• 16 abril 2021

    |

    Posteado en : Entrevista

    |
    facebook twitter linkedin

    “La evasión tributaria no es solo un tema de caja sino un tema de equidad”

    El experto Fernando Peláez Longinotti, responsable del área de estudios económicos-tributarios de la Administración Tributaria de Uruguay nos cuenta como el programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, a través del área de Gobernanza Democrática liderada por FIIAPP, está trabajando junto a la Administración Tributaria paraguaya para reducir la desigualdad a través de la lucha contra la evasión fiscal.

    ¿Por qué la lucha contra la evasión fiscal es una herramienta tan potente para lucha contra la desigualdad?

     Nos encontramos en un momento crítico no solo en la región latinoamericana sino a nivel global en el que hay necesidades fiscales latentes. Y los sistemas tributarios producen unos resultados, pero nunca se está recaudando todo su potencial, en ningún país. Por ello, es necesario ver qué tipo de acciones podemos llevar a cabo para maximizar la recaudación potencial. Porque la evasión produce perdidas para el Estado y produce inequidad tributaria, unos pagan más que otros, no es solo un tema caja sino un tema de equidad. Es un círculo virtuoso que es bueno conocer para que la administración pública pueda tomar las medidas. Elevar la recaudación fiscal requiere una lucha sin cuartel contra el fraude porque permite identificar medidas para prevenir y reducir los niveles de evasión y lograr mejorar la eficiencia del gasto público en la prestación de servicios públicos, como en educación y salud.

    ¿Qué trabajo has realizado en el marco de EUROsociAL+ para la Subsecretaría de Estado de Tributación de Paraguay (SET) y cuáles son sus principales conclusiones?

    A través de una metodología elaborada por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) realizamos la medición del incumplimiento del impuesto de la renta empresarial para medir la trayectoria y el comportamiento de la tasa de evasión fiscal en el país. A través de este análisis logramos conocer qué porcentaje del impuesto potencial se deja de recaudar – que en el caso de Paraguay se encuentra dentro del rango de los países de la región – y conocer la tendencia de ese fenómeno. Además, a través del análisis de microdatos se pudieron identificar casos concretos de empresas con los que la SET pudo tomar acciones específicas para incrementar la recaudación.

    ¿Existe diferencias en el incumplimiento del pago de impuestos entre hombres y mujeres?

    No, no existen. Sin embargo, este trabajo, en consonancia con la transversalidad de género del programa EUROsociAL+, adoptó una estrategia de abordaje singular para incluir la perspectiva de género en la evasión tributaria. Los resultados revelaron datos de gran interés para el diseño de políticas públicas específicas para fomentar la igualdad de género mediante el emprendimiento empresarial femenino. Observamos que la proporción de mujeres empresarias es mucho más pequeña que la de hombres empresarios, en una relación del 35% de mujeres frente al 65% de hombres, y esa proporción se hace mayor en algunos sectores de actividad como en el agro, en una relación de 1 a 9. En cambio, hay sectores relacionados con oficios más vinculados tradicionalmente a la mujer donde hay una mayor representación de empresarias, como en el comercio, textil y hostelería, donde representan más del 50%.

    Además, al analizar el nivel de ingresos promedio, se determinó que las mujeres están concentradas en los niveles de ingreso inferiores. En conclusión, hay menos mujeres empresarias, tienen barreras de acceso a determinados sectores, y cuentan con ingresos más bajos. De cada 10 personas empresarias en Paraguay, 3 son mujeres frente a 7 hombres.

  • 18 marzo 2021

    |

    Posteado en : Opinion

    |
    facebook twitter linkedin

    Por unas políticas de reconstrucción que no dejen a nadie atrás

    El cambio climático ha situado a tres de cada diez viviendas de Centroamérica y el Caribe en situación de riesgo. A esta vulnerabilidad ambiental se ha de añadir la vulnerabilidad social agudizada por los efectos de la pandemia.  Urge, por tanto, poner en marcha políticas integrales para reducir las desigualdades y mitigar la pobreza.

    La COVID-19 no afecta igual a todas las personas. Y no afecta igual en todos los territorios. Casi el 60% de la población de Centroamérica vive en zonas urbanas, muchas de ellas no planificadas, según los cálculos de ONU-Hábitat. Barrios con altos grados de hacinamiento, dispersos, mal conectados y sin apenas servicios e infraestructuras cuya población ha visto incrementada su vulnerabilidad a causa de la pandemia. Específicamente, el impacto en los asentamientos informales ha sido mayor a causa de la inaccesibilidad al agua potable para una correcta higienización, el hacinamiento en viviendas y la dificultad de acceso a los servicios sanitarios. Además, la pandemia ha tenido importantes efectos negativos en la economía familiar ya que muchas personas que viven en asentamientos trabajan en la informalidad, fundamentalmente las mujeres. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, 126 millones de mujeres trabajan de manera informal en América Latina y el Caribe. Lo que supone casi el 50% de la población femenina de la región.

