• 12 septiembre 2019

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    “Los delitos medioambientales se han convertido en el tercer delito más lucrativo del mundo”

    Con motivo del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, que se celebrará el 16 de septiembre, Marc Reina, gestor temático del componente de cooperación policial de EL PAcCTO, reflexiona sobre la necesidad de un marco estratégico y operacional de trabajo integral y coordinado entre países contra los delitos medioambientales

    Representando un volumen de negocio ilegal de entre 110 y 281 millones de dólares en 2018, según las estimaciones de Interpol y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), los delitos medioambientales se han convertido en el tercer delito más lucrativo del mundo, únicamente sobrepasado por el narcotráfico y el contrabando. 

     

    Estas cifras han aumentado exponencialmente en los últimos años, con un crecimiento de hasta varios dígitos amparado por un marco regulatorio insuficiente y una tipificación y sanción de los delitos que, en muchos casos, es administrativa en vez de penal. Además, la focalización de recursos de investigación policial y judicial en otros ámbitos como el tráfico de drogas y/o de personas, así como la consideración de los delitos ambientales como de bajo riesgo en comparación con otras tipologías delictuales, han facilitado el surgimiento de organizaciones criminales especializadas en minería ilegal, deforestación y tráfico de especies protegidas, entre otros, y sus delitos conexos como la corrupción, el lavado de activos, el sicariato y la explotación laboral y sexual. 

     

    Si tenemos en cuenta que América Latina representa más del 40% de la biodiversidad mundial y que la complejidad geográfica y política de la región hace difícil el control efectivo de territorio por parte de los Estados, la lucha contra los delitos ambientales en su conjunto es una tarea titánica. 

     

    Por eso es necesario el desarrollo de acciones estratégicas y operacionales en varios niveles. Por un lado, el desarrollo estratégico debe obligatoriamente pasar por la creación de un marco regulatorio internacional, ya sea mediante protocolos adjuntos a grandes convenciones como la Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada (Convención de Palermo) o la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (Convenio CITES), o a través de la elaboración de un nuevo tratado internacional que sirva de paraguas de protección y persecución de los crímenes contra el medio ambiente. 

     

    Por otro lado, a nivel operacional y siguiendo las conclusiones y los compromisos de los Jefes de Estado y los ministros del Interior de las 7 mayores potencias económicas del mundo, reunidos en el G7 los días 4 y 5 de abril de 2019 en Francia, es necesario crear mecanismos eficientes de coordinación y cooperación policial y judicial, tanto nacionales como regionales, así como el desarrollo de Task Forces multidisciplinares especializadas en la materia y Equipos Conjuntos de Investigación (JIT, por sus siglas en inglés). En este aspecto, la Unión Europea tiene una ventaja comparativa importante respecto a otras regiones ya que ha fomentado el desarrollo de instituciones cuyos principales propósitos son la coordinación, el intercambio de información y el trabajo interinstitucional e interpaís. Ejemplos de ello son Europol y Eurojust. 

     

    Pactos de Estado contra los delitos ambientales 

     

    Sin embargo, bajo mi punto de vista, la acción más eficiente, pero quizás más compleja, es la búsqueda de alianzas y pactos de Estado estratégicos para el desarrollo de políticas públicas integrales tanto de prevención como de tratamiento penal de los delitos ambientales, incluyendo aspectos importantes de lucha contra la pobreza, la perspectiva de género, el fomento del emprendimiento, la cultura y la educación. 

     

    Los pactos de Estado, junto a sus políticas públicas, deben tener un consenso mayoritario de la población y deben estar regidos por cinco principios básicos: voluntad de financiación y presupuesto concreto; control y fiscalización; transparencia; buena ejecución; y, responsabilidad ante la ciudadanía. 

     

    En este sentido, América Latina tiene la oportunidad, la experiencia y el deber de asumir el liderazgo internacional en el desarrollo de políticas públicas integrales que puedan luchar más eficazmente contra los delitos ambientales, fomentando la transición a una economía verde y responsable, así como con un crecimiento económico sostenible que pueda generar negocios y que permita impulsar el desarrollo de aquellas comunidades dependientes directamente de ciertos ecosistemas particulares para subsistir. 

