• 07 diciembre 2017

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    Posteado en : En primera persona

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    EUROsociAL+, buscando las respuestas

    Si por algo se caracteriza el programa EUROsociAL+ es por buscar respuestas a las demandas que llegan desde América Latina

    “Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas”, recordaba Pelayo Castro un grafiti descubierto por el poeta ecuatoriano Jorge Enrique Adoum y universalizado por el escritor uruguayo Mario Benedetti. Esta cita, pronunciada por el Embajador de la Unión Europea en Costa Rica durante la apertura del encuentro de EUROsociAL+ en San José, marcó de alguna manera el debate y el intercambio de tres días en la capital costarricense.

     

    Porque si por algo se caracteriza EUROsociAL+ es por buscar respuestas a las demandas que nos llegan desde América Latina. Respuestas que encontramos en Europa y en América Latina, y que en Costa Rica se transformaron en realidades con importantes compromisos para la lucha contra la violencia de género, el diálogo social y el desarrollo regional.

     

    Pero también en esta tercera fase del programa para la cohesión social en América Latina queremos ser parte de las preguntas, lo que significa ser más estratégicos, posicionar de nuevo lo social en la agenda de la cooperación euro-latinoamericana y contribuir al cumplimiento de los países con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso, nuestra exigencia fue mayor para la puesta en marcha de las acciones en apoyo a políticas públicas que realmente incidan en una reducción de la brecha de la desigualdad en la región.

     

    Y no solo en el diálogo fue inspirador la cita inicial, también fue premonitoria del inolvidable momento cultural que se vivió en este primer encuentro anual de la tercera fase de EUROsociAL. Los laboratorios de creatividad dieron voz a diferentes realidades existentes en cualquier país de América Latina como son niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión, la lucha del colectivo LGTBI, y la situación de las privadas y los privados de libertad, quienes, a través de la poesía, la pintura y la fotografía expresaron su anhelo de formar parte de una sociedad que les ofrezca los mismos derechos y las mismas oportunidades que a cualquier otra persona.

     

    Fue un encuentro lleno de símbolos, desde la palabra Libertad que da nombre al Parque Metropolitano donde iniciamos el encuentro, hasta el antiguo presidio conocido como “La Peni”, hoy convertido en Museo de los Niños adónde acudimos en coincidencia con el Día Universal del Niño. Por ello, la mejor manera de cerrar estas líneas es acudiendo al prólogo escrito por Kennly Garza, subdirectora del Centro de Atención Integral Vilma Curling, para el libro de poemas de las privadas de libertad de este centro, titulado “Luna compartida”. En este preámbulo, de nombre “Alquimistas de significados”, Kennly nos hace un llamado de atención sobre algunas de estas alegorías: “La prisión de mujeres es un lugar incómodo y antagónico; la insospechada bienvenida de querubines apura la sonrisa. Al fondo, el susurro de quinientas escritoras inquieta la conciencia al sabernos parte de esas tramas. Escenario de pérdidas y reivindicaciones, es también una isla de guerreras cuyas historias merecen ser contadas antes que el Río Cañas las reclame su patrimonio. Hasta entonces, aquí el tributo de su palabra, transparente y directa, advirtiendo que mientras haya mujeres escribiendo desde la cárcel de la desigualdad, el hablar de libertad nunca será un facilísimo ni un lugar común, es una deuda urgente que solo el aplauso no refrenda”.

     

    Enrique Martínez es responsable de comunicación del programa EUROsociAL+

  • 13 octubre 2017

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    Posteado en : Reportaje

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    Archivos clínicos hospitalarios: mucho más que un almacén

    Representantes del Ministerio de Salud, el Seguro Social y el Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador han viajado a Madrid con el apoyo de EUROsociAL+ para conocer in situ la experiencia española en la gestión de expedientes clínicos hospitalarios

