• 19 septiembre 2019

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    Posteado en : Opinion

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    COPOLAD, EL PAcCTO, EUROsociAL+ y el valor del trabajo conjunto en América Latina y el Caribe

    Estos proyectos, financiados por la Unión Europa y en cuya gestión participa la FIIAPP, celebran hoy y mañana en Montevideo una conferencia birregional de alto nivel sobre medidas alternativas a la a la privación de libertad

    Con la presencia de numerosas autoridades europeas y latinoamericanas, COPOLAD, EL PAcCTO y EUROsociAL+ aúnan en esta conferencia esfuerzos, trabajo, discurso y medios con el objetivo de conseguir una mayor incidencia del tema en la sociedad.

    La conferencia se ha clausurado con un gran acuerdo formalizado en una declaración conjunta ratificada por todos los representantes de los países de América Latina y el Caribe participantes, así como por la Unión Europea y por los tres programas regionales de cooperación organizadores del evento: COPOLAD II, EL PAcCTO y EUROsociAL+.

    Cada uno desde su perspectiva, en este post, los tres proyectos ponen en valor la dimensión común que comparten en torno a las medidas alternativas a la pena de prisión.

     

    COPOLAD y la importancia de la coordinación entre instituciones

    En los últimos años, varias medidas alternativas a la prisión han demostrado resultados esperanzadores reduciendo, en algunos centros penitenciarios, la sobrepoblación existente y con ello, los problemas asociados a esta situación. En la conferencia se conocerán las principales líneas de actuación en este ámbito que han demostrado –de manera consistente y en distintos contextos sociales– resultados positivos en relación con el hacinamiento y en el abordaje de otros problemas asociados. En este contexto, y para poder explorar las alternativas exitosas ejecutadas en algunos países y la evaluación de sus beneficios, se considerará un aspecto que es común, básico e irrenunciable para asegurar el éxito en la aplicación de cualquier medida alternativa.

    Este factor clave es la necesidad de coordinación interinstitucional, un concepto fácil de formular y más complejo de aplicar. La coordinación interinstitucional ha demostrado estar en el centro de cualquier acción que promueva el desarrollo de políticas públicas en el ámbito de las alternativas a la prisión, si lo que se pretende es que sean efectivas (basadas en la evidencia), eficientes y alineadas con los objetivos de desarrollo, en especial la protección de los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres, la promoción de la salud pública y la buena gobernanza.

    Teniendo en cuenta esto, la conferencia brindará la oportunidad de profundizar en lo que significa la coordinación interinstitucional en éste ámbito, las implicaciones que conlleva el enfrentarse a los numerosos retos que supone el desarrollo y gestión de oportunidades y mecanismos de coordinación -herramientas y plataformas multisectoriales- que deben existir para mejorar la cooperación horizontal entre el sistema judicial y las fuerzas de seguridad, así como también entre los servicios sociales y de atención a la salud.

    Teresa Salvador-Llivina es directora de COPOLAD y Claudia Liebers es responsable de Relaciones Institucionales y Estrategia del proyecto.

     

    EL PAcCTO: la relación entre las medidas alternativas a la pena de privación de libertad y el crimen organizado

    En todo el globo, y Latinoamérica no es una excepción, muchos Estados cuentan con una sobrepoblación penitenciaria que a veces llega a niveles alarmantes. El hacinamiento es un mal en mismo, ya que además de afectar a la dignidad humana de las personas privadas de libertad, impide o complica mucho la correcta implementación de programas de reinserción social, la separación física entre detenidos peligrosos y delincuentes leves o delincuentes primarios.  

    Numerosos estudios internacionales subrayan que la prisión no puede ser la única solución para afrontar la delincuencia y muestran que, con frecuencia, ésta se transforma en una escuela del crimen, favoreciendo la proliferación de grupos criminales que actúan dentro y fuera de los centros de detención poniendo en riesgo la seguridad de los penados y de la sociedad en su conjunto.  Son varias las organizaciones criminales que han surgido y se han fortalecido en el ámbito penitenciario aprovechando las debilidades de los sistemas a causa de la alta sobrepoblación.  

    Por eso, una de las principales preocupaciones de EL PAcCTO es la necesidad de apoyar la ejecución y el uso de medidas alternativas a la privación de libertad considerándolas como fundamentales para descongestionar los sistemas penitenciarios y concentrar la atención en las personas privadas de libertad más peligrosas, que pueden potencialmente reclutar afiliados en los centros penitenciarios. Por esas motivaciones consideramos que las medidas constituyen también una herramienta esencial para la lucha contra el crimen organizado. 

    Además, las medidas alternativas son un tema transversal que necesitan de un abordaje holístico, una fuerte coordinación y abocan a un cambio cultural y un abordaje compartido entre todos los actores involucrados también en términos de comunicación externa.  

