• 13 mayo 2021

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    La gobernanza democrática es nuestro principal desafío

    Entrevista a Javier Samper, jefe de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, sobre el trabajo den cooperación internacional del Ministerio de Justicia junto a la FIIAPP.

    ¿Cuál es el trabajo del Ministerio de Justicia?; ¿Qué instituciones abarca?  

    El trabajo del Ministerio de Justicia, en relación con la FIIAPP, es complejo y tiene facetas bastante claves y distintas. Por una parte, lógicamente, el Ministerio de Justicia es, fundamentalmente, un actor de la cooperación al desarrollo. Además de eso, el Ministerio de Justicia tiene encomendado un rol coordinador, es decir, se trabaja con el resto de actores que son también esenciales para cualquier proyecto de cooperación al desarrollo en materia de Justicia como puede ser el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la abogacía española, notarios o registradores. 

    ¿Por qué es importante que el Ministerio de Justicia se implique en proyectos de cooperación internacional? ¿Qué aporta? 

    Los expertos del Ministerio de Justicia son demandados en situaciones muy diversas. Además, es una de las competencias del Ministerio de Justicia. Es decir, es una de las partes del trabajo del Ministerio de Justicia y es una cuestión que integra nuestra planificación, que integra nuestra actuación y desde luego que integra la estrategia del Ministerio de Justicia hacia el exterior.  

    El Ministerio de Justicia trabaja en proyectos gestionados por la FIIAPP, ¿desde cuándo trabajan juntos y cómo es la relación entre la FIIAPP y el Ministerio? 

    La relación entre la FIIAPP y el MINJUS yo diría que es excelente, es muy fluida como no podría ser de otra manera. Trabajamos de la mano del área de Justicia y Estado de Derecho y, como institución pública, diría que la relación viene desde el momento de la creación de la FIIAPP. Me consta que desde el primer momento en el que FIIAPP se involucró en los programas de hermanamiento Twinning, que gestiona la dirección general NEAR de la Comisión Europea, se han liderado programas de hermanamiento por parte del Ministerio de Justicia. 

    Uno de los principales proyectos en el que la FIIAPP trabaja con el Ministerio de Justicia es EL PAcCTO, ¿en qué consiste este proyecto? 

    El PAcCTO es un programa con un enfoque novedoso en lo que es la cooperación jurídica internacional o en lo que es la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado en América Latina pero, además, con una perspectiva euro-latinoamericana. No solamente se trata de mejorar el enfoque que pueda tener la administración pública o los poderes públicos en América Latina. Sino además de trabajar en la relación de trabajo, en la relación de cooperación que pueda existir entre las instituciones latinoamericanas y las europeas.  

    Además del PAcCTO el Ministerio de Justicia trabaja con la FIIAPP en otros proyectos. ¿Destacaría algún hito de ellos? 

    En este momento tenemos una gran relación con Turquía, donde ahora mismo estamos desarrollando tres proyectos, de formación sobre jueces y fiscales, sobre oficinas de ejecución civil y también, sobre métodos avanzados forenses de análisis que participa, fundamentalmente, el Instituto de toxicología y ciencias forenses que depende del Ministerio de Justicia. Además, lógicamente hay una serie de proyectos que son especialmente relevantes para nosotros por la importancia estratégica del tema que se trata, y porque también tiene un enfoque novedoso. Por ejemplo, el proyecto I-CRIME, que fundamentalmente trata sobre la lucha contra la delincuencia organizada en los países de Centroamérica. 

    Al participar en proyectos de cooperación, el Ministerio de Justicia aporta sus conocimientos a las instituciones homólogas, pero ¿también se obtienen aprendizajes? 

    Fundamentalmente el trabajo se desarrolla a través de la labor de expertos y expertas concretos que se desplazan a los países beneficiarios con la idea de realizar una transferencia de los conocimientos y de las experiencias que la administración española viene atesorando desde hace mucho tiempo que yo creo que son enormemente valorados en el exterior. El especialista vuelve, no solamente con un gran número de contactos personales en las administraciones extranjeras que luego al final son siempre enormemente beneficiosos porque nos permiten en ocasiones agilizar procedimientos o tomar ideas, realizar consultas… Además, su trabajo le ha obligado a realizar un análisis de su situación, de la situación de otros estados, un análisis comparado de recabar opiniones de todo tipo de especialistas, desde una perspectiva multidisciplinar. Todo eso, lógicamente, tiene un impacto muy favorable cuando vuelve a su administración de origen 

    ¿Cuáles son los principales desafíos de la justicia en un mundo globalizado? 