    Cuando Margarita acudió a su hospital del Seguro Social salvadoreño para la revisión periódica de su tratamiento de diabetes grado 2, su expediente clínico había desaparecido. Tras horas de búsqueda infructuosa, pasó a ver a su médico con un expediente provisional (vacío) para que le recetara las correspondientes medicinas. Ante la ausencia de información clínica, el doctor le indicó que no le podría recetar la glimepirida, uno de los dos fármacos claves en el tratamiento de su diabetes, hasta no contar con unos análisis precisos sobre su situación médica. Margarita tuvo que esperar casi un mes para obtener los resultados de unos nuevos análisis clínicos, sin recibir mientras tanto el adecuado tratamiento farmacológico. Al cabo de casi tres meses, el expediente fue por fin encontrado, sorprendentemente, en el archivo de defunciones.

     

    Gestionar adecuadamente las historias clínicas resulta crítico para mejorar el tratamiento de los pacientes y el ejercicio de sus derechos, pero también para el funcionamiento eficaz y eficiente del sistema sanitario. Sin embargo, se trata de una tarea titánica que requiere afrontar enormes desafíos como la ausencia de espacio de almacenamiento o las carencias de recursos humanos y económicos, al tiempo que se garantiza la debida protección de los datos personales de los pacientes o se logra de manera progresiva la compleja transición del formato papel al expediente electrónico.

     

    Conscientes de la imperiosa necesidad de abordar esta problemática en el Salvador, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el Ministerio de Salud (MINSAL) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) han unido fuerzas con el objetivo de construir los pilares para una nueva etapa en la gestión de los expedientes clínicos del sector sanitario público del país centroamericano.

     

    El Programa EUROsociAL+, financiado por la Comisión Europea y gestionado por la FIIAPP, acompaña a El Salvador en este proceso de reforma. Como primer paso, del 25 al 28 de septiembre se desarrolló en Madrid una visita de representantes de las tres instituciones salvadoreñas para conocer los avances y desafíos que ha vivido España en este ámbito. Durante una semana, pudieron intercambiar experiencias y aprendizajes con el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), el Hospital Clínico San Carlos de la Comunidad de Madrid, la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio de Educación Cultura y Deportes y con la Agencia Española de Protección de Datos Personales. La visita incluyó el desplazamiento al archivo del Hospital Clínico San Carlos y al Archivo Central de la Administración del Estado en Alcalá, así como una presentación de las lecciones aprendidas en el proyecto sobre el expediente electrónico en Túnez liderado por la FIIAPP y financiado por la Unión Europea.

     

    Esta actividad ha representado un primer paso para impulsar el diálogo interinstitucional en El Salvador, avanzar en la creación de instrucciones operativas y nuevas normativas, e impulsar el cambio cultural necesario para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria en el país centroamericano.

     

    Borja Díaz Rivillas, técnico senior de Gobernanza Democrática / Senior Officer of Democratic Governance. EUROsociAL+

  • 15 septiembre 2017

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    Posteado en : Opinion

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    El Salvador afronta una nueva era en la gestión de sus expedientes clínicos

    Alicia Miranda Duke, jefa de estudios e investigación del Instituto de Acceso a la Información Pública salvadoreño, describe los retos en la protección de datos sanitarios de los pacientes. El programa de la Unión Europea EUROsociAL+ contribuye a este proceso fomentando el intercambio de experiencias entre países de América Latina y Europa

    En El Salvador, pocos temas pasan tan desapercibidos en las agendas públicas y mediáticas como la gestión de los expedientes clínicos. La ironía es que estos documentos contienen datos personales sensibles sobre la salud de miles de personas que deberían de ser protegidos con los máximos estándares de calidad. El tema adquiere más relevancia en el sector sanitario público, al que recurre el 84 % de la población (Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2014, DIGESTYC-MINEC).

     

    Entre enero y marzo de 2017, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) realizó una serie de entrevistas a personal clave del Ministerio de Salud (MINSAL) y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para conocer, de manera preliminar, algunos aspectos sobre la gestión documental y la protección de datos personales. La información contribuirá a que el IAIP, como ente rector en esas materias, emita lineamientos en torno a la temática. Desde las primeras entrevistas se planteó una realidad compleja.

