EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu experiencia como experto movilizado?

Hasta ahora el mayor logro ha sido haber podido conseguir que las instituciones mozambiqueñas confíen en la capacidad del proyecto de Apoyo a la lucha contra la corrupción en Mozambique de trabajar con ellas para poder combatir, de un modo eficaz, la corrupción y conseguir su implicación, total, en el mismo.

¿De qué te sientes más orgulloso?

Del trabajo en equipo y del esfuerzo desplegado, hasta ahora, con mis compañeros en FIIAPP a la hora de defender la asistencia técnica pública como un valor destacado.

¿Cómo ha contribuye tu misión como cooperante y a la vez trabajador público a mejorar la vida de las personas y el planeta?

Como Magistrado concibo el servicio público a la ciudadanía como una prioridad absoluta y como un activo necesario para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Entiendo importante exportar esos valores y conocimientos a otros países por medio de la asistencia técnica pública promovida por FIIAPP.

¿Cuál es para ti el principal valor de lo público?

Capacidad técnica y experiencia, mérito y capacidad en la selección de profesionales, y priorización en el ejercicio profesional de los principios de imparcialidad, objetividad e independencia.

¿Qué aprendizaje destacarías?

Que, a veces, no es fácil defender lo público frente al mercantilismo del mercado, consultorías privadas e intereses creados. Pero que no hay duda de que en el ámbito público existen magníficos profesionales conocedores de la práctica diaria, y que debe defenderse este modelo público a pesar de los obstáculos.

El eslogan de la FIIAPP “de lo público para lo público” reconforta.  Transmite un objetivo colectivo, de colaboración institucional, ajeno a intereses particulares y nos hace sentir que lo que hacemos en conjunto es positivo y puede tener un impacto efectivo en la mejora de sistemas judiciales en distintos lugares del mundo, porque lo hacemos desde lo público. Lo sé por propia experiencia, como exconsejero residente de un Twinning en Serbia que me hizo conocer a la FIIAPP, hacer extraordinarios amigos y vincularme con la visión del Fiscal español como un profesional especializado que puede exportar la mejor imagen de España.

La Fiscalía es veterana en estas tareas de cooperación institucional y la colaboración de la Fiscalía española con la FIIAPP comienza casi desde su creación en 1998 y ha ido creciendo gestionada a través de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado (UCIF). Puedo afirmar que nuestra relación es permanente, compleja y positiva y, por supuesto, pública.

Es permanente porque, pese a que tenemos una plantilla escasa, formada únicamente por 2571 fiscales – nada comparable con el número de otros colectivos del ámbito de Justicia como jueces, letrados de la Administración de Justica o policías, entre otros – y, de ellos, no más de 30-40 participan en actividades internacionales; nuestra presencia en los proyectos de Justicia y también de Interior es muy relevante: no solo contamos en la actualidad con cuatro Fiscales en el extranjero o de plantilla de FIIAPP coordinando hermanamientos, proyectos de cooperación delegada o asimilados, sino que la participación en misiones de corto plazo es permanente. Por ejemplo, el pasado año 2020, pese a la pandemia, alrededor de 30 fiscales españoles participaron en sendas misiones de FIIAPP, sin contar la participación con otras instituciones, como AECID, las propias actividades derivadas de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) de la que la UCIF ostenta la secretaría general y proyectos de la UE como EUROMED, entre otros. Esto implica compromiso.

Es compleja. Quienes estamos detrás de la gestión somos personas que respondemos a perfiles institucionales distintos y participamos de culturas corporativas diferentes. El Ministerio Fiscal no tiene como objetivo cooperar en el extranjero, nuestra función es la promoción de la acción de la Justicia y su visión originaria nada tenía que ver con los retos actuales en el exterior. Hoy contamos con una Fiscal de la máxima categoría profesional (Fiscal de Sala) a cargo de la cooperación internacional, convencida de la importancia de esta cooperación técnica. Y también de una Unidad de la Fiscalía General dedicada a ello, que engloba la cooperación judicial penal y la cooperación institucional con terceros países, lo que es un logro que nace de un compromiso personal de unos pocos fiscales que creyeron en lo que hoy parece una obviedad. El diálogo de esa estructura con la de la FIIAPP genera complejidad, en aspectos como diseño de actividades, cuestiones de recursos humanos, relaciones institucionales… La complejidad provoca dificultades, pero la clave es el entendimiento, que existe, a pesar de los escasos recursos humanos que la UCIF dispone para desarrollar su labor.

