• 11 noviembre 2021

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    La cooperación internacional lucha contra los paraísos fiscales

    El escándalo de los papeles de Pandora evidencia la necesidad de que las políticas públicas actúen como brazo ejecutor para evitar el fraude fiscal

    Zeus lo habría tenido hoy más difícil para que Pandora mantuviese cerrada su caja. No tanto por ella y su insaciable curiosidad como por la conquista casi definitiva del derecho a la información por parte de los mortales. Las leyes de transparencia, que avalan el derecho de la ciudadanía a saber, se abren paso en numerosos países y se están convirtiendo en punta de lanza del Estado de derecho moderno. Ya no solo pueden hacer preguntas policías y fiscales: cualquier persona tiene los medios para inquirir en qué se gasta el dinero público, cómo se llenan las arcas del Estado e incluso, cada vez más, tener una voz directa a la hora de decidir el destino de algunos de estos fondos. Y esto solo puede ser positivo para la gobernanza democrática.

    La información, esta vez liberada por una investigación periodística, es poder. Más allá de las “listas negras” de evasores, del debate sobre legalidad versus legitimidad de la planificación fiscal para pagar menos impuestos y sobre el deber de ejemplaridad de políticos y figuras públicas, la información es una herramienta muy poderosa para crear sistemas fiscales justos y cerrar el paso a la evasión fiscal.

    Solo en América Latina este fenómeno resta a las arcas de los Estados 325.000 millones de dólares al año, el 6,1% del Producto Interior Bruto de la región. Esto supone aproximadamente una cuarta parte de la recaudación de los Estados y un pellizco importante a los sistemas púbicos y a las políticas de redistribución. No es una cuestión de caja, es una cuestión del volumen y la calidad de los servicios públicos que recibimos y, en definitiva, de cohesión social.

    Por nuestro trabajo he constatado los avances que se han dado en este sentido a nivel global, y concretamente en América Latina, en materia de cooperación internacional para luchar contra los paraísos fiscales. Sirvan como ejemplo la Declaración de Punta del Este de 2018, una iniciativa latinoamericana para maximizar el potencial del uso efectivo de la información intercambiada bajo los estándares internacionales de transparencia fiscal; las normas de Intercambio de Información Previa Petición, que permiten a las administraciones tributarias obtener información específica de las autoridades homólogas en otras jurisdicciones; o las de Intercambio automático de información, que exigen a las instituciones financieras que comuniquen a la administración tributaria competente toda información que esté en su poder sobre las cuentas financieras abiertas por parte de la ciudadanía no residentes. Pero la reticencia de algunos países de adherirse a las normas internacionales y el hecho de que algunos territorios hayan hecho de su laxa regulación no solo un lucrativo negocio, sino su misma razón de ser, ralentizan el ritmo de avances en la lucha contra el fraude fiscal. Hay que tapar esta vía de fuga mediante políticas públicas y cooperación internacional.

    A la par, es fundamental seguir avanzando en la aplicación de las leyes de acceso a la información pública, que están provocando una verdadera revolución de la información. La digitalización podría tener también implicaciones positivas para el abordaje de este tipo de delitos. La aprobación en el marco de la Organización de Estados Americanos, de la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública, que incorpora estándares de vanguardia, va a marcar un hito ya que se espera que este marco normativo incremente los niveles de transparencia en la gestión pública y permita una efectiva lucha contra la corrupción al tiempo que promueve la competencia abierta, las inversiones y el crecimiento económico.

    Las políticas, las leyes y el multilateralismo no tienen como objetivo cerrar cajas como las de Pandora. Pero pueden marcar un cauce para acotar o cerrar el paso a males por desgracia demasiado frecuentes entre los mortales como la evasión fiscal.

     

    Sonsoles Mories, directora de Desarrollo Económico y Medio Ambiente en la FIIAPP

    Sonia González, Coordinadora Gobernanza Democrática Programa EUROsociAL+ en la FIIAPP

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  • 07 octubre 2021

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    Recuperación digital y sostenible: la apuesta por una digitalización justa

    ‘La FIIAPP debe constituir su visión de digitalización con enfoque humano, sin concebir la digitalización como un fin en sí mismo, si no como una palanca para ayudar más y mejor a la ciudadanía’.

    En el siglo XXI, las tecnologías digitales están cambiando profundamente las sociedades, la vida cotidiana y las formas de trabajo. Todo ello se dinamizó como respuesta a la crisis del Coronavirus (Covid-19) que puso de manifiesto la necesidad de aumentar la coordinación de los esfuerzos internacionales, tanto para aprovechar las ventajas de la era digital como para gestionar sus posibles obstáculos.  