    Giovanni Tartaglia Polcini es coordinador del componente de sistemas Penitenciarios EL PAcCTO, Lorenzo Tordelli, co-coordinador-gestor temático del mismo y Nathalie Boissou, su coordinadora adjunta.

     

    EUROsociAL+, favoreciendo la inserción social y el abandono del delito

    Estos días, en Montevideo, los programas EUROsociAL+, junto con El PACcTO y COPOLAD estamos organizando una conferencia birregional sobre medidas alternativas a la privación de libertad. Los tres, cada uno desde su enfoque, hemos abordado este tema, convergiendo en problemáticas comunes que nos hacen trabajar en la misma dirección.

     La pena de privación de libertad en prisión, que debiera ser último recurso, se ha estado usando de manera indiscriminada en América Latina. Ha habido un exponencial crecimiento de la población privada de libertad en las últimas décadas. Esta sobrepoblación que ha provocado problemas de hacinamiento, salud, y violencia, se ha visto cuestionada en la medida que ha mostrado no ser capaz de favorecer los procesos de inserción social, tampoco ha tenido un efecto disuasorio disminuyendo la reincidencia delictiva, ni efectos positivos en la rehabilitación social. 

     El enfoque de la cohesión social, que promueve el programa EUROsociAL+, está estrechamente vinculado con el desarrollo y uso de medidas alternativas a la privación de libertad, no sólo porque la desigualdad contribuye a la violencia, y este en un programa que tiene como objetivo la reducción de todo tipo de desigualdades, sino porque en su afán por “no dejar a nadie atrás”, la pregunta que sobre todo debe interesar no es ¿por qué delinquen los infractores? sino ¿por qué dejan de delinquir? La búsqueda de las acciones que favorecen la decisión de abandonar el delito es la clave en los procesos de inserción social de infractores y en las medidas alternativas.

    Un foco especial se dará a las mujeres privadas de libertad en esta conferencia. A pesar del que el porcentaje es mucho menor que el de hombres, el número de mujeres encarceladas en la región prácticamente se ha triplicado en las últimas décadas. Este crecimiento está siendo muy rápido y proporcionalmente mucho mayor que el de varones. Estas tendencias deberían ser un motivo de preocupación para los gobiernos y el sistema penitenciario, todavía con carencias o indiferente en relación a las necesidades específicas de las mujeres. Urge, por tanto, incorporar la perspectiva de género.

    Por supuesto, la aplicación de medidas alternativas no se puede incorporar sin el respaldo de una acción administrativa fiable. La implantación necesita de un marco de actuación con medidas rehabilitadoras que permitan a los jueces su consideración real y a los infractores tomar conciencia de sus actos para cambiar y abandonar el delito.

    Sonia González Fuentes es coordinadora del área de políticas de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+ en FIIAPP.

     

     

  • 21 junio 2018

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    Posteado en : Entrevista

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    “Nuevas políticas contribuyen a mejorar la vida de las mujeres”

    Teresa Salvador-Llivina es la directora del programa COPOLAD desde su primera fase en 2011. Actualmente se está ejecutando la segunda fase del programa sobre políticas de drogas, que centra su conferencia anual en el enfoque de género

    ¿Cómo valoras la cooperación en políticas sobre drogas en el marco de trabajo del programa COPOLAD?

    La amplia cobertura del programa, en los 33 países de la CELAC,  ha abierto un número significativo de oportunidades de cooperación entre la región de Europa y América Latina, cubriendo todas las políticas relacionadas con el tema de drogas. COPOLAD es el primer programa de cooperación europeo que lo hace. Mientras que los anteriores tenían un enfoque sectorial, principalmente en la reducción de la oferta de drogas, COPOLAD se basa en todos los aspectos que recogen la Estrategia sobre Drogas 2013-2020 de la Unión Europea y el Plan de Acción 2017-2020.
    Es decir, tenemos la oportunidad de apoyar el desarrollo de políticas equilibradas, basadas en la evidencia. Podemos ofrecer apoyo práctico orientado a conceptos que han surgido recientemente en los países CELAC. En este programa se trata realmente de una política orientada a la salud pública y además, podemos difundir resultados muy positivos.
    En todas estas tareas, contamos con contribuciones claves de agencias multilaterales, como el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA), el Secretariado Ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del abuso de Drogas (CICAD-OAS) y la Organización Panamericana de la Salud (PAHO) así como redes biregionales de ONGs (RIOD y IDPC).

    COPOLAD promueve la inclusión del enfoque de género en las políticas sobre drogas, ¿Cómo ves ese progreso y cuáles son los principales retos?