     

    En términos de normalización se encontraron al menos seis documentos que contienen diferentes criterios para el manejo de los expedientes clínicos. Sin embargo, no existe una gestión normalizada para todo el sector público. Por ejemplo, el archivo de documentos se ha vuelto un problema que, literalmente, está desbordando el sistema de salud público. Si bien no es igual en todos los centros de atención, existen almacenes en los que se guardan estos documentos sin mayor criterio que su peso en kilos.

     

    Otro hallazgo que surgió fue el poco o nulo conocimiento sobre los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos). Por un lado, operadores de salud que no garantizan el pleno ejercicio de estos derechos; y por otro, usuarios que no los exigen. ¿Pero cómo exigir un derecho que no es conocido por quienes tienen que garantizarlo?

     

    Durante las entrevistas, los desafíos sobre la gestión de los expedientes clínicos aparecieron uno tras otro. Casi todos los entrevistados coincidieron en la necesidad de migrar a formatos electrónicos y únicos. Algo que, entre otros beneficios, permitiría la interoperabilidad de la información. Es decir, acceder a la historia clínica para la intervención de un paciente desde cualquier lugar en donde se encuentre. Pero aunque haya argumentos favorables de sobra, la posibilidad de migrar choca con otra realidad. Su implementación requeriría de una importante inversión financiera. Datos preliminares, proporcionados por ambas instituciones, arrojan que se trata de una inversión aproximada de 40 millones de dólares. Pero aún en un escenario favorable, la normalización sobre la gestión no se agota con la migración al formato electrónico. De hecho, cualquiera que sea la acción a implementar tiene, al menos, dos retos iniciales.

     

    En primer lugar, la normalización de la gestión documental y la protección de datos personales de los expedientes que se encuentran actualmente en papel. Es decir, ¿qué hacer con lo que hay? En segundo lugar, el compromiso de aquellos actores involucrados en la gestión de estos documentos, más allá de los operadores del MINSAL.

     

    El IAIP, como ente rector en materia de gestión documental y en protección de datos personales, podría simplemente emitir lineamientos y verificar su cumplimiento. Pero, ¿es esto lo que nos interesa? Delimitar nuestra intervención a estas dos acciones sería negar una realidad demasiado compleja que se expresa en múltiples dimensiones. La gestión de los expedientes clínicos, en este caso en el sector público de salud de El Salvador, requiere ante todo un profundo diálogo interinstitucional que permita diseñar la ruta a los cambios necesarios, para lo cual resulta igualmente necesario conocer cómo se han desarrollado procesos semejantes en otros países de América Latina y de la Unión Europea. De lo contrario, por muy bien diseñada que esté técnicamente la norma, no sería sostenible en el tiempo.

     

    Alicia Miranda Duke es jefa de estudios e investigación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de El Salvador

  • 11 noviembre 2016

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    Posteado en : Opinion

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    La abogacía española en la cooperación internacional

    El acceso a la Justicia de los ciudadanos está en la base de las garantías judiciales que tienen la consideración de derechos humanos.

    Ningún país ni comunidad puede funcionar pacíficamente si sus habitantes no logran reclamar sus derechos ante el sistema de justicia establecido o defenderse de acusaciones que se formulan contra ellos. El acceso a la Justicia de los ciudadanos está en la base de las garantías judiciales que tienen la consideración de derechos humanos.

     

    Sin embargo, en la realidad nos encontramos con numerosas dificultades para su aplicación práctica y efectiva. Y, lamentablemente, cuando esto es así, observamos las consecuencias correspondientes: mayores grados de desigualdad social o elevados índices de violencia, que, con frecuencia, se atribuyen a otros factores, como la pobreza, cuando en realidad la pobreza no es una causa, sino un efecto, y precisamente un efecto de, entre otras cuestiones, que mucha gente esté excluida de la Justicia.

