• 18 marzo 2021

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    Por unas políticas de reconstrucción que no dejen a nadie atrás

    El cambio climático ha situado a tres de cada diez viviendas de Centroamérica y el Caribe en situación de riesgo. A esta vulnerabilidad ambiental se ha de añadir la vulnerabilidad social agudizada por los efectos de la pandemia.  Urge, por tanto, poner en marcha políticas integrales para reducir las desigualdades y mitigar la pobreza.

    La COVID-19 no afecta igual a todas las personas. Y no afecta igual en todos los territorios. Casi el 60% de la población de Centroamérica vive en zonas urbanas, muchas de ellas no planificadas, según los cálculos de ONU-Hábitat. Barrios con altos grados de hacinamiento, dispersos, mal conectados y sin apenas servicios e infraestructuras cuya población ha visto incrementada su vulnerabilidad a causa de la pandemia. Específicamente, el impacto en los asentamientos informales ha sido mayor a causa de la inaccesibilidad al agua potable para una correcta higienización, el hacinamiento en viviendas y la dificultad de acceso a los servicios sanitarios. Además, la pandemia ha tenido importantes efectos negativos en la economía familiar ya que muchas personas que viven en asentamientos trabajan en la informalidad, fundamentalmente las mujeres. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, 126 millones de mujeres trabajan de manera informal en América Latina y el Caribe. Lo que supone casi el 50% de la población femenina de la región.

    “Desde que inició la pandemia la situación en el barrio fue un caos porque vivimos muy pegadas unas casas a otras y conviven hasta 15 personas en viviendas muy pequeñas. En mi casa, que tiene tres cuarticos, éramos tres y ahora somos ocho porque ha tenido que venirse a vivir con nosotros mi hija y mis nietos.  Dependo de una pensión que me da el gobierno por invalidez, pero es muy pequeña”, nos explica Alicia Bremes desde Pueblo Nuevo, un barrio del distrito de Pavas en San José de Costa Rica. Los distritos de Pavas y Uruca agrupaban en agosto del 2020 más del 15% de los casos activos de COVID en todo el país.

    “¿Cómo vamos a lavarnos las manos si no tenemos acceso a agua? ¿o cómo vamos a desinfectarnos con gel si el precio es tan elevado?” se lamenta Bremes, quien ha sufrido en su hogar las consecuencias de la pandemia. “Uno de mis hijos arregla celulares y ha estado sin trabajo muchos meses. Tengo otro hijo con discapacidad que iba todos los días a un taller del psiquiátrico y sufrió mucho porque ya no tenía a donde ir. Como es muy callejero cogió la COVID y sufrió fiebres y asfixia, pero se recuperó. Pero tengo muchos vecinos, de todas las edades, que fallecieron”, asegura.

    Tal y como explica Alicia Bremes, la situación en los barrios es de extrema vulnerabilidad. “Muchas madres del barrio trabajaban en limpieza de hogares y les despidieron por la pandemia. La COVID también ha disminuido la venta ambulante de la que dependen muchas familias para poder comer diariamente”, afirma. Por ello, es imprescindible centrarse en las necesidades de los colectivos más vulnerables y tratar de amortiguar los efectos de la pandemia que rápido se ha convertido en una crisis socio económica además de sanitaria.

    En este contexto, el Consejo de la Integración Social (CIS) solicitó a la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) que, con el apoyo del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, gestionado por FIIAPP, IILA y Expertise France, y en alianza con agencias y programas de Naciones Unidas, FAO, OIT y ONU HABITAT, elaborasen un “Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de Centroamérica y República Dominicana”. El Plan es una hoja de ruta común regional y está compuesto por una serie de proyectos estratégicos articulados en torno a tres ejes de intervención: la protección social, el empleo y el desarrollo urbano sostenible.

    El Plan, que ha sido respaldado por los Consejos de Ministras y Ministros de Trabajo, de Vivienda y Asentamientos Humanos de Centroamérica y República Dominicana, centra sus esfuerzos en la reducción de la pobreza y la desigualdad socio espacial, cuya expresión territorial más evidente son los asentamientos informales, que se estima suponen el 29% de la población urbana centroamericana. A pesar de los esfuerzos nacionales por reducir la población residente en asentamientos informales en los últimos 15 años, mucha gente sigue viviendo en esta situación. A lo que hay que sumar los riesgos derivados por el cambio climático, que expone a un creciente número de habitantes a los efectos de eventos climáticos extremos como huracanes o deslizamientos.

    Urge ampliar la mirada y pensar en el barrio como el entorno que nos permita hacer efectivo el derecho a la ciudad, para lo que habremos de atender no solo a la provisión de viviendas, si no asegurar que éstas cuenten con las infraestructuras, servicios y equipamientos necesarios.

    Persisten todavía muchos desafíos que afrontar para cambiar el rostro de la pobreza y la desigualdad por un rostro de progreso sin dejar a nadie atrás. Por ello es urgente apalancar recursos financieros adicionales  para la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia, un instrumento que permitirá mitigar los efectos de la pandemia y configurar sociedades más resilientes, socialmente más justas e igualitarias y ambientalmente más sostenibles.

    Fotografía de la autora del artículo, Cristina Fernández, arquitecta urbanista experta de EUROsociAL+ y colaboradora de Fundemuca

     

    Cristina Fernández, arquitecta urbanista experta de EUROsociAL+ y colaboradora de Fundemuca

     

     

  • 21 abril 2020

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    Si queremos aprender de la crisis COVID-19, necesitamos un enfoque de evaluación

    Marta Monterrubio, especialista en Evaluación de Políticas Públicas del proyecto EVALÚA, reflexiona sobre la necesidad de establecer criterios y parámetros que permitan evaluar la eficacia de las medidas adoptadas durante la crisis sanitaria de la COVID-19, para actuar mejor en un futuro.