    Desde su primera fase, COPOLAD ha sido un programa comprometido con la inclusión del enfoque de género. De hecho, ya dedicamos la conferencia anual de 2013 -celebrada en Quito, Ecuador- al enfoque de género. Esa conferencia fue una primera oportunidad para revisar cuál era la situación de aspectos clave en este campo. Como uno de los resultados de la conferencia, se publicó en 2014 un informe de la situación en los países participantes.
    Desde entonces se han hecho algunos avances en el reconocimiento teórico de la necesidad de incorporar este enfoque en todas las áreas de la política de drogas. COPOLAD está ahora evaluando ese progreso a través de un nuevo informe.

    La tercera conferencia anual de COPOLAD está también dedicada a las mujeres y las políticas sobre drogas, ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan las instituciones implicadas?

    En primer lugar, las instituciones responsables de elaborar estas políticas deben garantizar que las medidas se basen en la evidencia. Es necesario apoyar diferentes tipos de investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, para guiar intervenciones efectivas, sensibles a las necesidades y prioridades de las mujeres.
    En segundo lugar, se requiere una planificación adecuada para garantizar que los cambios se implementen sobre el terreno. En paralelo, las instituciones tienen que ofrecer oportunidades de formación para asegurar el desarrollo de las medidas incluidas en estrategias nacionales y planes de acción. Entre ellas, la prevención con perspectiva de género, programas de reducción de daños, medidas de inclusión social o reformas en el área de justicia respecto a los delitos relacionados con drogas cometidos por mujeres
    Por último, los cambios en las políticas deben ir acompañados de asignaciones presupuestarias apropiadas para la implementación de ciertas medidas y servicios.

    ¿Cómo la perspectiva de género y el empoderamiento de las mujeres pueden mejorar  la efectividad de las políticas de drogas? ¿Qué necesidades deben abordarse?

     

    Los problemas relacionados con las drogas a los que se enfrentan las mujeres son complejos y afectan a diferentes grupos sociales. No solo las que se encuentran en situaciones vulnerables, sino mujeres de todas las edades y condiciones. Esta complejidad requiere un enfoque integral, y ninguna política será completa, equilibrada, holística y efectiva si no toman en consideración los factores de riesgo que afectan a mujeres y hombres de forma diferente,

    ¿Cuáles crees que son las mejores prácticas sobre enfoque de género en Europa, América Latina y en general?

    En esta conferencia, se han presentado algunos ejemplos prometedores de la UE y los países de América Latina y el Caribe. Algunos de ellos incluyen la evaluación de beneficios derivados de cambios en políticas públicas, programas desarrollados o nuevos servicios.
    Me gustaría destacar el lento pero relevante progreso realizado en los últimos cinco años. En esta conferencia, algunos datos positivos sobre cómo las nuevas políticas están contribuyendo a mejorar la vida de las mujeres son alentadores. Además del aumento de programas e iniciativas sectoriales emprendidas por los países e instituciones multilaterales presentes.

    ¿Cómo ves el papel de la sociedad civil para facilitar la percepción de la necesidad de un enfoque de género en las políticas de drogas?

    Para COPOLAD, de acuerdo al Plan de Acción 2017-2018 de la UE, es necesario asegurar un diálogo constante entre las redes regionales e internacionales que trabajan en el campo de las drogas, involucrando a la Sociedad civil en la implementación y evaluación de los planes de acción así como en los diálogos birregionales y programas de cooperación como COPOLAD.
    Por ello, contamos con una red birregional (RIOD) y otra internacional con organizaciones no gubernamentales, tales como agencias colaboradoras. A través de ellas, intentamos apoyar el aumento de la participación de la sociedad civil en cada país participante

    ¿Cuál debe ser el enfoque de futuras iniciativas respecto a los problemas de género?

    La disponibilidad de datos necesarios para diferenciar las especificidades de los problemas relacionados con las drogas entre mujeres y hombres sigue siendo limitada, así como la evidencia de la eficacia de las respuestas emprendidas. En este contexto, la consideración de la perspectiva de género y el empoderamiento de las mujeres como un elemento clave de las políticas de drogas sigue siendo un desafío que se debe enfrentar en la práctica y de forma transversal.
    Por lo tanto, la investigación, la evaluación del progreso, la asignación de los recursos necesarios, los programas de formación y los cambios en las políticas para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres mejorarán sus condiciones sociales, familiares, personales y de salud. Esto requiere una aproximación multisectorial capaz de abordar los principales desafíos, asegurando una coordinación entre agencias en la que el sector público y las iniciativas no gubernamentales – dirigidas por la sociedad civil – aseguren la implementación de estrategias y programas enfocados en la equidad, así como la provisión de servicios adaptados a las necesidades individuales de cada niña y mujer en nuestros países.