Es positiva. La FIIAPP ha hecho que la Fiscalía española crezca y se proyecte hacia el exterior y le ha permitido desarrollar la posibilidad de expandir en el mundo el conocimiento y la experiencia de una institución que ofrece la especialización como uno de sus principales activos, permitiéndonos crear y reforzar Fiscalías hermanas y otras instituciones, a través de hermanamientos y otros proyectos. Sin ánimo de ser exhaustivo, hemos estado en primerísima línea en Eslovaquia, Polonia, Albania, Croacia, Serbia, Perú y, ahora de nuevo, en Albania, Marruecos, Colombia, sin olvidar la participación permanente en misiones en Iberoamérica, este de África, Mozambique… De este modo, nuestras ideas han podido dar fruto. Sé lo que digo. Creemos que FIIAPP se ha beneficiado igualmente de este impacto.

Es pública. El eslogan es un permanente recuerdo de algo esencial: la FIIAPP es el vehículo de la cooperación española y la Fiscalía como institución pública desarrolla su misión exterior al amparo de esa cobertura. Los Fiscales españoles no participan de misiones gestionadas por consultorías privadas, salvo excepciones que pudieran justificarse, en el entendimiento de que los servidores públicos no pueden hacer competencia a instituciones públicas prestando servicio a empresas que compiten por un mismo proyecto. De lo público a lo público significa esto y nos honra defenderlo.

¿Qué esperamos del futuro? Mantener la intensidad de nuestra cooperación y poner en valor a la Fiscalía española como una institución capaz de mostrar en el exterior lo mejor de España. Para eso necesitamos a la FIIAPP. Pero también necesitamos más visibilidad y avanzar en una relación más profunda. Tenemos experiencias compartidas de que los proyectos se ganan solo si se plantifican bien, si se conoce a los beneficiarios, si se selecciona y se cuida adecuadamente a los expertos, si el equipo de la FIIAPP es cualificado y flexible y por ello es necesario establecer nuevas fórmulas de relación.

La FIIAPP y nosotros, nosotros y la FIIAPP. Un entramado complejo, necesario, útil que nos hace volar. Que dure.

Borja Jiménez Muñoz. Fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado

El llamado “estallido social” iniciado en Chile el 18 de octubre de 2019 transformó la agenda del país, tanto por las demandas que surgieron desde la ciudadanía, como porque dejó al descubierto el accionar de las instituciones públicas que, como nunca, debieron enfrentar escenarios desconocidos provocados por los efectos de las manifestaciones. 

El estallido social chileno acaparó el interés internacional, pues incluyó pérdida de vidas y centenares de personas con mutilación ocular, denuncias de múltiples y graves violaciones de derechos humanos y destrucción de infraestructura pública y privada, entre otras consecuencias, incluyendo la visita al país de distintos organismos internacionales de derechos humanos, como Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Amnistía Internacional y Human Rights Watch. 

En todos estos ámbitos, la justicia chilena y sus actores tuvieron que actuar, monitoreados por el propio sistema de justicia y el atento escrutinio de una ciudadanía empoderada y de la comunidad internacional. En ese contexto, se gestaron una serie de ajustes y aprendizajes, que comenzaron a expresarse durante el primer trimestre de 2020, y que durante marzo de este año tuvieron su prueba de fuego. 

Sin embargo, esta historia tuvo un protagonista inesperado, que copó todos los escenarios y modificó todas las agendas: el Coronavirus SARS-CoV2, que genera la enfermedad conocida como Covid19. A pocas semanas de su aparición en el territorio chileno, produjo la modificación del calendario electoral para el inicio del proceso constituyente y generó lo que hasta hace pocas semanas era impensado: el cese de la protesta social multitudinaria en los espacios públicos. La gente volvió a sus casas y las calles se vaciaron, tal como ha sucedido en casi todo el mundo. 

Pero la reflexión respecto de los ajustes en el sistema de justicia y los aprendizajes que dejó el ‘estallido’ no deben detenerse. Es más, adquieren una nueva relevancia, de cara a retomar la fluidez de la actividad pública cuando finalice la emergencia sanitaria. Y tampoco parece que el estallido haya desaparecido, más bien se ha suspendido con algunos rebrotes por la falta de alimentos durante la cuarentena. Todo apunta a que el impacto social y económico de la pandemia agravará las desigualdades ya existentes. Por ello de alguna forma, este período se transforma en una oportunidad para integrar nuestros aprendizajes y anticipar escenarios venideros. 