    En este sentido, la Unión Europea ha emprendido un camino para la transición verde, justa y digital de tal manera que el Pacto Verde Europeo y las respuestas a la crisis sanitaria han estado vinculadas a la sostenibilidad y a la digitalización. El objetivo es dar forma a economías digitales que pongan a las personas en el centro, protejan los derechos fundamentales de la ciudadanía y ofrezcan igualdad de oportunidades a todas y todos.  Por su parte, España ha legislado para acelerar los procesos desde las carteras de Transición Ecológica y Digitalización e Inteligencia Artificial 

    La principal respuesta de la Comisión Europea en el sector digital fue la puesta en marcha del D4D Hub, (Centro de Digitalización para el Desarrollo), que inauguró una nueva era para la cooperación mundial en materia de desarrollo digital. El D4D Hub implementa la “2030Digital Compass: the European way for the Digital Decade” con un enfoque Digital4Development , esta nueva visión tiene como objetivo promover nuevas asociaciones internacionales en materia de transformación digital como #TeamEurope. 

    España es una de los 11 Estados Miembros parte del D4D Hub y la FIIAPP, como Fundación estatal pública de la cooperación española y europea ha sido miembro activo de las distintas comisiones de Hub durante el último año. El D4D Hub reúne a Estados miembros europeos y las agencias implementadoras, la CE, el Banco Europeo de Inversiones y las instituciones financieras europeas, las organizaciones de la sociedad civil, el mundo académico y los socios del sector privado. El Hub aspira a establecer asociaciones digitales estratégicas e impulsar inversiones conjuntas entre Europa y los países socios de todo el mundo que contribuyan a reducir las brechas digitales, incluida la brecha digital de género, garantizando un enfoque basado en los derechos humanos para un desarrollo sostenible.  

    Digitalización con enfoque humano

    Sin embargo, la FIIAPP debe constituir su visión de digitalización con enfoque humano. Es decir, no concebir la digitalización como un fin en sí mismo, si no como una palanca para ayudar más y mejor a la ciudadanía. La digitalización transformará y aumentará nuestro impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)¹ y nuestras actuaciones en los proyectos en los que participamos. Nuestra principal tarea será poner en contacto a los diferentes actores del sector para estimular el intercambio de conocimientos y crear asociaciones innovadoras para “Poner a las personas en primer lugar”. Una estrategia D4D deberá ir en línea con la Cooperación Española y todos sus actores y en estrecha cooperación con nuestros socios internacionales, la Comisión Europea, otros Estados miembros de la UE, organizaciones multilaterales, bancos de desarrollo etc.  

    Dado que la digitalización crea tanto oportunidades como retos que trascienden las fronteras, la cooperación internacional es una dimensión clave para aprovechar al máximo la transformación digital a nivel local, nacional e internacional. Desde la FIIAPP utilizamos y entendemos que las herramientas digitales pueden dotar a los Estados de nuevas capacidades y hacerlos más creíbles, inclusivos, eficientes e innovadores lo cual se encuadra. Sin embargo, la transformación digital también conlleva riesgos para el desarrollo inclusivo, el aumento de las disparidades entre los países y dentro de ellos, la ampliación de las brechas digitales, la automatización de los puestos de trabajo y los problemas de seguridad y privacidad. De ahí la importancia de poner al ser humano en el centro del desarrollo de la digitalización. 

    La digitalización puede desempeñar un papel importante en todos los sectores en los que actúa la FIIAPP. Esto incluye la salud, la educación, la agricultura y la seguridad alimentaria, las infraestructuras básicas, el agua y el saneamiento, la gobernanza, la protección social, los servicios financieros y otros. También puede contribuir a los objetivos transversales en materia de género y medio ambiente. A través del área de Desarrollo Económico y Medio Ambiente se está construyendo una Estrategia de Digitalización y aportando activamente para la constitución del D4D Hub América Latina.  

    Empecemos este nuevo camino digital y sostenible mejorando sistemas públicos para las personas y el planeta. 

    Alba Rodríguez Díaz, Técnica de Proyectos Área de Desarrollo Económico y Medio Ambiente.  

     ¹ La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible subraya la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en los países en desarrollo como potentes facilitadores del crecimiento. La referencia a las TIC puede encontrarse explícitamente como una meta en el ODS 9 “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”, mientras que las TIC también se mencionan en las metas relacionadas con el cambio climático (ODS 13, 14 y 15), la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ODS 5), el desarrollo del sector privado (ODS 8), la educación (ODS 4) y la salud (ODS 3). 

