• 05 noviembre 2020

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    Posteado en : Opinion

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    Acceso a la información pública en América Latina y el Caribe

    La recién aprobada Ley Modelo Interamericana 2.0 de la Organización de Estados Americanos marca un antes y un después en la gestión de un derecho esencial para la fortaleza de las democracias. La FIIAPP ha contribuido, a través del programa europeo EUROsociAL+, al desarrollo del texto legal prestando apoyo técnico e impulsando la incorporación del enfoque de género

    El pasado 22 de octubre, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en su Asamblea Anual la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública. Este marco normativo, impulsado por el Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la OEA, ha contado con una amplia participación en su proceso de elaboración y es de enorme relevancia para América Latina y el Caribe, ya que incorpora estándares de vanguardia y mejores prácticas para la promoción de la transparencia y del derecho de acceso a la información 

    La Ley establece la más amplia aplicación posible del derecho de acceso a la información en posesión, custodia o control de cualquier autoridad públicapartido político, gremio y organización sin fines de lucrolos cuales deberán responder a las solicitudes de información sobre los fondos o beneficios públicos recibidos. 

    Como destaca el DDI, el objetivo último de la normativa es que es que “el acceso a la información pública se consolide como una herramienta que permita incrementar los niveles de transparencia y una lucha efectiva contra la corrupción, promueva la competencia abierta, las inversiones y el crecimiento económico, genere la confianza de la población en sus instituciones democráticas y empodere a los ciudadanos, incluidos aquellos sectores que están en situación de vulnerabilidad”.  

    “Con esta Ley Modelo se pretende brindar a la ciudadanía un mayor acceso a la información en manos de las autoridades. ¿Para qué? Para tener un mayor conocimiento sobre cómo se gestiona la administración y sobre cómo se utilizan los recursos públicos que provienen de sus impuestos. También se quiere incidir en los modelos de gestión que impactan en el ciudadano común y corriente porque el derecho de acceso a la información va desde las altas esferas hasta los gobiernos locales, subraya Dante Negro, Director del DDI de la OEA. 

    El programa de cooperación financiado por la Unión Europea en América Latina, EUROsociAL+, a través de su área de Gobernanza Democrática, que coordina la FIIAPP, ha contribuido de manera decisiva a la elaboración de esta propuesta normativa, mediante un importante apoyo técnico canalizado a través de la  Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA) en espacios de debate e intercambio de experiencias entre los órganos garantes y promotores del derecho a la información, así como con la sistematización de buenas prácticas aportadas por diferentes expertos y expertas. 

    La normativa se centra en factores clave como la naturaleza y funciones de los órganos garantes de este derecho, el régimen de excepciones, los sujetos obligados, la transparencia activa y proactiva y las definiciones y alcance del derecho de acceso a la información. Asimismo, incluye como anexo la Ley Modelo interamericana sobre Gestión Documental y su guía de implementación, elaborados por especialistas de la Subdirección de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte de España sobre la base del Modelo de Gestión Documental de la RTA impulsado por EUROsociAL+.  

    A lo largo de los procesos de trabajo, desde EUROsociAL+ se contribuyó además mediante la incorporación de la perspectiva de género, ​ ​siendo esta norma uno de los primeros instrumentos jurídicos del Sistema Interamericano en incluir dicha visión desde su gestación. ​ 

    Como destaca Gabriel del Piazzopresidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay (UAIP) (Presidencia de la RTA), “la Ley Modelo 2.0 tiene el valor agregado de recoger la experiencia de los órganos garantes de América Latina, que tuvieron la responsabilidad de implementar las leyes de acceso a la información en los últimos 10 años”.  

    La Ley Modelo se convierte así en una referencia a seguir por los Estados a efectos de mejorar las normativas, lineamientos y procedimientos internos de transparencia y acceso a la informaciónDesde el momento en que los 35 Estados de las Américas la han refrendado, están dando su reconocimiento que es necesario llegar a ese estándar. Para la ciudadanía y la sociedad civil organizada implica tener conocimiento de cuáles son los estándares a los que potencialmente su Estado podría llegar y poder así exigir procesos de elaboración de normas o políticas orientadas a alcanzar ese estándar.  

    Esta acción de EUROsociAL+ está alineada con la Agenda 2030, especialmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 16.10 (garantizar el acceso a la información), el 16.5 (reducir considerablemente la corrupción y el soborno), el 16.6 (crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas), y el ODS 17 (promover alianzas para lograr estos objetivos). 

    Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL + en la FIIAPP 

  • 17 octubre 2019

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    Posteado en : Opinion

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    EVALÚA y la reconstrucción tras el terremoto de 2016 en Ecuador

    Marta Monterrubio, especialista en Evaluación de Políticas Públicas en el proyecto Evalúa, nos habla sobre la evaluación llevada a cabo del terremoto que tuvo lugar en Ecuador en 2016

    En la elaboración de las Agendas Nacionales de evaluación, distintas finalidades entran en juego: la rendición de cuentas a la ciudadanía, la mejora de la política o programa evaluado, de su diseño o de su gestión, fomentar la transparencia como herramienta democrática, el aprendizaje institucional o gerencial. 

    En materia de Gestión de Riesgos de Desastres, esta evaluación tiene relevancia en todos los aspectos mencionados. Es una materia especialmente sensible: además de visibilizar las fuertes vulnerabilidades a las que está sometida una gran parte de la población mundial, son conocidos algunos casos por las lamentables carencias en la gestión de los fondos destinados a emergencia y reconstrucción. La opinión unánime de los especialistas, también recogida en el Marco de Sendai, es que en materia de riesgos de desastres contar con un sistema sólido de prevención marca la diferencia en los daños producidos, tanto en la pérdida de vidas humanas como en pérdidas materiales y de bienes básicos para la supervivencia de la población. También marcará la diferencia a la hora de afrontar la reconstrucción posterior. 

    El 16 abril de 2016, se registró un terremoto de magnitud 7,8 (Mw)3 en la costa Noreste de Ecuador Se contabilizaron 671 fallecidos y 6.277 heridos. Los daños alcanzaron a cuatro provincias y catorce cantones fueron declarados en estado de excepción.  

    Después de atender los primeros momentos de la emergencia, el gobierno ecuatoriano aprobó el Plan de Reconstrucción post Terremoto 2016, enmarcado en su normativa de Gestión de Riesgos y en el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR). El Plan de Reconstrucción tiene como fin la recuperación territorial, direccionar los procesos de reconstrucción y recuperación de los medios de vida post terremoto, bajo criterios de resiliencia y sostenibilidad, a través de las intervenciones y coordinación intersectorial y multinivel. 

    ¿Cuál ha sido la cobertura de la ayuda de emergencia y reconstrucción a la población en las zonas afectadas? ¿Cuántos núcleos familiares se beneficiaron de las ayudas y por cuánto tiempo? ¿Cómo y de qué manera se asignaron las ayudas de acogida, alquiler y alimentación? ¿Se atendió a la población más vulnerable? ¿Cuál es el grado de rehabilitación de las infraestructuras? ¿Cuántos establecimientos de salud pública fueron repotenciados rehabilitados y reconstruidos? ¿Cuál es el grado de satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención y los servicios médicos? ¿El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos de Ecuador es el idóneo para prevenir y gestionar desastres de esta naturaleza? ¿Qué mejoras deben llevarse a cabo para minimizar las consecuencias de posibles desastres futuros? 

    Son algunas de las preguntas que responderá la evaluación: transparencia, mejora, aprendizaje. 

    El equipo consultor contratado por EVALÚA ya ha finalizado el trabajo de campo. En pocas semanas tendremos las respuestas. 

  • 04 abril 2019

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    Posteado en : Entrevista

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    “El acceso a la información tiene un impacto positivo en todas las personas, también en los grupos vulnerables”

    Entrevistamos a Pansy Tlakula, la Alta Comisionada en Sudáfrica para el derecho de acceso a la información, durante la Conferencia Internacional de Comisionados de Acceso a la Información en la que también ha participado EUROsociAL+

    ¿Qué importancia tiene el derecho de acceso a la información pública para los derechos humanos y para la democracia?

     

    El acceso a la información es fundamental para el disfrute de los demás derechos. No se puede disfrutar de los derechos sociales y económicos sin el derecho de acceso a la información; y, además, es importante también para el derecho al voto. Por todo ello, es fundamental en el sistema de derechos humanos.

     

    Desde el punto de vista histórico, ¿cuál ha sido la importancia de este derecho para la ciudadanía sudafricana?

