• 16 agosto 2018

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    Posteado en : Entrevista

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    “La gran corrupción requiere una respuesta global y de cooperación”

    Delia Ferreira es presidenta de la ONG Transparencia Internacional y en esta entrevista nos relata algunos avances contra la corrupción así como también desafíos que aún están pendientes

    ¿Cómo podemos lograr un cambio cultural en nuestras sociedades en relación al fenómeno de la corrupción, de modo que deje de considerarse como un fenómeno natural?

     

    La normalización de la corrupción es un problema central en nuestras sociedades. La corrupción aparece cuando está instalada estructuralmente como la forma normal de hacer negocios o de conseguir tus derechos o lo que necesites del Estado en la prestación de servicios. Y ese es un problema que tiene que ver con la reconstrucción de ciertos consensos sobre valores básicos en una sociedad. Durante años se han ido rompiendo esos acuerdos y esa comprensión sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal en las sociedades. Incluso si uno analiza cuál es la percepción de un niño muy pequeñito sobre lo que es justo e injusto, es mucho más clara que la percepción que ese niño va a tener al permearse a los criterios sociales a lo largo de los años. Debemos trabajar fuertemente en educación, en rediscusión sobre lo que es aceptable y lo que no, porque, cuando se normaliza la corrupción, ya no hay ningún antídoto efectivo, porque precisamente el socio que necesitamos en la lucha contra la corrupción es la sociedad movilizada, ciudadano por ciudadano, consciente de lo que se debe admitir y lo que no. Hay que generar condiciones que favorezcan o canalicen esa energía social.

    ¿Cuáles son los desafíos de la coordinación internacional en la lucha contra la corrupción ante fenómenos de corrupción institucionalizada y alcance global como el caso Lava Jato?

     

    La gran corrupción, como el caso del Lava Jato, plantea para la justicia desafíos distintos que los casos de corrupción que habíamos visto anteriormente, por muy grandes que fueran en términos monetarios, porque este es un fenómeno globalizado y, por lo tanto, requiere una respuesta global y de cooperación, no solo a nivel de los países, sino entre todas las agencias. Este es uno de los problemas que afronta la justicia cuando quiere investigar estos casos. No solo el acceso a información bancaria, información tributaria, información de los organismos de lavado de dinero, que debería ser mucho más fácil para los jueces y fiscales que investigan, sino también la necesidad de cooperar internacionalmente.

    Es por ello que hay que cambiar las normas procesales en muchos países y modificar los convenios internacionales de lucha contra la corrupción, porque seguimos enfrentándonos a este tipo de problemas en una situación en la que el dinero cambia de un país a otro con un clic de la computadora, en cuestión de segundos, y desaparece del radar. Esto lo afrontamos con el mismo mecanismo de oficios ante los gobiernos que teníamos en el siglo XIX: el juez hace un oficio que va al gobierno, éste lo manda al gobierno del otro país, que se lo manda al juez, y el juez dice que le falta un detalle y vuelve de regreso, y tardamos meses, cuando no años, en obtener la información, y, si el dinero se pasó de un país a otro, o de una estructura social a otra, o a otro paraíso fiscal en cuestión de segundos, resulta imposible seguir su rastro, que es lo esencial para investigar la corrupción.

     

    Recientemente se inauguró en Chile un Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), que ha contado con el apoyo de EUROsociAL+, programa gestionado por la FIIAPP, ¿qué valor tiene este centro para las denuncias de corrupción y cómo va a servir de enlace entre el Estado y los ciudadanos?

     

    Los ALAC ya existen en más de 60 países en nuestros capítulos. La idea de estos centros es acompañar a las víctimas de corrupción o a aquellos que conocen casos de corrupción y que quieren denunciarlos y no tienen el acompañamiento legal o jurídico necesario para hacerlo. Los ALAC nos han permitidos en muchos países del mundo activar las denuncias contra la corrupción, porque ya no es un ciudadano aislado, es una organización que está vinculada con el Ministerio Público y puede canalizar las denuncias y acompañar.

    En muchos de estos países lo que hacemos son convenios con los colegios de abogados que nos permiten contar con asesoramiento legal de primer nivel, abogados que trabajan ‘pro bono’ los casos y que permiten, a través de los ALAC, ese contacto con quien quiere ir a la justicia y no sabe cómo. Además, los centros ALAC nos han facilitado una gran cantidad de información sobre cómo opera la corrupción en los países, información directa, de primera mano, y que de otra manera hubiera sido difícil de recabar, dado que la corrupción opera en la opacidad total, no se entregan recibos de corrupción salvo en casos excepcionales en los que ha habido un registro de esa contabilidad, como pasó con Odrebrecht, que tenía una sección de la empresa dedicada a estas operaciones estructuradas.