     

  • 09 septiembre 2021

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    La sociedad civil: socia clave en la lucha contra el racismo y la intolerancia

    Las organizaciones y grupos de la sociedad civil (OSC) son esenciales en el campo de la promoción de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación.

    Imagen de recurso

    Florencia Gaya, especialista del proyecto ‘Convivir sin discriminación’  y apoyo técnico al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), desgrana el papel fundamental que en su opinión tienen las Organizaciones de la Sociedad Civil para construir sociedades más tolerantes y combatir el racismo y la discriminación.

    El valor del trabajo de las OSC y el papel crucial que desempeñan han sido ampliamente reconocidos por organismos internacionales y europeos, quienes sostienen, muy a menudo, la necesidad de generar sinergias y colaborar activamente con estos agentes para conseguir avances significativos en la lucha contra el racismo y la discriminación¹.

    El proyecto “Convivir sin discriminación” financiado por la Unión Europea, en el que FIIAPP participa, junto con la AECID y el OBERAXE, como institución codelegada, comparte esta visión y propósito, apoyando y reforzando las capacidades de las organizaciones no gubernamentales marroquíes que trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos humanos para que impulsen acciones o prosigan con su importante labor de sensibilización, de vigilancia y notificación de incidentes racistas y xenófobos, y/o de asistencia a las víctimas de estos hechos.

    Las OSC: socias clave en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación

    Las OSC trabajan con los colectivos más vulnerables susceptibles de sufrir este tipo de actos, conocen de primera mano su situación y necesidades, dan voz a las personas y grupos que sufren la discriminación racial o étnica, les asisten y acompañan en la reclamación de sus derechos.

    Las OSC contribuyen, asimismo, a concienciar a la sociedad en su conjunto, a poner en evidencia el problema, a señalar las múltiples formas en que se manifiesta el racismo y la discriminación racial en distintos espacios y ámbitos.

    Las OSC supervisan las actividades de los Gobiernos, exigen a las autoridades estatales que actúen para corregir las desigualdades y, por su rico conocimiento y experiencia del terreno, ofrecen asesoramiento a los y las responsables políticos y orientaciones guía sobre cuál debe ser el camino a seguir, colaborando, de manera activa, en la formulación de políticas públicas, medidas y estrategias nacionales de acción en esta materia.

    Estas y otras razones las convierten en piezas clave en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Cooperar con las organizaciones de base que están en el terreno, generar alianzas y establecer un dialogo estrecho con las personas y comunidades afectadas por estas prácticas es fundamental para abordar y responder de manera adecuada a las situaciones de racismo, discriminación racial e intolerancia propias de cada país y contexto.

    El papel de la sociedad civil en la lucha contra el racismo y la intolerancia

    En función de su naturaleza, características, tamaño, objetivos, escala o nivel en el que actúan, las OSC pueden desarrollar múltiples tareas para prevenir y combatir la discriminación y la intolerancia. Entre las estrategias y vías de acción que emplean más habitualmente se encuentran:

    La educación, sensibilización y concienciación: a través de campañas de sensibilización y movilización social, de acciones de educación en derechos humanos o de la publicación y difusión de recursos, guías y documentos temáticos en la materia. Estas acciones pueden llevarse a cabo a escala internacional, nacional o local, en solitario o en asociación con otras organizaciones y organismos, y dirigirse a distintos grupos de destinatarios/as (grupos afectados, profesionales clave de distintos sectores, a toda la ciudadanía).

    La formación, capacitación y empoderamiento: las OSC pueden desempeñar un papel primordial en la formación de, por ejemplo, agentes clave (fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, operadores/as jurídicos, profesionales de la intervención social o de la comunicación, profesionales de los centros de enseñanza…) para sensibilizar sobre la realidad del racismo, promover una mejor comprensión de este fenómeno y dotarles de herramientas apropiadas para combatirlo. Pueden, además, empoderar a las víctimas potenciales y a los colectivos que trabajan con ellas para que conozcan sus derechos, las vías y recursos disponibles para hacerlos valer.

    El acompañamiento y asistencia a las víctimas: las OSC pueden proporcionar información y asistencia a las víctimas, asesorándoles y apoyándoles sobre los pasos a seguir para hacer frente a estas situaciones.

    La denuncia: las OSC pueden, igualmente, denunciar o acompañar a las víctimas en la denuncia de estos actos frente a los tribunales (incluido el acompañamiento para litigar frente a estos casos y el llamado litigio estratégico).

