• 17 octubre 2019

    |

    Posteado en : Opinion

    |
    facebook twitter linkedin

    EVALÚA y la reconstrucción tras el terremoto de 2016 en Ecuador

    Marta Monterrubio, especialista en Evaluación de Políticas Públicas en el proyecto Evalúa, nos habla sobre la evaluación llevada a cabo del terremoto que tuvo lugar en Ecuador en 2016

    En la elaboración de las Agendas Nacionales de evaluación, distintas finalidades entran en juego: la rendición de cuentas a la ciudadanía, la mejora de la política o programa evaluado, de su diseño o de su gestión, fomentar la transparencia como herramienta democrática, el aprendizaje institucional o gerencial. 

    En materia de Gestión de Riesgos de Desastres, esta evaluación tiene relevancia en todos los aspectos mencionados. Es una materia especialmente sensible: además de visibilizar las fuertes vulnerabilidades a las que está sometida una gran parte de la población mundial, son conocidos algunos casos por las lamentables carencias en la gestión de los fondos destinados a emergencia y reconstrucción. La opinión unánime de los especialistas, también recogida en el Marco de Sendai, es que en materia de riesgos de desastres contar con un sistema sólido de prevención marca la diferencia en los daños producidos, tanto en la pérdida de vidas humanas como en pérdidas materiales y de bienes básicos para la supervivencia de la población. También marcará la diferencia a la hora de afrontar la reconstrucción posterior. 

    El 16 abril de 2016, se registró un terremoto de magnitud 7,8 (Mw)3 en la costa Noreste de Ecuador Se contabilizaron 671 fallecidos y 6.277 heridos. Los daños alcanzaron a cuatro provincias y catorce cantones fueron declarados en estado de excepción.  

    Después de atender los primeros momentos de la emergencia, el gobierno ecuatoriano aprobó el Plan de Reconstrucción post Terremoto 2016, enmarcado en su normativa de Gestión de Riesgos y en el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR). El Plan de Reconstrucción tiene como fin la recuperación territorial, direccionar los procesos de reconstrucción y recuperación de los medios de vida post terremoto, bajo criterios de resiliencia y sostenibilidad, a través de las intervenciones y coordinación intersectorial y multinivel. 

    ¿Cuál ha sido la cobertura de la ayuda de emergencia y reconstrucción a la población en las zonas afectadas? ¿Cuántos núcleos familiares se beneficiaron de las ayudas y por cuánto tiempo? ¿Cómo y de qué manera se asignaron las ayudas de acogida, alquiler y alimentación? ¿Se atendió a la población más vulnerable? ¿Cuál es el grado de rehabilitación de las infraestructuras? ¿Cuántos establecimientos de salud pública fueron repotenciados rehabilitados y reconstruidos? ¿Cuál es el grado de satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención y los servicios médicos? ¿El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos de Ecuador es el idóneo para prevenir y gestionar desastres de esta naturaleza? ¿Qué mejoras deben llevarse a cabo para minimizar las consecuencias de posibles desastres futuros? 

    Son algunas de las preguntas que responderá la evaluación: transparencia, mejora, aprendizaje. 

    El equipo consultor contratado por EVALÚA ya ha finalizado el trabajo de campo. En pocas semanas tendremos las respuestas. 

  • 19 septiembre 2019

    |

    Posteado en : Opinion

    |
    facebook twitter linkedin

    COPOLAD, EL PAcCTO, EUROsociAL+ y el valor del trabajo conjunto en América Latina y el Caribe

    Estos proyectos, financiados por la Unión Europa y en cuya gestión participa la FIIAPP, celebran hoy y mañana en Montevideo una conferencia birregional de alto nivel sobre medidas alternativas a la a la privación de libertad

    Instantánea tomada al comienzo de la conferencia

    Con la presencia de numerosas autoridades europeas y latinoamericanas, COPOLAD, EL PAcCTO y EUROsociAL+ aúnan en esta conferencia esfuerzos, trabajo, discurso y medios con el objetivo de conseguir una mayor incidencia del tema en la sociedad.

