• 17 octubre 2019

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    EVALÚA y la reconstrucción tras el terremoto de 2016 en Ecuador

    Marta Monterrubio, especialista en Evaluación de Políticas Públicas en el proyecto Evalúa, nos habla sobre la evaluación llevada a cabo del terremoto que tuvo lugar en Ecuador en 2016

    En la elaboración de las Agendas Nacionales de evaluación, distintas finalidades entran en juego: la rendición de cuentas a la ciudadanía, la mejora de la política o programa evaluado, de su diseño o de su gestión, fomentar la transparencia como herramienta democrática, el aprendizaje institucional o gerencial. 

    En materia de Gestión de Riesgos de Desastres, esta evaluación tiene relevancia en todos los aspectos mencionados. Es una materia especialmente sensible: además de visibilizar las fuertes vulnerabilidades a las que está sometida una gran parte de la población mundial, son conocidos algunos casos por las lamentables carencias en la gestión de los fondos destinados a emergencia y reconstrucción. La opinión unánime de los especialistas, también recogida en el Marco de Sendai, es que en materia de riesgos de desastres contar con un sistema sólido de prevención marca la diferencia en los daños producidos, tanto en la pérdida de vidas humanas como en pérdidas materiales y de bienes básicos para la supervivencia de la población. También marcará la diferencia a la hora de afrontar la reconstrucción posterior. 

    El 16 abril de 2016, se registró un terremoto de magnitud 7,8 (Mw)3 en la costa Noreste de Ecuador Se contabilizaron 671 fallecidos y 6.277 heridos. Los daños alcanzaron a cuatro provincias y catorce cantones fueron declarados en estado de excepción.  

    Después de atender los primeros momentos de la emergencia, el gobierno ecuatoriano aprobó el Plan de Reconstrucción post Terremoto 2016, enmarcado en su normativa de Gestión de Riesgos y en el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR). El Plan de Reconstrucción tiene como fin la recuperación territorial, direccionar los procesos de reconstrucción y recuperación de los medios de vida post terremoto, bajo criterios de resiliencia y sostenibilidad, a través de las intervenciones y coordinación intersectorial y multinivel. 

    ¿Cuál ha sido la cobertura de la ayuda de emergencia y reconstrucción a la población en las zonas afectadas? ¿Cuántos núcleos familiares se beneficiaron de las ayudas y por cuánto tiempo? ¿Cómo y de qué manera se asignaron las ayudas de acogida, alquiler y alimentación? ¿Se atendió a la población más vulnerable? ¿Cuál es el grado de rehabilitación de las infraestructuras? ¿Cuántos establecimientos de salud pública fueron repotenciados rehabilitados y reconstruidos? ¿Cuál es el grado de satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención y los servicios médicos? ¿El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos de Ecuador es el idóneo para prevenir y gestionar desastres de esta naturaleza? ¿Qué mejoras deben llevarse a cabo para minimizar las consecuencias de posibles desastres futuros? 

    Son algunas de las preguntas que responderá la evaluación: transparencia, mejora, aprendizaje. 

    El equipo consultor contratado por EVALÚA ya ha finalizado el trabajo de campo. En pocas semanas tendremos las respuestas. 

  • 18 mayo 2017

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    Instituciones fuertes débiles

    Evaluación políticas públicas en América Latina.

    Hace tiempo tuve la ocasión de conversar con un oficial de investigación de la policía nacional de un país latinoamericano en una reunión a la que me invitaron en calidad de evaluador.

     

    Es mucho lo que se está haciendo en este ámbito con el apoyo técnico de instituciones, también españolas entre otras, y con el cuidado de no aplicar “modelos” de otros países en una realidad nacional totalmente ajena y extremadamente compleja. Estados Unidos, por ejemplo, se ha enfocado especialmente en los temas de narcóticos y las pandillas juveniles. En España, tenemos muchas experiencias, si bien puedo mencionar, por ejemplo, el trabajo realizado en Guatemala para disminuir el número de casos de delitos contra la vida y violencia contra las mujeres.