     

    Este es el caso de una parte importante de los aproximadamente 60 millones de personas que se consideran indígenas en la región latinoamericana. Una gran parte de ellos se encuentran localizados en la cuenca del Amazonas, la cual ha perdido el 20% de su biodiversidad en los últimos 50 años según el World Wide Fund for Nature (WWF, 2018), por motivos vinculados a sobreexplotación y crimen organizado. 

     

    Por su forma de vida y por su número, estas comunidades son clave no sólo para cambiar el desarrollo económico y humano de muchos países, sino también para desarrollar nuevas aproximaciones en el desarrollo económico sostenible, la lucha contra los delitos ambientales y el cambio climático, teniendo en cuenta la colaboración entre la sociedad civil, las empresas privadas con responsabilidad social corporativa y el Estado. 

     

    Desarrollo económico vs protección de los recursos naturales 

     

    Llegados a este punto, es necesario poner de relieve la dicotomía entre, por un lado, el desarrollo económico desmesurado y a toda costa; y, por otro, la protección de los recursos naturales. De hecho, es importante destacar que, en parte, el aumento de la extracción ilícita de materias primas y la deforestación para la creación de grandes zonas de pasto de animales y plantaciones, ha sido provocados por un incremento del consumo humano desenfrenado. 

     

    Hay que admitir que si existen grupos criminales organizados detrás de estos delitos es porque hay una demanda concreta al respecto. Voluntaria o involuntariamente. Con conocimiento o sin conocimiento de la existencia de violencia y delitos conexos por parte del demandante. 

     

    Es evidente que todos los países y sociedades del mundo tienen el derecho, pero no la obligación, de desarrollarse económicamente, así como cultural e intelectualmente. Sin embargo, con el más que evidente cambio climático, tenemos que plantearnos la necesidad de cambiar el modelo de crecimiento económico indefinido y salvaje, el cual fomenta el surgimiento de una multitud de delitos que acaban contribuyendo al cambio climático y al aumento de la violencia en los países. 

    En consecuencia, es necesario balancear el consumo humano desenfrenado con la protección del medioambiente. 

     

    EL PAcCTO es un proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por FIIAPP y Expertise France, con el apoyo del IILA y del Instituto Camões para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en Latinoamérica.

     

     Marc Reina, gestor temático del componente de cooperación policial de EL PAcCTO 

     

     

     

  • 29 agosto 2019

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    EUROsociAL+ y el caso de Lorenza Cayuhan

    El proyecto aborda el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad y en este documental expone un caso paradigmático: el de la mujer mapuche Lorenza Cayuhan

    El acceso a la justicia es una seña de identidad del programa EUROsociAL+, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, constituyéndose como una de las dimensiones a través de las cuales se quiere luchar contra la exclusión y las desigualdades.

     

    A pesar de los notables avances en la región latinoamericana en esta materia, aún existe una necesidad de mejorar y garantizar el acceso a la justicia de determinados grupos vulnerables para reforzar la cohesión social. En ese marco, Las Reglas de Brasilia de Acceso a la Justica de personas en condición de vulnerabilidad aprobadas por la Cumbre Judicial Iberoamericana son un instrumento clave para garantizar el acceso a la justicia y contribuir a la cohesión social en la región. Desde el inicio de EUROsociAL, en 2005, el programa ha acompañado a los países de la región y a las redes regionales, no solo en la definición inicial de las Reglas de Brasilia en 2008, sino también en la revisión y actualización de las mismas en 2018, y en su difusión e implantación a nivel nacional en los países de América Latina.

     

    El caso de Lorenza Cayuhan, que se presenta en el video, es paradigmático en este sentido porque muestra una discriminación múltiple (interseccionalidad de la discriminación) por ser mujer, mapuche, en estado de gestación y privada de libertad, como así fue finalmente reconocido por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile.

