• 21 julio 2020

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    Defensa en comisarías, uno de los aprendizajes del “estallido social” en Chile

    El Defensor Nacional de Chile, Andrés Mahnke, nos relata en este post los avances conseguidos en la defensa penal de Chile de la mano del proyecto EUROsociAL+

    El llamado estallido social iniciado en Chile el 18 de octubre de 2019 transformó la agenda del país, tanto por las demandas que surgieron desde la ciudadanía, como porque dejó al descubierto el accionar de las instituciones públicas que, como nunca, debieron enfrentar escenarios desconocidos provocados por los efectos de las manifestaciones. 

    El estallido social chileno acaparó el interés internacional, pues incluyó pérdida de vidas y centenares de personas con mutilación ocular, denuncias de múltiples y graves violaciones de derechos humanos destrucción de infraestructura pública y privada, entre otras consecuencias, incluyendo la visita al país de distintos organismos internacionales de derechos humanos, como Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos HumanosComisión Interamericana de Derechos HumanosAmnistía Internacional y Human Rights Watch. 

    En todos estos ámbitos, la justicia chilena y sus actores tuvieron que actuar, monitoreados por el propio sistema de justicia y el atento escrutinio de una ciudadanía empoderada y de la comunidad internacionalEn ese contexto, se gestaron una serie de ajustes y aprendizajes, que comenzaron a expresarse durante el primer trimestre de 2020, y que durante marzo de este año tuvieron su prueba de fuego. 

    Sin embargo, esta historia tuvo un protagonista inesperado, que copó todos los escenarios y modificó todas las agendas: el Coronavirus SARS-CoV2, que genera la enfermedad conocida como Covid19A pocas semanas de su aparición en el territorio chileno, produjo la modificación del calendario electoral para el inicio del proceso constituyente y generó lo que hasta hace pocas semanas era impensado: el cese de la protesta social multitudinaria en los espacios públicos. La gente volvió a sus casas y las calles se vaciaron, tal como ha sucedido en casi todo el mundo. 

    Pero la reflexión respecto de los ajustes en el sistema de justicia y los aprendizajes que dejó el ‘estallido’ no deben detenerse. Es más, adquieren una nueva relevancia, de cara a retomar la fluidez de la actividad pública cuando finalice la emergencia sanitaria. Y tampoco parece que el estallido haya desaparecido, más bien se ha suspendido con algunos rebrotes por la falta de alimentos durante la cuarentena. Todo apunta que el impacto social y económico de la pandemia agravará las desigualdades ya existentes. Por ello de alguna forma, este período se transforma en una oportunidad para integrar nuestros aprendizajes y anticipar escenarios venideros. 

    En el escenario de protesta social, un efecto indirecto se vinculó con la labor de los distintos actores del sistema penal, que han hecho frente a un inédito desafío de cobertura y capacidad operativa, a partir de un notorio incremento de la cantidad de personas detenidas y formalizadas. 

    Solo entre el 18 de octubre y el 13 de noviembre de 2019, la Defensoría Penal Pública -institución pública que garantiza el derecho a defensa y que está integrada por 722 funcionarios y 524 prestadores externos- atendió a 20.645 personas sometidas a control de detención, con un alza del 25,4% respecto del mismo período del año anterior. 

    Estos aumentos, sin embargo, fueron aún mayores en los primeros días de la crisis. Solo entre el 20 y el 28 de octubre -período en que gran parte de Chile estuvo bajo estado de excepción constitucional-, la institución registró 10712 imputados pasados a audiencia de control de detención, lo que representó un alza del 70% respecto del mismo lapso en 2018. Además, si en promedio se registran entre 600 y 650 controles de detención diarios en el país, en esa etapa aumentaron a mil 100 audiencias diarias, con un pico de 2508 controles de detención el 21 de octubre. 

    Más allá de este esfuerzo, una primera conclusión mostró que un número indeterminado de personas detenidas no fueron atendidas por los defensores públicos, sea porque el Ministerio Público decidió no pasarlas al control de detención, o porque su detención no fue notificada por la policía, de modo que no hubo control jurisdiccional de estas actuaciones ni se dejó registro de ellas.  

    Lo anterior activó en la Defensa Pública un plan de contingencia para atender a las personas detenidas en las unidades policiales, pues por diseño institucional los/as defensores/as tienen el primer contacto con el detenido/imputado momentos antes de la audiencia de control de detención ante el juez de garantía. Aunque los defensores públicos se organizaron informalmente para generar turnos de atención en comisarías y otros recintos policiales de detención, ello supuso una cobertura directa en solo 105 de los 900 cuarteles existentes en todo el país.  

    Se trata de una brecha urgente de resolver, pues implica una cifra negra de personas que, eventualmente, han visto vulnerados sus derechos, tal como lo advirtieron los informes de los distintos organismos de derechos humanos que visitaron el país. 

    Institucionalmente, la Defensoría Penal Pública activó distintas medidas, como el reforzamiento en la difusión de derechos, la coordinación con el resto de los actores del sistema y la apertura de canales de colaboración con las policías, entre otras.  

    Sin embargo, la principal iniciativa que siguió al período de crisis social en Chile se originó a partir del acompañamiento de EUROsociAL+, programa de la Unión Europea que gestiona la FIIAPP, cuyos especialistas colaboran hoy con la Defensa Pública en la elaboración de un ‘Modelo de defensa penal en las primeras horas de la detención’. 