     

    Los mecanismos de acceso a la Justicia deben concebirse para el conjunto de los ciudadanos, deben estar correctamente previstos a nivel legislativo y también deben estar dotados de los recursos necesarios para funcionar de un modo adecuado. Algunos países requieren de forma muy acuciante de la cooperación para poder atender estas necesidades.

     

    Para los que trabajamos en la defensa de los derechos de los ciudadanos es muy difícil no fijarse en los tremendos retos que a nivel mundial tienen por delante las personas con discapacidad, los desplazados y refugiados, las minorías, las víctimas de trata y explotación, los privados de libertad o las personas en situación de pobreza endémica. Estamos hablando de cientos de millones de personas.

     

    El Consejo General de la Abogacía Española, en su participación en acciones de cooperación, tiene a menudo su punto de mira en favorecer que los colectivos más vulnerables puedan acceder a la protección de sus derechos a través del sistema de justicia en las mismas condiciones que el resto de sus vecinos.

     

    Hemos podido llevar a cabo numerosos proyectos de estas características en algunos países europeos y, sobre todo, latinoamericanos. Quizás podamos destacar, por su carácter representativo, algunos desarrollados en colaboración con FIIAPP, en el marco de programas de cooperación europea como EUROsociAL.

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    Seminario de Defensorías Públicas y Monitoreo en los Centros de Privación de Libertad en Argentina.

    En referencia a las personas privadas de libertad, en Paraguay y Chile hemos contribuido a favorecer que algunos centros penitenciarios tengan sistemas de videoconferencia para que los presos puedan trasladar sus consultas a los abogados de oficio que tienen asignados (los llamados allá “defensores públicos”); en Costa Rica y Perú hemos podido ayudar a que se introdujera perspectiva de género en ciertos preceptos de sus leyes penales y penitenciarias, consiguiendo que mujeres en circunstancias particulares puedan acogerse a beneficios penitenciarios, o sean castigadas por ciertos delitos de un modo más proporcionado al preexistente; junto a la Asociación Interamericana de las Defensorías Públicas, hemos elaborado también manuales de vigilancia de derechos humanos en los cárceles u otros ámbitos de privación de libertad.

     

    En los últimos cuatro años hemos trabajado igualmente en varios países por los derechos de las personas con discapacidad, cuyas circunstancias personales presentan necesidades especiales cuando se enfrentan a procedimientos judiciales. En otro orden de actividad, en Brasil, pudimos impulsar servicios de “Justicia Comunitaria” dedicados a asistir jurídicamente a la población negra de las barriadas de favelas de Río de Janeiro. En Perú, hicimos posibles nuevos espacios de entendimiento entre la justicia ordinaria y la justicia especializada indígena. Son sólo algunos ejemplos relevantes.

     

    También a lo largo de los últimos años, hemos participado en algunos procedimientos judiciales de derechos humanos que tenían un valor paradigmático por su potencial para acercar a la Justicia a personas que fueron privadas de ese derecho. Así fue en algunos llevados hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Campo Algodonero, que juzgaba los asesinatos en Ciudad Juárez (México) de ocho niñas cuyos cuerpos abusados y asesinados fueron abandonados en una plantación de algodón, y que este tribunal denominó feminicidios.

     

    En Panamá, contribuimos a dotar de argumentación jurídica a varias comunidades indígenas que habían sido expulsadas de sus tierras para la construcción de una gran obra hidráulica que modificó todo el paraje y las posibilidades de subsistencia de estos pueblos con tradiciones especialmente protegidas por el derecho.

     

    Colombia ha sido otro país importante para nosotros en nuestra labor de cooperación. En este país hemos desarrollado, desde 2011 especialmente, diversas acciones dirigidas al fortalecimiento de los sistemas de asociación de los abogados y de otros defensores de derechos humanos, así como al reconocimiento de su trabajo.

     

    Toda nuestra actividad está basada en un principio de especialización, es decir,  en la idea del aprovechamiento de las capacidades, la experiencia y los conocimientos particulares de la abogacía. Sería de desear que, dentro de las políticas de cooperación entre los países, las diseñadas para mejorar el acceso a la Justicia de los ciudadanos ocuparan el lugar prioritario que merecen, por el gran valor añadido que poseen para las sociedades de los países implicados.