     

    En este caso, hay que recordar que venimos de una muy triste historia, la del apartheid y de la segregación racial. Por eso, en 1994, cuando obtuvimos la liberación, una de las primeras cosas que hicimos fue asegurarnos de que acabábamos con la “cultura del secreto”. En este sentido, una de las primeras leyes que adoptamos después de la liberación fue la de la promoción del acceso a la información.

     

    ¿Podemos reseñar algún caso relevante relativo a la información pública que haya sido históricamente importante en Sudáfrica?

     

    Creo que el caso más importante al respecto ocurrió el año pasado. Varias organizaciones de la sociedad civil habían pedido a los partidos políticos que divulgaran el origen de su financiación y, en un principio, estos se negaron. Entonces, una organización llamada “El derecho de saber” llevó el caso ante la justicia, quien determinó que el derecho de acceso a la información es fundamental para el derecho de voto. Y para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto, deben poder acceder a la información sobre la financiación de los partidos políticos.

    EUROsociAL+, el programa financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, ha presentado estos días su experiencia de apoyo a la Red de Transparencia en América Latina (RTA). En África, existe la idea de crear una red similar. ¿Cómo cree que podría contribuir la creación de una red similar en el continente?

     

    Creo que la red es muy importante y la colaboración entre países de África y América Latina es significativa porque se trata de cooperación Sur-Sur. Por ejemplo, estos días, cuando hemos celebrado nuestra primera reunión sobre el establecimiento de la Red Africana de Comisionados de Información, nuestros colegas de la red latinoamericana compartieron con nosotros la forma en que establecieron su red.

     

    Hablemos ahora de género y del derecho de acceso a la información: ¿qué importancia tiene este derecho para las mujeres en Sudáfrica y en toda África?

     

    Creo que es muy importante para las mujeres del mundo, por ejemplo, si observamos los derechos relacionados con la salud reproductiva y sexual; en este caso, las mujeres y las niñas no pueden disfrutar de estos derechos si no disponen de la información suficiente. Si cuentan con ella, podrán hacer frente a los desafíos específicos de salud que estas cuestiones conllevan.

     

    Y algunos de ellos pueden resolverse fácilmente dando a las mujeres acceso a información, por eso, este año, en la Conferencia Internacional de Comisionados de Acceso a la Información hemos presentado un panel que expone la importancia del acceso a la información para grupos vulnerables: cómo impacta en las mujeres o también en las personas con discapacidad. Personalmente, creo que el acceso a la información tiene un impacto positivo en todas las personas, también en los grupos vulnerables.

  • 07 febrero 2019

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    Posteado en : Entrevista

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    “Si los medios de comunicación juegan su rol, los ciudadanos seremos capaces de obligar a nuestros líderes a rendir cuentas”

    Shamima Muslim, especialista del proyecto ARAP, reflexiona en esta entrevista sobre el papel de los medios de comunicación cuando plantean temas de corrupción, particularmente en el caso de Ghana

    Como trabajadora de los medios de comunicación y especialista del proyecto  ARAP (Rendición de cuentas, Estado de Derecho y Anticorrupción de Ghana), financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, ¿crees que los medios de comunicación abordan el tema de la corrupción?

     

    Desde que empecé en los medios de comunicación, desde 2008, hemos venido reflexionando sobre esto. Incluso desde antes, la corrupción siempre ha sido un tema clave, especialmente en el tiempo electoral.  Todos los políticos, los partidos políticos, que hacen campaña y llegan al poder siempre lo tienen en el punto de mira, luchan contra la corrupción en sus discursos públicos y exhiben la necesidad de rendir de cuentas. Así que reconocemos que existe.

     

    ¿Y crees que los medios son sensibles a la corrupción?

     

    No hemos dado lo mejor. Bueno, a lo mejor hemos dado lo mejor, pero lo mejor no ha sido suficiente. Como los medios de comunicación son una industria de noticias, cuando aparece un nuevo gran tema de corrupción inmediatamente se cuenta todo, pero luego la gente continúa con su vida y sus problemas y para el siguiente informativo ya se han olvidado: creo que tenemos que desarrollar una cultura que sea ligeramente diferente a la cultura del puntero y Google, que es lo que hemos estado haciendo.

     

    ¿Crees entonces que los medios deben tener un rol más activo y más permanente en temas de corrupción?

     

    Los medios de comunicación tienen que hacer más de lo que están haciendo ahora mismo porque tanto los medios, como los que trabajamos en ellos, deberíamos ser los ojos de la sociedad.