     

    ¿En qué medida tiene la corrupción efectos diferenciados en las mujeres?

     

    Un sector importante en el que se nota una diferenciación de género es aquel que se refiere al acceso a los servicios y a los derechos vinculados a la pequeña corrupción. Ello se debe a que las mujeres estamos a cargo de las tareas de cuidado y, por lo tanto, somos la cara visible que va a solicitar esas ayudas, porque la pobreza se ha feminizado y los sectores más pobres son los que necesitan de esa colaboración del Estado en la prestación de esos servicios.

    Otro factor que castiga específicamente a las mujeres, o lo hace de manera más sustancial, es el tema de las monedas de intercambio. En muchos casos de pequeña corrupción, se exigen favores sexuales o se da lugar a situaciones de acoso en los cuales las mujeres son victimizadas doblemente.

    Del barómetro de corrupción, que es una de las mediciones de Transparencia Internacional, surge que, en la región, áreas de política pública como la salud, la educación o los planes sociales son percibidas como las más corruptas o más proclives a la corrupción, y son las áreas que precisamente se vinculan con las tareas de cuidado y de solicitud de derechos. Ahí tenemos un efecto diferenciado en materia de corrupción entre hombres y mujeres.

    Las otras dos áreas del Estado en las que también se observan efectos diferentes son la policía y los tribunales de justicia. Cuando la policía y los tribunales se ven afectadas por la corrupción, las mujeres que tienen que recurrir a ellos en casos de discriminación, de violencia doméstica o de género, de feminicidios, de violaciones o de acoso se enfrentan al hecho de que, al defender sus derechos en un área dominada por la corrupción, en lugar de encontrar la protección y la garantía de esos derechos, terminan siendo víctimas.

     

  • 31 mayo 2018

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    Posteado en : Reportaje

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    La FIIAPP en los EDD 2018

    Varios proyectos gestionados por la FIIAPP participan en las Jornadas Europeas de Desarrollo 2018, con la igualdad de género como tema central

     

    «Mujeres y niñas a la vanguardia del desarrollo sostenible: proteger, empoderar e invertir» es el lema escogido para las Jornadas Europeas de Desarrollo 2018, que se celebran la próxima semana en Bruselas. Durante los días 5 y 6 de junio, la capital de Europa se convierte también en la capital del desarrollo.

     

    Y es que las jornadas organizadas por la Comisión Europea tienen este año la igualdad de género como tema central. Además de impulsar la participación de las mujeres en los distintos foros, esta edición aspira a conseguir para todas ellas un mundo más seguro, más abierto y más inclusivo.

     

    El evento sobre desarrollo más importante del mundo, abierto al público, concentrará unas 500 sesiones en dos días, en las que participarán más de 2.600 ponentes. Entre ellos, 7 premios Nobel y 100 líderes mundiales. La FIIAPP también estará presente en los European Development Days (EDD) a través de cuatro de los proyectos que gestiona: EUROsociAL+, Bridging the Gap, Cooperación Triangular y EUROCLIMA+.

     

     

    El programa EUROsociAL+ promueve la cooperación y el diálogo entre la Unión Europea y América Latina en la promoción de políticas públicas que mejoran la cohesión social y reducen las desigualdades en Latinoamérica.

     

    Pero según Enrique Martínez, técnico de Comunicación y Visibilidad del programa, “estas políticas públicas sólo son efectivas cuando atacan la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, un reto y un objetivo que están marcados fuertemente en el ADN de EUROsociAL+”.

     

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    EUROsociAL+ celebró su encuentro anual en Costa Rica

     

    Por ello, el programa comparte en Bruselas tres avances en políticas de equidad de género en Paraguay, México y, a nivel regional, en América Latina. Así como la transferencia europea en esta materia.

     

    La directora ejecutiva del Gabinete Social de la Presidencia de Paraguay, Mirta Denis, la secretaria ejecutiva del Instituto de las Mujeres de México, Marcela Eternod, la directora de la Fundación Género y Sociedad, Ana Isabel García Quesada, y la Consejera de Estado de Francia, Marisol Touraine, componen “el panel 100% femenino de EUROsociAL+ como contribución a este camino conjunto hacia la igualdad plena”, destaca Martínez. Además, la apertura y clausura del panel la efectuará Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina y el Caribe en la Dirección General para Cooperación Internacional y al Desarrollo de la Comisión Europea.