    El monitoreo, registro y notificación de incidentes: las OSC pueden desarrollar sistemas de recogida de información sobre incidentes de discriminación, racismo, xenofobia e intolerancia. Pueden recopilar información, investigar, documentar los casos y elaborar informes que den cuenta del estado de situación, de la naturaleza y magnitud del problema. La recopilación y sistematización de información puede servir como herramienta para influir, para respaldar y argumentar la necesidad de cambios en las políticas y/o prácticas existentes.

    El asesoramiento y asistencia técnica: por su valioso conocimiento y experiencia, las OSC pueden prestar asesoramiento y formular recomendaciones y orientaciones a instituciones y organismos públicos y privados.

    La incidencia: las OSC pueden, igualmente, realizar acciones de incidencia dirigidas a las autoridades de distintos niveles para que adopten medidas orientadas a prevenir y combatir estas prácticas, pueden hacer un seguimiento de las políticas y la legislación en materia de igualdad y no discriminación y ayudar a definir y mejorar estas medidas.

    El trabajo en red: además, las OSC pueden trabajar en asociación con otras organizaciones y agentes clave para sacar el máximo provecho, coordinar más eficientemente los esfuerzos realizados y aumentar la eficacia de sus acciones.

    Algunos ejemplos de estas actuaciones fueron presentados el pasado 9 de julio en un encuentro inédito entre organizaciones de la sociedad civil española y marroquí para favorecer el intercambio de experiencias en la lucha contra el racismo y la xenofobia².

    Organizaciones relevantes de ambas orillas como “Movimiento contra la intolerancia”, Asociación Rumiñahui y el Grupo Antirracista de acompañamiento y defensa de las personas extranjeras y migrantes (GADEM) dialogaron y dieron a conocer su visión sobre el modo en que las OSC pueden contribuir y los ejes estratégicos que pueden impulsar para alentar procesos de cambios duraderos en esta materia.

    Escucharlas siempre resulta útil e inspirador: su compromiso sostenido, su conocimiento especializado, sus reflexiones y aprendizajes construidos a lo largo del tiempo actúan como desencadenante, motivan y ayudan a que otras organizaciones y personas quieran sumarse a esta causa.

    Unidas, vamos más lento

    pero lo hacemos mejor

    “Unidas, vamos más lento, pero lo hacemos mejor” o por qué construir alianzas para hacer frente al racismo y la discriminación

    Las prácticas racistas, discriminatorias e intolerantes están profundamente arraigadas en nuestras sociedades. Contribuir a resolver estos problemas es una responsabilidad compartida que exige esfuerzos conjuntos y continuos por parte de las instituciones, las agencias especializadas, los y las interlocutoras sociales, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

    En este sentido, existe un consenso de que para hacer frente a estos problemas con mayor eficacia es imprescindible establecer instrumentos y dispositivos de coordinación entre agentes públicos pertinentes, colaborar con las OSC, así como favorecer espacios de trabajo conjunto.

    De aquí la importancia de establecer alianzas, redes o coaliciones para hacer frente al racismo y la discriminación. Principalmente, porque juntas y juntos conseguimos más que por separado, amplificamos el impacto de nuestras acciones, y porque “unidas, vamos más lento, pero lo hacemos mejor”.

    Así lo destacaron, en un encuentro virtual celebrado hace unas pocas semanas³, las representantes del “Servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica” del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDRE) y de la Red Eraberean para la igualdad y la no discriminación promovida por el Gobierno Vasco; dos servicios públicos, uno de ámbito estatal y otro autonómico, que se apoyan en el trabajo de organizaciones no gubernamentales especializadas para la identificación, registro, e investigación de incidentes discriminatorios y para ofrecer asistencia a las víctimas de estos hechos.

    Dos ejemplos de buenas prácticas españolas de trabajo en red en la lucha contra el racismo, la discriminación y la xenofobia, a partir de las cuales pudimos reflexionar sobre las ventajas y desafíos que presentan estos modelos de trabajo colaborativo entre instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

    Gracias a sus interesantes aportaciones, somos más conscientes del valor añadido que aportan las OSC a la lucha contra la discriminación y la intolerancia, de la necesidad de aunar esfuerzos que nos permitan complementar el trabajo, mejorar las herramientas y metodologías disponibles para prevenir y erradicar estas prácticas, llegando así mucho más lejos.