    Su objetivo principal es generar un método de cobertura que permita garantizar el derecho de las personas detenidas a un abogado/a defensor/a en el más breve plazo, cautelando así su derecho a defensa técnica. Además, tal como lo han relevado los organismos internacionales a cargo de la promoción y protección de los derechos humanos, la presencia de un abogado/a defensor/a constituye una salvaguarda en el resguardo de otros derechos de las personas detenidas, sobre todo respecto de la prevención de la tortura. 

    Estas acciones posibilitan una ejecución completa y efectiva de la misión institucional de garantizar el derecho a defensa de cualquier persona imputada en todas las etapas del proceso penal, prevenir eventuales afectaciones de derechos y robustecer el control jurisdiccional de la detención, dotando a la defensa pública de mayores herramientas para controvertir el poder punitivo del Estado con igualdad de armas ante los tribunales de justicia. 

    El objetivo es siempre el mismo: reforzar el compromiso institucional con el estado de derecho, la paz social y la democracia en Chile, esfuerzo en el que agradecemos poder contar siempre con el decidido y permanente respaldo de la cooperación europea.   

    Andrés Mahnke M., Defensor Nacional (Defensoría Penal Pública de Chile) 

     

    A propósito del trabajo junto a la Defensoría Penal Pública de Chile, el programa EUROsociAL+ acaba de publicar un diagnóstico sobre la defensa penal de las personas en las primeras horas de la detención en el país latinoamericano.

  • 16 julio 2020

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    La aplicación de metodologías de economía experimental y comportamental para la evaluación de políticas públicas

    Marta Monterrubio, especialista del proyecto de Cooperación Triangular para la Evaluación de las Políticas Públicas en América Latina y el Caribe nos habla de esta disciplina y su relación con las políticas públicas en el contexto del COVID-19

    En el marco del Proyecto EVALÚA,  gestionado por la FIIAPP y financiado por la Unión Europea,  se ha elaborado una Guía metodológica sobre la aplicación de metodologías de economía experimental y del comportamiento para la evaluación de políticas públicas. La guía, elaborada por Diego Aycinena Abascal, profesor de la Universidad del Rosario de Bogotá e investigador visitante del Economic Science Institute de la Chapman University de Orange, recopila los hallazgos más relevantes extraídos mediante experimentos comportamentales desde el inicio de la disciplina hace 50 años hasta la actualidad, de forma que se puedan utilizar de manera y puedan ser tenidos en cuenta por los tomadores de decisiones. 

    ¿Cómo nos afectan los sesgos y las preferencias no estándar durante la crisis del COVID-19? 

    La economía política clásica establece que los seres humanos somos lo que se conoce como “homus economicus” que, dicho de forma sencilla, significa que tomamos decisiones haciendo un balance racional entre el coste y el beneficio de nuestras acciones, de forma que éste sea mayor que aquél. Sin embargo, desde mediados del siglo XX se ha venido comprobando de forma experimental que nuestras acciones se desvían en muchas ocasiones de esta manera de actuar. 

    Preferencias no estándar, creencias no estándar y toma de decisiones no estándar

    Estos conceptos implican que el comportamiento de los seres humanos se desvía de lo racional porque está influido por sesgos, intuiciones y falsas creencias. Por ejemplo, la aversión a las pérdidas es un comportamiento (sesgo) muy frecuente que conlleva que preferimos no perder ahora antes que ganar más más adelante. La aversión miope a las pérdidas combina lo anterior con una situación de riesgo, y puede llevarnos a actuar de tal forma que el resultado a medio plazo sea perjudicial. Cuando nos enfrentamos a situaciones que involucran riesgos, nuestra percepción es completamente distinta sobre las pérdidas que sobre las ganancias, como evidencia la teoría de los prospectosen una situación de riesgo, preferimos no perder ahora antes que la ganancia que obtendríamos más adelante, es decir, frente a una posible pérdida, se asumen riesgos, frente a una posible ganancia, se busca seguridad.  

    El sesgo presente o problemas de auto-controlinvolucra actuaciones inconsistentes demuestra que nuestra fuerza de voluntad es limitada. Podemos tomar una decisión y después ir postergándola de manera más o menos indefinida. Conlleva en muchas ocasiones gastar dinero para intentar doblegar nuestra falta de voluntad o de acción, por ejemplo, la compra de “productos milagro” en lugar de comenzar la dieta planificada. 

    Los modelos de normas sociales sugieren que al elegir una acción no solo importan los beneficios y costes que se obtienen de dicha acción. También se toma en cuenta si esa acción es acorde a lo que el grupo de referencia (círculo social) normalmente hace y lo que éste considera apropiado hacer en esa situaciónEste hecho determina que nuestras decisiones están muy influenciadas por el entorno social en el que vivimos, que puede llegar a pesar más que el balance del coste y el beneficio que podamos obtener con nuestra acción. 

    El sesgo de comprensión retrospectiva es la tendencia de las personas con conocimiento de un resultado a creer falsamente que hubieran predicho el resultado de un evento, exagerando la similitud entre sus creencias ex post y las que eran sus creencias antes de un evento informativo. 

    La preferencia por lo prominente, a pesar de no ser una estrategia racional, conduce a las personas a elegir la opción más llamativa o que sobresalga del resto por motivos espurios, como pueden ser la estética o el lugar preferente en el que se encuentre la opción (estante del supermercado, por ejemplo).  

    En definitiva, muchos de estos fenómenos (problemas de auto-control, preferencias sociales, normas sociales, sobre-proyección de preferencias) se deben a nuestras emociones y sentimientos. La literatura psicológica muestra el papel de las emociones como mecanismo mediador de nuestras acciones. Sin embargo, recientemente se han empezado a incorporar estos hallazgos psicológicos a las políticas públicas.  

