• 17 enero 2019

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    Posteado en : Opinion

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    El blanqueo de capitales, un problema relevante en Bolivia

    Javier Navarro, inspector de la Policía Nacional y experto en el proyecto de Apoyo europeo a las instituciones bolivianas en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, expone cómo aborda este proyecto la problemática del blanqueo de capitales

    El lavado de activos es, en general, uno de los problemas más trascendentes para los Estados, a nivel social, económico y político. El tráfico de drogas, la financiación del terrorismo y la corrupción son sus delitos precedentes abanderados.

     

    A través de los tratados internacionales y acuerdos comerciales, se tratan de homogeneizar las legislaciones internas de los países, creando un nuevo marco que, sin duda, favorece los aspectos económicos y sociales; sin embargo, al mismo tiempo surgen organizaciones criminales que utilizan los vacíos que en ellos encuentran para aumentar el blanqueo de capitales.

     

    En este sentido, el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Unidad de Investigaciones Financieras, está desarrollando y favoreciendo numerosas acciones de colaboración y cooperación entre las distintas instituciones financieras del país, fortaleciendo los mecanismos de prevención en el delito de lavado de activos, elaborando informes de inteligencia financiera, reportando operaciones sospechosas y elevándolas a las autoridades judiciales, en caso de que aprecien indicios delictivos.

     

    El esfuerzo institucional que están desarrollando se debe traducir, para los próximos años, en la mejora de los resultados, en relación a la obtención de un mayor número de sentencias condenatorias, así como en el aumento de los bienes y recursos económicos decomisados por blanqueo de capitales, que permitirán ser reutilizados para seguir fortaleciendo las estructuras en la prevención e interdicción sobre esta figura delictiva.

     

    El proyecto de Apoyo europeo a las instituciones bolivianas en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, pone especial énfasis en la temática de blanqueo de capitales. Durante los dos años  de trabajo que llevamos, la temática se ha focalizado en fortalecer tres aspectos principales.

     

    Por un lado, hemos buscado la capacitación de la Policía Boliviana, la Unidad de Investigaciones Financieras, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, a través de cursos formativos en blanqueo de capitales, pérdida de dominio, análisis de inteligencia financiera y cibercrimen financiero; asimismo, planteamos futuros módulos de especialización en blanqueo de capitales para la Escuela de Jueces y Fiscales Bolivianos.

     

    Además, nos hemos centrado en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y cooperación internacional a través del establecimiento de canales de colaboración, apoyo, asesoramiento y creación de espacios de entendimiento entre las instituciones que desarrollan funciones de prevención e investigación del blanqueo de capitales.

     

    Y por último, hemos dado apoyo y asistencia para superar la cuarta ronda de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que tendrá lugar en Bolivia en el segundo semestre de 2020.

     

    No podemos olvidar que en las Recomendaciones del GAFI se encuentran los objetivos de fijar estándares y promover la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

     

    De la superación o no de esta Evaluación Mutua dependerá en gran medida que el Estado boliviano pueda seguir estando alejado de las famosas listas negras o grises, compuestas por los Estados que no cumplen y no se comprometen con el establecimiento de las medidas de prevención del blanqueo de capitales.

     

    En este 2019, el proyecto seguirá activo y comprometido con todas aquellas acciones que fortalezcan las políticas públicas que se realicen en Bolivia para combatir el lavado de activos.