    ¹Órganos especializados de Naciones Unidas, así como la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA), la Red europea de organismos de igualdad de trato (Equinet) o la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE han destacado la función esencial y la importancia de trabajar con las organizaciones de la sociedad civil para responder con mayor eficacia a las manifestaciones de racismo,  xenofobia,  discriminación y otras formas de intolerancia.

    En esta misma línea, más recientemente, el “Plan de Acción de la UE Antirracismo” para el período 2020 -2025, aprobado el pasado 18 de septiembre, subraya e insta a los Estados miembros a dialogar y colaborar más activamente con las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a promover la inclusión, los derechos fundamentales y la igualdad y a garantizar que se escuchen las voces de las personas que sufren el racismo a diario y a aprender de ellas.

    ²Encuentro virtual “La sociedad civil y la lucha contra el racismo y la xenofobia en España y Marruecos”, celebrado el 9 de julio en el marco del “Foro para el intercambio de experiencias con la sociedad civil”.

    ³Encuentro virtual para la presentación de experiencias españolas de trabajo en red y cooperación para luchar contra la discriminación racial o étnica, el racismo y la xenofobia, celebrado en el marco del proyecto el pasado 28 de abril.

  • 06 mayo 2021

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    Fiscales y FIIAPP: de lo público para lo público

    Borja Jiménez Muñoz, Fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado escribe este artículo de opinión en el que ahonda en el trabajo de la Fiscalía y su participación e implicación en proyectos de cooperación para una mejora de los sistemas judiciales de todo el mundo.

    El eslogan de la FIIAPP “de lo público para lo público” reconforta.  Transmite un objetivo colectivo, de colaboración institucional, ajeno a intereses particulares y nos hace sentir que lo que hacemos en conjunto es positivo y puede tener un impacto efectivo en la mejora de sistemas judiciales en distintos lugares del mundo, porque lo hacemos desde lo público. Lo sé por propia experiencia, como exconsejero residente de un Twinning en Serbia que me hizo conocer a la FIIAPP, hacer extraordinarios amigos y vincularme con la visión del Fiscal español como un profesional especializado que puede exportar la mejor imagen de España.

    La Fiscalía es veterana en estas tareas de cooperación institucional y la colaboración de la Fiscalía española con la FIIAPP comienza casi desde su creación en 1998 y ha ido creciendo gestionada a través de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado (UCIF). Puedo afirmar que nuestra relación es permanente, compleja y positiva y, por supuesto, pública.

    Es permanente porque, pese a que tenemos una plantilla escasa, formada únicamente por 2571 fiscales – nada comparable con el número de otros colectivos del ámbito de Justicia como jueces, letrados de la Administración de Justica o policías, entre otros – y, de ellos, no más de 30-40 participan en actividades internacionales; nuestra presencia en los proyectos de Justicia y también de Interior es muy relevante: no solo contamos en la actualidad con cuatro Fiscales en el extranjero o de plantilla de FIIAPP coordinando hermanamientos, proyectos de cooperación delegada o asimilados, sino que la participación en misiones de corto plazo es permanente. Por ejemplo, el pasado año 2020, pese a la pandemia, alrededor de 30 fiscales españoles participaron en sendas misiones de FIIAPP, sin contar la participación con otras instituciones, como AECID, las propias actividades derivadas de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) de la que la UCIF ostenta la secretaría general y proyectos de la UE como EUROMED, entre otros. Esto implica compromiso.

    Es compleja. Quienes estamos detrás de la gestión somos personas que respondemos a perfiles institucionales distintos y participamos de culturas corporativas diferentes. El Ministerio Fiscal no tiene como objetivo cooperar en el extranjero, nuestra función es la promoción de la acción de la Justicia y su visión originaria nada tenía que ver con los retos actuales en el exterior. Hoy contamos con una Fiscal de la máxima categoría profesional (Fiscal de Sala) a cargo de la cooperación internacional, convencida de la importancia de esta cooperación técnica. Y también de una Unidad de la Fiscalía General dedicada a ello, que engloba la cooperación judicial penal y la cooperación institucional con terceros países, lo que es un logro que nace de un compromiso personal de unos pocos fiscales que creyeron en lo que hoy parece una obviedad. El diálogo de esa estructura con la de la FIIAPP genera complejidad, en aspectos como diseño de actividades, cuestiones de recursos humanos, relaciones institucionales… La complejidad provoca dificultades, pero la clave es el entendimiento, que existe, a pesar de los escasos recursos humanos que la UCIF dispone para desarrollar su labor.