    “Desde que inició la pandemia la situación en el barrio fue un caos porque vivimos muy pegadas unas casas a otras y conviven hasta 15 personas en viviendas muy pequeñas. En mi casa, que tiene tres cuarticos, éramos tres y ahora somos ocho porque ha tenido que venirse a vivir con nosotros mi hija y mis nietos.  Dependo de una pensión que me da el gobierno por invalidez, pero es muy pequeña”, nos explica Alicia Bremes desde Pueblo Nuevo, un barrio del distrito de Pavas en San José de Costa Rica. Los distritos de Pavas y Uruca agrupaban en agosto del 2020 más del 15% de los casos activos de COVID en todo el país.

    “¿Cómo vamos a lavarnos las manos si no tenemos acceso a agua? ¿o cómo vamos a desinfectarnos con gel si el precio es tan elevado?” se lamenta Bremes, quien ha sufrido en su hogar las consecuencias de la pandemia. “Uno de mis hijos arregla celulares y ha estado sin trabajo muchos meses. Tengo otro hijo con discapacidad que iba todos los días a un taller del psiquiátrico y sufrió mucho porque ya no tenía a donde ir. Como es muy callejero cogió la COVID y sufrió fiebres y asfixia, pero se recuperó. Pero tengo muchos vecinos, de todas las edades, que fallecieron”, asegura.

    Tal y como explica Alicia Bremes, la situación en los barrios es de extrema vulnerabilidad. “Muchas madres del barrio trabajaban en limpieza de hogares y les despidieron por la pandemia. La COVID también ha disminuido la venta ambulante de la que dependen muchas familias para poder comer diariamente”, afirma. Por ello, es imprescindible centrarse en las necesidades de los colectivos más vulnerables y tratar de amortiguar los efectos de la pandemia que rápido se ha convertido en una crisis socio económica además de sanitaria.

    En este contexto, el Consejo de la Integración Social (CIS) solicitó a la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) que, con el apoyo del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, gestionado por FIIAPP, IILA y Expertise France, y en alianza con agencias y programas de Naciones Unidas, FAO, OIT y ONU HABITAT, elaborasen un “Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de Centroamérica y República Dominicana”. El Plan es una hoja de ruta común regional y está compuesto por una serie de proyectos estratégicos articulados en torno a tres ejes de intervención: la protección social, el empleo y el desarrollo urbano sostenible.

    El Plan, que ha sido respaldado por los Consejos de Ministras y Ministros de Trabajo, de Vivienda y Asentamientos Humanos de Centroamérica y República Dominicana, centra sus esfuerzos en la reducción de la pobreza y la desigualdad socio espacial, cuya expresión territorial más evidente son los asentamientos informales, que se estima suponen el 29% de la población urbana centroamericana. A pesar de los esfuerzos nacionales por reducir la población residente en asentamientos informales en los últimos 15 años, mucha gente sigue viviendo en esta situación. A lo que hay que sumar los riesgos derivados por el cambio climático, que expone a un creciente número de habitantes a los efectos de eventos climáticos extremos como huracanes o deslizamientos.

    Urge ampliar la mirada y pensar en el barrio como el entorno que nos permita hacer efectivo el derecho a la ciudad, para lo que habremos de atender no solo a la provisión de viviendas, si no asegurar que éstas cuenten con las infraestructuras, servicios y equipamientos necesarios.

    Persisten todavía muchos desafíos que afrontar para cambiar el rostro de la pobreza y la desigualdad por un rostro de progreso sin dejar a nadie atrás. Por ello es urgente apalancar recursos financieros adicionales  para la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia, un instrumento que permitirá mitigar los efectos de la pandemia y configurar sociedades más resilientes, socialmente más justas e igualitarias y ambientalmente más sostenibles.