    Sesgos, falsas creencias y preferencias no estándar durante la crisis del COVID-19  

    Nos afectan en la toma de decisiones y en nuestro día a día más de lo que pensamos. Desde el inicio de la crisis del coronavirus, estamos viendo, por ejemplo, que el sesgo de la aversión a las pérdidas ha influido en la toma de decisiones de muchos gobiernos, sobre todo en un inicio, cuando aún no se era consciente de la magnitud del fenómeno que se desarrolló poco después. El hecho de tomar medidas más contundentes de aislamiento en muchos casos se retrasó por temor a la afectación económica, sin analizar despacio que una “pérdida” más temprana podía ahorrar muchos “costes” posteriores. Está estrechamente relacionado en este caso con la teoría de los prospectos, que incluye el sesgo anterior en una situación de riesgo. Estos sesgos se sumaron a otros también frecuentes como el del optimismo y la ilusión del control, que provocó que mucha gente recurriera a remedios inútiles, a pseudociencias y supersticiones, haciendo circular un número enorme de bulos y mentiras sobre la pandemia. 

    Asimismo, estamos observando recurrentemente el sesgo de comprensión retrospectiva enunciado más arriba, en multitud de opiniones a nuestro alrededor, hasta llegar a parecer que una mayoría de la gente ya sabía lo que iba a pasar desde el primer momento y cuáles eran las mejores decisiones que se debían tomar. 

    Los modelos de normas sociales han influenciado claramente nuestro comportamiento durante el confinamiento, habiéndose observado situaciones en las que el incumplimiento o cumplimiento más estricto de las normas ha estado condicionado por lo que ocurría en el entorno inmediato (familia, barrio, municipio). 

    Aunque en un plano más psicológico que económico, también hemos podido observar a algunos líderes políticos o sociales que han animado al incumplimiento estricto de la normativa, cuestionando su eficacia o su legitimidad. El sesgo de la obediencia a la autoridad implica que, si una autoridad nos permite violar la ley e incluso traspasar la frontera de nuestra moralidad, sentimos propensión a hacerlo, como ha ocurrido recientemente en ciertos casos.  

    El sesgo optimista, que nos lleva a proyectar nuestros propios deseos sobre los datos objetivos, ya mencionado, también se puede observar en esta etapa de la desescalada. Tendemos a pensar que el riesgo se minimiza y se observan conductas alejadas de la toma de las precauciones que serían necesarias si analizamos despacio los datos. 

    Son sólo algunos ejemplos de cómo nuestro comportamiento y las decisiones que tomamos se desvían de lo racional, tanto en pequeñas decisiones como en asuntos trascendentales. Conocer nuestras desviaciones y atajos mentales nos puede ayudar a mejorar nuestras decisiones individuales, pero resulta crucial para los tomadores de decisiones en materia de Políticas Públicas. 

     ¿Qué son los nudges? 

    Una de las intervenciones comportamentales más frecuentemente utilizada para políticas públicas son los llamados nudges. Los nudges son intervenciones que buscan influir en las decisiones modificando la arquitectura de la toma de decisiones, sin modificar sustancialmente los incentivos ni restringir opciones, explotando los diversos hallazgos de la economía del comportamiento. 

    Los nudges se han vuelto muy populares pues permiten hacer intervenciones de bajo costo y basadas en un paternalismo suave o libertario, sin recurrir a prohibiciones ni restricciones. Además, se han documentado varios casos exitosos de intervenciones usando nudges, por ejemplo, para incrementar las donaciones de órganos, dejar de fumar mediante contratos de compromiso, reducir muertes en quirófanos mediante checklists, incrementar la tasa de repagos de préstamos mediante recordatorios personalizados, incrementar el cumplimiento de pago de impuestos, entre otros. 

    Sin embargo, los nudges deben diseñarse con cuidado, de lo contrario pueden ser inefectivos o incluso contraproducentes o utilizarse con otros fines. Algunos de los sesgos mencionados nos pueden llevar a sobreestimar la probabilidad de éxito de los nudges. Las intervenciones que muestran efectos positivos tienden a recibir más atención y aquellas que no muestran efectos tienden a ser ignoradas o a quedar almacenadas para el olvido. Además, se ha encontrado que para algunas intervenciones los efectos tienden a ser de corto plazo y se ignora efectos nulos a largo plazo. Por lo tanto, la probabilidad de éxito de una intervención comportamental o de un nudge va a ser tan buena como tan sólido sea el fundamento comportamental en que se base. 

    Los experimentos comportamentales aplicados a las políticas públicas

    Los experimentos comportamentales han sido ampliamente utilizados en materia de consumo, márketing político, inversión y finanzas, entre otros. Su aplicación a las políticas públicas, en cuanto a su diseño, a su gestión y evaluación es mucho más reciente. Sin embargo, ya existe una pequeña tradición que nos permite extraer algunas enseñanzas importantes: 

    Los datos experimentales son replicables en la medida que permiten construir conocimiento basándose en hallazgos previos. Esto facilita un proceso acumulativo y sistemático de aprendizaje experimental. Es de esta forma como se construye conocimiento generalizado que respalda el diseño de las políticas públicaslo que redunda en su pertinencia y su viabilidad. 

     Los datos que nos muestran los experimentos nos permiten observar directamente variables que de otra forma no sería posible. Por ejemplo, observar acciones antisociales que fuera del laboratorio se buscaría mantener ocultas (solo sería posible observar las denuncias), como tomar dinero ganado por terceros, o subdeclaraciones de ingresos para evitar impuestos y obligaciones. 

