• 27 septiembre 2018

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    Posteado en : Opinion

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    La lucha contra la trata: prevenir, perseguir y proteger a las víctimas

    Bolivia hace frente al problema de la trata de personas en el marco de la estrategia de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos que apoya el proyecto gestionado por la FIIAPP

    El 30 de julio se celebra el día Mundial de lucha contra la trata. Como una apuesta en firme en la lucha contra este delito por parte de las autoridades políticas del Estado Plurinacional de Bolivia, se ha instaurado el 23 de septiembre como el Día Nacional de lucha contra la trata de personas en el país.  

     

    Alineándose a este compromiso público, la Fundación Internacional y Para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), en coordinación con la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (SC-CONALTID), están llevando a cabo en Bolivia el proyecto de apoyo a la estrategia de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, financiado por la Unión Europea y cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  

     

    Para entender de forma correcta la enorme problemática que supone la trata de seres humanos debemos previamente conocer qué es. La definición de trata viene recogida en el Protocolo de Palermo de la siguiente forma “…la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción; al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

     

     

    Esta mercantilización del ser humano se ha convertido en el nuevo modelo de esclavitud del siglo XXI, generando enciclopédicos ingresos a las mafias organizadas que operan lucrándose a través de este delito. Se considera la trata de seres humanos como el segundo sector delictivo más lucrativo, por detrás del narcotráfico, cuyos ingresos se estiman entre 32 y 36 mil millones de dólares, según el informe sobre tráfico de personas de la ONU (2016). 

     

    Algunos datos para dimensionar el problema a nivel mundial: aproximadamente 21 millones de personas son víctimas de este delito, de los cuales el 70% son mujeres y niñas (51% y 20% respectivamente), el 21% hombres y el 8% niños. Las mujeres y niñas son los grupos más vulnerables a este delito, por lo que las políticas públicas de lucha contra la trata demandan una estrategia de género rigurosa y efectiva. Las víctimas provienen de un total de 137 países, lo que nos da una certera imagen de la problemática global que supone este delito.  

     

    Las principales causas que motivan la trata de seres humanos son, entre otras, la pobreza y las crecientes desigualdades; la proliferación de un modelo económico con un enfoque hacia la medición del valor en términos mercantilistas, alejado de una proyección más social; la creciente y continua escalada de conflictos bélicos; o la existencia de un aumento de los desplazamientos humanos. Todos estos factores han incrementado la vulnerabilidad de importantes grupos humanos cuyo riesgo a caer en redes delictivas ha aumentado exponencialmente.  

     

    La trata de personas es considerada, por lo tanto, un delito que vulnera derechos como la libertad, la integridad física, psicológica y sexual, la dignidad y la vida misma de las personas, reduciéndolas en el imaginario a objetos pasibles de ser utilizados, explotados y/o comercializados. 

     

    Bolivia: origen, tránsito y destino 

     

    En Bolivia existen datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que es el ente que lidera el Consejo Plurinacional de lucha contra la trata y tráfico de Bolivia. Esta institución coordina con todos los Ministerios, sociedad civil y Defensor del Pueblo la operatividad de la Política Plurinacional de lucha contra la trata y tráfico de personas. En el informe del año 2016 se notificaron un total de 829 casos, de los cuales más del 70% eran mujeres, niñas y adolescentes.  

     

    Sin embargo, una mirada exhaustiva a la realidad del país nos traslada una constante en este delito y es la falta de visibilidad del mismo. Se duda de que estos datos sean lo suficientemente realistas para describir la verdadera dimensión de este problema. Bolivia está considerado como un país de origen, tránsito y destino de trata de seres humanos. Origen porque existen flujos de trata hacia Perú (principalmente por explotación sexual) y hacia Argentina (explotación laboral), entre otros, dentro de lo que conocemos como trata externa. Pero existe una realidad muy dura en relación a la trata interna, la que se produce dentro del país y en donde las víctimas son desplazadas internamente. Sectores productivos tradicionales como son la agricultura y minería ocultan una realidad de víctimas de trata por explotación sexual, comercial y explotación laboral. La trata por servidumbre costumbrista es una realidad de la cual el país todavía no ha conseguido visionar su verdadero impacto.  