En el escenario de protesta social, un efecto indirecto se vinculó con la labor de los distintos actores del sistema penal, que han hecho frente a un inédito desafío de cobertura y capacidad operativa, a partir de un notorio incremento de la cantidad de personas detenidas y formalizadas. 

Solo entre el 18 de octubre y el 13 de noviembre de 2019, la Defensoría Penal Pública -institución pública que garantiza el derecho a defensa y que está integrada por 722 funcionarios y 524 prestadores externos- atendió a 20.645 personas sometidas a control de detención, con un alza del 25,4% respecto del mismo período del año anterior. 

Estos aumentos, sin embargo, fueron aún mayores en los primeros días de la crisis. Solo entre el 20 y el 28 de octubre -período en que gran parte de Chile estuvo bajo estado de excepción constitucional-, la institución registró 10712 imputados pasados a audiencia de control de detención, lo que representó un alza del 70% respecto del mismo lapso en 2018. Además, si en promedio se registran entre 600 y 650 controles de detención diarios en el país, en esa etapa aumentaron a mil 100 audiencias diarias, con un pico de 2508 controles de detención el 21 de octubre. 

Más allá de este esfuerzo, una primera conclusión mostró que un número indeterminado de personas detenidas no fueron atendidas por los defensores públicos, sea porque el Ministerio Público decidió no pasarlas al control de detención, o porque su detención no fue notificada por la policía, de modo que no hubo control jurisdiccional de estas actuaciones ni se dejó registro de ellas.  

Lo anterior activó en la Defensa Pública un plan de contingencia para atender a las personas detenidas en las unidades policiales, pues por diseño institucional los/as defensores/as tienen el primer contacto con el detenido/imputado momentos antes de la audiencia de control de detención ante el juez de garantía. Aunque los defensores públicos se organizaron informalmente para generar turnos de atención en comisarías y otros recintos policiales de detención, ello supuso una cobertura directa en solo 105 de los 900 cuarteles existentes en todo el país.  

Se trata de una brecha urgente de resolver, pues implica una cifra negra de personas que, eventualmente, han visto vulnerados sus derechos, tal como lo advirtieron los informes de los distintos organismos de derechos humanos que visitaron el país. 

Institucionalmente, la Defensoría Penal Pública activó distintas medidas, como el reforzamiento en la difusión de derechos, la coordinación con el resto de los actores del sistema y la apertura de canales de colaboración con las policías, entre otras.  

Sin embargo, la principal iniciativa que siguió al período de crisis social en Chile se originó a partir del acompañamiento de EUROsociAL+, programa de la Unión Europea que gestiona la FIIAPP, cuyos especialistas colaboran hoy con la Defensa Pública en la elaboración de un ‘Modelo de defensa penal en las primeras horas de la detención’. 

Su objetivo principal es generar un método de cobertura que permita garantizar el derecho de las personas detenidas a un abogado/a defensor/a en el más breve plazo, cautelando así su derecho a defensa técnica. Además, tal como lo han relevado los organismos internacionales a cargo de la promoción y protección de los derechos humanos, la presencia de un abogado/a defensor/a constituye una salvaguarda en el resguardo de otros derechos de las personas detenidas, sobre todo respecto de la prevención de la tortura.  

Estas acciones posibilitan una ejecución completa y efectiva de la misión institucional de garantizar el derecho a defensa de cualquier persona imputada en todas las etapas del proceso penal, prevenir eventuales afectaciones de derechos y robustecer el control jurisdiccional de la detención, dotando a la defensa pública de mayores herramientas para controvertir el poder punitivo del Estado con igualdad de armas ante los tribunales de justicia. 

El objetivo es siempre el mismo: reforzar el compromiso institucional con el estado de derecho, la paz social y la democracia en Chile, esfuerzo en el que agradecemos poder contar siempre con el decidido y permanente respaldo de la cooperación europea.   

