• 11 abril 2019

    |

    Posteado en : Opinion

    |
    facebook twitter linkedin

    “El proyecto EU-ACT se desarrolla en cinco regiones que engloban lo que se ha llamado la Ruta de la Heroína”

    José Manuel Colodrás es inspector jefe de Policía y coordinador del proyecto en Ucrania

    El proyecto EU-ACT (Acción de la Unión Europea contra las Drogas y el Crimen Organizado), está financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP y se desarrolla en cinco regiones que engloban lo que se ha llamado la “Ruta de la Heroína”, aunque en realidad habría que hablar de rutas. Ucrania es el país prioritario en la región del Este de Europa.

     

    El objetivo del proyecto EU-ACT en Ucrania es impulsar una aproximación omnicomprensiva al problema de las drogas: apoyar el trabajo de las instituciones encargadas de reforzar la aplicación ley mientras se favorece el control de demanda. Por tanto, el ámbito de trabajo de EU-ACT abarca diferentes sectores de la Administración Pública ucraniana y de la sociedad civil.  Como ejemplo, basta citar los beneficiarios “registrados” ante el Gobierno de Ucrania: El Ministerio de Sanidad, El Observatorio de Drogas, El Servicio de control del Medicamento y las Drogas, El Servicio Fiscal del Estado, el Ministerio del Interior y dentro de este el Servicio de Fronteras y la Policía Nacional de Ucrania, la Oficina de la Fiscalía General, el Servicio de la Administración de Justicia de Ucrania, el Ministerio de Justicia, el Servicio de Prisiones y la Unidad de Inteligencia Financiera de Ucrania.

     

    Este proyecto, tal y como se recoge en su DoA (Description of Action), tiene un enfoque innovador al establecer sus actividades de acuerdo con las necesidades manifestadas por sus beneficiarios. Tan es así que con ellos se acordaron las principales áreas de desarrollo del proyecto en Ucrania, que son las siguientes:

     

    Por un lado, el Apoyo a la Estrategia Nacional de Drogas de Ucrania (2013-2020) y al Plan de Acción (2018-2020) que desarrolla dicha estrategia en el que el proyecto EU-ACT ha participado en la fase de elaboración destacando, entre otras actividades, el apoyo a la participación de la Delegación ucraniana en la Comisión de Estupefacientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), tanto en el 61º periodo de sesiones (año 2018) como en el 62º (2019). Asimismo, se ha llevado a cabo un continuo asesoramiento y apoyo en todas aquellas iniciativas legales que tengan que ver con la política de drogas. En este sentido, caben destacar la regulación del empleo de Naloxona para evitar las muertes por sobredosis, la descriminalización de la posesión de pequeñas cantidades de drogas para autoconsumo, el desarrollo de las competencias del Observatorio de Drogas de Ucrania y el establecimiento de medidas alternativas a la prisión por delitos menores relacionados con el consumo de drogas.

     

    Por otro lado, el proyecto también participa en la iniciativa y el desarrollo del Programa Nacional de Rehabilitación para presos con desórdenes mentales y de comportamiento por el consumo de sustancias psicoactivas. Esta actividad se desarrolla con el Servicio de prisiones de Ucrania.

     

    Además, se ha promovido la creación de un Centro de Coordinación de Investigaciones de delitos relacionados con el tráfico de drogas entre distintas agencias policiales de Ucrania, un primer paso para implantar en Ucrania un modelo Inteligencia que permitirá a los responsables políticos tomar decisiones basadas en evidencias. Para ello, se ha elegido mejor práctica o modelo a seguir la del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado) del Ministerio del Interior español.

     

    A iniciativa de la Fiscalía ucraniana y con el apoyo de la Oficina Regional de Ucrania, el proyecto EU-ACT lanzó en septiembre de 2018 en la ciudad de Odesa (Ucrania), la Red de Fiscales del Mar Negro que ya engloba fiscales de Moldavia, Rumania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Irán y de Ucrania.

     

    El proyecto EU-ACT también apoya la integración de las administraciones ucranianas en instituciones de la Unión Europea, así como en otras organizaciones supranacionales. Entre ellas destaca la integración en el Observatorio Europeo de Drogas, Alcohol y Adicciones (EMCDAA) la Red Europea de Institutos Forenses (ENFSI) o la Iniciativa del Pacto de París (PPI).