     

    Existe una lógica economicista perversa que describe el proceso de recuperación de la inversión, entendida la inversión como el capital dedicado a la captación, traslado y acogida de las víctimas. La finalidad de estos procesos es la explotación del ser humano, diferente de la del tráfico de armas o tráfico de drogas, donde el lucro termina en el momento de la transacción comercial (compra/venta). En el caso de la trata, la tasa de retorno es continuada, los servicios prestados en términos de prostitución, explotación laboral, servidumbre, etc. continúan de forma recurrente.  En la trata de seres humanos, las personas se convierten en mercancías objeto de explotación continua y recurrente.  

     

    Continuando con esta lógica economicista, no hay que olvidar que las víctimas de trata no entran dentro de los canales oficiales del mercado laboral. Esto supone un grave perjuicio para ellas, ya que su trabajo no se encuentra amparado en beneficios sociales futuros, lo que supone además a las arcas públicas una falta de ingreso de esas actividades productivas. El problema de la trata no sólo es una total vulnerabilidad a los derechos humanos de las víctimas, sino que supone además un perjuicio de desarrollo económico a los países, afectando a su estructura de servicios sociales.  

     

    Un proyecto para un problema transnacional

     

    La estrategia de lucha contra este delito, a través del proyecto operado por la FIIAPP, se centra en los 3 pilares fundamentales: prevención, persecución y protección, que se conocen como las 3 P. Se ha puesto en marcha un programa muy ambicioso de formación a funcionarios públicos involucrados en la lucha contra este delito (policía, fiscales, magistrados, servicios sociales de atención a víctimas, sociedad civil, entre otros), marcando una estrategia en forma de embudo: desde la administración nacional hacia niveles departamentales y municipales, ya que mientras a un nivel nacional se establecen las políticas públicas, a un nivel municipal se está trabajando directamente con el personal que atiende a las víctimas.  

     

    Se han llevado a cabo además viajes regionales e internacionales, con el objetivo de mejorar la coordinación regional e internacional en la lucha contra este delito, pues no hay que olvidar el carácter transnacional del mismo. Se están reforzando los Consejos Departamentales de lucha contra la trata y tráfico de personas, a través del apoyo en la formulación de los Planes Departamentales de lucha contra la trata. En coordinación estrecha con el Ministerio Público y la Policía Boliviana, se está elaborando un manual de investigación en trata que busca sistematizar y estandarizar los procesos investigativos con el fin de mejorar la capacidad de investigación de policías y fiscales y de, entre otras cosas, reducir el riesgo de revictimización de las víctimas.  

     

    Desde la FIIAPP tenemos la firme convicción de que debemos seguir apoyando procesos de cambio a través del apoyo a políticas públicas y el alineamiento en el marco jurídico-normativo de los países con los que trabajamos. La lucha contra la trata y tráfico de personas va más allá de un compromiso institucional, siendo una obligación humana posicionarse en el lado de aquellas instituciones y personas que trabajan por las víctimas y su reinserción en la sociedad.  

     

    Santiago Santos, coordinador del proyecto de apoyo a la estrategia de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos en Bolivia 

  • 23 marzo 2018

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    Posteado en : Entrevista

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    “Piensan que es mejor morir que quedarse en casa sin hacer nada”

    Abdou Salam Moumouni es comisario de policía y jefe de la División de Investigaciones Especiales en Níger y nos habla sobre la trata de personas

     

    El comisario es responsable de la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes y documentación falsa en su país y trabaja en el proyecto ECI-Níger, con sus homólogos españoles y franceses. El proyecto, con una duración de tres años, está financiado por la Comisión Europea y gestionado por la FIIAPP.