     

    El proyecto Bridging the gap también participa en la edición 2018 de los European Development Days, con la sesión Women on the rise-no one left behind!, organizada en colaboración con el Programa europeo de sistemas de protección social (EU Social Protection Systems Programme) y la ONG Light for the World. Este es su vídeo de presentación:

     

     

    El objetivo de esta sesión es, según Carmen Serrano, técnico de Comunicación del proyecto, “mostrar que, pese a la doble discriminación a la que suelen enfrentarse, las mujeres con discapacidad están liderando el desarrollo sostenible en países de renta baja”. En este sentido, cuatro mujeres compartirán sus experiencias en cuanto a las cuestiones de género y discapacidad a partir de los diferentes enfoques abordados por las tres iniciativas organizadoras de la sesión: protección social, liderazgo y emprendimiento, y acceso al trabajo y empoderamiento económico. Todo esto bajo la moderación de Hisayo Katsui, investigadora y profesora experta en discapacidad.

     

    No obstante, afirma Serrano, “el objetivo de Bridging the gap en este gran evento europeo, no es tanto compartir experiencias como generar diálogo y reflexión sobre el papel de las mujeres con discapacidad en sus comunidades”. De ahí que hayan optado por la modalidad de Brainstorming lab. Durante 75 minutos, la interacción de la audiencia con las ponentes será constante, recogiendo sus insumos e ideas sobre cómo cada persona puede crear conciencia en su entorno sobre la contribución que las mujeres con discapacidad pueden hacer a la sociedad.

     

     

    El proyecto Evalúa, para la promoción de la Evaluación de Políticas Públicas en América Latina y el Caribe, busca estrenarse en los EDD’s dando a conocer algunos de los resultados obtenidos desde su concepción en 2014.

     

    El equipo de coordinación del proyecto asistirá a este foro de cooperación internacional con uno de sus más recientes exponentes: los resultados de la evaluación de la Política de Igualdad de Género de Costa Rica. Asimismo, la gestión, liderada por el equipo de evaluación del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), estará representada por Ericka Valerio, del área de Evaluación y Seguimiento.

     

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    El proyecto participó en el encuentro sobre evaluación de políticas climáticas en México

     

     

    El proyecto se enmarca dentro del programa ADELANTE, cuyo objetivo es mejorar la integración de los países de América Latina y el Caribe y contribuir a alcanzar sus objetivos de desarrollo (ODS). Los EDD serán un espacio interesante para exponer las principales conclusiones y recomendaciones de la evaluación de esa política pública, así como el uso previsto de la misma como insumo para la elaboración de las siguientes fases.

     

    Según Alina Orrico, técnico del proyecto, “esta participación adquiere especial relevancia en un evento en el que la presencia de experiencias latinoamericanas es mucho más escasa que las de otros continentes y, sobre todo, porque se enmarca en un año cargado de emociones, demandas y alusiones a la necesidad de ofrecer respuestas tangibles que garanticen la igualdad entre los géneros”.

     

     

    EUROCLIMA+ es el programa regional de la Comisión Europea para promover el desarrollo ambientalmente sostenible en América Latina. Una acción en beneficio de la mayoría de las poblaciones vulnerables, con un enfoque específico en el género, la población rural pobre y los pueblos indígenas.

     

    En estas jornadas, proyectarán un video general sobre Género y Cambio Climático y elaboran un mapa informativo de América Latina con información sobre género.

     

    Taller de intercambio sobre certificación
    Actividad sobre educación ambiental en Uruguay. Fuente: Pablo La Rosa / adhocFOTOS

     

    EUROCLIMA+ apoya a los países en el desarrollo de sus NDCs o Contribuciones Nacionalmente Determinadas, que se enmarcan en el Acuerdo de París. Las NDCs reflejan el compromiso de la comunidad internacional para enfrentar los impactos del cambio climático.

     

    Según Alexandra Cortés, experta en Comunicación y Visibilidad del programa, las NDCs “promueven la integración de la acción climática en un marco político que pueda brindar un crecimiento económico y desarrollo social, además de la protección del medio ambiente y resiliencia climática”.

  • 05 abril 2018

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    Posteado en : Opinion

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    Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (III)

    En la última entrega del viaje con EUROsociAL+, ponemos rumbo a San Vicente del Caguán para asistir a la inauguración del NAF en el centro de convivencia ciudadana

     

    San Vicente del Caguán es un municipio especialmente marcado por el conflicto armado. Sus habitantes intentan librarse del estigma de vivir en ‘tierra de guerrilleros’, por haber sido una zona de despeje –en la que no entraba el Ejército– durante el gobierno de Andrés Pastrana, lo que permitió consolidar la influencia de las FARC en el territorio.