     

    En relación con la lucha contra el tráfico ilegal de sustancias psicoactivas se ha privado a los líderes de las organizaciones criminales de los beneficios obtenidos por su actividad delictiva ya que es el único modo de obtener un impacto relevante y prolongado contra esta actividad. La Oficina Regional de EU-ACT junto a la Unidad de Inteligencia de Ucrania y con todas las agencias encargadas de reforzar la aplicación de la ley de Ucrania está elaborando de una metodología adaptada al país para llevar a cabo investigaciones financieras paralelas a las tradicionales en este ámbito.

     

    Uno de los objetivos de EU-ACT es reforzar la cooperación inter e intrarregional de los países en los que se desarrolla el proyecto y, en ese sentido, se está apoyando el trabajo de equipos conjuntos de investigación de policías y fiscales ucranianos con otros países, así como el intercambio de expertos entre países, tanto por el propio proyecto como en programa de CEPOL.

     

    Finalmente, y siguiendo también el modelo español del Plan Nacional sobre Drogas, se está intentando crear en Ucrania un fondo especial de bienes confiscados en delitos relacionados con el tráfico de drogas.

  • 10 enero 2019

    |

    Posteado en : Entrevista

    |
    facebook twitter linkedin

    “La Fiscalía investiga el narcotráfico desde la especialidad y desde la experiencia”

    Ignacio Miguel de Lucas Martín, fiscal de la Fiscalía especial Antidroga de la Audiencia Nacional y colaborador del proyecto EU-ACT, nos cuenta cómo se investiga el narcotráfico, ahondando en la relevancia que tiene la cooperación internacional en esta materia.

    ¿Cómo investiga la Fiscalía española el narcotráfico? 

     

    La Fiscalía General del Estado tiene varias Fiscalías especiales, entre ellas la Fiscalía especial Antidroga, que aborda el narcotráfico desde dos puntos de vista: desde uno, digamos, central, en la Audiencia Nacional hay doce fiscales antidroga que trabajamos en las investigaciones relacionadas con el narcotráfico cuando el delito se comete por una organización criminal y afecta a varias provincias; esos son los límites competenciales de la Audiencia Nacional y también de nuestra Fiscalía especial. El segundo punto de vista lo componen los delegados en determinadas provincias, por ejemplo, en Cádiz (Algeciras) donde la especialización es un grado e incluso una necesidad. 

     

    Por lo tanto, la Fiscalía investiga el narcotráfico sobre todo desde la especialidad y desde la experiencia, trabajando de manera muy próxima y cercana con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

     

    ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta la investigación sobre narcotráfico? 

     

    Obviamente, hay una falta de medios, comparativamente hablando, si nos fijamos en las organizaciones criminales, pues éstas disponen de unos recursos financieros y humanos ilimitados, mientras que nosotros tenemos unos recursos limitados; además, ellos no tienen barreras a la hora de hacer uso de la globalización, de la transnacionalidad y nosotros tenemos que reunir una serie de requisitos, seguir unos parámetros legales que nos marca nuestra actuación para que la prueba que obtengamos sea admisible en juicio. 

     

    También tenemos una dificultad inicial: la necesidad de que la sociedad se dé cuenta de que el narcotráfico no es una cuestión menor; es necesario que la sociedad perciba que el narcotráfico es una amenaza real, importante, no solo para la salud en términos del daño que pueda producir una determinada sustancia sino también en términos de seguridad, en términos de integridad de las instituciones. 

     

    En mi opinión, en muchos casos se frivoliza con la droga y eso tiene una consecuencia: se percibe el narcotráfico como algo que no tiene un perjuicio directo sobre la ciudadanía, no hay una víctima individualizada (salvo que alguien tenga en su familia a alguien con una grave adicción). Pero fuera de esos casos, que afortunadamente ya no se perciben con la misma visibilidad de antes, la sociedad, me temo, no percibe la gravedad del problema 

     

    ¿Qué importancia tiene la cooperación entre fiscales de distintos países en la lucha contra el narcotráfico?

     

    Es fundamental, es un requisito necesario. Hoy por hoy no se puede combatir el narcotráfico simplemente a nivel nacional, porque éste opera en países de producción, de tránsito y de destino. Si no se actúa al mismo tiempo en las tres áreas, lo único que conseguimos es detener a unas personas en lugar concreto -pongamos España- que mañana serán reemplazadas por otras, pero los proveedores que suministran las sustancias seguirán libres para enviar cargamentos de droga a nuestro país. 

     

    Entonces, obviamente, si no desmantelamos toda la cadena, incluyendo países de producción y tránsito, no estamos siendo eficaces. 

     

    ¿Cómo coopera España con otros países en la lucha contra el narcotráfico? 