     

    ¿Cómo es la experiencia de trabajar y ser parte del proyecto Equipo Conjunto de Investigación en Níger (ECI-Níger)?

    Ser miembro del ECI es un placer para mí por su naturaleza multicultural, y multidisciplinaria. El contacto con otras nacionalidades como los franceses y los españoles nos ha enriquecido y nos ha ofrecido experiencia, aportándonos nuevas ideas y nuevas formas y medios para trabajar en materia de investigación. A nivel personal, también ha sido muy positivo el intercambio cultural, tanto para mí como para aquellos que están viviendo la experiencia.

     

    En Europa hay todo un discurso sobre la migración y en ocasiones, no se tiene en cuenta el punto de vista y las políticas de los países africanos. ¿Cuáles son en el Estado de la República de Níger?

    A ese nivel debo aportar dos precisiones importantes que son los textos jurídicos que hacen referencia a la lucha contra la trata de personas en Níger. Una ordenanza que data de 2010, y posteriormente una ley de 2015 que organiza la represión de la trata y el tráfico ilícito de personas. Esos dos textos nigerinos son realmente más protectores que represores porque además de la represión abarcan la protección y la cobertura de las víctimas.

     

    Hay que entender que hay ideas que llegan a Occidente, sobre todo a Europa, que hacen que las personas piensen que Níger es un país que no respeta en absoluto los derechos humanos y el tráfico ilícito de personas migrantes. Pero yo pienso que es todo lo contrario, porque si comparamos la legislación europea y la legislación nigerina creo que estamos más avanzados en cuanto a la cobertura de los migrantes víctimas de trata o de tráfico lícito.

     

    Las personas que nosotros buscamos en el marco de las investigaciones que llevamos a cabo y su represión no son las personas migrantes sino los “passeurs”.


    ¿Y quiénes son los pasadores?

    Son las personas que planifican el viaje de los migrantes, recibiendo por ello una contraprestación de cualquier tipo. Estos migrantes son a menudo víctimas de secuestro o de extorsión económica, y están expuestos al maltrato e incluso a la prostitución. No es fácil descubrir estos casos, sobre todo cuando la persona migrante no se reconoce como víctima y colabora de alguna manera con la organización. Consienten ser víctimas de esa infracción. Nosotros trabajamos para luchar contra estos fenómenos, siempre protegiendo a los migrantes contra los pasadores. Estos pasadores son condenados a penas de prisión que llegan en ocasiones a 15 o 20 años.

     

    En caso de ser arrestados, los pasadores pasan a prisión preventiva. En el caso de los migrantes, se les interroga para conocer su situación y son sometidos a detención administrativa en caso de que se encuentren en situación irregular. Se les trata de la forma más adecuada que podemos para que estén bien: se cubre su alimentación y unas condiciones básicas. Además, se les facilita el acceso a su familia o a su consulado y a un medio de comunicación si lo demandan. Se les ofrecen visitas y cuidados médicos y después normalmente son derivados a organizaciones internacionales como la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM) para el retorno voluntario a su país de origen.

     

    En el caso de los solicitantes de asilo tenemos lo que llamamos la Dirección General de la Migración, que forma parte del Ministerio del Interior. Los derivamos directamente desde la Dirección de Vigilancia del Territorio (DST), por la vía de la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM) o del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, para que se encarguen de ellos y, si la solicitud está justificada, el Estado de Níger normalmente les da el título de asilo sin dificultad.

     

    Los migrantes en ocasiones no son conscientes de que son parte de una red de trata de personas y que alguien se va a beneficiar económicamente a costa de su sufrimiento y /o explotación. ¿Conoce algún caso?

    La pregunta es difícil, porque la respuesta puede ser múltiple. Hay quien sabe que está arriesgando su vida, su dignidad, su fortuna, y hay quien no.