     

    Nos desplazamos a este municipio para inaugurar un NAF. El trayecto de tres horas desde Florencia ofrece paisajes idílicos, salpicados de retenes militares. Las historias sobre el conflicto armado son inevitables: “en este mismo trayecto secuestraron a Ingrid Betancourt, candidata a la presidencia, tres días después de que Pastrana interrumpiera los contactos con las FARC”, “aquí asesinaron al parlamentario Diego Turbay, unos minutos antes de llegar al municipio de Puerto Rico”.

     

    Un coche que se cruza, un movimiento extraño, todo nos pone en alerta. El vehículo sospechoso ha cambiado de carril para acceder a una finca. Falsa alarma. Son nuevos tiempos, pero los miedos del pasado siguen ahí. Todavía hay grupos disidentes de las FARC que no han abandonado las armas.

     

    Impuestos para el desarrollo

     

    El NAF está ubicado en un centro de convivencia ciudadana que ofrece servicios a personas vulnerables: comisaría de familia, inspección de policía, coordinación de juntas comunales, unidad de atención a las víctimas… El alcalde de San Vicente del Caguán, contrario a los acuerdos de paz, se encuentra estos días en Europa para conocer de primera mano las lecciones aprendidas en Irlanda del Norte. Un 53% de la población de Caquetá votó en contra del acuerdo, por lo que la reconciliación tiene un arduo camino por delante.

     

    Nos recibe en su lugar Cecilia Collazos, alcaldesa en funciones y secretaria de Desarrollo Social. A su juicio, el fraude fiscal se debe sobre todo a la cultura del impago: “más que dificultades para entender el sistema tributario, lo que existe es una cultura del no pago, de ocultar los ingresos reales, de evadir. Los acuerdos de paz han traído algunos cambios, pero aún persiste el tema de la extorsión, sigue habiendo guerrillas disidentes en la zona. La paz real se logra con obras, con inversión, con empleo”.

     

    Cristián, estudiante de Contaduría, ve en los NAF una experiencia muy útil para su futuro profesional: “la parte contable se enfoca mucho en la parte tributaria, y esa es la oportunidad que nos están dando los NAF de brindar una orientación a quienes tienen bajos recursos y poder luego ser competitivos en un mercado como el de San Vicente del Caguán, donde hay mucho comercio y en el que se requieren muchos contadores”. Cristián tiene claro que el desarrollo debe ir de la mano del pago de los tributos: “si queremos inversión social, debemos hacer nuestros aportes en el impuesto. Será un trabajo duro, nos van a mirar mal al principio, pero poco a poco iremos haciendo un buen servicio para el bienestar de las comunidades”.

     

    La creación del NAF es recibida con satisfacción por el sector empresarial de San Vicente. Así nos lo transmite César Augusto España, coordinador del Centro de Atención Empresarial Cámara de Comercio de Caquetá: “Estamos a tres horas de Florencia, donde la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) tiene las oficinas, y el NAF va a agilizar el proceso de formalización fiscal en todos los municipios”. España argumenta que “existe resistencia al pago de los tributos por el limitado acceso a servicios públicos y la escasa presencia del Estado. El 98% de las empresas del Caquetá son microempresas y el aporte en materia impositiva es muy pequeño, pero los acuerdos de paz están empezando a dinamizar la economía: en 2017, las empresas crecieron en un 34%”.

     

    Luz al final del túnel

     

    Pese a los múltiples obstáculos, Hernando Vásquez, Director Distrital de la DIAN, ve el nuevo escenario con optimismo: “he recorrido casi el 80% de los municipios y he encontrado más receptividad. Los ciudadanos nos están pidiendo que los acompañemos, que los orientemos para cumplir de manera voluntaria con sus obligaciones tributarias”.

     

    La paz duradera y el desarrollo económico son el principal anhelo de los habitantes del Caquetá. Una tierra fértil, acogedora, con enorme potencial para el turismo rural y el desarrollo agropecuario, con grandes deseos de demostrar que su destino no está escrito, que puede ser diferente. Ahora depende de ellos mismos dar los pasos necesarios para recuperar la seguridad y la cohesión social.

     

    También de las instituciones, que deben construir una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos basada en la reciprocidad, un proceso en el que resultará de enorme utilidad la educación cívico-tributaria como puente de comunicación entre unos y otros.