     

    Victoria Ortega Benito es Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española desde enero de 2016.

  • 23 junio 2015

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    Posteado en : Entrevista

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    Colombia y EUROsociAL, juntos contra la corrupción

    Colombia cuenta con una sólida política anticorrupción y el programa EUROsociAL de la Unión Europea liderado por la FIIAPP le apoya para conseguir sus objetivos

    En 2014, Colombia expidió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública con el fin de reducir los niveles de corrupción con los que cuenta el país. Según las encuestas, la corrupción sale como una de las grandes preocupaciones de la población. Guarda casi la misma importancia que los temas de seguridad, violencia y desempleo.

    El Secretario de Transparencia de Colombia, Camilo Enciso, analiza en este vídeo cuál es el papel del programa EUROsociAL en la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.

    Entrevista completa a Camilo Enciso aquí

  • 18 junio 2015

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    Posteado en : Opinion

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    La feria de la cooperación y el desarrollo

    EUROsociAL, el programa de la Comisión Europea para la cohesión social en América Latina, ha participado en las Jornadas Europeas de Desarrollo en Bruselas.

    2015 es un año clave para la cooperación. Designado el año europeo del desarrollo por la Unión Europea; en el ecuador llegó su evento bandera, las jornadas europeas del desarrollo que reunieron en Bruselas a personas procedentes de cinco continentes, con destacada presencia de África (exceptuando la lógica mayoría europea), decenas de instituciones públicas (también evidente mayoría de la Unión Europea), agencias bilaterales y organismos internacionales, no tantas ONGDs como se esperaba y poca pero mediática aparición del sector privado, con especial atención a Melinda Gates y su Fundación con los temas de salud por bandera.

    3 auditorios, 16 laboratorios (o pequeñas salas de conferencias), 5 puntos de encuentro, 44 stands, 4 espacios de prensa y 2 platós de televisión; muchas cámaras de fotos, y bastante gente, sin llegar a ARCO o a FITUR por poner un ejemplo cercano. En definitiva, toda una feria de la cooperación.

    Pero más allá de la puesta en escena, se podía aprender mucho de los demás, e invitar a que los demás se interesaran por los temas que EUROsociAL propuso en Bruselas: Europa y América Latina, sus relaciones de cooperación, las políticas de cohesión social, y la realidad de ambas regiones durante la crisis y en el momento actual. Una interesante “excepción” temática y geográfica en una agenda más enfocada a África y Asia y a sectores como migración, salud y seguridad alimentaria.

    Del resto, muy relevante el tema de la desigualdad donde la FIIAPP también participó junto a think tanks como ODI y DIE, y al Banco Mundial; la equidad de género con presencia de la AECID; los derechos sexuales y reproductivos; la crisis del ébola; la seguridad alimentaria con un stand impactante de la FAO (incluidas las macetas neumáticas made in Guatemala); y las frescas propuestas de los jóvenes líderes internacionales.

    Un ir y venir de gente (más white collar que look onegero) salpicado con actuaciones musicales, exposiciones fotográficas, entrevistas improvisadas… en un evento con espíritu paperless al que le faltó (o le falló) la ayuda tecnológica ya que el wifi no estuvo a la altura del despliegue de los organiser, como se les llamaba en Bruselas a las instituciones participantes.

    Este año decisivo para el desarrollo nos entregará otros tres hitos fundamentales: la 3ª conferencia sobre la financiación del desarrollo (Addis Ababa, Etiopía, 13-16 julio); la cumbre especial sobre desarrollo sostenible (Nueva York, 25-27 septiembre) donde se deben aprobar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la cumbre sobre el cambio climático (COP21, París, diciembre).

    Por lo que respecta a los #EDD2015, ya miran al 2016.

    Por Enrique Martínez, responsable de comunicación y visibilidad de EUROsociAL