     

     

    Área de Política de Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+

  • 04 julio 2019

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    Hacia una justicia más abierta y transparente en Colombia

    La Estrategia de Justicia Abierta del Consejo de Estado de Colombia, apoyada por el proyecto ACTUE Colombia ha sido premiada como una reforma estelar

    A principios del mes pasado, tuve la suerte de asistir a la 6ª Cumbre Global de la Alianza del Gobierno Abierto en Canadá, un encuentro que reunió a dos mil personas de 79 países y 20 gobiernos locales que, junto a organizaciones de la sociedad civil, académicos y otros actores, integran la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés). Este año, la Cumbre giró en torno a tres prioridades estratégicas: participación, inclusión e impacto.

     

    Durante la inauguración, y para mi sorpresa, apareció en las pantallas gigantes la iniciativa que apoyamos desde el proyecto ACTUE -proyecto que gestionó la FIIAPP con financiación de la UE entre 2014 y 2018-: la Estrategia de Justicia Abierta en el Consejo de Estado de Colombia como uno de las “Reformas Estelares”, seleccionadas en el último ciclo OGP. Fue muy emocionante poder vivir ese impacto tangible de uno de nuestros proyectos, algo que raramente podemos experimentar. La ilusión que me produjo superó a la de ver en directo al primer ministro canadiense Justin Trudeau, que ya es mucho. Y es que no es para menos, estos 12 compromisos han sido seleccionados por el Mecanismo de Revisión Independiente entre cientos de compromisos, por mostrar evidencias de resultados preliminares que suponen avances significativos en áreas políticas relevantes y transformadoras.

     

    La Estrategia de Justicia Abierta en el Consejo de Estado de Colombia, ha permitido que, por primera vez, la Corte comenzase a publicar sus agendas y decisiones anteriores, así como información sobre posibles conflictos de intereses de jueces y del personal administrativo; aspectos esenciales para la rendición de cuentas públicas, así como para posibilitar que ciudadanía y sociedad civil ejerzan su labor de control social. A largo plazo, estos cambios pueden reducir la corrupción en las instituciones de justicia y permitirles recuperar la confianza de la ciudadanía. Justicia Abierta es una de las tendencias políticas en gobierno abierto que está ganando mayor relevancia dado el gran impacto que sus acciones pueden aportar a la ciudadanía; particularmente, el acceso a la justicia posibilita el ejercicio de otros derechos. Además, esta acción sectorial contribuye directamente al progreso de la Agenda 2030, a través de su objetivo 16 Paz, Seguridad e Instituciones sólidas.

     

    El proyecto ACTUE Colombia estuvo apoyando a la Secretaria de Transparencia de Colombia en la elaboración de sus planes de acción OGP , así como a las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo, a través de asistencias técnicas especializadas, la creación de un espacio de interlocución entre administraciones y sociedad civil para definir sus propias prioridades en gobierno abierto.

     

    Este es un buen ejemplo del impacto positivo que puede generar la cooperación delegada, gracias a la flexibilidad e innovación que aportan, a nuestras socias, las asistencias técnicas a demanda que llevamos a cabo.

     

    Sobre el proyecto ACTUE Colombia

     

    El proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia (ACTUE-Colombia) ha apoyado a las instituciones colombianas en la puesta en marcha de medidas clave para un Gobierno Abierto Territorial con la finalidad de avanzar en la prevención y la lucha contra la corrupción tanto a nivel nacional como territorial. Para ello, el proyecto apoyó la creación de condiciones para el cumplimiento de compromisos internacionales, el fortalecimiento del control social, la promoción de la corresponsabilidad del sector privado y la generación cambios culturales e institucionales.

     

    Entre el 2014 y el 2018, el proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP en coordinación con la Secretaría de Transparencia (ST) y Función Pública (FP) prestó asistencia en áreas como la aplicación de la Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, la redacción de Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), el fomento de la rendición de cuentas o la promoción de la participación ciudadana. De esta forma, se contribuyó a que los funcionarios comprendan que el derecho de transparencia y acceso a la información es un derecho llave para el ejercicio de otros, aumentando la conciencia por institucionalizar los avances en transparencia activa y el conocimiento en la identificación y gestión de los riesgos de corrupción.