     

    Ciudadanos e instituciones saben que, si unos esperan a que el otro haga algo, el círculo vicioso de ‘impago de impuestos-escasos servicios públicos-desconfianza en el Estado’ puede hacerse perpetuo. Para salir del laberinto del pos conflicto es preciso caminar de manera decidida, con la vista puesta en un futuro mejor.

     

    Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en el Área de Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+ 

     

    Lee las dos primeras partes:

    Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (I)

    Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (II)

  • 15 marzo 2018

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    Posteado en : Opinion

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    Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (II)

    La educación es un factor clave para transformar la cultura fiscal en los territorios que han vivido inmersos en el conflicto armado. Continuamos el viaje con EUROsociAL+ en Caquetá (Colombia)

    La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Caquetá sabe que no es factible vencer mediante la coacción, es preciso convencer. Ante la imposibilidad de situar a sus diez únicos auditores “bajo de la cama de cada contribuyente”, hay que tender puentes. Además de ‘palos’, se necesitan ‘zanahorias’.

     

    Así, los incentivos fiscales creados para impulsar la formalización y la inversión deben ir acompañados por mejores servicios de información y atención tributaria a los ciudadanos, así como por una buena dosis de pedagogía sobre el sentido social de los impuestos y el gasto público. La educación fiscal desde edades tempranas puede hacer sostenible este proceso y, a largo plazo, contribuir al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

     

    Desde hace varios años, la DIAN de Colombia promueve encuentros infantiles y juveniles sobre cultura fiscal con escuelas del Caquetá y realiza ferias de servicios tributarios para socializar su función y acercarse a la ciudadanía. Se abren ahora oportunidades para consolidar y multiplicar estos esfuerzos a través de la Universidad, mediante el proyecto de los Núcleos de Asistencia Fiscal (NAF).

     

    La Universidad como puente entre la DIAN y los ciudadanos

     

    El pasado noviembre, EUROsociAL+ – el Programa regional de cooperación de la Unión Europea con América Latina – organizó un taller en la Universidad de la Amazonia, en Florencia, dedicado a impulsar estrategias de cultura tributaria en el pos conflicto. Con presencia de instituciones de enseñanza superior y seccionales de la DIAN de las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) de Colombia.

     

    La Universidad de la Amazonia no es una institución cualquiera. Es la única universidad pública del Caquetá. Y está fuertemente comprometida con el proceso de paz, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

     

    Su programa de Contaduría Pública se ha sumado al reto del pos conflicto creando un Núcleo de Asistencia Fiscal (NAF), un punto de información en el cual estudiantes universitarios ofrecen asesoría contable y fiscal gratis a personas de baja renta y micro emprendedores.

     

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    NAF de la Universidad de la Amazonia

     

    Los universitarios, capacitados por la administración tributaria, dedican todo el tiempo necesario a los ciudadanos, escuchan sus problemas, sus inquietudes. Les generan confianza y les ayudan a comprender el sistema impositivo y a mejorar sus pequeños negocios.

     

    Los NAF son un puente entre la DIAN y la ciudadanía. La experiencia, ideada en Brasil, está ya presente en más 450 universidades de 10 países. En Colombia se han adherido 43 universidades, 20 de ellas en las Zomac.

     

    En los últimos 4 años, EUROsociAL+ ha apoyado la expansión de esta iniciativa a través del intercambio de experiencias. El taller organizado en Florencia ofreció la posibilidad de compartir aprendizajes aplicables al contexto del pos conflicto.

     

    Los jóvenes como motor de cambio

     

    Hernando Vásquez, Director Distrital de la DIAN, ve en los NAF una vía para que los jóvenes transformen la realidad: “los NAF son una oportunidad para generar confianza en la administración fiscal y crear conciencia cívico-tributaria. Y qué mejor que los futuros contadores, administradores y abogados tengan una visión real de lo que está pasando”.

     

    Los estudiantes atienden todos los días en el campus, pero también se desplazan a los comercios de Florencia y a los municipios. Los jóvenes conocen la realidad del pos conflicto y las oportunidades que abre la paz para el desarrollo de su territorio.

     

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    Hernando con los estudiantes del NAF

     

    Uno de los universitarios del NAF nos cuenta su experiencia: “Caquetá ha sido muy golpeada por el conflicto armado. Ahora tenemos la oportunidad de llegar a lugares antes inaccesibles, y que los colombianos de otras zonas y los extranjeros puedan ver que Caquetá quiere dar lo mejor de sí. Pagar impuestos supone contribuir a nosotros mismos”.