     Los temas en los que se pueden utilizar los experimentos de campo son enormemente amplios, por ejemplo, han resultado exitosos para evaluar intervenciones orientadas a incrementar la participación electoralmedir la corrupción en calificaciones educativas, medir reducciones en consumo de agua o energía o el incremento del reciclajedeterminar la respuesta para mejorar el cumplimiento fiscal. 

     Existen distintos tipos de experimentos. Según su naturaleza, los experimentos de laboratorio, artefactuales y enmarcados tienen menores costos y ventaja comparativa en ayudarnos a comprender los mecanismos y en darnos información valiosa antes de implementar una política o programa mediante pruebas a escala. Los experimentos de campo naturales tienen ventaja comparativa en evaluar el impacto de políticas o programas ya ejecutados (policy experiments), o para medir con precisión los efectos en la población específica de interés en su contexto natural. Sus enfoques pueden ser complementarios, como se ha podido ver en combinaciones de experimentos de campo artefactuales con experimentos de campo naturales. 

    La Guía metodológica es una herramienta al servicio de las instituciones que permite seleccionar el tipo de experimento que se quiera llevar a cabo y disecciona la hoja de ruta para su puesta en marcha, definiendo los pasos para su desarrollo y describiendo sus ventajas y limitaciones. 

  • 11 junio 2020

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    Posteado en : Opinion

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    La COVID-19 y el sistema penitenciario en América Latina

    Iñaki Rivera y Alejandro Forero, del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, cuentan su experiencia trabajando junto al proyecto europeo EUROSociAL+ en coordinación con la AIDEF

    Este proyecto busca promover el acceso a la justicia y a la salud de las personas en las cárceles que viven hoy bajo condiciones de hacinamiento, padeciendo tratos inhumanos o degradantes e incluso torturas.  Los expertos nos relatan como la pandemia ha acentuado aún más las malas condiciones de vida de los reclusos, generando una emergencia carcelaria en la cual no se puede garantizar el derecho a la vida y nos dejan una serie de recomendaciones internacionales para afrontar el problema.

    Hace aproximadamente un año, en febrero de 2019, publicábamos un artículo en el que dábamos cuenta de los trabajos realizados por parte del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+, en coordinación con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), para el diseño de un Modelo Regional de atención a víctimas de violencia institucional en prisiones. Anunciábamos ya entonces un proyecto para crear un Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de violencia institucional carcelaria (SIRCAIVI) en varios países de América Latina. Depositábamos entonces grandes esperanzas en que el mismo, si se implementaba como nueva política pública, podría ser muy útil para promover un verdadero acceso a la justicia y a la salud (física y psíquica) de quienes en las cárceles puedan padecer tratos inhumanos o degradantes e, incluso, torturas.

    Recientemente, este proyecto se ha puesto en marcha por EUROsociAL+ en Argentina, Chile y Costa Rica, en coordinación con las Defensorías Públicas de estos países.  Quienes llevamos años trabajamos desde el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona en estas cuestiones, sabemos de la importancia del monitoreo permanente de las instituciones penitenciarias para promover una revaluación de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Si entonces el proyecto era importante para cumplir con esa finalidad, la actual emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 en las cárceles, lo convierte en una prioridad.

    Si hace un año ya dábamos cuenta de la grave situación de hacinamiento en las cárceles de América Latina, donde la ratio media de personas presas por cada cien mil habitantes era de 387, cuando la media mundial era de 144, un año después asistimos a unos sistemas que han batido casi todos los récords de crecimiento a nivel mundial. Desde el año 2000, mientras a nivel global la población encarcelada ha crecido un 24% de media, en América Latina ha crecido un 121%, un 67% en los países de América Central y un espectacular 175% en América del Sur.

    Emergencia carcelaria

    Pero el problema no es sólo de tipo cuantitativo, sino cualitativo, donde a esa falta extrema de espacio se suma a graves carencias de tipo sanitario, alimenticio y de seguridad, generando ambientes insalubres donde resulta fácil la propagación de enfermedades y donde, además, los conflictos entre personas presas y entre estas y el personal penitenciario hacen de las cárceles lugares donde la violencia institucional es una situación de normalidad. No en vano asistimos a tristes noticias de motines e incendios en cárceles que se saldan con la muerte de decenas o cientos de personas. No en vano en varios países se ha llegado a declarar públicamente la situación penitenciaria como de “emergencia carcelaria” o de “estado de cosas inconstitucional”. Por ello, si desde empezado el siglo XXI las cárceles de la región se han convertido en una bomba de relojería donde su colapso no permite ni siquiera garantizar el derecho a la vida o a la integridad física y mental de sus habitantes, la aparición de la COVID-19 solo llega para dar el último empujón al contador.

    La combinación de esta nueva emergencia sanitaria con la existencia estructural de altísimos niveles de hacinamiento carcelario en América Latina, representan una alarma que debe ser inmediatamente atendida. Numerosos pronunciamientos internacionales se están publicando estas últimas semanas en esa dirección. Desde las Naciones Unidas, su Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha hecho un contundente llamado a la reducción demográfica en las cárceles. Lo propio ha sido indicado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU. En el ámbito europeo, el Comité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas inhumanas o degradantes ha alertado acerca de la responsabilidad por velar por el derecho a la salud en las cárceles. Por cuanto hace a América Latina, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han publicado declaraciones, recomendaciones y advertencias en torno a ello. Todos esos pronunciamientos (de organizaciones como Amnistía Internacional, Prison Reform International o Human Rights Watch), coinciden en la necesidad de potenciar medidas alternativas o extra-penitenciarias; la necesidad de ampliar el concepto del derecho a las comunicaciones entre estas personas y sus familiares; la consideración de que la estancia en prisión en las actuales circunstancias y en países con sobrepoblación penitenciaria puede comportar el sometimiento de las personas presas a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, las cuales deben ser combatidas y la necesidad de fortalecer el derecho a la salud de las personas presas.