     

    Carolina Díaz, técnico jurídico en el área de Justicia y Seguridad de la FIIAPP y, entre 2014 y 2018, miembro del equipo ACTUE Colombia

     

  • 14 marzo 2019

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    Ángeles de la guarda

    Laura Cárdenas es autora de este texto y experta de EUROsociAL+ en el desarrollo de una estrategia de sensibilización para las medidas alternativas a la prisión

    Miguel llega como cada semana a PROMESEM, el Programa de Inserción Social y Comunitaria del Instituto Nacional de Inclusión Social de Adolescentes Uruguay (INISA). Allí le aguardan cada día las psicólogas, educadoras sociales, profesores y profesoras para trabajar con él de una forma integral y cumplir con la medida judicial por el delito que cometió, tras un año de encierro, ahora en medio abierto. “Ellos son mis ángeles de la guarda”, explica. Y ese es el ambiente que se respira en el centro INISA. Abrazos, sonrisas, olor a incienso, paredes decoradas y adolescentes, varones y mujeres, que buscan aliento y una forma de resarcir el daño que causaron, a la sociedad y a ellos mismos.

     

    Miguel es uno de los más de 300 adolescentes que se encuentran bajo el amparo del INISA, el ente rector encargado de los jóvenes en conflicto con la ley penal, dentro de un sistema en el que la privación de libertad “ha sido la regla y no la excepción” tal y como subraya su presidenta, Gabriela Fulco.  Es por ello que el Estado ha creado un nuevo modelo de abordaje de las medidas no privativas de libertad que “responde a la necesidad de cumplir el compromiso de Estado que adquirimos al ratificar la Convención de los Derechos del Niño” e implica una mayor aplicabilidad de medidas socio-educativas y de reinserción, facilitar la continuidad de la vida socio familiar de los y las adolescentes y establecer la paz dentro de la comunidad.

     

    Por ello, la Unión Europea a través de su programa EUROsociAL+, que gestiona la FIIAPP, está acompañando a INISA en este proceso mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas en políticas públicas europeas y latinoamericanas en esta materia. Entre ellas destaca el diseño de una estrategia de comunicación y sensibilización que sirva de guía para sensibilizar a la ciudadanía uruguaya, a las instituciones del Estado, medios de comunicación y sector privado sobre la necesidad de promover la aplicación de medidas no privativas en lugar de las privativas para mejorar la cohesión social.

     

    Tal y como explica Fulco, tanto desde la perspectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como desde la seguridad ciudadana, la privación de libertad no resuelve el problema de inseguridad ni mejora las posibilidades de reinserción social de los adolescentes. Sin embargo, el modelo que aplica las sanciones alternativas a la privación de libertad mediante medidas socioeducativas ha demostrado a nivel internacional menores índices de reincidencia y una mayor reinserción.

     

    Trabajo integral

     

    En PROMESEN atienden a adolescentes que han pasado previamente por privación de libertad y otros que no. Y entre ellos hay una gran diferencia según explica su directora, Fernanda Albistur: “los que llegan de privación de libertad vienen aturdidos, las primeras semanas no quieren ni salir de casa y muchos tienen miedo de venir solos. Siguen escuchando los ruidos de la prisión, los candados, las puertas… Nos cuesta mucho más que quieran participar en el programa. El encierro agrava además la situación familiar y todos los conflictos que tenían previo a su ingreso y que quedaron congelados vuelven a resurgir”, explica Albistur. “Muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer para reparar el daño institucional provocado por el encierro, qué podemos hacer para devolverle la vida espantosa que pasó”.

     

    Miguel acudía cada semana al hospital geriátrico Piñeiro del Campo, donde residen personas mayores sin hogar, como parte de uno de los programas de servicios a la comunidad que establece la sanción socioeducativa.

     

    Laura Berois, profesora, acompañaba a los adolescentes en esta actividad. “Vienen con situaciones de vida muy complejas y cuando se enfrentan a realidades más difíciles que las suyas toman conciencia de lo importante que es cuidarse”, dice.

