluciones al Norte de África y en Oriente Medio iniciaron reformas democráticas, pero también dejaron espacio a amenazas como el terrorismo. En ambos casos, la cooperación ha tenido y tiene un papel determinante.

    Túnez fue el país origen de la Primavera Árabe

     

    En 2011, la gente tomó las calles de Oriente Medio y el Norte de África. El mundo árabe pidió democracia y derechos en sus países, a través de protestas populares que se englobaron en el concepto de Primavera Árabe. Siete años después, los cambios no son del todo destacables. Conflictos armados o el terrorismo han coartado muchas de esas expectativas. Sin embargo, sí se iniciaron reformas políticas, económicas o sociales que en algunos casos siguen desarrollándose a un ritmo más lento.

     

    Procesos en los que la cooperación ha tenido y puede tener un papel determinante, aportando experiencias de otros países que han pasado por situaciones similares o haciendo frente a amenazas que frenan ese desarrollo. En este contexto de transición, se gestionan desde la FIIAPP varios proyectos en la región con financiación de la Unión Europea. Destacan, entre otros, los que tienen que ver con la justicia y la seguridad.

     

    Túnez fue el primer país en el que se habló de revolución. Desde entonces, “ha habido unas primeras elecciones democráticas, un gobierno constituyente y una aprobación de la Constitución en 2014”. Así lo explicaba Ángel Llorente, coordinador del proyecto para acompañar la reforma judicial en el país que finaliza este año. El objetivo ha sido llevar a cabo en el Ministerio de Justicia “una reforma organizativa como consecuencia del proceso de transición democrática”. Y crear desde ahí un poder judicial independiente que nunca había existido en Túnez.

     

    Pese a algunas resistencias que podrían haber supuesto una vuelta atrás, Llorente cree que la sociedad civil no dejará que ocurra: “son muy conscientes de sus derechos, yo veo muy difícil que ahora puedan renunciar a algo que les ha costado mucho trabajo conseguir”. Una ilusión que le recuerda a la España de hace algunos años.

     

    EuroMed Justicia IV también apuesta por mejorar los sistemas judiciales. En este caso, en la región sur del Mediterráneo. Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, y Siria trabajan junto a los Ministerios de Justicia español y francés en la creación de un sistema eficiente, democrático, que respete los derechos humanos y coherente con las normativas internacionales.

     

    Encuentro de EuroMed Justicia IV en La Haya
    Encuentro de EuroMed Justicia IV en La Haya

     

    En su cuarta fase, el proyecto forma además parte de la estrategia de vecindad de la UE. Y es que la mayoría de estos países se incluyen en la Política Europea de Vecindad, que fue revisada precisamente en el contexto de las revoluciones del mundo árabe, para prestar un mejor apoyo en sus transiciones democráticas. Al fin y al cabo, su objetivo principal es reforzar las relaciones con los países vecinos del espacio comunitario, basadas en unos valores comunes -democracia, derechos humanos o Estado de Derecho- y que fomente una mayor integración económica, movilidad y estabilidad.

     

    Unas relaciones que, en el caso de EuroMed Justicia IV buscan una cooperación judicial internacional necesaria, según Victoria Palau, coordinadora del proyecto. “Hay problemas como el terrorismo, el cibercrimen o el tráfico de personas que, si no se resuelven a nivel regional, es imposible hacerles frente”, comenta. En este contexto, el proyecto fue testigo de la primera declaración de colaboración entre fiscales generales europeos y de los países del Mediterráneo, para trabajar conjuntamente frente a esos problemas.

     

    La cooperación judicial es también uno de los componentes del proyecto para la aplicación del Estado de Derecho en el Cuerno de África y Yemen, cuyo objetivo es luchar contra las amenazas de seguridad. En concreto, trabaja para mejorar las capacidades de los servicios de inteligencia, de las fuerzas cuerpos de seguridad, así como de fiscalías y tribunales.

     

    Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Uganda, Yemen y Djibouti son los países que se benefician de este proyecto financiado a través del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IcSP). Lo que en estos países se produce, aunque no se incluyan en la región vecina de la UE, sí afecta al continente.

     

    Además, es una región ejemplo de cómo los grupos terroristas aprovechan momentos de inestabilidad política para actuar. “Cuando hay un vacío de poder, siempre intentan colarse estos grupos con mayor o menor éxito”, comenta Javier Vega, coordinador del proyecto. Al final, el terrorismo es una amenaza cada vez más global con un foco importante en esta zona geográfica.

     

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    Visita de autoridades judiciales del Cuerno de África a la Fiscalía General del Estado

     

    La clave está en actuar regionalmente para que no se extienda al resto del mundo. Por ejemplo, a través del control del territorio que también se lleva a cabo en la región Sahel -a través de los Grupos de Acción Rápida- y en Níger, más centrado en la inmigración ilegal.