    El Derecho Internacional de los Derechos Humanos pone el énfasis en la “posición especial de garante” en que se encuentran los Estados frente a los derechos de las personas privadas de libertad. Esto quiere decir que es su obligación garantizar la salud de las personas presas, así como el cumplimiento de medidas que se exigen para la sociedad en libertad, como las de distanciamiento social. Pero en cárceles sobrepobladas, esto es simplemente una quimera. No hay alternativa: deben ponerse en práctica planes públicos de acción dirigidos a la reducción drástica de la población encarcelada.

    Recomendaciones internacionales

    El Magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el prestigioso penalista Raúl Zaffaroni, afirma de manera tajante que no podemos engañarnos: “aquí se juegan miles de vidas humanas y nadie podrá alegar en el futuro que lo ignora, puesto que todos tenemos plena consciencia de la ilicitud de esas penas en esas condiciones de cumplimiento, y si no se procede a hacer lo correcto, es porque dolosamente se está consintiendo la posibilidad de muerte de miles de personas, más de la mitad de las cuales, en nuestros países, ni siquiera están condenadas. Estamos ante la inminencia de una hecatombe y los Estados que permitiesen la muerte de miles de personas en sus prisiones superpobladas, serían responsables internacionalmente, sin perjuicio de que sus autoridades resultasen responsables de delitos masivos de abandonos de personas. No nos olvidemos que dejar morir a miles de personas, con clara consciencia de que inevitablemente ese sería el resultado de su inacción, omitiendo las medidas urgentes reclamadas por todos los órganos responsables del mundo, sería una conducta típicamente dolosa de abandono masivo de personas, claramente caracterizada como crimen de lesa humanidad”.

    Frente a semejante panorama, creemos que la implementación del SIRCAIVI debe incluir acciones dirigidas a reducir el impacto de la pandemia en las prisiones de América Latina. Especialmente en cuanto la misma pueda directamente incidir en el concepto de violencia institucional carcelaria. Es en tal sentido que las Defensorías Públicas de Argentina, Chile y Costa Rica (que es donde se localizará el SIRCAIVI) pueden ver reforzado su rol de protección de los derechos de las personas privadas libertad, asumiendo tareas de registro de las incidencias provocadas por la pandemia, monitoreando su evolución, y ofreciendo información a estas personas y sus familiares.

    En concreto puede y debe ser monitoreado el cumplimiento de recomendaciones internacionales. Esas medidas también están siendo reclamadas en países de la Unión Europea con distinto grado de aceptación.

    La pandemia es global. Las vías para afrontarlas también deben seguir una hoja de ruta común que es la que proviene de las recomendaciones internacionales. Cumplirlas a tiempo, antes que sea demasiado tarde, constituye no sólo un deber jurídico sino un imperativo ético en el que nos jugamos la civilización contemporánea.

    Alejandro Forero Cuéllar e Iñaki Rivera Beiras, del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona; y expertos del Programa EUROsociAL+.

  • 26 marzo 2020

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    Posteado en : Reportaje

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    La ciclogénesis se llamaba cambio climático

    Conmemoramos el Día Meteorológico Mundial, que se celebra el 23 de marzo, visibilizando las relaciones entre meteorología y cambio climático y el trabajo de EUROCLIMA+ al respecto

    Las lluvias torrenciales o las sequías son fenómenos meteorológicos relacionados con el agua, todos ellos cada vez más extremos en cualquier punto del planeta. A estos y otros fenómenos similares se consagra este año el Día Meteorológico Mundial que, presidido por el lema “clima y agua” pone el foco en los efectos del cambio climático que se manifiestan a través del agua.

    Según datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el ser humano no puede sobrevivir más de tres días sin agua y, en la actualidad, en todo el mundo hay 3000 millones de personas que no disponen de instalaciones básicas para lavarse las manos. Además, sabiendo esto, hay que tener en cuenta que en los próximos 30 años la demanda mundial de agua dulce aumentará entre un 20 % y 30 %.

    Con el objetivo de conmemorar el nacimiento de la OMM, que tuvo lugar el 23 de marzo de 1950 en el seno de la ONU, este día sirve también para poner de relieve la contribución de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a la seguridad y al bienestar de las sociedades. Y, por qué no, para reflexionar sobre la importancia de la meteorología en el contexto global de cambio climático en el que vivimos en la actualidad.

    El agua, un bien común

    Los fenómenos meteorológicos extremos, fruto del cambio climático que estamos atravesando a nivel global, son una de las mayores amenazas mundiales. En concreto, aquellos que se relacionan con el agua constituyen un riesgo máximo por los impactos que provocan, tanto en el desarrollo sostenible como en la seguridad de las personas. Según declara el Secretario General de la OMM, Petteri Taalas, en el comunicado de la organización sobre el 23 de marzo, “los cambios en la distribución mundial de las precipitaciones están teniendo importantes repercusiones en muchos países. El nivel del mar aumenta a un ritmo cada vez mayor debido a la fusión de los glaciares más grandes, como los de Groenlandia y la Antártida. Ello está exponiendo las zonas costeras y las islas a un mayor riesgo de inundación y a la sumersión de zonas bajas”.