    Es positiva. La FIIAPP ha hecho que la Fiscalía española crezca y se proyecte hacia el exterior y le ha permitido desarrollar la posibilidad de expandir en el mundo el conocimiento y la experiencia de una institución que ofrece la especialización como uno de sus principales activos, permitiéndonos crear y reforzar Fiscalías hermanas y otras instituciones, a través de hermanamientos y otros proyectos. Sin ánimo de ser exhaustivo, hemos estado en primerísima línea en Eslovaquia, Polonia, Albania, Croacia, Serbia, Perú y, ahora de nuevo, en Albania, Marruecos, Colombia, sin olvidar la participación permanente en misiones en Iberoamérica, este de África, Mozambique… De este modo, nuestras ideas han podido dar fruto. Sé lo que digo. Creemos que FIIAPP se ha beneficiado igualmente de este impacto.

    Es pública. El eslogan es un permanente recuerdo de algo esencial: la FIIAPP es el vehículo de la cooperación española y la Fiscalía como institución pública desarrolla su misión exterior al amparo de esa cobertura. Los Fiscales españoles no participan de misiones gestionadas por consultorías privadas, salvo excepciones que pudieran justificarse, en el entendimiento de que los servidores públicos no pueden hacer competencia a instituciones públicas prestando servicio a empresas que compiten por un mismo proyecto. De lo público a lo público significa esto y nos honra defenderlo.

    ¿Qué esperamos del futuro? Mantener la intensidad de nuestra cooperación y poner en valor a la Fiscalía española como una institución capaz de mostrar en el exterior lo mejor de España. Para eso necesitamos a la FIIAPP. Pero también necesitamos más visibilidad y avanzar en una relación más profunda. Tenemos experiencias compartidas de que los proyectos se ganan solo si se plantifican bien, si se conoce a los beneficiarios, si se selecciona y se cuida adecuadamente a los expertos, si el equipo de la FIIAPP es cualificado y flexible y por ello es necesario establecer nuevas fórmulas de relación.

    La FIIAPP y nosotros, nosotros y la FIIAPP. Un entramado complejo, necesario, útil que nos hace volar. Que dure.

    Borja Jiménez Muñoz. Fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado

  • 08 abril 2021

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    De las ‘Mesas COVID-19′ a las ‘Mesas Equipo Europa’

    El contexto de crisis sanitaria que atravesamos brinda la oportunidad de apostar por una cooperación enfocada en el diálogo acerca de las políticas públicas. Un diálogo basado en valores compartidos que se transforme en resultados constatables y construya sociedades más justas y prósperas poniendo en el centro cuestiones como la cohesión social, la igualdad de género o la agenda verde

    La evolución de la COVID19 nos ha demostrado que esta pandemia y la crisis que le viene asociada necesitan respuestas rápidas, coordinadas y sobre todo globales que permitan proteger a las personas y enfrentarse a las consecuencias socioeconómicas que se están observando en todos los países del mundo. Y es que, aunque este virus no ha entendido de fronteras, cabe destacar la desigualdad con la que parece afectar a la población.  

    Observamos desigualdades en múltiples dimensiones y ámbitos: en el riesgo de contagio, en el acceso a la educación debido a la brecha digital, desigualdad en el acceso a los servicios de salud, o a la hora de permitirse estar confinados en sus hogares. Esta realidad ha sido aún más visible en algunos de nuestros países socios, especialmente en América Latina, dónde Naciones Unidas estima que el PIB real ha disminuido un 8% en 2020 debido a los prolongados cierres nacionales, el debilitamiento de las exportaciones de mercancías y el colapso del turismo, que ha socavado las actividades económicas1. 

    Ante esta situación, la Unión Europea ha reaccionado redoblando el compromiso con sus socios. Por este motivo, se ha creado el Equipo Europa, una iniciativa que nace para dar una respuesta global a las consecuencias de la pandemia de la mano de nuestros países socios, apoyando y abordando cuestiones clave como la cohesión social, los derechos humanos, la calidad democrática, la digitalización, la igualdad de género o el medio ambiente. 

    Se trata de contribuir a la gestión global de la crisis, brindando una respuesta europea conjunta, organizada y coordinada; aunando los esfuerzos de la Unión Europea y sus Estados miembros –   incluidas las agencias de cooperación – y las instituciones financieras de desarrollo.   

    Siguiendo el enfoque Working Better Together”, la Comisión Europea lanzó en mayo de 2020 un ejercicio piloto llamado Mesas COVID19 liderado por las Delegaciones de la Unión Europea en Argentina, Costa Rica y Ecuador junto con los gobiernos de cada uno de estos tres paísesEsta iniciativa trabaja en la identificación de las demandas derivadas de la emergencia sanitaria, para poder priorizarlas en un ejercicio conjunto con el gobierno del país socio y así canalizar la respuesta de los actores europeos de manera estructurada y coordinada según las capacidades y especialidad de cada actor.  