     

    Los medios de comunicación masivos son una poderosa herramienta de socialización. Si los utilizamos de manera eficiente vamos a conseguir que los ciudadanos sean conscientes de muchas cosas: de los casos de fraude, de robo, de hinchamiento de contratos… De todas estas cuestiones que merman los recursos públicos e impiden a los actores del Estado hacer las inversiones correctas en los servicios sociales.

     

    Pero necesitamos apoyo, por ejemplo, apuntando hacia ciertos prescriptores clave de los medios de comunicación y haciéndolos parte de este proceso consistente en exigir responsabilidades a los líderes. Comunicadores que dirigen magazín de la mañana, profesionales que hacen programas de noche, profesionales que hacen informativos… Necesitas que sean parte del proceso. Y así conseguimos un aliado que tiene el poder del micrófono y que es capaz realizar las preguntas importantes. gracias al punto de vista que han adquirido.

     

    ¿Qué papel puede jugar la nueva comunicación, las redes sociales, en esa sensibilización?

     

    Información, información, información. Las redes sociales son el futuro, pero también debemos recordar que no todo el mundo está en las redes sociales. El acceso a Internet todavía es muy caro en la mayor parte de África y virtualmente inexistente en algunas comunidades. Así que, a lo mejor, no eres capaz de utilizar las redes sociales para una apropiada movilización general de la sociedad, de ciudadanos, procedentes de los diferentes estratos económicos. Especialmente si quieres una acción colectiva general.

     

    Pero aún así las redes sociales son muy útiles:  hemos visto lo que ha sucedido en Ghana. Hemos visto campañas en las redes sociales que han obligado al Gobierno a cambiar ciertas políticas. Cuando el gobierno quiere introducir una nueva política y nosotros decimos que es una mala idea… Hubo un caso donde el Gobierno decía: “si no haces el pago de tu licencia de televisión tendrás que ir a juicio. Todo esto trajo un gran revuelo público: fue una campaña hecha puramente en redes sociales. Influencers y gente joven de las redes sociales protestaron y protestaron. En unas horas, o un día o dos, se anunció que esa política no se iba a implementar.

     

    Así que las redes son una herramienta poderosa para movilizar a un cierto grupo de gente que comparte las mismas ideas, que están un poquito más informados. Hay algunas personas que son influencers en las redes sociales y que, cuando abren debates en sus muros, se generan discusiones.

     

    ¿Qué consigue la ciudadanía con todo esto?

     

    Si los medios de comunicación juegan su rol, nosotros, los ciudadanos, seremos capaces de obligar a nuestros líderes a rendir cuentas, porque ellos saben que los medios de comunicación les estarán vigilando, de forma permanente, hasta que las cosas se hagan bien.

     

  • 13 abril 2018

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    Posteado en : Reportaje

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    ¿Quién tiene el poder contra la corrupción?

    El proyecto ARAP Ghana apuesta por involucrar a la población desde las instituciones. El África subsahariana es, según Transparencia Internacional, la región peor valorada al respecto

     

    “Tener que pagar por algún servicio al que tengamos derecho, ¿crees que eso es corrupción?”, Bárbara Mensah pregunta a los ghaneses por uno de los problemas más relevantes de nuestro tiempo. Es una de los Oficiales de Educación Cívica encargados de investigar la percepción que se tiene sobre la corrupción en Ghana.

     

    “Voy a preguntar sobre ciertas prácticas, me contestas si piensas que es corrupción o no”, Jafaru Omar es otro de ellos. Con un cuestionario, varios enviados de la Comisión Nacional de Educación Cívica de Ghana (NCCE) recogen la opinión de los ciudadanos en diferentes zonas del país.

     

    Sobre el terreno, ya se deja entrever el resultado: tras 8672 respuestas, más de la mitad de los encuestados (58,4%) han sido testigos de alguna forma de corrupción. Henrrieta Assante-Sharpong es la directora de la investigación: “los resultados indican que aunque los ghaneses sean conscientes de la corrupción, tienen muy poco conocimiento de las diferentes formas en las que se puede ejercer”.

     

    La NCCE nació con el objetivo de sensibilizar a la población: “nuestras vidas están retrocediendo. No tenemos carreteras, no hay corriente eléctrica. Los recursos que se llevan a través de la corrupción se podrían haber utilizado para esos servicios”, comenta Aluliga Malpang, agricultor de la Comunidad Tengzuk. El África subsahariana es la región peor valorada en cuanto a corrupción, según el último informe de Transparencia Internacional.