Andrés Mahnke M., Defensor Nacional (Defensoría Penal Pública de Chile) 

A propósito del trabajo junto a la Defensoría Penal Pública de Chile, el programa EUROsociAL+ acaba de publicar un diagnóstico sobre la defensa penal de las personas en las primeras horas de la detención en el país latinoamericano.

A principios del mes pasado, tuve la suerte de asistir a la 6ª Cumbre Global de la Alianza del Gobierno Abierto en Canadá, un encuentro que reunió a dos mil personas de 79 países y 20 gobiernos locales que, junto a organizaciones de la sociedad civil, académicos y otros actores, integran la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés). Este año, la Cumbre giró en torno a tres prioridades estratégicas: participación, inclusión e impacto.

Durante la inauguración, y para mi sorpresa, apareció en las pantallas gigantes la iniciativa que apoyamos desde el proyecto ACTUE -proyecto que gestionó la FIIAPP con financiación de la UE entre 2014 y 2018-: la Estrategia de Justicia Abierta en el Consejo de Estado de Colombia como uno de las “Reformas Estelares”, seleccionadas en el último ciclo OGP. Fue muy emocionante poder vivir ese impacto tangible de uno de nuestros proyectos, algo que raramente podemos experimentar. La ilusión que me produjo superó a la de ver en directo al primer ministro canadiense Justin Trudeau, que ya es mucho. Y es que no es para menos, estos 12 compromisos han sido seleccionados por el Mecanismo de Revisión Independiente entre cientos de compromisos, por mostrar evidencias de resultados preliminares que suponen avances significativos en áreas políticas relevantes y transformadoras.

La Estrategia de Justicia Abierta en el Consejo de Estado de Colombia, ha permitido que, por primera vez, la Corte comenzase a publicar sus agendas y decisiones anteriores, así como información sobre posibles conflictos de intereses de jueces y del personal administrativo; aspectos esenciales para la rendición de cuentas públicas, así como para posibilitar que ciudadanía y sociedad civil ejerzan su labor de control social. A largo plazo, estos cambios pueden reducir la corrupción en las instituciones de justicia y permitirles recuperar la confianza de la ciudadanía. Justicia Abierta es una de las tendencias políticas en gobierno abierto que está ganando mayor relevancia dado el gran impacto que sus acciones pueden aportar a la ciudadanía; particularmente, el acceso a la justicia posibilita el ejercicio de otros derechos. Además, esta acción sectorial contribuye directamente al progreso de la Agenda 2030, a través de su objetivo 16 Paz, Seguridad e Instituciones sólidas.

El proyecto ACTUE Colombia estuvo apoyando a la Secretaria de Transparencia de Colombia en la elaboración de sus planes de acción OGP , así como a las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo, a través de asistencias técnicas especializadas, la creación de un espacio de interlocución entre administraciones y sociedad civil para definir sus propias prioridades en gobierno abierto.

Este es un buen ejemplo del impacto positivo que puede generar la cooperación delegada, gracias a la flexibilidad e innovación que aportan, a nuestras socias, las asistencias técnicas a demanda que llevamos a cabo.

Sobre el proyecto ACTUE Colombia

El proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia (ACTUE-Colombia) ha apoyado a las instituciones colombianas en la puesta en marcha de medidas clave para un Gobierno Abierto Territorial con la finalidad de avanzar en la prevención y la lucha contra la corrupción tanto a nivel nacional como territorial. Para ello, el proyecto apoyó la creación de condiciones para el cumplimiento de compromisos internacionales, el fortalecimiento del control social, la promoción de la corresponsabilidad del sector privado y la generación cambios culturales e institucionales.

Entre el 2014 y el 2018, el proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP en coordinación con la Secretaría de Transparencia (ST) y Función Pública (FP) prestó asistencia en áreas como la aplicación de la Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, la redacción de Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), el fomento de la rendición de cuentas o la promoción de la participación ciudadana. De esta forma, se contribuyó a que los funcionarios comprendan que el derecho de transparencia y acceso a la información es un derecho llave para el ejercicio de otros, aumentando la conciencia por institucionalizar los avances en transparencia activa y el conocimiento en la identificación y gestión de los riesgos de corrupción.