    La conferencia se ha clausurado con un gran acuerdo formalizado en una declaración conjunta ratificada por todos los representantes de los países de América Latina y el Caribe participantes, así como por la Unión Europea y por los tres programas regionales de cooperación organizadores del evento: COPOLAD II, EL PAcCTO y EUROsociAL+.

    Cada uno desde su perspectiva, en este post, los tres proyectos ponen en valor la dimensión común que comparten en torno a las medidas alternativas a la pena de prisión.

     

    COPOLAD y la importancia de la coordinación entre instituciones

    En los últimos años, varias medidas alternativas a la prisión han demostrado resultados esperanzadores reduciendo, en algunos centros penitenciarios, la sobrepoblación existente y con ello, los problemas asociados a esta situación. En la conferencia se conocerán las principales líneas de actuación en este ámbito que han demostrado –de manera consistente y en distintos contextos sociales– resultados positivos en relación con el hacinamiento y en el abordaje de otros problemas asociados. En este contexto, y para poder explorar las alternativas exitosas ejecutadas en algunos países y la evaluación de sus beneficios, se considerará un aspecto que es común, básico e irrenunciable para asegurar el éxito en la aplicación de cualquier medida alternativa.

    Este factor clave es la necesidad de coordinación interinstitucional, un concepto fácil de formular y más complejo de aplicar. La coordinación interinstitucional ha demostrado estar en el centro de cualquier acción que promueva el desarrollo de políticas públicas en el ámbito de las alternativas a la prisión, si lo que se pretende es que sean efectivas (basadas en la evidencia), eficientes y alineadas con los objetivos de desarrollo, en especial la protección de los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres, la promoción de la salud pública y la buena gobernanza.

    Teniendo en cuenta esto, la conferencia brindará la oportunidad de profundizar en lo que significa la coordinación interinstitucional en éste ámbito, las implicaciones que conlleva el enfrentarse a los numerosos retos que supone el desarrollo y gestión de oportunidades y mecanismos de coordinación -herramientas y plataformas multisectoriales- que deben existir para mejorar la cooperación horizontal entre el sistema judicial y las fuerzas de seguridad, así como también entre los servicios sociales y de atención a la salud.

    Teresa Salvador-Llivina es directora de COPOLAD y Claudia Liebers es responsable de Relaciones Institucionales y Estrategia del proyecto.

     

    EL PAcCTO: la relación entre las medidas alternativas a la pena de privación de libertad y el crimen organizado

    En todo el globo, y Latinoamérica no es una excepción, muchos Estados cuentan con una sobrepoblación penitenciaria que a veces llega a niveles alarmantes. El hacinamiento es un mal en mismo, ya que además de afectar a la dignidad humana de las personas privadas de libertad, impide o complica mucho la correcta implementación de programas de reinserción social, la separación física entre detenidos peligrosos y delincuentes leves o delincuentes primarios.  

    Numerosos estudios internacionales subrayan que la prisión no puede ser la única solución para afrontar la delincuencia y muestran que, con frecuencia, ésta se transforma en una escuela del crimen, favoreciendo la proliferación de grupos criminales que actúan dentro y fuera de los centros de detención poniendo en riesgo la seguridad de los penados y de la sociedad en su conjunto.  Son varias las organizaciones criminales que han surgido y se han fortalecido en el ámbito penitenciario aprovechando las debilidades de los sistemas a causa de la alta sobrepoblación.  

    Por eso, una de las principales preocupaciones de EL PAcCTO es la necesidad de apoyar la ejecución y el uso de medidas alternativas a la privación de libertad considerándolas como fundamentales para descongestionar los sistemas penitenciarios y concentrar la atención en las personas privadas de libertad más peligrosas, que pueden potencialmente reclutar afiliados en los centros penitenciarios. Por esas motivaciones consideramos que las medidas constituyen también una herramienta esencial para la lucha contra el crimen organizado. 