    Fotografía de la autora del artículo, Cristina Fernández, arquitecta urbanista experta de EUROsociAL+ y colaboradora de Fundemuca

     

    Cristina Fernández, arquitecta urbanista experta de EUROsociAL+ y colaboradora de Fundemuca

     

     

  • 19 febrero 2021

    |

    Posteado en : Reportaje

    |
    facebook twitter linkedin

    Justicia comunitaria para una mayor justicia social

    Democratizar el acceso a la justicia a través de la mediación comunitaria es clave para lograr una mayor cohesión social y justicia social en América Latina.

    Larissa Estevan es agente de mediación comunitaria “por amor y compromiso con la ciudad donde crecí”, Samambaia, una región de Brasilia. “Me convertí en agente de mediación comunitaria después de ver a un grupo de agentes que permitieron un diálogo horizontal entre recolectores de materiales reciclables, una profesión muy precaria en Brasil, estudiantes universitarios y representantes del Estado. En esa reunión me enamoré del Programa de Justicia Comunitaria”, explica Estevan.  

    Cada día Larissa Estevan realiza un trabajo  para “brindar espacios para el diálogo, el derecho y la justicia en mi territorio”. Como fue el caso de Doña Ana, que en plena pandemia acudió a ella porque su hijo había sido detenido y no sabía qué hacer. “Ella vino a nosotros desesperada porque había pasado un mes desde que lo detuvieron y no tenía información sobre él, no sabía a dónde ir o cómo buscar ayuda. Escuchamos a Doña Ana y llevamos el caso a una asamblea del Programa de Justicia Comunitaria para que juntos pudiéramos pensar en posibles orientaciones, referencias y contactos para que ella pudiera buscar su derecho a obtener información de su hijo. Finalmente le pusimos en contacto con la Defensoría Pública del Distrito Federal. A los pocos días nos llamó para darnos las gracias pues había descubierto el lugar donde estaba detenido su hijo y la Defensoría ya le había puesto a su disposición un defensor público”. 

    “Ciertamente, mientras haya desigualdad de poderes será necesaria la justicia social. En el Programa de Justicia Comunitaria trabajamos para asegurar que nuestra comunidad disfrute al menos de parte de la justicia social a la que tiene derecho”, subraya Estevan. 

    Programas de la Unión Europea como EUROsociAL+ están trabajando por una mayor justicia social en América Latina para que la ciudadanía pueda tener atención jurídica y, en definitiva, una vida mejor. En concreto el área de Gobernanza Democrática del programa gestionado por la FIIAPP, a través de su línea de Justicia Inclusiva está prestando asistencia técnica al Programa de Justicia Comunitaria del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios de Brasil con el acompañamiento técnico del Consejo General de la Abogacía Española.

    Laura Cárdenas, consultora de comunicación en el área de Gobernanza del programa EUROsociAL+

  • 17 diciembre 2020

    |

    Posteado en : Opinion

    |
    facebook twitter linkedin

    El valor de los números para avanzar hacia una justicia inclusiva

    María Luisa Domínguez, técnica sénior del área de Gobernanza Democrática, como responsable de Justicia Inclusiva dentro del programa EUROsociAL+ nos ofrece este artículo para explicar el trabajo desarrollado en esta materia, por parte del programa.

    Cuando nos enfrentábamos al reto de contar desde una perspectiva distinta a la tradicional (más centrada en actividades y resultados) qué hace EUROsociAL en la línea de Justicia Inclusiva, decidimos poner en valor algunos números. Los números no sólo indican cantidades, también cualidades. He aquí algunos de ellos.

    15. Trayectoria

    Quince son los años que lleva el programa EUROsociAL de la Unión Europea apoyando la cohesión social en América Latina. Desde su inicio en 2005 hasta 2020 EUROsociAL ha venido acompañando a las instituciones públicas de América Latina en el diseño e implementación de una multiplicidad de políticas públicas en todos los ámbitos: social, económico, justicia, género, desarrollo regional, buen gobierno, etc. Y en todos los niveles: regional, nacional y local.

    En estos 15 años hemos visto 3 fases del programa, en contextos muy diversos: de crisis y bonanza económica, de conflictos sociales y estabilidad democrática y, más recientemente, de pandemia y crisis humanitaria, económica y social. También con diferentes enfoques: proyectos piloto en la primera fase; orientación a la demanda y a resultados concretos de política pública en las dos siguientes.

    Pero en estos 3 lustros el ADN y el espíritu del programa ha seguido siendo el mismo: luchar contra las desigualdades y mejorar la cohesión social en la región. En Justicia Inclusiva, el programa ha sido pionero en reducir barreras para el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad que se materializó en 2008 en las Reglas de Brasilia y que hoy estamos apoyando su conversión a convenio internacional.

    16, 10 y 5. Agenda Global

    Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas es lo que propone la Agenda 2030 en su ODS 16, y más concretamente en la meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

    Desde EUROsociAL entendemos el acceso a la justicia como un derecho llave que permite ejercer y garantizar otros derechos básicos como salud, educación, vivienda, identidad, etc. Por ello hemos puesto el énfasis en la protección y divulgación de los derechos de los grupos que se encuentran en condición de vulnerabilidad: personas en contexto de movilidad, migrantes y refugiados niñas, niños y adolescentes; víctimas y testigos de delitos; jóvenes en conflicto con la ley penal; personas privadas de libertad; personas pertenecientes a minorías étnicas; y las mujeres que se encuentran en situaciones de discriminación por razón de género Y este ODS 16 es habilitador para el logro de otros ODS: el 10, referente a la reducción de desigualdades, y el  5, que persigue la igualdad de género.

    Imposible en este breve espacio hacer una relación detallada de las numerosas acciones actualmente en ejecución en la región con las instituciones del sistema de justicia: Poderes Judiciales, Ministerios de Justicia, Fiscalías, Defensorías Publicas y Sistemas Penitenciarios.

    Nuestro referente fundamental aquí son las citadas 100 Reglas de Brasilia y las Guías de Santiago de Protección de Víctimas y Testigos, documentos de referencia cuya elaboración ha sido impulsada por EUROsociAL en el marco de las redes regionales de justicia.

    17. Alianzas

    Para el buen desarrollo de nuestro trabajo aplicamos el ODS 17, y en particular con la meta 17.16 orientada a “mejorar la alianza mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo”.

    La asociación con redes regionales, y en particular con las redes de justicia de América Latina, es una de las señas de identidad de EUROsociAL desde su inicio en 2005. Promover las alianzas y redes de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre instituciones homólogas de la región latinoamericana y europeas ha sido uno de los pilares centrales de EUROsociAL y en esto hemos sido pioneros. Ello nos ha permitido avanzar en la construcción de respuestas comunes de varios países a problemas compartidos como pueden ser marcos estratégicos de referencia para políticas públicas a nivel regional; declaraciones o lineamientos conjuntos, estándares, modelos o protocolos comunes, entre otros.

    Acompañamos a la Cumbre Judicial Iberoamericana, a través de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia, en la definición de la primera versión de las Reglas en 2008, en su actualización en 2018, en la implementación de las Reglas en los países, trasladándolas a programas, políticas y planes nacionales de acceso a la justicia, y actualmente en la Hoja de ruta para convertir las Reglas en Convenio Internacional.

    También desde 2007 colaboramos con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos-AIAMP, fortaleciéndola y apoyando la conformación de sus diferentes Redes (Red de Fiscales contra la corrupción y Red especializada de Género) y Grupos de trabajo. En 2008 se elaboró y aprobó con apoyo del programa las Guía de Santiago de Protección de víctimas y testigos, y en esta tercera fase se ha colaborado con el Grupo de Víctimas y Testigos en la revisión y actualización de dichas Guías, que serán aprobadas a principios de noviembre en la Asamblea General de la AIAMP.

    En 2012, en Fortaleza Brasil, se dio el pistoletazo de salida a la colaboración de EUROsociAL con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas-AIDEF. Estos ocho años la colaboración han sido intensos y muy fructíferos, lo que ha permitido avanzar en el diseño de modelos regionales que posteriormente se ha ido implantado a nivel nacional. Desde la Guía Regional para la defensa pública y la protección integral de las personas privadas de libertad; el manual de monitoreo de Derechos Humanos en los centros de privación de libertad por parte de las Defensorías Públicas; y el manual regional sobre las Reglas de Bangkok en clave de Defensa Pública, en la segunda fase del programa.

    En esta tercera fase se está acompañando a la AIDEF en dos acciones muy estratégicas que intentan dar respuesta a dos desafíos muy presentes actualmente en la región: por un lado, los casos de violencia institucional que se producen en las prisiones de América Latina; y por otro, la situación de exclusión y vulnerabilidad de las personas en contexto de movilidad y que requieren una atención especial para mejorar la defensa y vigencia de sus derechos.

    En el primer caso se ha diseñado un Modelo regional de Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria-SIRCAIVI, que actualmente se está implementando en 3 países: Argentina, Chile y Costa Rica. En el segundo se está avanzando en el diseño de un modelo regional y la creación de una red regional de asistencia jurídica a personas en contexto de movilidad desde las Defensorías Públicas.

    A través del trabajo con estas redes EUROsociAL ha contribuido con el fortalecimiento del Estado derecho, promoviendo la protección y defensa de los derechos humanos, relación indivisible e intrínseca, fundamental no sólo para la cohesión social, sino también para la democracia.

    19. Resiliencia y reconstrucción

    Y llegó la COVID19. Finalmente, el contexto actual no podíamos olvidar la pandemia de COVID19 que ha venido a trastocar y condicionar la vida de todos, pero que está afectando particularmente y de forma desproporcionada a los grupos más vulnerables, como han puesto de manifiesto diversos OOII como el ACNUDH, la CIDH o la CEPAL por citar algunos de ellos.

    Los derechos humanos y la protección y garantía de los mismos son cruciales en época de crisis. En este contexto, EUROsociAL se ha puesto rápidamente a disposición de los países para reconducir sus acciones y dar respuesta a los efectos de esta pandemia global y para sentar bases sólidas para la recuperación y reconstrucción no dejando a nadie atrás, ni permitiendo la vulneración de ningún derecho.

    Esto pasa por poner a las personas en el centro de las políticas públicas, especialmente a los más vulnerables, y preparar a los sistemas de justicia para superar las actuales dificultades garantizando el funcionamiento de una justicia independiente y justa. La aplicación de las Reglas de Brasilia como norma obligatoria puede ser un arma potente para luchar contra el coronavirus y desde EUROsociAL+ haremos todo lo posible porque así sea.

    Contenido audiovisual relacionado: “Justicia para la cohesión social”.

     

     

     

     

     

  • 06 agosto 2020

    |

    Posteado en : Opinion

    |
    facebook twitter linkedin

    “La frontera es un punto de transición, un lugar temporal que acrecienta la vulnerabilidad y dificultad de los migrantes”

    Una especialista de EUROsociAL+ nos cuenta la situación de vulnerabilidad a las que se enfrentan las personas migrantes en las fronteras

    Bárbara Gómez, técnica del proyecto EUROsociAL+ nos relata acerca de los peligros que corren las personas migrantes en las fronteras y cómo se ven acrecentadas las desigualdades mientras permanecen en esta situación, especialmente en el cruce entre México y Estados Unidos. Además, nos habla de cómo las políticas públicas son la clave para garantizar un marco legal que proteja los derechos humanos básicos de las personas migrantes.

    Sin lugar a dudas, hemos abandonado la idea habitual de ver la frontera como una mera línea que se puede borrar fácilmente, para verla, siguiendo al filósofo Eugenio Trías, como un auténtico territorio en el que se hacen patentes no solo conflictos o choques culturales, sino también intercambios y trueques varios. Al fin y al cabo, una concepción diferente de la “experiencia del límite”.

    La flexibilidad en la movilidad de personas a través de estas fronteras sumado a la complejidad de nuestra sociedad actual, y a los siempre presentes problemas de búsqueda de oportunidades debido a la pobreza y a la desigualdad social de muchos estados, unido a los conflictos regionales, ha propiciado el fenómeno de la migración que ha crecido hasta convertirse en una situación global. Esta realidad se ha hecho últimamente más patente por los últimos acontecimientos acaecidos en el contexto actual de la migración en tránsito por México cuando en octubre de 2018 inició la caravana en la que poco más de seis mil personas llegaron hasta Tijuana para solicitar asilo en Estados Unidos[1]. El foco en este acontecimiento se agudizó por el continuo reforzamiento de la frontera suroeste de los Estados Unidos donde el actual presidente insiste a pesar de la negativa y no aprobación del gasto por parte de los demócratas, en la construcción del muro fronterizo con México.

    El fenómeno migratorio en México, en los últimos 12 años, inició un cambio profundo, en su volumen, sus patrones e impactos, es decir, se experimentó una fuerte transformación en la dinámica migratoria en esta región del país. Se ha observado que esta nueva dinámica ha traído consigo consecuencias de índole social, económico y cultural en las distintas ciudades fronterizas y en la región en general.

    El Programa de la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, EUROsociAL+, está atento al fenómeno migratorio en la región latinoamericana, y en particular en la región centroamericana, y con un abordaje multidimensional, también está prestando atención a cómo se está gestionando la migración en las áreas de frontera, mejorando los sistemas de gobernanza transfronteriza. En este marco ha acompañado la elaboración de un estudio diagnóstico que pone el foco en todas las fases y etapas de dicho fenómeno en un contexto de crisis económica, social y política.

    A tal efecto, había varias preguntas que responder: ¿qué sucederá con los migrantes indocumentados que lleguen a la frontera suroeste de Estados Unidos? ¿Qué tan probable es que decidan residir en la región fronteriza de México ante la imposibilidad de cruzar la frontera o pedir asilo? ¿El gobierno mexicano está preparado ante esta posible contingencia?

    De vital importancia era analizar en qué situación de partida se encontraban los territorios de frontera que en la mayoría de los casos no sólo se veían obligados a acoger a los migrantes provenientes de Centroamérica y que no conseguían cruzar la frontera, sino que a la par, asumirían de nuevo todos aquellos y aquellas deportados/as afectados por las férreas políticas migratorias de Estados Unidos. El análisis partió de este planteamiento y de cómo todo ello tendría efectos en una nueva organización del territorio, de las políticas públicas puestas en marcha para la gobernanza multinivel, la cohesión territorial y, por ende, para la cohesión social como respuesta al sentido de pertenencia de la ciudadanía tan heterogénea que habita en la frontera.

    El estudio, por tanto, plantea comprender las trayectorias vividas por los/as migrantes, así como sus vivencias durante su estancia temporal o forzada en las ciudades fronterizas de esta región. El análisis incluyó tanto a mexicanos/as que han sido deportados o retornaron desde los Estados Unidos, así como a hombres y mujeres procedentes de Centroamérica y del Caribe.

    La frontera norte de México abarca al conjunto de municipios colindantes con la frontera estadounidense, bajo el supuesto de que ahí se observa el mayor dinamismo de las actividades de interés. Se trata de 38 municipios colindantes que pertenecen a seis entidades federativas: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En la actualidad se ha constituido en una región de estrecha relación con los Estados Unidos; existen intercambios permanentes de mercancías, servicios en ambos sentidos, así como un inmenso flujo de personas que cada día cruzan en ambas direcciones. Por mencionar algunos datos de interés. La región fronteriza de Baja California es la que tiene el mayor número de inmigrantes (168 mil); el 38,4% de la población es nacida en una región no fronteriza o en el extranjero. Este porcentaje aumenta a más del 50% en municipios como Tijuana y Tecate (Baja California). Baja California y Sonora han recibido la mayor parte de las y los migrantes deportados de EE. UU, en su conjunto registran 67% de los eventos. Los hombres componen la gran mayoría de los eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, suponiendo un 91% frente al 9% de las mujeres. No obstante, la vivencia del suceso en términos cualitativos, no serán de la misma índole para hombres y para mujeres siendo estas las más vulnerables al llevar consigo en la mayoría de los casos, sus hijos e hijas a cargo. Pero además se observa que la gran mayoría de los eventos están asociados a migrantes con edades jóvenes, prácticamente la mitad tiene entre 20 y 29 años. Entre enero y octubre de 2018 hubo 9,348 eventos de menores (MENAS) entregados a las autoridades mexicanas por parte de sus pares estadounidenses, lo que representa 6% del monto total.

    Trayectorias vividas por las personas migrantes

    Asimismo, no sería del todo justo presentar este trabajo que desde EUROsociAL+ se auspicia, únicamente con datos estadísticos. Es lícito igualmente tener en cuenta la dimensión humana de todas estas vivencias de “transición” que debido a la desigualdad se potencian exponencialmente.

    Desprovistos de derechos, e incluso desprovistos del derecho a tener derechos, los migrantes indocumentados son en nuestra época la expresión más clara de la privación consciente de derechos humanos básicos para la totalidad de un grupo humano. Al excluirlos de la legalidad, el Estado sitúa a los migrantes indocumentados por fuera de los límites de la ley, al mismo tiempo que les aplica leyes que los excluyen sistemáticamente. Esto es, la vulnerabilidad de este colectivo es originada en buena medida por la denegación del derecho de acceso a la justicia, y EUROsociAL+ trabaja para cambiar esta situación. El acceso a la justicia es un derecho clave, que actúa como una especie de pasarela para el acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda, empleo, etcétera. Pero también implica la defensa de personas extranjeras detenidas o privadas de libertad, la atención a víctimas de la violencia de género o asistencia jurídica a menores no acompañados.

    Quizás esta situación ambigua de estar “fuera de la ley” es lo que ha propiciado determinadas situaciones de violencia que los propios migrantes sufren en su periplo transitorio. Sin un marco legal que les ampare, en tierra de nadie, su desprotección es mayor y por ello, sus derechos se diluyen. Uno de los ejemplos más expresivos de esta forma de violencia la sufren las mujeres.  La mujer se encuentra en una situación muy vulnerable al atravesar fronteras. Y EUROsociAL+ justamente está abordando los efectos diferenciados de la corrupción en las mujeres, cruzando dos fenómenos que en su persecución no siempre se cruzan: corrupción y trata. A esta ecuación se le añade una variable más, migración, pues la mayoría de las mujeres que son objeto de trata son también migrantes.

    En la frontera, las personas migrantes están en un cruce de caminos entre el aquí y el allá, con sus pertenencias en un morral o en una bolsa de plástico, y sus sueños y esperanzas a flor de piel. En este espacio fronterizo, estas personas prefieren la información informal que llega de familiares y amigos, sobre cualquier otra fuente, para compensar por la vulnerabilidad extrema de su experiencia en la frontera. Consciente de esta situación, EUROsociAL+ también está trabajando para que este grupo vulnerable pueda ejercer su derecho de acceso a la información plenamente; mejorando la trasparencia pasiva con las instituciones que tienen la competencia para gestionar el fenómeno migratorio, pero también la activa, promoviendo que estas personas puedan ejercer su derecho a solicitar información básica que puede mejorar su vida en un país que no conocen.

    La frontera es un punto de transición, de transitoriedad, un lugar temporal que acrecienta su vulnerabilidad, la dificultad. Compartir la vulnerabilidad les permite crear vínculos profundos durante su corta estadía en la frontera, mientras deciden si seguir adelante o establecer su nueva residencia en los territorios de paso. Cualquiera de las dos decisiones les arrojará a la dimensión más desfavorecida de la desigualdad. Los gobiernos no deben olvidarse de la frontera y utilizar todos los instrumentos que tienen a sus manos para que los efectos de sus políticas públicas también lleguen a los territorios inhóspitos muchas veces olvidados.

    Bárbara Gómez, Técnica de Proyecto, área de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+ en la FIIAPP

    [1] El Colegio de la Frontera Norte México (COLEF), 2018.

    #Etiquetas: ,

  • 21 julio 2020

    |

    Posteado en : Opinion

    |
    facebook twitter linkedin

    Defensa en comisarías, uno de los aprendizajes del “estallido social” en Chile

    El Defensor Nacional de Chile, Andrés Mahnke, nos relata en este post los avances conseguidos en la defensa penal de Chile de la mano del proyecto EUROsociAL+

    El llamado estallido social iniciado en Chile el 18 de octubre de 2019 transformó la agenda del país, tanto por las demandas que surgieron desde la ciudadanía, como porque dejó al descubierto el accionar de las instituciones públicas que, como nunca, debieron enfrentar escenarios desconocidos provocados por los efectos de las manifestaciones. 

    El estallido social chileno acaparó el interés internacional, pues incluyó pérdida de vidas y centenares de personas con mutilación ocular, denuncias de múltiples y graves violaciones de derechos humanos destrucción de infraestructura pública y privada, entre otras consecuencias, incluyendo la visita al país de distintos organismos internacionales de derechos humanos, como Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos HumanosComisión Interamericana de Derechos HumanosAmnistía Internacional y Human Rights Watch. 

    En todos estos ámbitos, la justicia chilena y sus actores tuvieron que actuar, monitoreados por el propio sistema de justicia y el atento escrutinio de una ciudadanía empoderada y de la comunidad internacionalEn ese contexto, se gestaron una serie de ajustes y aprendizajes, que comenzaron a expresarse durante el primer trimestre de 2020, y que durante marzo de este año tuvieron su prueba de fuego. 

    Sin embargo, esta historia tuvo un protagonista inesperado, que copó todos los escenarios y modificó todas las agendas: el Coronavirus SARS-CoV2, que genera la enfermedad conocida como Covid19A pocas semanas de su aparición en el territorio chileno, produjo la modificación del calendario electoral para el inicio del proceso constituyente y generó lo que hasta hace pocas semanas era impensado: el cese de la protesta social multitudinaria en los espacios públicos. La gente volvió a sus casas y las calles se vaciaron, tal como ha sucedido en casi todo el mundo. 

    Pero la reflexión respecto de los ajustes en el sistema de justicia y los aprendizajes que dejó el ‘estallido’ no deben detenerse. Es más, adquieren una nueva relevancia, de cara a retomar la fluidez de la actividad pública cuando finalice la emergencia sanitaria. Y tampoco parece que el estallido haya desaparecido, más bien se ha suspendido con algunos rebrotes por la falta de alimentos durante la cuarentena. Todo apunta que el impacto social y económico de la pandemia agravará las desigualdades ya existentes. Por ello de alguna forma, este período se transforma en una oportunidad para integrar nuestros aprendizajes y anticipar escenarios venideros. 

    En el escenario de protesta social, un efecto indirecto se vinculó con la labor de los distintos actores del sistema penal, que han hecho frente a un inédito desafío de cobertura y capacidad operativa, a partir de un notorio incremento de la cantidad de personas detenidas y formalizadas. 

    Solo entre el 18 de octubre y el 13 de noviembre de 2019, la Defensoría Penal Pública -institución pública que garantiza el derecho a defensa y que está integrada por 722 funcionarios y 524 prestadores externos- atendió a 20.645 personas sometidas a control de detención, con un alza del 25,4% respecto del mismo período del año anterior. 

    Estos aumentos, sin embargo, fueron aún mayores en los primeros días de la crisis. Solo entre el 20 y el 28 de octubre -período en que gran parte de Chile estuvo bajo estado de excepción constitucional-, la institución registró 10712 imputados pasados a audiencia de control de detención, lo que representó un alza del 70% respecto del mismo lapso en 2018. Además, si en promedio se registran entre 600 y 650 controles de detención diarios en el país, en esa etapa aumentaron a mil 100 audiencias diarias, con un pico de 2508 controles de detención el 21 de octubre. 

    Más allá de este esfuerzo, una primera conclusión mostró que un número indeterminado de personas detenidas no fueron atendidas por los defensores públicos, sea porque el Ministerio Público decidió no pasarlas al control de detención, o porque su detención no fue notificada por la policía, de modo que no hubo control jurisdiccional de estas actuaciones ni se dejó registro de ellas.  

    Lo anterior activó en la Defensa Pública un plan de contingencia para atender a las personas detenidas en las unidades policiales, pues por diseño institucional los/as defensores/as tienen el primer contacto con el detenido/imputado momentos antes de la audiencia de control de detención ante el juez de garantía. Aunque los defensores públicos se organizaron informalmente para generar turnos de atención en comisarías y otros recintos policiales de detención, ello supuso una cobertura directa en solo 105 de los 900 cuarteles existentes en todo el país.  

    Se trata de una brecha urgente de resolver, pues implica una cifra negra de personas que, eventualmente, han visto vulnerados sus derechos, tal como lo advirtieron los informes de los distintos organismos de derechos humanos que visitaron el país. 

    Institucionalmente, la Defensoría Penal Pública activó distintas medidas, como el reforzamiento en la difusión de derechos, la coordinación con el resto de los actores del sistema y la apertura de canales de colaboración con las policías, entre otras.  

    Sin embargo, la principal iniciativa que siguió al período de crisis social en Chile se originó a partir del acompañamiento de EUROsociAL+, programa de la Unión Europea que gestiona la FIIAPP, cuyos especialistas colaboran hoy con la Defensa Pública en la elaboración de un ‘Modelo de defensa penal en las primeras horas de la detención’. 

    Su objetivo principal es generar un método de cobertura que permita garantizar el derecho de las personas detenidas a un abogado/a defensor/a en el más breve plazo, cautelando así su derecho a defensa técnica. Además, tal como lo han relevado los organismos internacionales a cargo de la promoción y protección de los derechos humanos, la presencia de un abogado/a defensor/a constituye una salvaguarda en el resguardo de otros derechos de las personas detenidas, sobre todo respecto de la prevención de la tortura. 

    Estas acciones posibilitan una ejecución completa y efectiva de la misión institucional de garantizar el derecho a defensa de cualquier persona imputada en todas las etapas del proceso penal, prevenir eventuales afectaciones de derechos y robustecer el control jurisdiccional de la detención, dotando a la defensa pública de mayores herramientas para controvertir el poder punitivo del Estado con igualdad de armas ante los tribunales de justicia. 

    El objetivo es siempre el mismo: reforzar el compromiso institucional con el estado de derecho, la paz social y la democracia en Chile, esfuerzo en el que agradecemos poder contar siempre con el decidido y permanente respaldo de la cooperación europea.   

    Andrés Mahnke M., Defensor Nacional (Defensoría Penal Pública de Chile) 

     

    A propósito del trabajo junto a la Defensoría Penal Pública de Chile, el programa EUROsociAL+ acaba de publicar un diagnóstico sobre la defensa penal de las personas en las primeras horas de la detención en el país latinoamericano.