    Gracias al trabajo estrecho realizado junto a los puntos focales de cada país, se está facilitando una puesta en común de todos los actores relevantes en las distintas facetas y niveles en los que se han constatado las consecuencias devastadoras de la pandemia. 

    El objetivo no es sino dar una respuesta conjunta de la UE en el país socio fortaleciendo acciones para la recuperación socioeconómica, la recuperación verde, digital o la seguridad alimentaria.  

    Las agencias implementadoras de los Estados miembros, como la FIIAPP son parte del Equipo Europa. Así, la FIIAPP ofrece una asistencia técnica a las Delegaciones de la UE de Costa Rica y Ecuador, coordinando las mesas piloto en estos dos países.   

    Tras varios meses de trabajo conjunto, los avances son muy destacables y las lecciones aprendidas de gran valor. A lo largo de este proceso de diálogo se ha puesto el foco en la recuperación pospandemia y en reconstruir mejor, con la vista puesta en los sectores y grupos más afectados.  

    Mediante un diálogo específico en cada país, con metodología flexible y basado en la reorientación de actividades ya en marcha de los Estados Miembro, agencias y programas de cooperación de la UE como EUROsociAL+EUROCLIMA+EL PAcCTOBridging the Gapse está consiguiendo: 

    • Una mayor coordinación y coherencia en la respuesta del Equipo Europa 
    • La apropiación tanto de los actores europeos como de las instituciones de los países socios. Se observa un gran compromiso por parte de todos los actores implicados, reconociendo el valor añadido de un diálogo sectorial, multi-actor y entre pares.  
    • Profundizar en la comprensión mutua de las necesidades, demandas, intereses y posibilidades de respuesta. Por ejemplo, se ha puesto de manifiesto que la Agenda Verde, la gobernanza, la digitalización o las desigualdades son temas importantes en la agenda bilateral, regional y birregional de América Latina y Caribe.

    Esta respuesta conjunta ha resultado ser la materialización del Equipo Europa, permitiendo ofrecer respuestas articuladas, coordinadas, coherentes y flexibles a necesidades especialmente urgentes como la que representa la pandemia provocada por la COVID19.  

    Que nadie se quede atrás es la misión del Equipo Europa y, para ello, la cooperación internacional es más necesaria que nunca. Nos encontramos ante una coyuntura óptima para reforzar lazos e intercambiar conocimientos y experiencias que nos serán muy útiles a todos.  

    Estamos ante la oportunidad de impulsar, cooperando en torno a valores compartidos de las dos regiones, una transición hacia una verdadera cohesión social, hacia instituciones democráticas sólidas que impulsen la revolución digital, la igualdad de género y el empujón definitivo que necesita la Agenda Verde. 

    Quizás podamos pasar de este ejercicio piloto centrado en la COVID19 hacia una metodología de trabajo y una forma de relacionarse entre la cooperación europea y los países socios: ir de las Mesas COVID19 a las Mesas Equipo Europa, traduciendo el principio “policy first” en un mecanismo estructurado para el diálogo conjunto, la implementación conjunta y la asociación. 

    Una tarea difícil, sin duda, pero con la que FIIAPP, aportando su granito de arena, está comprometida. 

    Sigamos construyendo juntos nuestro futuro. 

    Mariana Fernandez,  Unidad de Apoyo a la Dirección en la FIIAPP

  • 18 marzo 2021

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    Por unas políticas de reconstrucción que no dejen a nadie atrás

    El cambio climático ha situado a tres de cada diez viviendas de Centroamérica y el Caribe en situación de riesgo. A esta vulnerabilidad ambiental se ha de añadir la vulnerabilidad social agudizada por los efectos de la pandemia.  Urge, por tanto, poner en marcha políticas integrales para reducir las desigualdades y mitigar la pobreza.