     

    Cooperación frente a un contexto desfavorable

     

    El informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) clasifica 180 países y territorios según los niveles percibidos de corrupción en el sector público, usando una escala de cero a 100, donde cero es altamente corrupto y 100 muy transparente.

     

    Nueva Zelanda y Dinamarca ocupan los primeros lugares en 2017, con puntuaciones de 89 y 88 respectivamente. Siria, Sudán del Sur y Somalia tienen las puntuaciones más bajas con 14, 12 y 9 respectivamente. Ghana ocupa el puesto número 81, con 40 puntos. Una valoración por encima de la media de la región subsahariana (32 puntos).

     

     

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    No obstante, el estudio muestra que más de dos tercios de los países obtuvieron puntuaciones por debajo de 50. Transparencia Internacional trabaja global y localmente en más de 100 países del mundo: “dando voz a las víctimas de la corrupción, trabajando con gobiernos, empresas y ciudadanos para detener el abuso de poder o el soborno”. Y destaca que la mayoría de los países están haciendo poco o ningún progreso para acabar con la corrupción.

     

    Ghana no quiere que sea su caso. La iniciativa forma parte del programa ARAP Ghana, “Rendición de cuentas, Estado de Derecho y Anticorrupción de Ghana”. Un proyecto de apoyo a la transparencia que tiene como objetivo reducir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas del país africano. Durante 4 años y medio, la FIIAPP gestiona este proyecto financiado por la Unión Europea, en colaboración con GIZ (Alemania) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

     

    “Quiero ayudar a solucionar el problema de la corrupción”, Joseph Samuel Bebefiankom es estudiante en Kwashieman (Accra). Como él, otros ciudadanos: “se puede reducir, se puede rebajar”, “dará trabajo a mucha gente”, “aportará desarrollo a la nación”. Saben lo que quieren conseguir, pero no saben cómo.

     

    Diferentes instituciones públicas ghanesas como la NCCE, en colaboración con la FIIAPP, han diseñado una estrategia que involucra a la población, entre otros actores, en la lucha contra la corrupción. Una de las prioridades de ARAP Ghana es concienciarlos sobre la importancia de denunciarla.

     

    Más líderes comprometidos, menos corrupción

     

    El blog África no es un país recuerda a partir del mismo informe que “2017 ha visto la caída de varios gobernantes acusados de favorecer la corrupción”. Yahya Jammeh en Gambia, José Eduardo dos Santos en Angola, Robert Mugabe en Zimbabue y, ya en 2018, Jacob Zuma de Sudáfrica.

     

    George Obeng Obei es otro de los Oficiales de Educación Cívica: “la gente que no tiene demasiado nivel de educación no conoce cómo funcionan las cosas en las asambleas y en muchas instituciones. Pero creen que allí hay elementos de corrupción”, comenta. Que no sepan cómo se ejerce, no quiere decir que no la vean. Saben, perciben, según Obeng Obei, que las cosas sólo se consiguen con dinero. Y hay que cambiar esa mentalidad.

     

     

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    Actividad del proyecto ARAP Ghana

     

     

    Según Transparencia Internacional, es el momento para una “redefinición” del problema en África. Ya que en algunos casos, el IPC muestra un “futuro esperanzador” para el continente. A pesar de ser la peor región en conjunto, existen países con un progreso notable. Como Botswana (61), que obtiene una mejor puntuación que España (59).

     

    La clave, según la organización, es que estos países tienen “un líder político comprometido en la lucha anticorrupción”. Lo que les hace dar un paso más al asegurar el desarrollo de las leyes e instituciones al respecto. Ghana está haciendo esfuerzos en este sentido, el gobierno ha creado el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción de Ghana (NACAP) en el que se enmarca el proyecto.

     

    Si además se hace partícipe a la población, el éxito está más cerca. Lo sabe la presidenta de la NCCE, Josephine Nkrumah, que valora la investigación realizada en el país: “NCCE va a usar ese informe para crear actividades de educación cívica. Hay que involucrar tanto al sector público como al privado para ganar la batalla. Y más importante aún, hay que involucrar a cada ghanés y a cada ghanesa”.

     

    Ganar la lucha contra la corrupción” es el lema de la Unión Africana (UA) para 2018. Una frase que podría extrapolarse a casi todo el mundo. Y que parte de la premisa de que “la corrupción recompensa a aquellos que no cumplen con las reglas, destruyendo todos los esfuerzos de una gobernanza constructiva, justa y equitativa”.