     

    Y continúa: “los empresarios han tenido la excusa de que, por motivo del conflicto, no debían pagar impuestos. Ahora esas excusas se han acabado. Nos hemos desplazado con el NAF a los lugares más duros, como San Vicente del Caguán o Cartagena del Chairá, donde la gente se está preparando para que la legalidad sea más fuerte. Es necesario mostrar en qué se utilizan los impuestos, que el campesino o el comerciante vean que se construye una carretera para facilitarle su trabajo”.

     

    Esta realidad no es ajena a la de otras zonas afectadas por el conflicto armado y que comparten sus experiencias en el taller. Natalia es otra de las jóvenes de los NAF de las Zomac, en este caso de Ibagué: “Es muy gratificante que lleguen personas con necesidades, que no saben ni leer ni escribir y mucho menos manejar un computador, y que salgan contentos y con conocimiento”.

     

    Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+

     

    Lee la primera parte del viaje: Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (I)

  • 01 marzo 2018

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    Posteado en : Entrevista

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    “Nos enfrentamos a la falta de confianza en las instituciones del sistema de justicia”

    Andrés Mahnke, Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública de Chile y Coordinador General de la AIDEF, nos habla de los retos en la región y de los proyectos que desarrollan con apoyo del Programa EUROsociAL+, financiado por la Unión Europea

    En América Latina, las Defensorías Públicas son actores clave para garantizar el acceso a la Justicia de las personas con pocos recursos o privadas de libertad y asegurar que puedan ejercer sus derechos fundamentales. ¿Cuáles son los principales retos de las Defensas Públicas de la región para poder ejercer una defensa pública eficaz?

     

    Existen tres dimensiones. Conceptualmente y aunque parezca inicialmente contradictorio, la Defensa no es un servicio asistencialista de personas pobres. Es la representación de la tutela jurídica que el Estado debe garantizar a un Derecho Fundamental. Presentarlo de otra forma permite que el Estado eluda su responsabilidad y afecte directamente a la igualdad ante la ley, precisamente de las personas más vulnerables.

     

    La siguiente dimensión hace referencia a aspectos institucionales. La independencia técnica de los defensores, la autonomía institucional que asegure esa independencia, la dotación, los recursos para seleccionar y capacitar, la equivalencia de remuneraciones con los demás actores del sistema, la capacidad y financiación para sostener la investigación propia, la habilitación de infraestructuras que permitan atender dignamente a sus representados y las tecnologías de la información que aseguren una gestión de la defensa en igualdad con la persecución penal.

     

    Finalmente, la dimensión cualitativa pretende asegurar estándares de defensa y un sistema que controle su cumplimiento. A través de AIDEF, las Defensorías de América y Caribe hemos avanzado notoriamente en este ámbito. De no considerar esta dimensión, nos encontraríamos con abogados que no tienen ninguna posibilidad de representar eficazmente los intereses y derechos de sus defendidos.

     

     

    La actuación de EUROsociAL+ en la línea de justicia está orientada a ampliar y fortalecer la cobertura de los servicios de asistencia prestados por las Defensorías Públicas, con el fin de humanizar y dignificar la atención a las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Qué grupos en condición de vulnerabilidad enfrentan mayores obstáculos para el acceso a la justicia, debido al limitado reconocimiento de esa condición?

     

    La realidad de América Latina nos demuestra que la población perteneciente a pueblos originarios, migrantes y las personas privadas de libertad presentan vulneraciones a su dignidad y derechos. Ocurre lo propio con los jóvenes, mujeres – principalmente las privadas de libertad – población LGTBI, personas con capacidades diferentes. Todos transversalmente unidos por el principal factor de vulnerabilidad y discriminación: la pobreza.

     

     

    A nivel regional, EUROsociAL+ trabaja en estrecha colaboración con la Asociación Interamericana de Defensorías Publicas (AIDEF), apoyando el avance en la construcción de respuestas y marcos estratégicos comunes de referencia para políticas públicas regionales, la adopción de acuerdos, declaraciones o lineamientos conjuntos o la elaboración de protocolos u otros productos comunes. ¿Qué valor añadido tiene el trabajo en red para las Defensorías de América Latina?

     

    En primer lugar, defender la plena vigencia y eficacia de los Derechos Humanos y las garantías reconocidas en pactos internacionales sobre la materia, que es también uno de los objetivos de AIDEF. Actuar de forma conjunta y coordinada provoca un impacto real en debates que de forma aislada serían complejos de sostener. Permite establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las Defensorías Públicas con el propósito de elevar los estándares de defensa en cada una de ellas.

     

    Finalmente, actuar en red y en el marco del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, produce un evidente apalancamiento de las instituciones de defensa que logra atenuar las deficiencias estructurales.