    Además, las medidas alternativas son un tema transversal que necesitan de un abordaje holístico, una fuerte coordinación y abocan a un cambio cultural y un abordaje compartido entre todos los actores involucrados también en términos de comunicación externa.  

    Giovanni Tartaglia Polcini es coordinador del componente de sistemas Penitenciarios EL PAcCTO, Lorenzo Tordelli, co-coordinador-gestor temático del mismo y Nathalie Boissou, su coordinadora adjunta.

     

    EUROsociAL+, favoreciendo la inserción social y el abandono del delito

    Estos días, en Montevideo, los programas EUROsociAL+, junto con El PACcTO y COPOLAD estamos organizando una conferencia birregional sobre medidas alternativas a la privación de libertad. Los tres, cada uno desde su enfoque, hemos abordado este tema, convergiendo en problemáticas comunes que nos hacen trabajar en la misma dirección.

     La pena de privación de libertad en prisión, que debiera ser último recurso, se ha estado usando de manera indiscriminada en América Latina. Ha habido un exponencial crecimiento de la población privada de libertad en las últimas décadas. Esta sobrepoblación que ha provocado problemas de hacinamiento, salud, y violencia, se ha visto cuestionada en la medida que ha mostrado no ser capaz de favorecer los procesos de inserción social, tampoco ha tenido un efecto disuasorio disminuyendo la reincidencia delictiva, ni efectos positivos en la rehabilitación social. 

     El enfoque de la cohesión social, que promueve el programa EUROsociAL+, está estrechamente vinculado con el desarrollo y uso de medidas alternativas a la privación de libertad, no sólo porque la desigualdad contribuye a la violencia, y este en un programa que tiene como objetivo la reducción de todo tipo de desigualdades, sino porque en su afán por “no dejar a nadie atrás”, la pregunta que sobre todo debe interesar no es ¿por qué delinquen los infractores? sino ¿por qué dejan de delinquir? La búsqueda de las acciones que favorecen la decisión de abandonar el delito es la clave en los procesos de inserción social de infractores y en las medidas alternativas.

    Un foco especial se dará a las mujeres privadas de libertad en esta conferencia. A pesar del que el porcentaje es mucho menor que el de hombres, el número de mujeres encarceladas en la región prácticamente se ha triplicado en las últimas décadas. Este crecimiento está siendo muy rápido y proporcionalmente mucho mayor que el de varones. Estas tendencias deberían ser un motivo de preocupación para los gobiernos y el sistema penitenciario, todavía con carencias o indiferente en relación a las necesidades específicas de las mujeres. Urge, por tanto, incorporar la perspectiva de género.

    Por supuesto, la aplicación de medidas alternativas no se puede incorporar sin el respaldo de una acción administrativa fiable. La implantación necesita de un marco de actuación con medidas rehabilitadoras que permitan a los jueces su consideración real y a los infractores tomar conciencia de sus actos para cambiar y abandonar el delito.

    Sonia González Fuentes es coordinadora del área de políticas de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+ en FIIAPP.

     

     

  • 12 septiembre 2019

    |

    Posteado en : Opinion

    |
    facebook twitter linkedin

    “Los delitos medioambientales se han convertido en el tercer delito más lucrativo del mundo”

    Con motivo del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, que se celebrará el 16 de septiembre, Marc Reina, gestor temático del componente de cooperación policial de EL PAcCTO, reflexiona sobre la necesidad de un marco estratégico y operacional de trabajo integral y coordinado entre países contra los delitos medioambientales

    Representando un volumen de negocio ilegal de entre 110 y 281 millones de dólares en 2018, según las estimaciones de Interpol y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), los delitos medioambientales se han convertido en el tercer delito más lucrativo del mundo, únicamente sobrepasado por el narcotráfico y el contrabando. 