     

    Mariela, que también participa en este programa, vive con sus padres y sus abuelos en un barrio que no le gusta, según explica.  Ahora Mariela relata que se ha dado cuenta de “que no sirve de nada tomar el camino fácil. Hay que luchar y cuidar la convivencia con otros seres humanos”.  Mariela se imagina un futuro en el que pueda continuar sus estudios “trabajar y sacar adelante a mi familia porque quiero ser enfermera para poder curar a la gente”.  “Me quedan aún dos meses de seguir viniendo, pero lo voy a hacer. Además, aquí hay buena gente, nos ayudan”, subraya.

     

    Sofia Rodríguez es un de las educadoras de PROMESEM. Cada día se enfrenta al duro trabajo de ver las condiciones en las que se encuentran los y las adolescentes. Sus necesidades básicas y sus derechos han sido totalmente vulnerados y por ello “le dan poco valor a su propia vida”. Son adolescentes totalmente excluidos de la sociedad, del sistema educativo, que nacen y viven en el medio delictivo y por ello Sofía se pregunta: “¿cómo van a respetar los derechos de otros si todos sus derechos han sido totalmente vulnerados? Nadie se cuestiona por qué los adolescentes en conflicto con la ley no pertenecen a la clase media o alta sino a la pobre. Como sociedad somos responsables de lo que está pasando”, subraya.

     

    La mayoría han sufrido abandono durante toda su vida. Algunos tienen trastornos psicológicos graves y no saben discernir entre el bien y el mal”, explica Carolina, una de las psicólogas del centro. Pero todos y todas las trabajadoras del centro destacan el poder de resiliencia de estos adolescentes.

     

    “Nunca me trataron tan bien como en el Hospital Piñeiro. Además, los viejitos siempre nos estaban esperando y cuando nos íbamos se quedaban tristes. Hacíamos plástica juntos y hasta nos hicieron una exposición de las obras en la Intendencia de Santo Domingo”, expresa Miguel.  Ahora, Miguel, gracias al convenio firmado entre la Intendencia de Montevideo e INISA y, sobre todo, a su cambio de actitud, ha encontrado empleo y podrá atender las necesidades de su hijo recién nacido y las de su familia.

  • 29 noviembre 2018

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    La importancia de una cooperación judicial internacional más efectiva

    Antonio Roma, coordinador de cooperación entre sistemas de justicia de EL PAcCTO, reflexiona sobre el papel y el valor de la cooperación judicial internacional en el marco del proyecto

    Hoy por hoy, la cooperación judicial internacional es una necesidad para todos los países. En concreto, si hablamos del sistema europeo, hemos pasado de una cooperación entre Estados a una cooperación entre jueces de los Estados, sin necesidad de pasar por un sistema de control centralizado de las autoridades administrativas. En ese sentido, por tanto, en Europa tenemos una experiencia muy desarrollada basada en un principio de integración.

     

    Con el objetivo de desarrollar esta integración, desde EL PAcCTO -proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP y Expertise France, en colaboración con el Instituto Ítalo-Latinoamericano y el Instituto Camões de Portugal– trabajamos para que se refuerce una cooperación judicial efectiva con América Latina. La región está llena de profesionales y, además, de profesionales de verdad, que trabajan en sus respectivos países y que son muy competentes. Sin embargo, las estructuras que tienen para trabajar en cooperación judicial internacional siguen siendo muy dependientes de la cooperación entre los Estados. Y nosotros, EL PAcCTO, podemos llegar hasta donde determine la voluntad de los Estados, puesto que se trata de un proyecto a demanda.

     

    En cualquier caso, estamos haciendo una apuesta muy fuerte por facilitar los sistemas de cooperación, incrementando los actos de cooperación que puedan tener entre ellos; es decir, no se trata en absoluto de que ellos puedan prestar ayuda a jueces extranjeros o a fiscales extranjeros, sino de que tengan las mejores condiciones para solicitar ayuda hacia el exterior: abrir sus fronteras al mundo para poder recibir información e investigar los delitos que están sufriendo.