     

    El oficial con el que conversaba decía que en su país los policías tenían mucho estrés, que llevaban varios años haciendo su trabajo con gran presión y que a muchos de ellos les gustaría terminar de estudiar una carrera universitaria, hacer otra cosa, o, al menos, tener un mejor sistema de turnos que les permitiera descansar.

     

    También me contaba que habían aprendido que pocos delincuentes cometen muchos delitos, y que si hay, digamos, 10.000 víctimas de homicidios anuales éstas podrían ser atribuibles a unos 1.000 victimarios. Es decir, que con un poco de investigación, con buen criterio político y una mejor coordinación entre fiscales, jueces y policías el problema de la violencia y la inseguridad ciudadana se podía manejar mucho mejor.

     

    “No nos dejen solos”, me decía preocupado por los escasos apoyos que tenían internamente y por el hecho de que estos temas pudieran dejar de ser una prioridad para la cooperación. . Seguramente algunos así lo ven, cansados de apoyar una institucionalidad que podemos definir como débil-fuerte-ausente-presente.

     

    Débil, en lo que se refiere a la dirección estratégica puesto que muchas instancias trabajan en torno a los mismos temas de manera descoordinada: investigación criminal, fiscalía, jueces, sistema penitenciario, instituciones de lucha contra el crimen organizado… Fuerte, porque a veces estas instituciones solo contemplan como respuesta aceptada por la sociedad el meter a los jóvenes en las cárceles, lo cual no lleva sino a saturar las cárceles, donde por otro lado hay pocos tratamientos apropiados para salir del circulo de la violencia. Ausente, porque no hay policías o jueces allí donde se necesitan y no llegan a muchos lugares donde se sigue linchando a los delincuentes. Y, por último, presente, porque el gobierno tiene un gran afán de estar en los medios y demostrar que la inseguridad ciudadana es su gran prioridad, sin que sepamos bien a qué se refieren realmente.

     

    Evaluación de políticas públicas

     

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    Por eso es necesario mejorar nuestros diagnósticos apoyándonos en herramientas como la evaluación de políticas públicas, para tener la capacidad de mejorar los programas y hacer frente a estos desafíos que generan respuestas tan contradictorias desde las instituciones.

     

    Ya tenemos una larga experiencia de trabajo con muchas instituciones como para poder introducir la evaluación como un requisito para la realización de programas de cooperación para la reforma institucional, y también hemos generado la confianza necesaria que permite hacer análisis no solo de tipo cualitativo sino también cuantitativo, con líneas de base y encuestas después de varios años.

     

    A simple vista parece más fácil cuantificar el impacto de la ayuda cuando se trata de programas sociales, o de reducción de la pobreza, que es donde tradicionalmente se han venido realizando este tipo de evaluaciones, pero si lo observamos con atención desde el ámbito institucional y, más concretamente, del desarrollo de capacidades hay muchas opciones interesantes.

     

    Si se diseñan los programas desde el principio con el objetivo de ser evaluados, podríamos decir qué impacto tiene sobre el rendimiento de los policías, por poner un ejemplo, el que se haga un tipo de formación u otro, y eventualmente, qué impacto tiene sobre el cambio institucional y la reducción del crimen, que es de lo que se trata. También sería un gran avance, y estamos en condiciones de hacerlo, saber qué efecto tiene la capacitación de unidades de investigación criminal sobre la variable impunidad, es decir, en cuánto ayuda nuestra cooperación en lo que se refiere a resolución de casos y la capacidad de llevarlos a juicio.

     

    De esta manera las propias instituciones serán más conscientes de los límites y oportunidades que se plantean para poder desarrollar reformas de mayor escala y para ir construyendo una nueva cultura de desarrollo institucional.

     

    Miguel Angel Lombardo trabaja desde FIIAPP en la cooperación sur sur para la evaluación de políticas públicas en América Latina.