Carolina Díaz, técnico jurídico en el área de Justicia y Seguridad de la FIIAPP y, entre 2014 y 2018, miembro del equipo ACTUE Colombia

Hoy por hoy, la cooperación judicial internacional es una necesidad para todos los países. En concreto, si hablamos del sistema europeo, hemos pasado de una cooperación entre Estados a una cooperación entre jueces de los Estados, sin necesidad de pasar por un sistema de control centralizado de las autoridades administrativas. En ese sentido, por tanto, en Europa tenemos una experiencia muy desarrollada basada en un principio de integración.

Con el objetivo de desarrollar esta integración, desde EL PAcCTO -proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP y Expertise France, en colaboración con el Instituto Ítalo-Latinoamericano y el Instituto Camões de Portugal– trabajamos para que se refuerce una cooperación judicial efectiva con América Latina. La región está llena de profesionales y, además, de profesionales de verdad, que trabajan en sus respectivos países y que son muy competentes. Sin embargo, las estructuras que tienen para trabajar en cooperación judicial internacional siguen siendo muy dependientes de la cooperación entre los Estados. Y nosotros, EL PAcCTO, podemos llegar hasta donde determine la voluntad de los Estados, puesto que se trata de un proyecto a demanda.

En cualquier caso, estamos haciendo una apuesta muy fuerte por facilitar los sistemas de cooperación, incrementando los actos de cooperación que puedan tener entre ellos; es decir, no se trata en absoluto de que ellos puedan prestar ayuda a jueces extranjeros o a fiscales extranjeros, sino de que tengan las mejores condiciones para solicitar ayuda hacia el exterior: abrir sus fronteras al mundo para poder recibir información e investigar los delitos que están sufriendo.

Estamos trabajando a través de varias líneas: por ejemplo, estamos facilitando una actualización de las leyes de cooperación internacional para que dispongan de las técnicas nuevas que inevitablemente van llegando. Lo cierto es que la delincuencia avanza tan rápido, el dinero se mueve tan rápido, los autores de los delitos cruzan tan velozmente las fronteras, que cualquier intento de seguir con un esquema basado en la cooperación entre los Estados, propio de mediados del siglo XX, conduce a pocos resultados.

La delincuencia organizada requiere estar muy al día y, para conseguirlo, coger el ritmo es muy importante. Por ello, estamos trabajando en la creación de equipos conjuntos de investigación y otras técnicas novedosas de cooperación entre los Estados; también en lo relativo al cibercrimen porque las formas de cooperación en esta materia, como los contactos instantáneos entre las autoridades policiales y fiscales de los Estados requieren, efectivamente, una puesta al día.

Asimismo, estamos estableciendo una línea de trabajo que está siendo aprovechada por distintas naciones para facilitar sistemas técnicos informáticos. De esta manera, los usuarios del sistema, y me refiero al fiscal o al policía que esté en la última esquina de la frontera de los Estados, podrá disponer de los mecanismos para, no solo tener la información, sino también la facilidad de preparar actos de cooperación con otro Estado. Todo esto de una manera sencilla, facilitando el trabajo de todos y, en definitiva, propiciando que exista una mayor cooperación internacional entre ellos.

En definitiva, EL PAcCTO no está basado en cursos de capacitación, ni en actualizaciones de conocimientos, sino que buscamos tener un efecto lo más práctico, lo más directo posible y, por lo tanto, aprender haciendo pero también y, sobre todo, mejorando las estructuras, los sistemas y las técnicas.

En 2011, la gente tomó las calles de Oriente Medio y el Norte de África. El mundo árabe pidió democracia y derechos en sus países, a través de protestas populares que se englobaron en el concepto de Primavera Árabe. Siete años después, los cambios no son del todo destacables. Conflictos armados o el terrorismo han coartado muchas de esas expectativas. Sin embargo, sí se iniciaron reformas políticas, económicas o sociales que en algunos casos siguen desarrollándose a un ritmo más lento.

Procesos en los que la cooperación ha tenido y puede tener un papel determinante, aportando experiencias de otros países que han pasado por situaciones similares o haciendo frente a amenazas que frenan ese desarrollo. En este contexto de transición, se gestionan desde la FIIAPP varios proyectos en la región con financiación de la Unión Europea. Destacan, entre otros, los que tienen que ver con la justicia y la seguridad.

Túnez fue el primer país en el que se habló de revolución. Desde entonces, “ha habido unas primeras elecciones democráticas, un gobierno constituyente y una aprobación de la Constitución en 2014”. Así lo explicaba Ángel Llorente, coordinador del proyecto para acompañar la reforma judicial en el país que finaliza este año. El objetivo ha sido llevar a cabo en el Ministerio de Justicia “una reforma organizativa como consecuencia del proceso de transición democrática”. Y crear desde ahí un poder judicial independiente que nunca había existido en Túnez.