     

    Estas cifras han aumentado exponencialmente en los últimos años, con un crecimiento de hasta varios dígitos amparado por un marco regulatorio insuficiente y una tipificación y sanción de los delitos que, en muchos casos, es administrativa en vez de penal. Además, la focalización de recursos de investigación policial y judicial en otros ámbitos como el tráfico de drogas y/o de personas, así como la consideración de los delitos ambientales como de bajo riesgo en comparación con otras tipologías delictuales, han facilitado el surgimiento de organizaciones criminales especializadas en minería ilegal, deforestación y tráfico de especies protegidas, entre otros, y sus delitos conexos como la corrupción, el lavado de activos, el sicariato y la explotación laboral y sexual. 

     

    Si tenemos en cuenta que América Latina representa más del 40% de la biodiversidad mundial y que la complejidad geográfica y política de la región hace difícil el control efectivo de territorio por parte de los Estados, la lucha contra los delitos ambientales en su conjunto es una tarea titánica. 

     

    Por eso es necesario el desarrollo de acciones estratégicas y operacionales en varios niveles. Por un lado, el desarrollo estratégico debe obligatoriamente pasar por la creación de un marco regulatorio internacional, ya sea mediante protocolos adjuntos a grandes convenciones como la Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada (Convención de Palermo) o la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (Convenio CITES), o a través de la elaboración de un nuevo tratado internacional que sirva de paraguas de protección y persecución de los crímenes contra el medio ambiente. 

     

    Por otro lado, a nivel operacional y siguiendo las conclusiones y los compromisos de los Jefes de Estado y los ministros del Interior de las 7 mayores potencias económicas del mundo, reunidos en el G7 los días 4 y 5 de abril de 2019 en Francia, es necesario crear mecanismos eficientes de coordinación y cooperación policial y judicial, tanto nacionales como regionales, así como el desarrollo de Task Forces multidisciplinares especializadas en la materia y Equipos Conjuntos de Investigación (JIT, por sus siglas en inglés). En este aspecto, la Unión Europea tiene una ventaja comparativa importante respecto a otras regiones ya que ha fomentado el desarrollo de instituciones cuyos principales propósitos son la coordinación, el intercambio de información y el trabajo interinstitucional e interpaís. Ejemplos de ello son Europol y Eurojust. 

     

    Pactos de Estado contra los delitos ambientales 

     

    Sin embargo, bajo mi punto de vista, la acción más eficiente, pero quizás más compleja, es la búsqueda de alianzas y pactos de Estado estratégicos para el desarrollo de políticas públicas integrales tanto de prevención como de tratamiento penal de los delitos ambientales, incluyendo aspectos importantes de lucha contra la pobreza, la perspectiva de género, el fomento del emprendimiento, la cultura y la educación. 

     

    Los pactos de Estado, junto a sus políticas públicas, deben tener un consenso mayoritario de la población y deben estar regidos por cinco principios básicos: voluntad de financiación y presupuesto concreto; control y fiscalización; transparencia; buena ejecución; y, responsabilidad ante la ciudadanía. 

     

    En este sentido, América Latina tiene la oportunidad, la experiencia y el deber de asumir el liderazgo internacional en el desarrollo de políticas públicas integrales que puedan luchar más eficazmente contra los delitos ambientales, fomentando la transición a una economía verde y responsable, así como con un crecimiento económico sostenible que pueda generar negocios y que permita impulsar el desarrollo de aquellas comunidades dependientes directamente de ciertos ecosistemas particulares para subsistir. 

     

    Este es el caso de una parte importante de los aproximadamente 60 millones de personas que se consideran indígenas en la región latinoamericana. Una gran parte de ellos se encuentran localizados en la cuenca del Amazonas, la cual ha perdido el 20% de su biodiversidad en los últimos 50 años según el World Wide Fund for Nature (WWF, 2018), por motivos vinculados a sobreexplotación y crimen organizado. 