    La lucha contra el terrorismo, el estrangulamiento financiero del crimen organizado, la lucha contra la corrupción… Sin embargo, yo diría que todas estas cuestiones tienen una serie de raíces comunes, no en cuanto lo que hace al nacimiento de la problemática sino en la manera de afrontarlas: la buena gobernanza. La formación y la aplicación de medidas de transparencia en la adopción de políticas públicas, ese tipo de transferencia de conocimiento, es la que el día de mañana favorece y facilita la cooperación internacional, necesaria para afrontar todos esos desafíos. Por eso yo creo que la gobernanza democrática es posiblemente nuestro principal desafío. 

  • 10 enero 2019

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    “La Fiscalía investiga el narcotráfico desde la especialidad y desde la experiencia”

    Ignacio Miguel de Lucas Martín, fiscal de la Fiscalía especial Antidroga de la Audiencia Nacional y colaborador del proyecto EU-ACT, nos cuenta cómo se investiga el narcotráfico, ahondando en la relevancia que tiene la cooperación internacional en esta materia.

    ¿Cómo investiga la Fiscalía española el narcotráfico? 

     

    La Fiscalía General del Estado tiene varias Fiscalías especiales, entre ellas la Fiscalía especial Antidroga, que aborda el narcotráfico desde dos puntos de vista: desde uno, digamos, central, en la Audiencia Nacional hay doce fiscales antidroga que trabajamos en las investigaciones relacionadas con el narcotráfico cuando el delito se comete por una organización criminal y afecta a varias provincias; esos son los límites competenciales de la Audiencia Nacional y también de nuestra Fiscalía especial. El segundo punto de vista lo componen los delegados en determinadas provincias, por ejemplo, en Cádiz (Algeciras) donde la especialización es un grado e incluso una necesidad. 

     

    Por lo tanto, la Fiscalía investiga el narcotráfico sobre todo desde la especialidad y desde la experiencia, trabajando de manera muy próxima y cercana con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

     

    ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta la investigación sobre narcotráfico? 

     

    Obviamente, hay una falta de medios, comparativamente hablando, si nos fijamos en las organizaciones criminales, pues éstas disponen de unos recursos financieros y humanos ilimitados, mientras que nosotros tenemos unos recursos limitados; además, ellos no tienen barreras a la hora de hacer uso de la globalización, de la transnacionalidad y nosotros tenemos que reunir una serie de requisitos, seguir unos parámetros legales que nos marca nuestra actuación para que la prueba que obtengamos sea admisible en juicio. 

     

    También tenemos una dificultad inicial: la necesidad de que la sociedad se dé cuenta de que el narcotráfico no es una cuestión menor; es necesario que la sociedad perciba que el narcotráfico es una amenaza real, importante, no solo para la salud en términos del daño que pueda producir una determinada sustancia sino también en términos de seguridad, en términos de integridad de las instituciones. 

     

    En mi opinión, en muchos casos se frivoliza con la droga y eso tiene una consecuencia: se percibe el narcotráfico como algo que no tiene un perjuicio directo sobre la ciudadanía, no hay una víctima individualizada (salvo que alguien tenga en su familia a alguien con una grave adicción). Pero fuera de esos casos, que afortunadamente ya no se perciben con la misma visibilidad de antes, la sociedad, me temo, no percibe la gravedad del problema 

     

    ¿Qué importancia tiene la cooperación entre fiscales de distintos países en la lucha contra el narcotráfico?

     

    Es fundamental, es un requisito necesario. Hoy por hoy no se puede combatir el narcotráfico simplemente a nivel nacional, porque éste opera en países de producción, de tránsito y de destino. Si no se actúa al mismo tiempo en las tres áreas, lo único que conseguimos es detener a unas personas en lugar concreto -pongamos España- que mañana serán reemplazadas por otras, pero los proveedores que suministran las sustancias seguirán libres para enviar cargamentos de droga a nuestro país. 

     

    Entonces, obviamente, si no desmantelamos toda la cadena, incluyendo países de producción y tránsito, no estamos siendo eficaces. 

     

    ¿Cómo coopera España con otros países en la lucha contra el narcotráfico? 

     

    Se puede establecer una diferenciación: a nivel de la Unión Europea, tenemos un marco común, un marco legal, en muchos casos también un reconocimiento directo mutuo de las resoluciones judiciales. Existe, por tanto, un contacto directo entre jueces y fiscales y compartimos un nivel de garantías. 