     

    Se puede establecer una diferenciación: a nivel de la Unión Europea, tenemos un marco común, un marco legal, en muchos casos también un reconocimiento directo mutuo de las resoluciones judiciales. Existe, por tanto, un contacto directo entre jueces y fiscales y compartimos un nivel de garantías. 

     

    Si hablamos de Latinoamérica, pese a que pudiera parecer otra cosa por el hecho de tener una cultura y una lengua común, la situación es mucho más dispersa. No existe ese grado de confianza mutua, las instituciones no siempre tienen la misma fortaleza… Con lo cual el trabajo es más complejo. Hay que tratar de establecer plataformas, mecanismos que permitan generar esa confianza y esa comunicación directa entre fiscales. 

     

    Entonces, ¿cómo trabaja la Fiscalía Antidroga con Latinoamérica? 

     

    Desde la Audiencia Nacional lideramos una Red de fiscales antidroga en Iberoamérica que está constituida por 16 fiscalías antidroga y con puntos de contacto en todos los países. A través de la red tratamos de establecer estos canales de comunicación entre fiscales de manera fluida, frecuente, ágil y segura para intercambiar información y también para coordinar investigaciones. Esta red, constituida en 2014, exige mucho trabajo de mantenimiento, pero también da frutos. 

     

    A raíz de la Red de fiscales de Iberoamérica y, auspiciada por el proyecto EU-ACT que gestiona la FIIAPP, ha surgido la Red de fiscales del mar Negro. 

     

    Exacto. Esta red sigue exactamente los mismos parámetros que la Red de Iberoamérica, es decir, confianza mutuaintercambio de información y marco operativo común. En definitiva, contacto directo entre los fiscales. 

     

    A partir de ahí, lo que se espera de esta plataforma es que sea capaz de mejorar la cooperación entre fiscales especializados, que complemente -pero no reemplace- los mecanismos tradicionales de cooperación internacional, lo que llamamos comisiones rogatorias. 

     

    La comisión rogatoria es la manera de introducir legalmente la prueba obtenida en otro país, pero en muchos casos son lentas y eso hay que mejorarlo. ¿Cómo? A través de mecanismos más flexibles que permitan comunicación directa, intercambio de información espontánea y que los compañeros de otros países dispongan de la información con rapidez. 

     

    ¿La situación de las fiscalías de estos países es comparable a la de los países de la Red Iberoamericana? 

     

    No es comparable. Algunos de estos países no tienen fiscalías especializadas y son más formalistas que en Latinoamérica. Además, hay estructuras que hay que tratar de fortalecer. 

     

    Uno de los mayores desafíos de esta red es superar esta formalidad, que no se trata de reemplazar, pero sí de complementar, conseguir que la información se comparta a través de otros canales. La formalidad ralentiza el proceso. 

     

    Si yo mando una solicitud de aquí a Ucrania y yo, desde esta Fiscalía Antidroga la mando a la autoridad central, de ahí lo mandan al Ministerio de Asuntos Exteriores o al Ministerio de Justicia, de allí a la unidad de cooperación internacional y de allí al fiscal especializado, supone un recorrido muy largo. Cuando, en realidad, solo se trata de que el fiscal de aquí se comunique con el de allí y le transmita la información, que el fiscal de allí disponga de la información y la pueda utilizar. 

     

    ¿Cómo y cuándo surge la Red del Mar Negro? 

     

    Surge en septiembre del 2018 en Odessa, donde se constituye con representantes de Ucrania, Georgia, Armenia, Rumanía y Moldavia. Surge por la necesidad común de todas las fiscalías de abordar un problema que no es nacional, sino que es transnacional y que exige una cooperación de todos los países. 

     

    ¿Se han obtenido ya resultados? 

     

    Sí, ya se están obteniendo. Es sorprendente que en tan breve espacio de tiempo algunos fiscales han sido ya capaces de identificar investigaciones comunes, investigaciones transnacionales y hayan tenido la voluntad de compartir ya información. 

     

    ¿Qué papel ha tenido la FIIAPP en la creación de esta red? 

     

    Decisivo. Sin la FIIAPP y sin el proyecto EU-ACT, la red no hubiera podido surgir. Porque les ha brindado una posibilidad, les ha presentado una idea, una plataforma y ha sido capaz de ilustrarles. La idea se les ha explicado bien, ellos la han entendido y han considerado que funcionaría. Además, les está poniendo los medios, acompañándolos para que ellos puedan ponerla en marcha. Pero, sobre todo, y para mí es lo fundamental, ha sido capaz de decir: vosotros tenéis una necesidad, que estáis abordando de esta manera, pero podéis abordarla mejor de esta otra. Y los países así lo han entendido.