    Al plantearnos una evaluación de política pública, uno de los primeros pasos metodológicos comúnmente aceptados es el análisis de la lógica de la intervención: ¿Cómo ha sido diseñada la política? ¿Existe una coherencia entre sus objetivos (explícitos o implícitos) y sus resultados, actividades y productos, y entre todos estos elementos de la cadena entre sí?

    Para hacer frente a la compleja situación en la que nos encontramos, las Administraciones han adoptado una amplia serie de medidas, que afectan a muy diversos sectores de la sociedad: sanidad, mercado laboral, vivienda, movilidad, fiscalidad, etc.

    Pero ¿cuáles son los objetivos específicos, generales, a medio, a corto, a largo plazo, establecidos? En principio, podríamos pensar que el principal objetivo sería perder el menor número de vidas humanas posibles, que no colapse el sistema de salud, que la población no pierda derechos ni poder adquisitivo. Sin embargo, para hacer una valoración rigurosa y exhaustiva, sería necesario el establecimiento de metas claras sobre las cuáles poder medir los avances y los logros o fracasos. ¿Con qué criterios de juicio se podrán evaluar las medidas adoptadas para poder pronunciarse sobre su eficacia, es decir, su capacidad de conseguir las metas propuestas?

    «¿Con qué criterios de juicio se podrán evaluar las medidas adoptadas para poder pronunciarse sobre su eficacia?»

    Por supuesto, esto nos lleva a planteamientos complejos y delicados política y socialmente hablando: ¿Cuál es la meta aceptable en pérdida de vidas humanas? ¿Qué número se considerará aceptable de desempleados (no temporales)? ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas se puede asumir que desaparezcan? Son solo algunos ejemplos.

    Para poder realizar una evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas, sería necesario, por lo tanto, que nuestras Administraciones Públicas:

    – Definan con exactitud los distintos problemas sociales que están planteados y los que se plantearán potencialmente.

    – En base a ellos, establezcan un Plan de Contingencia, idealmente, inserto en el Decreto de Declaración del Estado de Alarma (de forma que forme parte del Ordenamiento Jurídico), en el que se enmarque el conjunto de medidas aprobadas, que respondan a objetivos claros y delimitados, definiendo asimismo indicadores de proceso y resultado, que permitan hacer un seguimiento de su evolución.

    – Establezcan nuevas medidas para construir un todo coherente que permita alcanzar los objetivos definidos.

    – Diseñen un sistema exhaustivo de seguimiento, que permita modificar las medidas en función de los resultados que se vayan obteniendo, en base a las evidencias recolectadas.

    Una sociedad madura que, en su inmensa mayoría, se está comportando de forma impecable en el seguimiento de las recomendaciones, debe poder conocer cuáles son los parámetros en los que las instituciones se manejan como escenario posterior, para poder evaluarlos.

    Si pensamos en una evaluación de impacto stricto sensu, la dificultad que se plantea es la inexistencia de contrafactual: ¿Qué habría pasado si en vez de las medidas adoptadas no se hubiera adoptado ninguna? ¿Qué habría pasado si se hubieran adoptado otras medidas o si se hubieran adoptado antes? ¿Cuál es el modelo más exitoso para hacer frente a esta crisis entre los distintos establecidos?

    Cada día y cada hora que pasa, se generan datos y cifras que van dibujando gráficos y estadísticas que evolucionan rápidamente y de forma cambiante según se analicen por país, por región, por continente. Van aportando información valiosa y reflejan desarrollos sobre los que construir hipótesis a contrastar.

    A la vista de los datos y del contexto, los países han adoptado distintas soluciones, pero la existencia de demasiadas variables difíciles de controlar (grado de fortaleza de los sistemas sanitarios, situación de partida de la salud de la ciudadanía, pirámide poblacional, hábitos culturales, esperanza de vida, etc.), impiden actualmente realizar un análisis comparativo con la rigurosidad necesaria para sacar conclusiones robustas.  Sin embargo, sí tenemos experiencias anteriores parecidas que nos pueden dar algunas pautas de análisis.

    «La existencia de demasiadas variables difíciles de controlar impiden actualmente realizar un análisis comparativo con la rigurosidad necesaria para sacar conclusiones robustas»

    Expertos en la materia han mencionado que durante las crisis del SARS (2003) o la gripe A (2009), se produjo un gran avance en cuanto a la investigación y la lucha contra estas enfermedades. También se ha puesto de manifiesto que al haberse controlado los brotes y haber finalizado la emergencia, los fondos para continuar la investigación y el desarrollo de distintos fármacos fueron eliminados o drásticamente reducidos y se detuvieron estas líneas de trabajo. El trabajo quedó inconcluso. Lamentablemente, aquellas ocasiones anteriores no fueron lo suficientemente aprovechadas como para haber frenado antes y de mejor manera la crisis actual.

    Una de las utilidades de la evaluación de políticas públicas puede ser la extracción de lecciones aprendidas. Ojalá una evaluación ex post de la crisis actual nos muestre lecciones aprendidas que faltaron anteriormente y sirva para construir sobre fortalezas que, sin ser conscientes de ello, estamos creando entre todos durante estos días.

    Desde el Proyecto EVALÚA estamos atendiendo las nuevas prioridades de las instituciones socias en la elaboración de una línea de base que pueda servir de punto de referencia para la posterior evaluación de las acciones actuales, con un enfoque comparado de ámbito regional.

    Marta Monterrubio, especialista en Evaluación de Políticas Públicas del proyecto EVALÚA.

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