     

    Estamos trabajando a través de varias líneas: por ejemplo, estamos facilitando una actualización de las leyes de cooperación internacional para que dispongan de las técnicas nuevas que inevitablemente van llegando. Lo cierto es que la delincuencia avanza tan rápido, el dinero se mueve tan rápido, los autores de los delitos cruzan tan velozmente las fronteras, que cualquier intento de seguir con un esquema basado en la cooperación entre los Estados, propio de mediados del siglo XX, conduce a pocos resultados.

     

    La delincuencia organizada requiere estar muy al día y, para conseguirlo, coger el ritmo es muy importante. Por ello, estamos trabajando en la creación de equipos conjuntos de investigación y otras técnicas novedosas de cooperación entre los Estados; también en lo relativo al cibercrimen porque las formas de cooperación en esta materia, como los contactos instantáneos entre las autoridades policiales y fiscales de los Estados requieren, efectivamente, una puesta al día.

     

    Asimismo, estamos estableciendo una línea de trabajo que está siendo aprovechada por distintas naciones para facilitar sistemas técnicos informáticos. De esta manera, los usuarios del sistema, y me refiero al fiscal o al policía que esté en la última esquina de la frontera de los Estados, podrá disponer de los mecanismos para, no solo tener la información, sino también la facilidad de preparar actos de cooperación con otro Estado. Todo esto de una manera sencilla, facilitando el trabajo de todos y, en definitiva, propiciando que exista una mayor cooperación internacional entre ellos.

     

    En definitiva, EL PAcCTO no está basado en cursos de capacitación, ni en actualizaciones de conocimientos, sino que buscamos tener un efecto lo más práctico, lo más directo posible y, por lo tanto, aprender haciendo pero también y, sobre todo, mejorando las estructuras, los sistemas y las técnicas.

  • 16 agosto 2018

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    «La gran corrupción requiere una respuesta global y de cooperación”

    Delia Ferreira es presidenta de la ONG Transparencia Internacional y en esta entrevista nos relata algunos avances contra la corrupción así como también desafíos que aún están pendientes

    ¿Cómo podemos lograr un cambio cultural en nuestras sociedades en relación al fenómeno de la corrupción, de modo que deje de considerarse como un fenómeno natural?

     

    La normalización de la corrupción es un problema central en nuestras sociedades. La corrupción aparece cuando está instalada estructuralmente como la forma normal de hacer negocios o de conseguir tus derechos o lo que necesites del Estado en la prestación de servicios. Y ese es un problema que tiene que ver con la reconstrucción de ciertos consensos sobre valores básicos en una sociedad. Durante años se han ido rompiendo esos acuerdos y esa comprensión sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal en las sociedades. Incluso si uno analiza cuál es la percepción de un niño muy pequeñito sobre lo que es justo e injusto, es mucho más clara que la percepción que ese niño va a tener al permearse a los criterios sociales a lo largo de los años. Debemos trabajar fuertemente en educación, en rediscusión sobre lo que es aceptable y lo que no, porque, cuando se normaliza la corrupción, ya no hay ningún antídoto efectivo, porque precisamente el socio que necesitamos en la lucha contra la corrupción es la sociedad movilizada, ciudadano por ciudadano, consciente de lo que se debe admitir y lo que no. Hay que generar condiciones que favorezcan o canalicen esa energía social.

    ¿Cuáles son los desafíos de la coordinación internacional en la lucha contra la corrupción ante fenómenos de corrupción institucionalizada y alcance global como el caso Lava Jato?

     

    La gran corrupción, como el caso del Lava Jato, plantea para la justicia desafíos distintos que los casos de corrupción que habíamos visto anteriormente, por muy grandes que fueran en términos monetarios, porque este es un fenómeno globalizado y, por lo tanto, requiere una respuesta global y de cooperación, no solo a nivel de los países, sino entre todas las agencias. Este es uno de los problemas que afronta la justicia cuando quiere investigar estos casos. No solo el acceso a información bancaria, información tributaria, información de los organismos de lavado de dinero, que debería ser mucho más fácil para los jueces y fiscales que investigan, sino también la necesidad de cooperar internacionalmente.