     

    La Agenda Europea de Seguridad subraya la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a esta amenaza de una manera más eficaz y global, que incluya a la comunidad internacional y a los proyectos de cooperación. Uno de estos últimos, también gestionado por la FIIAPP, se centra precisamente en la lucha contra el terrorismo en la región MENA (Middle East and North Africa).

     

    Un trabajo que, según Mariano Guillén, director del Área de Justicia y Seguridad en la FIIAPP, busca además “fortalecer el diálogo político dentro de la Liga Árabe”, para favorecer la cooperación entre los países de la región. Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Jordania, Líbano, Irak, Siria y Palestina son los países que, a pesar de sus diferencias políticas, económicas y sociales, trabajan para tener respuestas comunes ante el terrorismo. “La amenaza terrorista no distingue de niveles de desarrollo de los países y solo se puede atacar desde la cooperación”, comenta Mariano Guillén.

     

    La inestabilidad de los cambios deja hueco a amenazas de seguridad que no entienden de fronteras. Pero los mismos cambios son necesarios si los vemos como una oportunidad para mejorar, como un buen momento para nutrirse de experiencias similares mientras se trabaja conjuntamente frente a esos problemas que nos afectan a todos.

  • 31 mayo 2018

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    La FIIAPP en los EDD 2018

    Varios proyectos gestionados por la FIIAPP participan en las Jornadas Europeas de Desarrollo 2018, con la igualdad de género como tema central

    El enfoque de género también estuvo presente en los EDD 2017

     

    «Mujeres y niñas a la vanguardia del desarrollo sostenible: proteger, empoderar e invertir» es el lema escogido para las Jornadas Europeas de Desarrollo 2018, que se celebran la próxima semana en Bruselas. Durante los días 5 y 6 de junio, la capital de Europa se convierte también en la capital del desarrollo.

     

    Y es que las jornadas organizadas por la Comisión Europea tienen este año la igualdad de género como tema central. Además de impulsar la participación de las mujeres en los distintos foros, esta edición aspira a conseguir para todas ellas un mundo más seguro, más abierto y más inclusivo.

     

    El evento sobre desarrollo más importante del mundo, abierto al público, concentrará unas 500 sesiones en dos días, en las que participarán más de 2.600 ponentes. Entre ellos, 7 premios Nobel y 100 líderes mundiales. La FIIAPP también estará presente en los European Development Days (EDD) a través de cuatro de los proyectos que gestiona: EUROsociAL+, Bridging the Gap, Cooperación Triangular y EUROCLIMA+.

     

     

    El programa EUROsociAL+ promueve la cooperación y el diálogo entre la Unión Europea y América Latina en la promoción de políticas públicas que mejoran la cohesión social y reducen las desigualdades en Latinoamérica.

     

    Pero según Enrique Martínez, técnico de Comunicación y Visibilidad del programa, “estas políticas públicas sólo son efectivas cuando atacan la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, un reto y un objetivo que están marcados fuertemente en el ADN de EUROsociAL+”.

     

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    EUROsociAL+ celebró su encuentro anual en Costa Rica

     

    Por ello, el programa comparte en Bruselas tres avances en políticas de equidad de género en Paraguay, México y, a nivel regional, en América Latina. Así como la transferencia europea en esta materia.

     

    La directora ejecutiva del Gabinete Social de la Presidencia de Paraguay, Mirta Denis, la secretaria ejecutiva del Instituto de las Mujeres de México, Marcela Eternod, la directora de la Fundación Género y Sociedad, Ana Isabel García Quesada, y la Consejera de Estado de Francia, Marisol Touraine, componen “el panel 100% femenino de EUROsociAL+ como contribución a este camino conjunto hacia la igualdad plena”, destaca Martínez. Además, la apertura y clausura del panel la efectuará Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina y el Caribe en la Dirección General para Cooperación Internacional y al Desarrollo de la Comisión Europea.

     

    El proyecto Bridging the gap también participa en la edición 2018 de los European Development Days, con la sesión Women on the rise-no one left behind!, organizada en colaboración con el Programa europeo de sistemas de protección social (EU Social Protection Systems Programme) y la ONG Light for the World. Este es su vídeo de presentación:

     

     

    El objetivo de esta sesión es, según Carmen Serrano, técnico de Comunicación del proyecto, “mostrar que, pese a la doble discriminación a la que suelen enfrentarse, las mujeres con discapacidad están liderando el desarrollo sostenible en países de renta baja”. En este sentido, cuatro mujeres compartirán sus experiencias en cuanto a las cuestiones de género y discapacidad a partir de los diferentes enfoques abordados por las tres iniciativas organizadoras de la sesión: protección social, liderazgo y emprendimiento, y acceso al trabajo y empoderamiento económico. Todo esto bajo la moderación de Hisayo Katsui, investigadora y profesora experta en discapacidad.