Pese a algunas resistencias que podrían haber supuesto una vuelta atrás, Llorente cree que la sociedad civil no dejará que ocurra: “son muy conscientes de sus derechos, yo veo muy difícil que ahora puedan renunciar a algo que les ha costado mucho trabajo conseguir”. Una ilusión que le recuerda a la España de hace algunos años.

EuroMed Justicia IV también apuesta por mejorar los sistemas judiciales. En este caso, en la región sur del Mediterráneo. Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, y Siria trabajan junto a los Ministerios de Justicia español y francés en la creación de un sistema eficiente, democrático, que respete los derechos humanos y coherente con las normativas internacionales.

En su cuarta fase, el proyecto forma además parte de la estrategia de vecindad de la UE. Y es que la mayoría de estos países se incluyen en la Política Europea de Vecindad, que fue revisada precisamente en el contexto de las revoluciones del mundo árabe, para prestar un mejor apoyo en sus transiciones democráticas. Al fin y al cabo, su objetivo principal es reforzar las relaciones con los países vecinos del espacio comunitario, basadas en unos valores comunes -democracia, derechos humanos o Estado de Derecho- y que fomente una mayor integración económica, movilidad y estabilidad.

Unas relaciones que, en el caso de EuroMed Justicia IV buscan una cooperación judicial internacional necesaria, según Victoria Palau, coordinadora del proyecto. “Hay problemas como el terrorismo, el cibercrimen o el tráfico de personas que, si no se resuelven a nivel regional, es imposible hacerles frente”, comenta. En este contexto, el proyecto fue testigo de la primera declaración de colaboración entre fiscales generales europeos y de los países del Mediterráneo, para trabajar conjuntamente frente a esos problemas.

La cooperación judicial es también uno de los componentes del proyecto para la aplicación del Estado de Derecho en el Cuerno de África y Yemen, cuyo objetivo es luchar contra las amenazas de seguridad. En concreto, trabaja para mejorar las capacidades de los servicios de inteligencia, de las fuerzas cuerpos de seguridad, así como de fiscalías y tribunales.

Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Uganda, Yemen y Djibouti son los países que se benefician de este proyecto financiado a través del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IcSP). Lo que en estos países se produce, aunque no se incluyan en la región vecina de la UE, sí afecta al continente.

Además, es una región ejemplo de cómo los grupos terroristas aprovechan momentos de inestabilidad política para actuar. “Cuando hay un vacío de poder, siempre intentan colarse estos grupos con mayor o menor éxito”, comenta Javier Vega, coordinador del proyecto. Al final, el terrorismo es una amenaza cada vez más global con un foco importante en esta zona geográfica.

La clave está en actuar regionalmente para que no se extienda al resto del mundo. Por ejemplo, a través del control del territorio que también se lleva a cabo en la región Sahel -a través de los Grupos de Acción Rápida- y en Níger, más centrado en la inmigración ilegal.

La Agenda Europea de Seguridad subraya la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a esta amenaza de una manera más eficaz y global, que incluya a la comunidad internacional y a los proyectos de cooperación. Uno de estos últimos, también gestionado por la FIIAPP, se centra precisamente en la lucha contra el terrorismo en la región MENA (Middle East and North Africa).

Un trabajo que, según Mariano Guillén, director del Área de Justicia y Seguridad en la FIIAPP, busca además “fortalecer el diálogo político dentro de la Liga Árabe”, para favorecer la cooperación entre los países de la región. Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Jordania, Líbano, Irak, Siria y Palestina son los países que, a pesar de sus diferencias políticas, económicas y sociales, trabajan para tener respuestas comunes ante el terrorismo. “La amenaza terrorista no distingue de niveles de desarrollo de los países y solo se puede atacar desde la cooperación”, comenta Mariano Guillén.

La inestabilidad de los cambios deja hueco a amenazas de seguridad que no entienden de fronteras. Pero los mismos cambios son necesarios si los vemos como una oportunidad para mejorar, como un buen momento para nutrirse de experiencias similares mientras se trabaja conjuntamente frente a esos problemas que nos afectan a todos.