    Las crecidas de los ríos o las inundaciones son fuente de paz y de conflicto, pues la mayoría de los ríos y otras aguas dulces son transfronterizas, y las decisiones que un país adopte en relación con la gestión de recursos hídricos a menudo repercuten en otros países. Además, la seguridad alimentaria está muy relacionada con el agua: por ejemplo, la concentración de las lluvias en determinadas épocas del año o en determinados sitios afecta a la agricultura, a los desplazamientos y, en definitiva, a la supervivencia de millones de personas en todo el mundo.

    Buena prueba de la relevancia internacional del lema escogido la encontramos  en el hecho de que el agua y el clima son la piedra angular del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (Agua limpia y saneamiento) y 13 (Acción por el clima), ambos recogidos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y que alberga en su seno las prioridades mundiales para los próximos 10 años.

    Para el proyecto EUROCLIMA+, cada gota cuenta

    Tal y como de forma expresa detalla la OMM, en la actualidad, los datos sobre los recursos hídricos son incompletos y están dispersados, lo que impide en gran medida el trabajo conjunto entre países y la cooperación internacional para poder enfrentarse a retos globales, como el cambio climático.

    En esta línea trabaja el proyecto EUROCLIMA+ de la mano de AEMET en Centroamérica, donde están llevando a cabo, junto a las instituciones de los distintos países, la generación de escenarios climáticos para anticiparse a los impactos del cambio climáticoy planificar medidas de adaptación. En este sentido, el proyecto, financiado por la UE y en cuya gestión participa la FIIAPP, tiene la mirada puesta en prever el impacto, la vulnerabilidad y las necesidades de adaptación al cambio climático.

    La utilidad de los escenarios, en palabras del especialista del proyecto y meteorólogo de AEMET Jorge Tamayo, consiste en disponer de información para saber “qué es lo que va a ocurrir y qué medidas son las que se pueden aplicar”, y que además esta información pueda “ser utilizada por parte de los responsables de la gestión hídrica, para planificar”, por ejemplo “si tienen que hacer mayor número de embalses o tienen que redimensionar los que tienen actualmente, para intentar paliar estos efectos al menos conociéndolos”.

    Trabajar juntos en la adaptación o mitigación del cambio climático es trabajar juntos por un futuro más resiliente, tal y como demuestra EUROCLIMA+.

  • 19 septiembre 2019

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    Posteado en : Opinion

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    COPOLAD, EL PAcCTO, EUROsociAL+ y el valor del trabajo conjunto en América Latina y el Caribe

    Estos proyectos, financiados por la Unión Europa y en cuya gestión participa la FIIAPP, celebran hoy y mañana en Montevideo una conferencia birregional de alto nivel sobre medidas alternativas a la a la privación de libertad

    Con la presencia de numerosas autoridades europeas y latinoamericanas, COPOLAD, EL PAcCTO y EUROsociAL+ aúnan en esta conferencia esfuerzos, trabajo, discurso y medios con el objetivo de conseguir una mayor incidencia del tema en la sociedad.

    La conferencia se ha clausurado con un gran acuerdo formalizado en una declaración conjunta ratificada por todos los representantes de los países de América Latina y el Caribe participantes, así como por la Unión Europea y por los tres programas regionales de cooperación organizadores del evento: COPOLAD II, EL PAcCTO y EUROsociAL+.

    Cada uno desde su perspectiva, en este post, los tres proyectos ponen en valor la dimensión común que comparten en torno a las medidas alternativas a la pena de prisión.

     

    COPOLAD y la importancia de la coordinación entre instituciones

    En los últimos años, varias medidas alternativas a la prisión han demostrado resultados esperanzadores reduciendo, en algunos centros penitenciarios, la sobrepoblación existente y con ello, los problemas asociados a esta situación. En la conferencia se conocerán las principales líneas de actuación en este ámbito que han demostrado –de manera consistente y en distintos contextos sociales– resultados positivos en relación con el hacinamiento y en el abordaje de otros problemas asociados. En este contexto, y para poder explorar las alternativas exitosas ejecutadas en algunos países y la evaluación de sus beneficios, se considerará un aspecto que es común, básico e irrenunciable para asegurar el éxito en la aplicación de cualquier medida alternativa.

    Este factor clave es la necesidad de coordinación interinstitucional, un concepto fácil de formular y más complejo de aplicar. La coordinación interinstitucional ha demostrado estar en el centro de cualquier acción que promueva el desarrollo de políticas públicas en el ámbito de las alternativas a la prisión, si lo que se pretende es que sean efectivas (basadas en la evidencia), eficientes y alineadas con los objetivos de desarrollo, en especial la protección de los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres, la promoción de la salud pública y la buena gobernanza.

    Teniendo en cuenta esto, la conferencia brindará la oportunidad de profundizar en lo que significa la coordinación interinstitucional en éste ámbito, las implicaciones que conlleva el enfrentarse a los numerosos retos que supone el desarrollo y gestión de oportunidades y mecanismos de coordinación -herramientas y plataformas multisectoriales- que deben existir para mejorar la cooperación horizontal entre el sistema judicial y las fuerzas de seguridad, así como también entre los servicios sociales y de atención a la salud.

    Teresa Salvador-Llivina es directora de COPOLAD y Claudia Liebers es responsable de Relaciones Institucionales y Estrategia del proyecto.