     

    No obstante, afirma Serrano, “el objetivo de Bridging the gap en este gran evento europeo, no es tanto compartir experiencias como generar diálogo y reflexión sobre el papel de las mujeres con discapacidad en sus comunidades”. De ahí que hayan optado por la modalidad de Brainstorming lab. Durante 75 minutos, la interacción de la audiencia con las ponentes será constante, recogiendo sus insumos e ideas sobre cómo cada persona puede crear conciencia en su entorno sobre la contribución que las mujeres con discapacidad pueden hacer a la sociedad.

     

     

    El proyecto Evalúa, para la promoción de la Evaluación de Políticas Públicas en América Latina y el Caribe, busca estrenarse en los EDD’s dando a conocer algunos de los resultados obtenidos desde su concepción en 2014.

     

    El equipo de coordinación del proyecto asistirá a este foro de cooperación internacional con uno de sus más recientes exponentes: los resultados de la evaluación de la Política de Igualdad de Género de Costa Rica. Asimismo, la gestión, liderada por el equipo de evaluación del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), estará representada por Ericka Valerio, del área de Evaluación y Seguimiento.

     

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    El proyecto participó en el encuentro sobre evaluación de políticas climáticas en México

     

     

    El proyecto se enmarca dentro del programa ADELANTE, cuyo objetivo es mejorar la integración de los países de América Latina y el Caribe y contribuir a alcanzar sus objetivos de desarrollo (ODS). Los EDD serán un espacio interesante para exponer las principales conclusiones y recomendaciones de la evaluación de esa política pública, así como el uso previsto de la misma como insumo para la elaboración de las siguientes fases.

     

    Según Alina Orrico, técnico del proyecto, “esta participación adquiere especial relevancia en un evento en el que la presencia de experiencias latinoamericanas es mucho más escasa que las de otros continentes y, sobre todo, porque se enmarca en un año cargado de emociones, demandas y alusiones a la necesidad de ofrecer respuestas tangibles que garanticen la igualdad entre los géneros”.

     

     

    EUROCLIMA+ es el programa regional de la Comisión Europea para promover el desarrollo ambientalmente sostenible en América Latina. Una acción en beneficio de la mayoría de las poblaciones vulnerables, con un enfoque específico en el género, la población rural pobre y los pueblos indígenas.

     

    En estas jornadas, proyectarán un video general sobre Género y Cambio Climático y elaboran un mapa informativo de América Latina con información sobre género.

     

    Taller de intercambio sobre certificación
    Actividad sobre educación ambiental en Uruguay. Fuente: Pablo La Rosa / adhocFOTOS

     

    EUROCLIMA+ apoya a los países en el desarrollo de sus NDCs o Contribuciones Nacionalmente Determinadas, que se enmarcan en el Acuerdo de París. Las NDCs reflejan el compromiso de la comunidad internacional para enfrentar los impactos del cambio climático.

     

    Según Alexandra Cortés, experta en Comunicación y Visibilidad del programa, las NDCs “promueven la integración de la acción climática en un marco político que pueda brindar un crecimiento económico y desarrollo social, además de la protección del medio ambiente y resiliencia climática”.

  • 13 abril 2018

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    ¿Quién tiene el poder contra la corrupción?

    El proyecto ARAP Ghana apuesta por involucrar a la población desde las instituciones. El África subsahariana es, según Transparencia Internacional, la región peor valorada al respecto

    Ministerio de Justicia de Ghana

     

    “Tener que pagar por algún servicio al que tengamos derecho, ¿crees que eso es corrupción?”, Bárbara Mensah pregunta a los ghaneses por uno de los problemas más relevantes de nuestro tiempo. Es una de los Oficiales de Educación Cívica encargados de investigar la percepción que se tiene sobre la corrupción en Ghana.

     

    “Voy a preguntar sobre ciertas prácticas, me contestas si piensas que es corrupción o no”, Jafaru Omar es otro de ellos. Con un cuestionario, varios enviados de la Comisión Nacional de Educación Cívica de Ghana (NCCE) recogen la opinión de los ciudadanos en diferentes zonas del país.

     

    Sobre el terreno, ya se deja entrever el resultado: tras 8672 respuestas, más de la mitad de los encuestados (58,4%) han sido testigos de alguna forma de corrupción. Henrrieta Assante-Sharpong es la directora de la investigación: “los resultados indican que aunque los ghaneses sean conscientes de la corrupción, tienen muy poco conocimiento de las diferentes formas en las que se puede ejercer”.