     

    Si hablamos de Latinoamérica, pese a que pudiera parecer otra cosa por el hecho de tener una cultura y una lengua común, la situación es mucho más dispersa. No existe ese grado de confianza mutua, las instituciones no siempre tienen la misma fortaleza… Con lo cual el trabajo es más complejo. Hay que tratar de establecer plataformas, mecanismos que permitan generar esa confianza y esa comunicación directa entre fiscales. 

     

    Entonces, ¿cómo trabaja la Fiscalía Antidroga con Latinoamérica? 

     

    Desde la Audiencia Nacional lideramos una Red de fiscales antidroga en Iberoamérica que está constituida por 16 fiscalías antidroga y con puntos de contacto en todos los países. A través de la red tratamos de establecer estos canales de comunicación entre fiscales de manera fluida, frecuente, ágil y segura para intercambiar información y también para coordinar investigaciones. Esta red, constituida en 2014, exige mucho trabajo de mantenimiento, pero también da frutos. 

     

    A raíz de la Red de fiscales de Iberoamérica y, auspiciada por el proyecto EU-ACT que gestiona la FIIAPP, ha surgido la Red de fiscales del mar Negro. 

     

    Exacto. Esta red sigue exactamente los mismos parámetros que la Red de Iberoamérica, es decir, confianza mutuaintercambio de información y marco operativo común. En definitiva, contacto directo entre los fiscales. 

     

    A partir de ahí, lo que se espera de esta plataforma es que sea capaz de mejorar la cooperación entre fiscales especializados, que complemente -pero no reemplace- los mecanismos tradicionales de cooperación internacional, lo que llamamos comisiones rogatorias. 

     

    La comisión rogatoria es la manera de introducir legalmente la prueba obtenida en otro país, pero en muchos casos son lentas y eso hay que mejorarlo. ¿Cómo? A través de mecanismos más flexibles que permitan comunicación directa, intercambio de información espontánea y que los compañeros de otros países dispongan de la información con rapidez. 

     

    ¿La situación de las fiscalías de estos países es comparable a la de los países de la Red Iberoamericana? 

     

    No es comparable. Algunos de estos países no tienen fiscalías especializadas y son más formalistas que en Latinoamérica. Además, hay estructuras que hay que tratar de fortalecer. 

     

    Uno de los mayores desafíos de esta red es superar esta formalidad, que no se trata de reemplazar, pero sí de complementar, conseguir que la información se comparta a través de otros canales. La formalidad ralentiza el proceso. 

     

    Si yo mando una solicitud de aquí a Ucrania y yo, desde esta Fiscalía Antidroga la mando a la autoridad central, de ahí lo mandan al Ministerio de Asuntos Exteriores o al Ministerio de Justicia, de allí a la unidad de cooperación internacional y de allí al fiscal especializado, supone un recorrido muy largo. Cuando, en realidad, solo se trata de que el fiscal de aquí se comunique con el de allí y le transmita la información, que el fiscal de allí disponga de la información y la pueda utilizar. 

     

    ¿Cómo y cuándo surge la Red del Mar Negro? 

     

    Surge en septiembre del 2018 en Odessa, donde se constituye con representantes de Ucrania, Georgia, Armenia, Rumanía y Moldavia. Surge por la necesidad común de todas las fiscalías de abordar un problema que no es nacional, sino que es transnacional y que exige una cooperación de todos los países. 

     

    ¿Se han obtenido ya resultados? 

     

    Sí, ya se están obteniendo. Es sorprendente que en tan breve espacio de tiempo algunos fiscales han sido ya capaces de identificar investigaciones comunes, investigaciones transnacionales y hayan tenido la voluntad de compartir ya información. 

     

    ¿Qué papel ha tenido la FIIAPP en la creación de esta red? 

     

    Decisivo. Sin la FIIAPP y sin el proyecto EU-ACT, la red no hubiera podido surgir. Porque les ha brindado una posibilidad, les ha presentado una idea, una plataforma y ha sido capaz de ilustrarles. La idea se les ha explicado bien, ellos la han entendido y han considerado que funcionaría. Además, les está poniendo los medios, acompañándolos para que ellos puedan ponerla en marcha. Pero, sobre todo, y para mí es lo fundamental, ha sido capaz de decir: vosotros tenéis una necesidad, que estáis abordando de esta manera, pero podéis abordarla mejor de esta otra. Y los países así lo han entendido.