     

     

    Actualmente, en coordinación con la AIDEF, se está trabajando en la elaboración de un diagnóstico y guía de actuación de las Defensas Públicas en casos de violencia institucional, para dar respuesta acasos de tortura o violencia institucional en cárceles. Según diagnósticos recientes, a pesar de haber transcurrido más de 30 años desde la firma de las Convenciones Internacional e Interamericanas para prevenir y sancionar la tortura, en América Latina aún subsisten importantes desafíos en materia de violencia institucional. ¿Cree que la población en general en América Latina desconoce la dimensión del fenómeno de la tortura? ¿Cómo se podría abordar esta problemática desde el quehacer de las Defensorías Públicas?

     

    Este es un tema profundo. Tras las dictaduras recurrentes en la región, ha sido difícil el tratamiento de vulneraciones graves a los DDHH en gobiernos democráticos, tanto para distinguirlas, enfrentarlas y hasta para “denominarlas” tal cual son, como es el caso de torturas.

     

    Sin duda es un tema que hemos liderado, ya que las situaciones más frecuentes de violencia institucional y tortura se presentan en los extremos del proceso penal. Al inicio, después de la detención en los recintos policiales, y, al final, tras la sentencia condenatoria privativa de libertad en los recintos penitenciarios.

     

    Hemos logrado posicionar la temática, precisamente a través de los proyectos que hemos llevado adelante con EUROsociAL+, con la incorporación del debate en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a través de Resoluciones Generales de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y audiencias plenarias de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la misma institución, entre otros instrumentos.

     

    Todo ello ha permitido permear el debate interno en torno a la privación de libertad y sus consecuencias, el uso excesivo de la prisión preventiva (ya como pena anticipada y mecanismo de control social), la reclusión como elemento central de la pena en la región y, en particular, la violencia institucional y tortura en recintos carcelarios que se producen en dichas circunstancias.

     

     

    Finalmente, dada la diversidad de actores que intervienen en el ámbito de la justicia y que se trata de problemáticas multidimensionales, ¿qué mecanismos/instrumentos se podrían poner en marcha para mejorar la coordinación interinstitucional e intersectorial para la implementación de políticas de acceso a la justicia?

     

    Más que crear o poner en marcha nuevos mecanismos e instrumentos, lo que actualmente se requiere en América Latina es fortalecer y mejorar las instancias que ya existen para una buena coordinación interinstitucional. Robustecer el trabajo entre las instituciones del ámbito de la justicia y capacitar a los actores potenciando el trabajo en conjunto.

     

    Porque una de las problemáticas a las que nos enfrentamos es la falta de confianza en las instituciones del sistema de justicia, pero no sólo por parte de la ciudadanía sino también por parte de los mismos actores del sistema.

     

    María Luisa Domínguez, Técnica Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+

  • 18 enero 2018

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    Posteado en : Entrevista

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    “Nuestros derechos cuestan dinero”

    Antanas Mockus, ex alcalde de Bogotá (Colombia), nos habla de la importancia de la educación fiscal para que la ciudadanía vea los impuestos como una contribución a los objetivos comunes

    Cuando se cumple un año de la firma de los Acuerdos de Paz de Colombia, entrevistamos en Bogotá al ex alcalde de la ciudad, el profesor Antanas Mockus. Gran defensor del proceso de conciliación nacional y un referente en el cambio de comportamientos colectivos mediante la educación. Entre ellos, los referidos al pago de impuestos.

     

    Durante sus mandatos en la alcaldía, Bogotá experimentó una transformación de su cultura fiscal, al apreciar los ciudadanos una reciprocidad entre los tributos y la mejora de los servicios públicos, generándose de ese modo sentimientos de corresponsabilidad en la financiación del desarrollo basados en la convicción, y no en el temor a la sanción. ‘Todos pagan’ y ‘Recurso público, recurso sagrado’ fueron algunos de los lemas acuñados por Mockus, quien además promovió una campaña denominada ‘110 por ciento con Bogotá’, a través de la cual se solicitaba añadir voluntariamente un 10 por ciento extra a los impuestos, pero dando la oportunidad de decidir el proyecto al que se destinaría dicha cantidad.

     

    ¿Qué papel cumple la fiscalidad en el pos conflicto colombiano?