    Es por ello que hay que cambiar las normas procesales en muchos países y modificar los convenios internacionales de lucha contra la corrupción, porque seguimos enfrentándonos a este tipo de problemas en una situación en la que el dinero cambia de un país a otro con un clic de la computadora, en cuestión de segundos, y desaparece del radar. Esto lo afrontamos con el mismo mecanismo de oficios ante los gobiernos que teníamos en el siglo XIX: el juez hace un oficio que va al gobierno, éste lo manda al gobierno del otro país, que se lo manda al juez, y el juez dice que le falta un detalle y vuelve de regreso, y tardamos meses, cuando no años, en obtener la información, y, si el dinero se pasó de un país a otro, o de una estructura social a otra, o a otro paraíso fiscal en cuestión de segundos, resulta imposible seguir su rastro, que es lo esencial para investigar la corrupción.

     

    Recientemente se inauguró en Chile un Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), que ha contado con el apoyo de EUROsociAL+, programa gestionado por la FIIAPP, ¿qué valor tiene este centro para las denuncias de corrupción y cómo va a servir de enlace entre el Estado y los ciudadanos?

     

    Los ALAC ya existen en más de 60 países en nuestros capítulos. La idea de estos centros es acompañar a las víctimas de corrupción o a aquellos que conocen casos de corrupción y que quieren denunciarlos y no tienen el acompañamiento legal o jurídico necesario para hacerlo. Los ALAC nos han permitidos en muchos países del mundo activar las denuncias contra la corrupción, porque ya no es un ciudadano aislado, es una organización que está vinculada con el Ministerio Público y puede canalizar las denuncias y acompañar.

    En muchos de estos países lo que hacemos son convenios con los colegios de abogados que nos permiten contar con asesoramiento legal de primer nivel, abogados que trabajan ‘pro bono’ los casos y que permiten, a través de los ALAC, ese contacto con quien quiere ir a la justicia y no sabe cómo. Además, los centros ALAC nos han facilitado una gran cantidad de información sobre cómo opera la corrupción en los países, información directa, de primera mano, y que de otra manera hubiera sido difícil de recabar, dado que la corrupción opera en la opacidad total, no se entregan recibos de corrupción salvo en casos excepcionales en los que ha habido un registro de esa contabilidad, como pasó con Odrebrecht, que tenía una sección de la empresa dedicada a estas operaciones estructuradas.

     

    ¿En qué medida tiene la corrupción efectos diferenciados en las mujeres?

     

    Un sector importante en el que se nota una diferenciación de género es aquel que se refiere al acceso a los servicios y a los derechos vinculados a la pequeña corrupción. Ello se debe a que las mujeres estamos a cargo de las tareas de cuidado y, por lo tanto, somos la cara visible que va a solicitar esas ayudas, porque la pobreza se ha feminizado y los sectores más pobres son los que necesitan de esa colaboración del Estado en la prestación de esos servicios.

    Otro factor que castiga específicamente a las mujeres, o lo hace de manera más sustancial, es el tema de las monedas de intercambio. En muchos casos de pequeña corrupción, se exigen favores sexuales o se da lugar a situaciones de acoso en los cuales las mujeres son victimizadas doblemente.

    Del barómetro de corrupción, que es una de las mediciones de Transparencia Internacional, surge que, en la región, áreas de política pública como la salud, la educación o los planes sociales son percibidas como las más corruptas o más proclives a la corrupción, y son las áreas que precisamente se vinculan con las tareas de cuidado y de solicitud de derechos. Ahí tenemos un efecto diferenciado en materia de corrupción entre hombres y mujeres.

    Las otras dos áreas del Estado en las que también se observan efectos diferentes son la policía y los tribunales de justicia. Cuando la policía y los tribunales se ven afectadas por la corrupción, las mujeres que tienen que recurrir a ellos en casos de discriminación, de violencia doméstica o de género, de feminicidios, de violaciones o de acoso se enfrentan al hecho de que, al defender sus derechos en un área dominada por la corrupción, en lugar de encontrar la protección y la garantía de esos derechos, terminan siendo víctimas.