     

     

    Recorre las zonas de la investigación en Ghana en este vídeo:

  • 19 octubre 2017

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    Posteado en : Opinion

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    Gobierno Abierto, Estado Abierto

    En estos días en los que la corrupción se ha convertido en un mal endémico, necesitamos más que nunca acercar las Instituciones a los ciudadanos, sus legítimos acreedores

    En estos días en los que la corrupción se ha convertido en un mal endémico que afecta directamente a la calidad democrática de nuestras sociedades, necesitamos más que nunca acercar las Instituciones a los ciudadanos, sus legítimos acreedores. Un elemento que contribuye a disminuir la fractura entre poder público y los ciudadanos es sin duda, el fomento de una cultura de transparencia y rendición de cuentas que devuelva la confianza en las Administraciones públicas.

     

    En este sentido una iniciativa interesante es la Alianza del Gobierno Abierto (Alianza OGP, por sus siglas en inglés) una iniciativa multilateral en la que participan 69 países, entre ellos España y Colombia, orientada a mejorar el desempeño gubernamental, fomentar la participación efectiva de la sociedad civil y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos.

     

    Cada estado miembro de la Alianza OGP se compromete a poner en marcha Planes de Acción plurianuales, aplicables transversalmente en sus Instituciones y principalmente en las competencias gubernamentales.

     

    Colombia está demostrando su compromiso con la transparencia ampliando la perspectiva de un “Gobierno Abierto” a un “Estado abierto”, incluyendo en esta iniciativa al Poder Judicial. En ACTUE Colombia llevamos tres años trabajando esta iniciativa en Colombia, apoyando tanto a la entidad coordinadora, la Secretaría de Transparencia, como fortaleciendo la capacidad técnica de la sociedad civil, de forma que puedan mantener un diálogo efectivo con el gobierno colombiano.

     

    Los Planes de Acción OGP están concebidos para construirse de forma participativa entre las distintas Administraciones Públicas (Administración General del Estado, Autonómica y Local) y la sociedad civil, en el que la participación de la ciudadanía tiene un rol fundamental en el desarrollo y éxito de esta Alianza.

     

    España, miembro de la OGP desde 2011, ha implementado hasta el momento dos Planes de Acción, de los cuales la sociedad civil demandaba más transparencia y participación. Dichas demandas han sido recogidas por la Audiencia Nacional, en una reciente Sentencia (SAN 3357/2017) en la que reconoce el Derecho de Acceso a la organización Access Info Europe y argumenta para ello jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH 8.11.16 y 25.06.13), que entiende este Derecho como fundamental y meritorio de una esfera de especial protección; por lo que si bien en nuestro país el Derecho de Acceso a la Información no ha sido reconocido como un Derecho Fundamental, en la práctica actual podemos hablar de un contexto esperanzador al respecto.

     

    En esta línea el III Plan de Gobierno Abierto, lanzado en junio de este año para el periodo 2017-19, ha introducido importantes mejoras al respecto, como así lo recomendaba el Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza; estructurado en cinco Ejes (Colaboración; Participación; Transparencia; Rendición de cuentas y Formación) ha sido elaborado incluyendo propuestas de las administraciones territoriales y Ministerios así como posibilitando la participación de la ciudadanía a través de la herramienta de información pública, en la que cualquier ciudadano podía hacer llegar sus propuestas a través del portal de transparencia, en el que se puede realizar el seguimiento de todas las Fases del III Plan.

     

    Asimismo como novedad se prevé la constitución de un Foro Multisectorial, en el que tendrán cabida representantes de la academia, de la sociedad civil y las Administraciones públicas para llevar a cabo el seguimiento del III Plan.

     

    Aún nos queda mucho por avanzar hacia la consecución de un Estado abierto, pero algo parece claro y es que nos encontramos ante un cambio de paradigma en cuanto a la construcción de políticas públicas, en el que el Acceso a la Información y la Transparencia, la Educación en cultura de integridad y el avance de un Gobierno en línea son elementos clave para que el ciudadano se convierta en sujeto activo en los procesos públicos de decisión y construcción de políticas y contribuya a mejorar la eficacia y eficiencia de nuestras Instituciones.

     

     

    Carolina Díaz es Técnico Jurídico del Proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia (ACTUE Colombia)