     

    EL PAcCTO: la relación entre las medidas alternativas a la pena de privación de libertad y el crimen organizado

    En todo el globo, y Latinoamérica no es una excepción, muchos Estados cuentan con una sobrepoblación penitenciaria que a veces llega a niveles alarmantes. El hacinamiento es un mal en mismo, ya que además de afectar a la dignidad humana de las personas privadas de libertad, impide o complica mucho la correcta implementación de programas de reinserción social, la separación física entre detenidos peligrosos y delincuentes leves o delincuentes primarios.  

    Numerosos estudios internacionales subrayan que la prisión no puede ser la única solución para afrontar la delincuencia y muestran que, con frecuencia, ésta se transforma en una escuela del crimen, favoreciendo la proliferación de grupos criminales que actúan dentro y fuera de los centros de detención poniendo en riesgo la seguridad de los penados y de la sociedad en su conjunto.  Son varias las organizaciones criminales que han surgido y se han fortalecido en el ámbito penitenciario aprovechando las debilidades de los sistemas a causa de la alta sobrepoblación.  

    Por eso, una de las principales preocupaciones de EL PAcCTO es la necesidad de apoyar la ejecución y el uso de medidas alternativas a la privación de libertad considerándolas como fundamentales para descongestionar los sistemas penitenciarios y concentrar la atención en las personas privadas de libertad más peligrosas, que pueden potencialmente reclutar afiliados en los centros penitenciarios. Por esas motivaciones consideramos que las medidas constituyen también una herramienta esencial para la lucha contra el crimen organizado. 

    Además, las medidas alternativas son un tema transversal que necesitan de un abordaje holístico, una fuerte coordinación y abocan a un cambio cultural y un abordaje compartido entre todos los actores involucrados también en términos de comunicación externa.  

    Giovanni Tartaglia Polcini es coordinador del componente de sistemas Penitenciarios EL PAcCTO, Lorenzo Tordelli, co-coordinador-gestor temático del mismo y Nathalie Boissou, su coordinadora adjunta.

     

    EUROsociAL+, favoreciendo la inserción social y el abandono del delito

    Estos días, en Montevideo, los programas EUROsociAL+, junto con El PACcTO y COPOLAD estamos organizando una conferencia birregional sobre medidas alternativas a la privación de libertad. Los tres, cada uno desde su enfoque, hemos abordado este tema, convergiendo en problemáticas comunes que nos hacen trabajar en la misma dirección.

     La pena de privación de libertad en prisión, que debiera ser último recurso, se ha estado usando de manera indiscriminada en América Latina. Ha habido un exponencial crecimiento de la población privada de libertad en las últimas décadas. Esta sobrepoblación que ha provocado problemas de hacinamiento, salud, y violencia, se ha visto cuestionada en la medida que ha mostrado no ser capaz de favorecer los procesos de inserción social, tampoco ha tenido un efecto disuasorio disminuyendo la reincidencia delictiva, ni efectos positivos en la rehabilitación social. 

     El enfoque de la cohesión social, que promueve el programa EUROsociAL+, está estrechamente vinculado con el desarrollo y uso de medidas alternativas a la privación de libertad, no sólo porque la desigualdad contribuye a la violencia, y este en un programa que tiene como objetivo la reducción de todo tipo de desigualdades, sino porque en su afán por “no dejar a nadie atrás”, la pregunta que sobre todo debe interesar no es ¿por qué delinquen los infractores? sino ¿por qué dejan de delinquir? La búsqueda de las acciones que favorecen la decisión de abandonar el delito es la clave en los procesos de inserción social de infractores y en las medidas alternativas.

    Un foco especial se dará a las mujeres privadas de libertad en esta conferencia. A pesar del que el porcentaje es mucho menor que el de hombres, el número de mujeres encarceladas en la región prácticamente se ha triplicado en las últimas décadas. Este crecimiento está siendo muy rápido y proporcionalmente mucho mayor que el de varones. Estas tendencias deberían ser un motivo de preocupación para los gobiernos y el sistema penitenciario, todavía con carencias o indiferente en relación a las necesidades específicas de las mujeres. Urge, por tanto, incorporar la perspectiva de género.

    Por supuesto, la aplicación de medidas alternativas no se puede incorporar sin el respaldo de una acción administrativa fiable. La implantación necesita de un marco de actuación con medidas rehabilitadoras que permitan a los jueces su consideración real y a los infractores tomar conciencia de sus actos para cambiar y abandonar el delito.

    Sonia González Fuentes es coordinadora del área de políticas de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+ en FIIAPP.

     

     

  • 12 septiembre 2019

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    Posteado en : Opinion

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    “Los delitos medioambientales se han convertido en el tercer delito más lucrativo del mundo”

    Con motivo del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, que se celebrará el 16 de septiembre, Marc Reina, gestor temático del componente de cooperación policial de EL PAcCTO, reflexiona sobre la necesidad de un marco estratégico y operacional de trabajo integral y coordinado entre países contra los delitos medioambientales

    Representando un volumen de negocio ilegal de entre 110 y 281 millones de dólares en 2018, según las estimaciones de Interpol y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), los delitos medioambientales se han convertido en el tercer delito más lucrativo del mundo, únicamente sobrepasado por el narcotráfico y el contrabando. 