     

    La NCCE nació con el objetivo de sensibilizar a la población: “nuestras vidas están retrocediendo. No tenemos carreteras, no hay corriente eléctrica. Los recursos que se llevan a través de la corrupción se podrían haber utilizado para esos servicios”, comenta Aluliga Malpang, agricultor de la Comunidad Tengzuk. El África subsahariana es la región peor valorada en cuanto a corrupción, según el último informe de Transparencia Internacional.

     

    Cooperación frente a un contexto desfavorable

     

    El informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) clasifica 180 países y territorios según los niveles percibidos de corrupción en el sector público, usando una escala de cero a 100, donde cero es altamente corrupto y 100 muy transparente.

     

    Nueva Zelanda y Dinamarca ocupan los primeros lugares en 2017, con puntuaciones de 89 y 88 respectivamente. Siria, Sudán del Sur y Somalia tienen las puntuaciones más bajas con 14, 12 y 9 respectivamente. Ghana ocupa el puesto número 81, con 40 puntos. Una valoración por encima de la media de la región subsahariana (32 puntos).

     

     

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    No obstante, el estudio muestra que más de dos tercios de los países obtuvieron puntuaciones por debajo de 50. Transparencia Internacional trabaja global y localmente en más de 100 países del mundo: “dando voz a las víctimas de la corrupción, trabajando con gobiernos, empresas y ciudadanos para detener el abuso de poder o el soborno”. Y destaca que la mayoría de los países están haciendo poco o ningún progreso para acabar con la corrupción.

     

    Ghana no quiere que sea su caso. La iniciativa forma parte del programa ARAP Ghana, “Rendición de cuentas, Estado de Derecho y Anticorrupción de Ghana”. Un proyecto de apoyo a la transparencia que tiene como objetivo reducir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas del país africano. Durante 4 años y medio, la FIIAPP gestiona este proyecto financiado por la Unión Europea, en colaboración con GIZ (Alemania) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

     

    “Quiero ayudar a solucionar el problema de la corrupción”, Joseph Samuel Bebefiankom es estudiante en Kwashieman (Accra). Como él, otros ciudadanos: “se puede reducir, se puede rebajar”, “dará trabajo a mucha gente”, “aportará desarrollo a la nación”. Saben lo que quieren conseguir, pero no saben cómo.

     

    Diferentes instituciones públicas ghanesas como la NCCE, en colaboración con la FIIAPP, han diseñado una estrategia que involucra a la población, entre otros actores, en la lucha contra la corrupción. Una de las prioridades de ARAP Ghana es concienciarlos sobre la importancia de denunciarla.

     

    Más líderes comprometidos, menos corrupción

     

    El blog África no es un país recuerda a partir del mismo informe que “2017 ha visto la caída de varios gobernantes acusados de favorecer la corrupción”. Yahya Jammeh en Gambia, José Eduardo dos Santos en Angola, Robert Mugabe en Zimbabue y, ya en 2018, Jacob Zuma de Sudáfrica.

     

    George Obeng Obei es otro de los Oficiales de Educación Cívica: “la gente que no tiene demasiado nivel de educación no conoce cómo funcionan las cosas en las asambleas y en muchas instituciones. Pero creen que allí hay elementos de corrupción”, comenta. Que no sepan cómo se ejerce, no quiere decir que no la vean. Saben, perciben, según Obeng Obei, que las cosas sólo se consiguen con dinero. Y hay que cambiar esa mentalidad.

     

     

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    Actividad del proyecto ARAP Ghana

     

     

    Según Transparencia Internacional, es el momento para una “redefinición” del problema en África. Ya que en algunos casos, el IPC muestra un “futuro esperanzador” para el continente. A pesar de ser la peor región en conjunto, existen países con un progreso notable. Como Botswana (61), que obtiene una mejor puntuación que España (59).

     

    La clave, según la organización, es que estos países tienen “un líder político comprometido en la lucha anticorrupción”. Lo que les hace dar un paso más al asegurar el desarrollo de las leyes e instituciones al respecto. Ghana está haciendo esfuerzos en este sentido, el gobierno ha creado el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción de Ghana (NACAP) en el que se enmarca el proyecto.

     

    Si además se hace partícipe a la población, el éxito está más cerca. Lo sabe la presidenta de la NCCE, Josephine Nkrumah, que valora la investigación realizada en el país: “NCCE va a usar ese informe para crear actividades de educación cívica. Hay que involucrar tanto al sector público como al privado para ganar la batalla. Y más importante aún, hay que involucrar a cada ghanés y a cada ghanesa”.

     

    Ganar la lucha contra la corrupción” es el lema de la Unión Africana (UA) para 2018. Una frase que podría extrapolarse a casi todo el mundo. Y que parte de la premisa de que “la corrupción recompensa a aquellos que no cumplen con las reglas, destruyendo todos los esfuerzos de una gobernanza constructiva, justa y equitativa”.

     

     

    Recorre las zonas de la investigación en Ghana en este vídeo: