• 06 agosto 2020

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    “La frontera es un punto de transición, un lugar temporal que acrecienta la vulnerabilidad y dificultad de los migrantes”

    Una especialista de EUROsociAL+ nos cuenta la situación de vulnerabilidad a las que se enfrentan las personas migrantes en las fronteras

    Bárbara Gómez, técnica del proyecto EUROsociAL+ nos relata acerca de los peligros que corren las personas migrantes en las fronteras y cómo se ven acrecentadas las desigualdades mientras permanecen en esta situación, especialmente en el cruce entre México y Estados Unidos. Además, nos habla de cómo las políticas públicas son la clave para garantizar un marco legal que proteja los derechos humanos básicos de las personas migrantes.

    Sin lugar a dudas, hemos abandonado la idea habitual de ver la frontera como una mera línea que se puede borrar fácilmente, para verla, siguiendo al filósofo Eugenio Trías, como un auténtico territorio en el que se hacen patentes no solo conflictos o choques culturales, sino también intercambios y trueques varios. Al fin y al cabo, una concepción diferente de la “experiencia del límite”.

    La flexibilidad en la movilidad de personas a través de estas fronteras sumado a la complejidad de nuestra sociedad actual, y a los siempre presentes problemas de búsqueda de oportunidades debido a la pobreza y a la desigualdad social de muchos estados, unido a los conflictos regionales, ha propiciado el fenómeno de la migración que ha crecido hasta convertirse en una situación global. Esta realidad se ha hecho últimamente más patente por los últimos acontecimientos acaecidos en el contexto actual de la migración en tránsito por México cuando en octubre de 2018 inició la caravana en la que poco más de seis mil personas llegaron hasta Tijuana para solicitar asilo en Estados Unidos[1]. El foco en este acontecimiento se agudizó por el continuo reforzamiento de la frontera suroeste de los Estados Unidos donde el actual presidente insiste a pesar de la negativa y no aprobación del gasto por parte de los demócratas, en la construcción del muro fronterizo con México.

    El fenómeno migratorio en México, en los últimos 12 años, inició un cambio profundo, en su volumen, sus patrones e impactos, es decir, se experimentó una fuerte transformación en la dinámica migratoria en esta región del país. Se ha observado que esta nueva dinámica ha traído consigo consecuencias de índole social, económico y cultural en las distintas ciudades fronterizas y en la región en general.

    El Programa de la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, EUROsociAL+, está atento al fenómeno migratorio en la región latinoamericana, y en particular en la región centroamericana, y con un abordaje multidimensional, también está prestando atención a cómo se está gestionando la migración en las áreas de frontera, mejorando los sistemas de gobernanza transfronteriza. En este marco ha acompañado la elaboración de un estudio diagnóstico que pone el foco en todas las fases y etapas de dicho fenómeno en un contexto de crisis económica, social y política.

    A tal efecto, había varias preguntas que responder: ¿qué sucederá con los migrantes indocumentados que lleguen a la frontera suroeste de Estados Unidos? ¿Qué tan probable es que decidan residir en la región fronteriza de México ante la imposibilidad de cruzar la frontera o pedir asilo? ¿El gobierno mexicano está preparado ante esta posible contingencia?

    De vital importancia era analizar en qué situación de partida se encontraban los territorios de frontera que en la mayoría de los casos no sólo se veían obligados a acoger a los migrantes provenientes de Centroamérica y que no conseguían cruzar la frontera, sino que a la par, asumirían de nuevo todos aquellos y aquellas deportados/as afectados por las férreas políticas migratorias de Estados Unidos. El análisis partió de este planteamiento y de cómo todo ello tendría efectos en una nueva organización del territorio, de las políticas públicas puestas en marcha para la gobernanza multinivel, la cohesión territorial y, por ende, para la cohesión social como respuesta al sentido de pertenencia de la ciudadanía tan heterogénea que habita en la frontera.

    El estudio, por tanto, plantea comprender las trayectorias vividas por los/as migrantes, así como sus vivencias durante su estancia temporal o forzada en las ciudades fronterizas de esta región. El análisis incluyó tanto a mexicanos/as que han sido deportados o retornaron desde los Estados Unidos, así como a hombres y mujeres procedentes de Centroamérica y del Caribe.

    La frontera norte de México abarca al conjunto de municipios colindantes con la frontera estadounidense, bajo el supuesto de que ahí se observa el mayor dinamismo de las actividades de interés. Se trata de 38 municipios colindantes que pertenecen a seis entidades federativas: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En la actualidad se ha constituido en una región de estrecha relación con los Estados Unidos; existen intercambios permanentes de mercancías, servicios en ambos sentidos, así como un inmenso flujo de personas que cada día cruzan en ambas direcciones. Por mencionar algunos datos de interés. La región fronteriza de Baja California es la que tiene el mayor número de inmigrantes (168 mil); el 38,4% de la población es nacida en una región no fronteriza o en el extranjero. Este porcentaje aumenta a más del 50% en municipios como Tijuana y Tecate (Baja California). Baja California y Sonora han recibido la mayor parte de las y los migrantes deportados de EE. UU, en su conjunto registran 67% de los eventos. Los hombres componen la gran mayoría de los eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, suponiendo un 91% frente al 9% de las mujeres. No obstante, la vivencia del suceso en términos cualitativos, no serán de la misma índole para hombres y para mujeres siendo estas las más vulnerables al llevar consigo en la mayoría de los casos, sus hijos e hijas a cargo. Pero además se observa que la gran mayoría de los eventos están asociados a migrantes con edades jóvenes, prácticamente la mitad tiene entre 20 y 29 años. Entre enero y octubre de 2018 hubo 9,348 eventos de menores (MENAS) entregados a las autoridades mexicanas por parte de sus pares estadounidenses, lo que representa 6% del monto total.

    Trayectorias vividas por las personas migrantes

    Asimismo, no sería del todo justo presentar este trabajo que desde EUROsociAL+ se auspicia, únicamente con datos estadísticos. Es lícito igualmente tener en cuenta la dimensión humana de todas estas vivencias de “transición” que debido a la desigualdad se potencian exponencialmente.

    Desprovistos de derechos, e incluso desprovistos del derecho a tener derechos, los migrantes indocumentados son en nuestra época la expresión más clara de la privación consciente de derechos humanos básicos para la totalidad de un grupo humano. Al excluirlos de la legalidad, el Estado sitúa a los migrantes indocumentados por fuera de los límites de la ley, al mismo tiempo que les aplica leyes que los excluyen sistemáticamente. Esto es, la vulnerabilidad de este colectivo es originada en buena medida por la denegación del derecho de acceso a la justicia, y EUROsociAL+ trabaja para cambiar esta situación. El acceso a la justicia es un derecho clave, que actúa como una especie de pasarela para el acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda, empleo, etcétera. Pero también implica la defensa de personas extranjeras detenidas o privadas de libertad, la atención a víctimas de la violencia de género o asistencia jurídica a menores no acompañados.

    Quizás esta situación ambigua de estar “fuera de la ley” es lo que ha propiciado determinadas situaciones de violencia que los propios migrantes sufren en su periplo transitorio. Sin un marco legal que les ampare, en tierra de nadie, su desprotección es mayor y por ello, sus derechos se diluyen. Uno de los ejemplos más expresivos de esta forma de violencia la sufren las mujeres.  La mujer se encuentra en una situación muy vulnerable al atravesar fronteras. Y EUROsociAL+ justamente está abordando los efectos diferenciados de la corrupción en las mujeres, cruzando dos fenómenos que en su persecución no siempre se cruzan: corrupción y trata. A esta ecuación se le añade una variable más, migración, pues la mayoría de las mujeres que son objeto de trata son también migrantes.

    En la frontera, las personas migrantes están en un cruce de caminos entre el aquí y el allá, con sus pertenencias en un morral o en una bolsa de plástico, y sus sueños y esperanzas a flor de piel. En este espacio fronterizo, estas personas prefieren la información informal que llega de familiares y amigos, sobre cualquier otra fuente, para compensar por la vulnerabilidad extrema de su experiencia en la frontera. Consciente de esta situación, EUROsociAL+ también está trabajando para que este grupo vulnerable pueda ejercer su derecho de acceso a la información plenamente; mejorando la trasparencia pasiva con las instituciones que tienen la competencia para gestionar el fenómeno migratorio, pero también la activa, promoviendo que estas personas puedan ejercer su derecho a solicitar información básica que puede mejorar su vida en un país que no conocen.

    La frontera es un punto de transición, de transitoriedad, un lugar temporal que acrecienta su vulnerabilidad, la dificultad. Compartir la vulnerabilidad les permite crear vínculos profundos durante su corta estadía en la frontera, mientras deciden si seguir adelante o establecer su nueva residencia en los territorios de paso. Cualquiera de las dos decisiones les arrojará a la dimensión más desfavorecida de la desigualdad. Los gobiernos no deben olvidarse de la frontera y utilizar todos los instrumentos que tienen a sus manos para que los efectos de sus políticas públicas también lleguen a los territorios inhóspitos muchas veces olvidados.

    Bárbara Gómez, Técnica de Proyecto, área de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+ en la FIIAPP

    [1] El Colegio de la Frontera Norte México (COLEF), 2018.

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  • 21 julio 2020

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    Defensa en comisarías, uno de los aprendizajes del “estallido social” en Chile

    El Defensor Nacional de Chile, Andrés Mahnke, nos relata en este post los avances conseguidos en la defensa penal de Chile de la mano del proyecto EUROsociAL+

    El llamado estallido social iniciado en Chile el 18 de octubre de 2019 transformó la agenda del país, tanto por las demandas que surgieron desde la ciudadanía, como porque dejó al descubierto el accionar de las instituciones públicas que, como nunca, debieron enfrentar escenarios desconocidos provocados por los efectos de las manifestaciones. 

    El estallido social chileno acaparó el interés internacional, pues incluyó pérdida de vidas y centenares de personas con mutilación ocular, denuncias de múltiples y graves violaciones de derechos humanos destrucción de infraestructura pública y privada, entre otras consecuencias, incluyendo la visita al país de distintos organismos internacionales de derechos humanos, como Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos HumanosComisión Interamericana de Derechos HumanosAmnistía Internacional y Human Rights Watch. 

    En todos estos ámbitos, la justicia chilena y sus actores tuvieron que actuar, monitoreados por el propio sistema de justicia y el atento escrutinio de una ciudadanía empoderada y de la comunidad internacionalEn ese contexto, se gestaron una serie de ajustes y aprendizajes, que comenzaron a expresarse durante el primer trimestre de 2020, y que durante marzo de este año tuvieron su prueba de fuego. 

    Sin embargo, esta historia tuvo un protagonista inesperado, que copó todos los escenarios y modificó todas las agendas: el Coronavirus SARS-CoV2, que genera la enfermedad conocida como Covid19A pocas semanas de su aparición en el territorio chileno, produjo la modificación del calendario electoral para el inicio del proceso constituyente y generó lo que hasta hace pocas semanas era impensado: el cese de la protesta social multitudinaria en los espacios públicos. La gente volvió a sus casas y las calles se vaciaron, tal como ha sucedido en casi todo el mundo. 

    Pero la reflexión respecto de los ajustes en el sistema de justicia y los aprendizajes que dejó el ‘estallido’ no deben detenerse. Es más, adquieren una nueva relevancia, de cara a retomar la fluidez de la actividad pública cuando finalice la emergencia sanitaria. Y tampoco parece que el estallido haya desaparecido, más bien se ha suspendido con algunos rebrotes por la falta de alimentos durante la cuarentena. Todo apunta que el impacto social y económico de la pandemia agravará las desigualdades ya existentes. Por ello de alguna forma, este período se transforma en una oportunidad para integrar nuestros aprendizajes y anticipar escenarios venideros. 

    En el escenario de protesta social, un efecto indirecto se vinculó con la labor de los distintos actores del sistema penal, que han hecho frente a un inédito desafío de cobertura y capacidad operativa, a partir de un notorio incremento de la cantidad de personas detenidas y formalizadas. 

    Solo entre el 18 de octubre y el 13 de noviembre de 2019, la Defensoría Penal Pública -institución pública que garantiza el derecho a defensa y que está integrada por 722 funcionarios y 524 prestadores externos- atendió a 20.645 personas sometidas a control de detención, con un alza del 25,4% respecto del mismo período del año anterior. 

    Estos aumentos, sin embargo, fueron aún mayores en los primeros días de la crisis. Solo entre el 20 y el 28 de octubre -período en que gran parte de Chile estuvo bajo estado de excepción constitucional-, la institución registró 10712 imputados pasados a audiencia de control de detención, lo que representó un alza del 70% respecto del mismo lapso en 2018. Además, si en promedio se registran entre 600 y 650 controles de detención diarios en el país, en esa etapa aumentaron a mil 100 audiencias diarias, con un pico de 2508 controles de detención el 21 de octubre. 

    Más allá de este esfuerzo, una primera conclusión mostró que un número indeterminado de personas detenidas no fueron atendidas por los defensores públicos, sea porque el Ministerio Público decidió no pasarlas al control de detención, o porque su detención no fue notificada por la policía, de modo que no hubo control jurisdiccional de estas actuaciones ni se dejó registro de ellas.  

    Lo anterior activó en la Defensa Pública un plan de contingencia para atender a las personas detenidas en las unidades policiales, pues por diseño institucional los/as defensores/as tienen el primer contacto con el detenido/imputado momentos antes de la audiencia de control de detención ante el juez de garantía. Aunque los defensores públicos se organizaron informalmente para generar turnos de atención en comisarías y otros recintos policiales de detención, ello supuso una cobertura directa en solo 105 de los 900 cuarteles existentes en todo el país.  

    Se trata de una brecha urgente de resolver, pues implica una cifra negra de personas que, eventualmente, han visto vulnerados sus derechos, tal como lo advirtieron los informes de los distintos organismos de derechos humanos que visitaron el país. 

    Institucionalmente, la Defensoría Penal Pública activó distintas medidas, como el reforzamiento en la difusión de derechos, la coordinación con el resto de los actores del sistema y la apertura de canales de colaboración con las policías, entre otras.  

    Sin embargo, la principal iniciativa que siguió al período de crisis social en Chile se originó a partir del acompañamiento de EUROsociAL+, programa de la Unión Europea que gestiona la FIIAPP, cuyos especialistas colaboran hoy con la Defensa Pública en la elaboración de un ‘Modelo de defensa penal en las primeras horas de la detención’. 

    Su objetivo principal es generar un método de cobertura que permita garantizar el derecho de las personas detenidas a un abogado/a defensor/a en el más breve plazo, cautelando así su derecho a defensa técnica. Además, tal como lo han relevado los organismos internacionales a cargo de la promoción y protección de los derechos humanos, la presencia de un abogado/a defensor/a constituye una salvaguarda en el resguardo de otros derechos de las personas detenidas, sobre todo respecto de la prevención de la tortura. 

    Estas acciones posibilitan una ejecución completa y efectiva de la misión institucional de garantizar el derecho a defensa de cualquier persona imputada en todas las etapas del proceso penal, prevenir eventuales afectaciones de derechos y robustecer el control jurisdiccional de la detención, dotando a la defensa pública de mayores herramientas para controvertir el poder punitivo del Estado con igualdad de armas ante los tribunales de justicia. 

    El objetivo es siempre el mismo: reforzar el compromiso institucional con el estado de derecho, la paz social y la democracia en Chile, esfuerzo en el que agradecemos poder contar siempre con el decidido y permanente respaldo de la cooperación europea.   

    Andrés Mahnke M., Defensor Nacional (Defensoría Penal Pública de Chile) 

     

    A propósito del trabajo junto a la Defensoría Penal Pública de Chile, el programa EUROsociAL+ acaba de publicar un diagnóstico sobre la defensa penal de las personas en las primeras horas de la detención en el país latinoamericano.

  • 19 septiembre 2019

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    COPOLAD, EL PAcCTO, EUROsociAL+ y el valor del trabajo conjunto en América Latina y el Caribe

    Estos proyectos, financiados por la Unión Europa y en cuya gestión participa la FIIAPP, celebran hoy y mañana en Montevideo una conferencia birregional de alto nivel sobre medidas alternativas a la a la privación de libertad

    Con la presencia de numerosas autoridades europeas y latinoamericanas, COPOLAD, EL PAcCTO y EUROsociAL+ aúnan en esta conferencia esfuerzos, trabajo, discurso y medios con el objetivo de conseguir una mayor incidencia del tema en la sociedad.

    La conferencia se ha clausurado con un gran acuerdo formalizado en una declaración conjunta ratificada por todos los representantes de los países de América Latina y el Caribe participantes, así como por la Unión Europea y por los tres programas regionales de cooperación organizadores del evento: COPOLAD II, EL PAcCTO y EUROsociAL+.

    Cada uno desde su perspectiva, en este post, los tres proyectos ponen en valor la dimensión común que comparten en torno a las medidas alternativas a la pena de prisión.

     

    COPOLAD y la importancia de la coordinación entre instituciones

    En los últimos años, varias medidas alternativas a la prisión han demostrado resultados esperanzadores reduciendo, en algunos centros penitenciarios, la sobrepoblación existente y con ello, los problemas asociados a esta situación. En la conferencia se conocerán las principales líneas de actuación en este ámbito que han demostrado –de manera consistente y en distintos contextos sociales– resultados positivos en relación con el hacinamiento y en el abordaje de otros problemas asociados. En este contexto, y para poder explorar las alternativas exitosas ejecutadas en algunos países y la evaluación de sus beneficios, se considerará un aspecto que es común, básico e irrenunciable para asegurar el éxito en la aplicación de cualquier medida alternativa.

    Este factor clave es la necesidad de coordinación interinstitucional, un concepto fácil de formular y más complejo de aplicar. La coordinación interinstitucional ha demostrado estar en el centro de cualquier acción que promueva el desarrollo de políticas públicas en el ámbito de las alternativas a la prisión, si lo que se pretende es que sean efectivas (basadas en la evidencia), eficientes y alineadas con los objetivos de desarrollo, en especial la protección de los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres, la promoción de la salud pública y la buena gobernanza.

    Teniendo en cuenta esto, la conferencia brindará la oportunidad de profundizar en lo que significa la coordinación interinstitucional en éste ámbito, las implicaciones que conlleva el enfrentarse a los numerosos retos que supone el desarrollo y gestión de oportunidades y mecanismos de coordinación -herramientas y plataformas multisectoriales- que deben existir para mejorar la cooperación horizontal entre el sistema judicial y las fuerzas de seguridad, así como también entre los servicios sociales y de atención a la salud.

    Teresa Salvador-Llivina es directora de COPOLAD y Claudia Liebers es responsable de Relaciones Institucionales y Estrategia del proyecto.

     

    EL PAcCTO: la relación entre las medidas alternativas a la pena de privación de libertad y el crimen organizado

    En todo el globo, y Latinoamérica no es una excepción, muchos Estados cuentan con una sobrepoblación penitenciaria que a veces llega a niveles alarmantes. El hacinamiento es un mal en mismo, ya que además de afectar a la dignidad humana de las personas privadas de libertad, impide o complica mucho la correcta implementación de programas de reinserción social, la separación física entre detenidos peligrosos y delincuentes leves o delincuentes primarios.  

    Numerosos estudios internacionales subrayan que la prisión no puede ser la única solución para afrontar la delincuencia y muestran que, con frecuencia, ésta se transforma en una escuela del crimen, favoreciendo la proliferación de grupos criminales que actúan dentro y fuera de los centros de detención poniendo en riesgo la seguridad de los penados y de la sociedad en su conjunto.  Son varias las organizaciones criminales que han surgido y se han fortalecido en el ámbito penitenciario aprovechando las debilidades de los sistemas a causa de la alta sobrepoblación.  

    Por eso, una de las principales preocupaciones de EL PAcCTO es la necesidad de apoyar la ejecución y el uso de medidas alternativas a la privación de libertad considerándolas como fundamentales para descongestionar los sistemas penitenciarios y concentrar la atención en las personas privadas de libertad más peligrosas, que pueden potencialmente reclutar afiliados en los centros penitenciarios. Por esas motivaciones consideramos que las medidas constituyen también una herramienta esencial para la lucha contra el crimen organizado. 

    Además, las medidas alternativas son un tema transversal que necesitan de un abordaje holístico, una fuerte coordinación y abocan a un cambio cultural y un abordaje compartido entre todos los actores involucrados también en términos de comunicación externa.  

    Giovanni Tartaglia Polcini es coordinador del componente de sistemas Penitenciarios EL PAcCTO, Lorenzo Tordelli, co-coordinador-gestor temático del mismo y Nathalie Boissou, su coordinadora adjunta.

     

    EUROsociAL+, favoreciendo la inserción social y el abandono del delito

    Estos días, en Montevideo, los programas EUROsociAL+, junto con El PACcTO y COPOLAD estamos organizando una conferencia birregional sobre medidas alternativas a la privación de libertad. Los tres, cada uno desde su enfoque, hemos abordado este tema, convergiendo en problemáticas comunes que nos hacen trabajar en la misma dirección.

     La pena de privación de libertad en prisión, que debiera ser último recurso, se ha estado usando de manera indiscriminada en América Latina. Ha habido un exponencial crecimiento de la población privada de libertad en las últimas décadas. Esta sobrepoblación que ha provocado problemas de hacinamiento, salud, y violencia, se ha visto cuestionada en la medida que ha mostrado no ser capaz de favorecer los procesos de inserción social, tampoco ha tenido un efecto disuasorio disminuyendo la reincidencia delictiva, ni efectos positivos en la rehabilitación social. 

     El enfoque de la cohesión social, que promueve el programa EUROsociAL+, está estrechamente vinculado con el desarrollo y uso de medidas alternativas a la privación de libertad, no sólo porque la desigualdad contribuye a la violencia, y este en un programa que tiene como objetivo la reducción de todo tipo de desigualdades, sino porque en su afán por “no dejar a nadie atrás”, la pregunta que sobre todo debe interesar no es ¿por qué delinquen los infractores? sino ¿por qué dejan de delinquir? La búsqueda de las acciones que favorecen la decisión de abandonar el delito es la clave en los procesos de inserción social de infractores y en las medidas alternativas.

    Un foco especial se dará a las mujeres privadas de libertad en esta conferencia. A pesar del que el porcentaje es mucho menor que el de hombres, el número de mujeres encarceladas en la región prácticamente se ha triplicado en las últimas décadas. Este crecimiento está siendo muy rápido y proporcionalmente mucho mayor que el de varones. Estas tendencias deberían ser un motivo de preocupación para los gobiernos y el sistema penitenciario, todavía con carencias o indiferente en relación a las necesidades específicas de las mujeres. Urge, por tanto, incorporar la perspectiva de género.

    Por supuesto, la aplicación de medidas alternativas no se puede incorporar sin el respaldo de una acción administrativa fiable. La implantación necesita de un marco de actuación con medidas rehabilitadoras que permitan a los jueces su consideración real y a los infractores tomar conciencia de sus actos para cambiar y abandonar el delito.

    Sonia González Fuentes es coordinadora del área de políticas de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+ en FIIAPP.

     

     

  • 29 agosto 2019

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    EUROsociAL+ y el caso de Lorenza Cayuhan

    El proyecto aborda el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad y en este documental expone un caso paradigmático: el de la mujer mapuche Lorenza Cayuhan

    El acceso a la justicia es una seña de identidad del programa EUROsociAL+, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, constituyéndose como una de las dimensiones a través de las cuales se quiere luchar contra la exclusión y las desigualdades.

     

    A pesar de los notables avances en la región latinoamericana en esta materia, aún existe una necesidad de mejorar y garantizar el acceso a la justicia de determinados grupos vulnerables para reforzar la cohesión social. En ese marco, Las Reglas de Brasilia de Acceso a la Justica de personas en condición de vulnerabilidad aprobadas por la Cumbre Judicial Iberoamericana son un instrumento clave para garantizar el acceso a la justicia y contribuir a la cohesión social en la región. Desde el inicio de EUROsociAL, en 2005, el programa ha acompañado a los países de la región y a las redes regionales, no solo en la definición inicial de las Reglas de Brasilia en 2008, sino también en la revisión y actualización de las mismas en 2018, y en su difusión e implantación a nivel nacional en los países de América Latina.

     

    El caso de Lorenza Cayuhan, que se presenta en el video, es paradigmático en este sentido porque muestra una discriminación múltiple (interseccionalidad de la discriminación) por ser mujer, mapuche, en estado de gestación y privada de libertad, como así fue finalmente reconocido por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile.

     

     

    Área de Política de Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+

  • 04 abril 2019

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    “El acceso a la información tiene un impacto positivo en todas las personas, también en los grupos vulnerables”

    Entrevistamos a Pansy Tlakula, la Alta Comisionada en Sudáfrica para el derecho de acceso a la información, durante la Conferencia Internacional de Comisionados de Acceso a la Información en la que también ha participado EUROsociAL+

    ¿Qué importancia tiene el derecho de acceso a la información pública para los derechos humanos y para la democracia?

     

    El acceso a la información es fundamental para el disfrute de los demás derechos. No se puede disfrutar de los derechos sociales y económicos sin el derecho de acceso a la información; y, además, es importante también para el derecho al voto. Por todo ello, es fundamental en el sistema de derechos humanos.

     

    Desde el punto de vista histórico, ¿cuál ha sido la importancia de este derecho para la ciudadanía sudafricana?

     

    En este caso, hay que recordar que venimos de una muy triste historia, la del apartheid y de la segregación racial. Por eso, en 1994, cuando obtuvimos la liberación, una de las primeras cosas que hicimos fue asegurarnos de que acabábamos con la “cultura del secreto”. En este sentido, una de las primeras leyes que adoptamos después de la liberación fue la de la promoción del acceso a la información.

     

    ¿Podemos reseñar algún caso relevante relativo a la información pública que haya sido históricamente importante en Sudáfrica?

     

    Creo que el caso más importante al respecto ocurrió el año pasado. Varias organizaciones de la sociedad civil habían pedido a los partidos políticos que divulgaran el origen de su financiación y, en un principio, estos se negaron. Entonces, una organización llamada “El derecho de saber” llevó el caso ante la justicia, quien determinó que el derecho de acceso a la información es fundamental para el derecho de voto. Y para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto, deben poder acceder a la información sobre la financiación de los partidos políticos.

    EUROsociAL+, el programa financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, ha presentado estos días su experiencia de apoyo a la Red de Transparencia en América Latina (RTA). En África, existe la idea de crear una red similar. ¿Cómo cree que podría contribuir la creación de una red similar en el continente?

     

    Creo que la red es muy importante y la colaboración entre países de África y América Latina es significativa porque se trata de cooperación Sur-Sur. Por ejemplo, estos días, cuando hemos celebrado nuestra primera reunión sobre el establecimiento de la Red Africana de Comisionados de Información, nuestros colegas de la red latinoamericana compartieron con nosotros la forma en que establecieron su red.

     

    Hablemos ahora de género y del derecho de acceso a la información: ¿qué importancia tiene este derecho para las mujeres en Sudáfrica y en toda África?

     

    Creo que es muy importante para las mujeres del mundo, por ejemplo, si observamos los derechos relacionados con la salud reproductiva y sexual; en este caso, las mujeres y las niñas no pueden disfrutar de estos derechos si no disponen de la información suficiente. Si cuentan con ella, podrán hacer frente a los desafíos específicos de salud que estas cuestiones conllevan.

     

    Y algunos de ellos pueden resolverse fácilmente dando a las mujeres acceso a información, por eso, este año, en la Conferencia Internacional de Comisionados de Acceso a la Información hemos presentado un panel que expone la importancia del acceso a la información para grupos vulnerables: cómo impacta en las mujeres o también en las personas con discapacidad. Personalmente, creo que el acceso a la información tiene un impacto positivo en todas las personas, también en los grupos vulnerables.

  • 14 marzo 2019

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    Ángeles de la guarda

    Laura Cárdenas es autora de este texto y experta de EUROsociAL+ en el desarrollo de una estrategia de sensibilización para las medidas alternativas a la prisión

    Miguel llega como cada semana a PROMESEM, el Programa de Inserción Social y Comunitaria del Instituto Nacional de Inclusión Social de Adolescentes Uruguay (INISA). Allí le aguardan cada día las psicólogas, educadoras sociales, profesores y profesoras para trabajar con él de una forma integral y cumplir con la medida judicial por el delito que cometió, tras un año de encierro, ahora en medio abierto. “Ellos son mis ángeles de la guarda”, explica. Y ese es el ambiente que se respira en el centro INISA. Abrazos, sonrisas, olor a incienso, paredes decoradas y adolescentes, varones y mujeres, que buscan aliento y una forma de resarcir el daño que causaron, a la sociedad y a ellos mismos.

     

    Miguel es uno de los más de 300 adolescentes que se encuentran bajo el amparo del INISA, el ente rector encargado de los jóvenes en conflicto con la ley penal, dentro de un sistema en el que la privación de libertad “ha sido la regla y no la excepción” tal y como subraya su presidenta, Gabriela Fulco.  Es por ello que el Estado ha creado un nuevo modelo de abordaje de las medidas no privativas de libertad que “responde a la necesidad de cumplir el compromiso de Estado que adquirimos al ratificar la Convención de los Derechos del Niño” e implica una mayor aplicabilidad de medidas socio-educativas y de reinserción, facilitar la continuidad de la vida socio familiar de los y las adolescentes y establecer la paz dentro de la comunidad.

     

    Por ello, la Unión Europea a través de su programa EUROsociAL+, que gestiona la FIIAPP, está acompañando a INISA en este proceso mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas en políticas públicas europeas y latinoamericanas en esta materia. Entre ellas destaca el diseño de una estrategia de comunicación y sensibilización que sirva de guía para sensibilizar a la ciudadanía uruguaya, a las instituciones del Estado, medios de comunicación y sector privado sobre la necesidad de promover la aplicación de medidas no privativas en lugar de las privativas para mejorar la cohesión social.

     

    Tal y como explica Fulco, tanto desde la perspectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como desde la seguridad ciudadana, la privación de libertad no resuelve el problema de inseguridad ni mejora las posibilidades de reinserción social de los adolescentes. Sin embargo, el modelo que aplica las sanciones alternativas a la privación de libertad mediante medidas socioeducativas ha demostrado a nivel internacional menores índices de reincidencia y una mayor reinserción.

     

    Trabajo integral

     

    En PROMESEN atienden a adolescentes que han pasado previamente por privación de libertad y otros que no. Y entre ellos hay una gran diferencia según explica su directora, Fernanda Albistur: “los que llegan de privación de libertad vienen aturdidos, las primeras semanas no quieren ni salir de casa y muchos tienen miedo de venir solos. Siguen escuchando los ruidos de la prisión, los candados, las puertas… Nos cuesta mucho más que quieran participar en el programa. El encierro agrava además la situación familiar y todos los conflictos que tenían previo a su ingreso y que quedaron congelados vuelven a resurgir”, explica Albistur. “Muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer para reparar el daño institucional provocado por el encierro, qué podemos hacer para devolverle la vida espantosa que pasó”.

     

    Miguel acudía cada semana al hospital geriátrico Piñeiro del Campo, donde residen personas mayores sin hogar, como parte de uno de los programas de servicios a la comunidad que establece la sanción socioeducativa.

     

    Laura Berois, profesora, acompañaba a los adolescentes en esta actividad. “Vienen con situaciones de vida muy complejas y cuando se enfrentan a realidades más difíciles que las suyas toman conciencia de lo importante que es cuidarse”, dice.

     

    Mariela, que también participa en este programa, vive con sus padres y sus abuelos en un barrio que no le gusta, según explica.  Ahora Mariela relata que se ha dado cuenta de “que no sirve de nada tomar el camino fácil. Hay que luchar y cuidar la convivencia con otros seres humanos”.  Mariela se imagina un futuro en el que pueda continuar sus estudios “trabajar y sacar adelante a mi familia porque quiero ser enfermera para poder curar a la gente”.  “Me quedan aún dos meses de seguir viniendo, pero lo voy a hacer. Además, aquí hay buena gente, nos ayudan”, subraya.

     

    Sofia Rodríguez es un de las educadoras de PROMESEM. Cada día se enfrenta al duro trabajo de ver las condiciones en las que se encuentran los y las adolescentes. Sus necesidades básicas y sus derechos han sido totalmente vulnerados y por ello “le dan poco valor a su propia vida”. Son adolescentes totalmente excluidos de la sociedad, del sistema educativo, que nacen y viven en el medio delictivo y por ello Sofía se pregunta: “¿cómo van a respetar los derechos de otros si todos sus derechos han sido totalmente vulnerados? Nadie se cuestiona por qué los adolescentes en conflicto con la ley no pertenecen a la clase media o alta sino a la pobre. Como sociedad somos responsables de lo que está pasando”, subraya.

     

    La mayoría han sufrido abandono durante toda su vida. Algunos tienen trastornos psicológicos graves y no saben discernir entre el bien y el mal”, explica Carolina, una de las psicólogas del centro. Pero todos y todas las trabajadoras del centro destacan el poder de resiliencia de estos adolescentes.

     

    “Nunca me trataron tan bien como en el Hospital Piñeiro. Además, los viejitos siempre nos estaban esperando y cuando nos íbamos se quedaban tristes. Hacíamos plástica juntos y hasta nos hicieron una exposición de las obras en la Intendencia de Santo Domingo”, expresa Miguel.  Ahora, Miguel, gracias al convenio firmado entre la Intendencia de Montevideo e INISA y, sobre todo, a su cambio de actitud, ha encontrado empleo y podrá atender las necesidades de su hijo recién nacido y las de su familia.