    Pueblo Nuevo, un barrio del distrito de Pavas en San José de Costa Rica

    La COVID-19 no afecta igual a todas las personas. Y no afecta igual en todos los territorios. Casi el 60% de la población de Centroamérica vive en zonas urbanas, muchas de ellas no planificadas, según los cálculos de ONU-Hábitat. Barrios con altos grados de hacinamiento, dispersos, mal conectados y sin apenas servicios e infraestructuras cuya población ha visto incrementada su vulnerabilidad a causa de la pandemia. Específicamente, el impacto en los asentamientos informales ha sido mayor a causa de la inaccesibilidad al agua potable para una correcta higienización, el hacinamiento en viviendas y la dificultad de acceso a los servicios sanitarios. Además, la pandemia ha tenido importantes efectos negativos en la economía familiar ya que muchas personas que viven en asentamientos trabajan en la informalidad, fundamentalmente las mujeres. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, 126 millones de mujeres trabajan de manera informal en América Latina y el Caribe. Lo que supone casi el 50% de la población femenina de la región.

    “Desde que inició la pandemia la situación en el barrio fue un caos porque vivimos muy pegadas unas casas a otras y conviven hasta 15 personas en viviendas muy pequeñas. En mi casa, que tiene tres cuarticos, éramos tres y ahora somos ocho porque ha tenido que venirse a vivir con nosotros mi hija y mis nietos.  Dependo de una pensión que me da el gobierno por invalidez, pero es muy pequeña”, nos explica Alicia Bremes desde Pueblo Nuevo, un barrio del distrito de Pavas en San José de Costa Rica. Los distritos de Pavas y Uruca agrupaban en agosto del 2020 más del 15% de los casos activos de COVID en todo el país.

    “¿Cómo vamos a lavarnos las manos si no tenemos acceso a agua? ¿o cómo vamos a desinfectarnos con gel si el precio es tan elevado?” se lamenta Bremes, quien ha sufrido en su hogar las consecuencias de la pandemia. “Uno de mis hijos arregla celulares y ha estado sin trabajo muchos meses. Tengo otro hijo con discapacidad que iba todos los días a un taller del psiquiátrico y sufrió mucho porque ya no tenía a donde ir. Como es muy callejero cogió la COVID y sufrió fiebres y asfixia, pero se recuperó. Pero tengo muchos vecinos, de todas las edades, que fallecieron”, asegura.

    Tal y como explica Alicia Bremes, la situación en los barrios es de extrema vulnerabilidad. “Muchas madres del barrio trabajaban en limpieza de hogares y les despidieron por la pandemia. La COVID también ha disminuido la venta ambulante de la que dependen muchas familias para poder comer diariamente”, afirma. Por ello, es imprescindible centrarse en las necesidades de los colectivos más vulnerables y tratar de amortiguar los efectos de la pandemia que rápido se ha convertido en una crisis socio económica además de sanitaria.

    En este contexto, el Consejo de la Integración Social (CIS) solicitó a la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) que, con el apoyo del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, gestionado por FIIAPP, IILA y Expertise France, y en alianza con agencias y programas de Naciones Unidas, FAO, OIT y ONU HABITAT, elaborasen un “Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de Centroamérica y República Dominicana”. El Plan es una hoja de ruta común regional y está compuesto por una serie de proyectos estratégicos articulados en torno a tres ejes de intervención: la protección social, el empleo y el desarrollo urbano sostenible.

    El Plan, que ha sido respaldado por los Consejos de Ministras y Ministros de Trabajo, de Vivienda y Asentamientos Humanos de Centroamérica y República Dominicana, centra sus esfuerzos en la reducción de la pobreza y la desigualdad socio espacial, cuya expresión territorial más evidente son los asentamientos informales, que se estima suponen el 29% de la población urbana centroamericana. A pesar de los esfuerzos nacionales por reducir la población residente en asentamientos informales en los últimos 15 años, mucha gente sigue viviendo en esta situación. A lo que hay que sumar los riesgos derivados por el cambio climático, que expone a un creciente número de habitantes a los efectos de eventos climáticos extremos como huracanes o deslizamientos.

    Urge ampliar la mirada y pensar en el barrio como el entorno que nos permita hacer efectivo el derecho a la ciudad, para lo que habremos de atender no solo a la provisión de viviendas, si no asegurar que éstas cuenten con las infraestructuras, servicios y equipamientos necesarios.

    Persisten todavía muchos desafíos que afrontar para cambiar el rostro de la pobreza y la desigualdad por un rostro de progreso sin dejar a nadie atrás. Por ello es urgente apalancar recursos financieros adicionales  para la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia, un instrumento que permitirá mitigar los efectos de la pandemia y configurar sociedades más resilientes, socialmente más justas e igualitarias y ambientalmente más sostenibles.

    Fotografía de la autora del artículo, Cristina Fernández, arquitecta urbanista experta de EUROsociAL+ y colaboradora de Fundemuca

     

    Cristina Fernández, arquitecta urbanista experta de EUROsociAL+ y colaboradora de Fundemuca