     

    Por su forma de vida y por su número, estas comunidades son clave no sólo para cambiar el desarrollo económico y humano de muchos países, sino también para desarrollar nuevas aproximaciones en el desarrollo económico sostenible, la lucha contra los delitos ambientales y el cambio climático, teniendo en cuenta la colaboración entre la sociedad civil, las empresas privadas con responsabilidad social corporativa y el Estado. 

     

    Desarrollo económico vs protección de los recursos naturales 

     

    Llegados a este punto, es necesario poner de relieve la dicotomía entre, por un lado, el desarrollo económico desmesurado y a toda costa; y, por otro, la protección de los recursos naturales. De hecho, es importante destacar que, en parte, el aumento de la extracción ilícita de materias primas y la deforestación para la creación de grandes zonas de pasto de animales y plantaciones, ha sido provocados por un incremento del consumo humano desenfrenado. 

     

    Hay que admitir que si existen grupos criminales organizados detrás de estos delitos es porque hay una demanda concreta al respecto. Voluntaria o involuntariamente. Con conocimiento o sin conocimiento de la existencia de violencia y delitos conexos por parte del demandante. 

     

    Es evidente que todos los países y sociedades del mundo tienen el derecho, pero no la obligación, de desarrollarse económicamente, así como cultural e intelectualmente. Sin embargo, con el más que evidente cambio climático, tenemos que plantearnos la necesidad de cambiar el modelo de crecimiento económico indefinido y salvaje, el cual fomenta el surgimiento de una multitud de delitos que acaban contribuyendo al cambio climático y al aumento de la violencia en los países. 

    En consecuencia, es necesario balancear el consumo humano desenfrenado con la protección del medioambiente. 

     

    EL PAcCTO es un proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por FIIAPP y Expertise France, con el apoyo del IILA y del Instituto Camões para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en Latinoamérica.

     

     Marc Reina, gestor temático del componente de cooperación policial de EL PAcCTO 

     

     

     

  • 22 agosto 2019

    |

    Posteado en : Opinion

    |
    facebook twitter linkedin

    La mujer y las pandillas criminales de Centroamérica

    Sandra Zayas, fiscal de Guatemala y colaboradora de EL PAcCTO, relata en estas líneas la evolución del papel de las mujeres en las pandillas de América Central

    Sandra Zayas

    La prevención: una prioridad

     

    Prevención. Es en lo que nos debemos enfocar los países de América Central pues, matemáticamente, tres de los seis países de Centroamérica comenzamos con el problema de las pandillas hace muchos años y tres lo enfrentan de forma incipiente, pudiendo estos lograr resultados muy diferentes, si trabajan con prevención social y delictual.

     

    Si nos centramos en la participación activa de las pandilleras, esta ha sufrido grandes cambios: de ser ellas víctimas de coacciones a ingresar en estos grupos delincuenciales. En algunos países de la región han llegado a tomar papeles como el manejo, en muchas ocasiones, de la logística y las finanzas.

     

    No debemos olvidar la diferenciación entre Guatemala, El Salvador y Honduras, con pandillas muy fortalecidas como la Mara SalvaTrucha y la del Barrio 18, y pandillas relacionadas con mafias, algunas incipientes y otras con fines específicos como es el caso de México, Costa Rica y Panamá.

     

    Guatemala, El Salvador y Honduras son los países con mayor participación de mujeres en pandillas y los resultados presentados en diversos estudios sobre este tema indican que Guatemala es el país centroamericano con mayor índice en desigualdad de género, calificándola como “alta”, El Salvador y Honduras como “media”, y Costa Rica y Panamá como “baja”. Esto supone, menos oportunidad laboral, menos paridad, mayor problema social de género. Esta desigualdad de género en nuestros países coincide con lo presentado en el Taller sobre Mujeres Pandilleras celebrado esta primavera en San Salvador y organizado por EL PAcCTO, proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por FIIAPP y Expertise France, con el apoyo del IILA y del Instituto Camões.