     

    En lo que respecta a la explotación inicial por parte de los pasadores, que sacan beneficio del paso de los migrantes, un ejemplo sería el trayecto entre Burkina Faso y Niamey. El transporte cuesta como mucho 5.000 francos CFA, no más de unos 5 euros, pero los migrantes están dispuestos a pagar más de 100 euros para realizar este trayecto. Ellos saben que es más barato, pero los pasadores les convencen de que si pasan por la vía oficial de la policía, con los casos de expulsión que hay hoy en día, no conseguirían cruzar la frontera. Así que se ha extendido la idea de que es mejor confiar en los pasadores que en la policía.

     

    En el caso de aquellos que tienen más conciencia de la suerte que pueden correr, el fin justifica los medios. Algunos saben que están corriendo un riesgo, pero como hay una falta de programas de desarrollo para el empleo, piensan que es mejor morir que quedarse en casa sin hacer nada. Otros no saben exactamente lo que les espera porque los pasadores les hacen creer que van a llegar al paraíso, que llegarán a Europa y les espera un trabajo, que hay muchos puestos vacantes y que están esperando su llegada para ocuparlos.

     

    En el caso de las que son víctimas de trata a menudo son consentidoras, por ejemplo, en el caso de la prostitución. Hay algunas personas que saben que van a tener que prostituirse y en su país se veían obligadas a hacerlo porque no tenían alternativa.

     

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    ¿Qué piensan los nigerinos de lo que está pasando con la migración y todas estas medidas que se están poniendo en marcha para evitar que la gente muera en el desierto?

    Cuando dices “los nigerinos” es la opinión pública de Níger incluyendo a aquellos que están en el negocio del tráfico de migrantes. Los que están en este negocio piensan que, hasta el momento, el Estado les ha perjudicado mucho, ya que les han impedido su actividad a través de la represión y de la sensibilización. Hay muchos que quieren renunciar al tráfico, pero piensan que no han encontrado alternativa social para dejarlo.

     

    Para saber cuál es la opinión pública de Níger, la respuesta es clara: si vemos las estadísticas, son muy pocos los nigerinos que son candidatos a la inmigración clandestina. Sin embargo, son muchos los que se preguntan por qué hay tantos inmigrantes de los países de la CEDEAO que se encuentran en este tipo de situaciones, hasta llegar a morir en el desierto. En estos casos, para los nigerinos esta situación no se justifica.

     

    Para los pasadores , en cambio, si se justifica porque para ellos la llegada de migrantes a Níger es un negocio y el hecho de pararlo es un golpe. Es lógico, son como una mafia.

    ¿Cuáles son las medidas que piensa que pueden evitar que estas personas tomen la decisión de entrar en ese sistema de migración irregular?

    En primer lugar, la máquina de la represión está en marcha, es lo que hacemos todos los días sobre todos los territorios.

     

    La máquina de la sensibilización está igualmente en marcha, pero hay que seguir sensibilizando a la población que debe buscar un trabajo y no dejarse matar, morir en el desierto o ser explotado por los pasadores. Son necesarios programas de desarrollo concretos para crear el mayor número de empleos posible para estas personas, para su realización e inserción social y poner en marcha las medidas para evitar que emigren.

     

    En este sentido, hay muchas empresas europeas que están sufriendo y que pueden venir a invertir en África: África las necesita. En el continente africano hay materia prima y mano de obra cualificada. Habría que acompañar a los países africanos, invirtiendo en el sector industrial, en la agricultura y en la formación para poder evitar una gran parte de esas salidas voluntarias, ya que hay un buen número de diplomados entre los migrantes que se van a vivir a Europa.

     

    Si la persona que emigra, por ejemplo, es un ingeniero, va a desarrollar en Europa un trabajo en ocasiones muy por debajo de sus cualificaciones. Si se dieran las condiciones adecuadas en África, creo que este tipo de personas no migraría.