    El proceso de paz que está viviendo Colombia tiene muchos aspectos; uno de ellos es lograr que no se utilice la fuerza de las armas para impulsar transformaciones. El Estado debe llegar al territorio de manera mucho más densa, pero también la ciudadanía tiene que aportar de su lado. Los ciudadanos tienen que aprender a comprender cómo funciona el Estado, cómo el Estado reasigna recursos para fines normalmente más nobles que el gasto de un privado; no tendría sentido cobrar impuestos para hacer cosas menos buenas.

     

    El Estado social de derecho que estableció la Constitución de 1991 de Colombia prevé que uno de los deberes del ciudadano es tributar. Ahora bien, ese deber está asociado con el deber del Estado de cumplir en la protección de sus derechos. Pero los derechos cuestan. Hay un libro de un académico estadounidense Stepehen Holmes, que lleva por título ‘El coste de los derechos’, y que pone de manifiesto que no se puede asegurar un derecho y no tener alguna inversión de recursos en defensa de ese derecho.

     

    Colombia está en deuda en términos de desigualdad socioeconómica y los tributos deben ser entendidos como parte de las herramientas que tenemos para nivelar y generar más igualdad. Esperemos que la gente de las FARC y del ELN, si se suma al proceso de paz, participen en este proceso pedagógico, entendiendo la enorme importancia de los mecanismos de redistribución. Hay que pasar por el sistema tributario, es lo único que existe en un régimen democrático para redistribuir. La redistribución debe ser comprendida no solo como una forma de repartir los recursos, sino como fundamento de las relaciones humanas. Los recursos públicos son recursos sagrados.

     

    ¿Cómo se puede transformar la cultura tributaria de un país?

    Conozco una anécdota de un colombiano que está estudiando y trabajando en los Estados Unidos. Va y le cuenta a un amigo estadounidense en un desayuno: “Anoche encontré una manera de reducir la carga tributaria”, y le explica el truco. Y el estadounidense le dice: “Le doy 24 horas para que usted corrija ese truco o, si no, yo le denuncio”.

     

    La cultura mafiosa está asociada a la ley del silencio. En la cultura mafiosa, la norma social es no solo no cumplir la norma legal, sino que incumplir la norma legal se vuelve parte de las obligaciones.

     

    Durante un tiempo, yo pensaba que la corrupción era un acto al cual era muy fácil resistirse, simplemente diciendo que no, pero luego conocí a alcaldes que han sido amenazados por no colaborar con los delincuentes. Entonces, la combinación de la ley del silencio con la utilización de la violencia contra el que no se deja corromper genera una enfermedad un poco más difícil de atender, pero que es más urgente curar.

     

    Cuando uno compra en Colombia un bote de pintura en la ferretería, es todavía frecuente que te pregunten sin IVA o con IVA, sin recibo o con recibo, con la oferta implícita o explícita de no pagar el impuesto a las ventas.

     

    Influye decisivamente la actitud de los ciudadanos hacia los impuestos…

    La corriente de la economía conductual ha estudiado que el ser humano es muy averso a las pérdidas. Si usted pierde 10 euros y se encuentra 10 euros, usted no queda en paz, queda claramente en pérdida desde el punto de vista psicológico; usted necesitaría encontrarse 27 euros. A las pérdidas se les aplica una lupa. Si usted ve los impuestos como pérdida, sufre desproporcionadamente; pero es diferente si los ve como una contribución, como hacer una vaca, como decimos en Colombia, -en Perú es chanchito, en México es coperacha (poner un bote en España)-, distintos nombres para un mecanismo que es el de poner recursos en común para lograr objetivos comunes.

     

    Bogotá logró que la gente tuviera una actitud más positiva para el pago de los impuestos. También hemos trabajado con el Ministerio de Salud mostrando que, además de los impuestos, hay otros esquemas redistributivos. En el modelo de salud de Colombia, las clases más poderosas económicamente contribuyen más que proporcionalmente a la salud y esto es un mecanismo claro de redistribución, porque gente de muy distinta situación económica recibe atención médica similar. Tener las mismas garantías es otra expresión del Estado social de derecho.

     

    Mi experiencia es que, si la gente comprende para qué son los tributos, si comprende cómo funcionan las tarifas para los distintos grupos de ciudadanos, la gente puede entender lo importantes que son los impuestos. La buena administración de los mismos es, en parte, el secreto del desarrollo del país.

     

    ¿Qué opinión le merece el trabajo que promueve el programa EUROsociAL + en las universidades con los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF)?

     

    Lo que se está promoviendo con los consultorios tributarios en las universidades es un paso muy importante. La figura del contable como el que asesora la evasión o la elusión cede el paso a una cultura del asesor tributario que le explica al ciudadano la razón de ser de las normas y se vuelve así un educador.

     

     

    Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+.