     

    Estas cifras han aumentado exponencialmente en los últimos años, con un crecimiento de hasta varios dígitos amparado por un marco regulatorio insuficiente y una tipificación y sanción de los delitos que, en muchos casos, es administrativa en vez de penal. Además, la focalización de recursos de investigación policial y judicial en otros ámbitos como el tráfico de drogas y/o de personas, así como la consideración de los delitos ambientales como de bajo riesgo en comparación con otras tipologías delictuales, han facilitado el surgimiento de organizaciones criminales especializadas en minería ilegal, deforestación y tráfico de especies protegidas, entre otros, y sus delitos conexos como la corrupción, el lavado de activos, el sicariato y la explotación laboral y sexual. 

     

    Si tenemos en cuenta que América Latina representa más del 40% de la biodiversidad mundial y que la complejidad geográfica y política de la región hace difícil el control efectivo de territorio por parte de los Estados, la lucha contra los delitos ambientales en su conjunto es una tarea titánica. 

     

    Por eso es necesario el desarrollo de acciones estratégicas y operacionales en varios niveles. Por un lado, el desarrollo estratégico debe obligatoriamente pasar por la creación de un marco regulatorio internacional, ya sea mediante protocolos adjuntos a grandes convenciones como la Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada (Convención de Palermo) o la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (Convenio CITES), o a través de la elaboración de un nuevo tratado internacional que sirva de paraguas de protección y persecución de los crímenes contra el medio ambiente. 

     

    Por otro lado, a nivel operacional y siguiendo las conclusiones y los compromisos de los Jefes de Estado y los ministros del Interior de las 7 mayores potencias económicas del mundo, reunidos en el G7 los días 4 y 5 de abril de 2019 en Francia, es necesario crear mecanismos eficientes de coordinación y cooperación policial y judicial, tanto nacionales como regionales, así como el desarrollo de Task Forces multidisciplinares especializadas en la materia y Equipos Conjuntos de Investigación (JIT, por sus siglas en inglés). En este aspecto, la Unión Europea tiene una ventaja comparativa importante respecto a otras regiones ya que ha fomentado el desarrollo de instituciones cuyos principales propósitos son la coordinación, el intercambio de información y el trabajo interinstitucional e interpaís. Ejemplos de ello son Europol y Eurojust. 

     

    Pactos de Estado contra los delitos ambientales 

     

    Sin embargo, bajo mi punto de vista, la acción más eficiente, pero quizás más compleja, es la búsqueda de alianzas y pactos de Estado estratégicos para el desarrollo de políticas públicas integrales tanto de prevención como de tratamiento penal de los delitos ambientales, incluyendo aspectos importantes de lucha contra la pobreza, la perspectiva de género, el fomento del emprendimiento, la cultura y la educación. 

     

    Los pactos de Estado, junto a sus políticas públicas, deben tener un consenso mayoritario de la población y deben estar regidos por cinco principios básicos: voluntad de financiación y presupuesto concreto; control y fiscalización; transparencia; buena ejecución; y, responsabilidad ante la ciudadanía. 

     

    En este sentido, América Latina tiene la oportunidad, la experiencia y el deber de asumir el liderazgo internacional en el desarrollo de políticas públicas integrales que puedan luchar más eficazmente contra los delitos ambientales, fomentando la transición a una economía verde y responsable, así como con un crecimiento económico sostenible que pueda generar negocios y que permita impulsar el desarrollo de aquellas comunidades dependientes directamente de ciertos ecosistemas particulares para subsistir. 

     

    Este es el caso de una parte importante de los aproximadamente 60 millones de personas que se consideran indígenas en la región latinoamericana. Una gran parte de ellos se encuentran localizados en la cuenca del Amazonas, la cual ha perdido el 20% de su biodiversidad en los últimos 50 años según el World Wide Fund for Nature (WWF, 2018), por motivos vinculados a sobreexplotación y crimen organizado. 

     

    Por su forma de vida y por su número, estas comunidades son clave no sólo para cambiar el desarrollo económico y humano de muchos países, sino también para desarrollar nuevas aproximaciones en el desarrollo económico sostenible, la lucha contra los delitos ambientales y el cambio climático, teniendo en cuenta la colaboración entre la sociedad civil, las empresas privadas con responsabilidad social corporativa y el Estado. 

     

    Desarrollo económico vs protección de los recursos naturales 

     

    Llegados a este punto, es necesario poner de relieve la dicotomía entre, por un lado, el desarrollo económico desmesurado y a toda costa; y, por otro, la protección de los recursos naturales. De hecho, es importante destacar que, en parte, el aumento de la extracción ilícita de materias primas y la deforestación para la creación de grandes zonas de pasto de animales y plantaciones, ha sido provocados por un incremento del consumo humano desenfrenado. 

     

    Hay que admitir que si existen grupos criminales organizados detrás de estos delitos es porque hay una demanda concreta al respecto. Voluntaria o involuntariamente. Con conocimiento o sin conocimiento de la existencia de violencia y delitos conexos por parte del demandante. 

     

    Es evidente que todos los países y sociedades del mundo tienen el derecho, pero no la obligación, de desarrollarse económicamente, así como cultural e intelectualmente. Sin embargo, con el más que evidente cambio climático, tenemos que plantearnos la necesidad de cambiar el modelo de crecimiento económico indefinido y salvaje, el cual fomenta el surgimiento de una multitud de delitos que acaban contribuyendo al cambio climático y al aumento de la violencia en los países. 

    En consecuencia, es necesario balancear el consumo humano desenfrenado con la protección del medioambiente. 

     

    EL PAcCTO es un proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por FIIAPP y Expertise France, con el apoyo del IILA y del Instituto Camões para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en Latinoamérica.

     

     Marc Reina, gestor temático del componente de cooperación policial de EL PAcCTO