     

    Hay que diferenciar la participación de las mujeres en las pandillas como autoras, cómplices o encubridoras de crímenes estableciendo penas diferenciadas para cada uno de los casos. Resaltar también que, en asuntos de narcotráfico, extorsiones y lavado de dinero, la mujer pandillera realiza actividades necesarias para la comisión de uno o más delitos.

     

    Además, los delitos de narcotráfico han traído como consecuencia, en muchos de nuestros países, la extorsión y asesinatos (sicariatos), donde sí tienen gran participación las mujeres-pandilleras. En Guatemala ya se han dado tres casos de pandilleras que han logrado explotar granadas en autobuses del servicio público. Podemos afirmar entonces que la participación de las mujeres pandilleras en las organizaciones criminales es un hecho.

     

    Por parte de policía, fiscalía y jueces, no se evidencia mayor diferenciación entre mujer y mujer pandillera, con excepción de El Salvador y Costa Rica, con novedosos protocolos internos de trato a mujer-sindicada de un delito.

     

    Las mujeres pandilleras en los centros penitenciarios

     

    Las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes” (Reglas de Bangkok) recomienda reducir el período de prisión de las mujeres a través de medidas correccionales sin custodia, tomando en cuenta la maternidad, el alejamiento de las madres de los menores hijos o incluso las madres que están recluidas con sus hijos en centros carcelarios. Nuevamente es Costa Rica quien ha logrado disminuir el número de mujeres recluidas, tomando en cuenta estos criterios y utilizando medidas alternativas a la prisión en todos los casos de mujeres-privadas de libertad. A lo más que llegan los demás países del Istmo es a diferenciar las cárceles en que van a ser recluidas las mujeres que pertenecen a diferentes pandillas en caso de haber conflicto entre los grupos pandilleros. No olvidemos el tema de reinserción social que no existe positivamente en la mayoría de países, para las mujeres y hombres en general, pues mayor es la dificultad de reinsertar a la sociedad a las mujeres-pandilleras, más si le sumamos el “agravante” del caso de la mujer pandillera que se vuelve testigo protegida o colaboradora eficaz, delatando a su “familia”, su “pandilla”.

     

    Hay que resaltar el escaso presupuesto para invertir en este tipo de problemas, ausencia total o parcial de voluntad política para la creación de normativas positivas, indicadores o estadísticas compartidas con todo el sector de la justicia. Se requieren, además, medios de investigación especializados y sobre todo una voluntad de cambio.

     

    Sabemos que necesitamos oficinas de inteligencia, protocolos interinstitucionales, administradores de justicia comprometidos y con las herramientas suficientes para actuar efectivamente, cooperación interinstitucional e internacional, registros de datos e indicadores específicos para los problemas que se quiere resolver, porque todo esto debe ser medible.

     

    Y concluyo entonces con las 5Ws: ¿qué debemos hacer? Trabajar este problema antes de que se extienda a los demás países con la intensidad que ya existe en algunas regiones. ¿Cómo? Trabajando juntos con políticas de gobierno definidas, con inteligencia, registros y mediciones. ¿Por qué? Por un mejor futuro para nuestros países. ¿Quién? Todos los habitantes que amen a su país. ¿Dónde? En todo el mundo y ¿cuándo? Pues ya.

  • 18 julio 2019

    |

    Posteado en : Opinion

    |
    facebook twitter linkedin

    Rompiendo barreras: cómo acercar la tributación a los grupos más vulnerables de América Latina

    Borja Díaz Rivillas, técnico del programa EUROsociAL +, relata la experiencia de Sergio Dos Santos, uno de los coordinadores de un núcleo de apoyo contable y fiscal (NAF).

    Miembros del NAF de UNIVALE asesorando a la asociación ASCANAVI

    Sergio Dos Santos Reis trabajó durante su infancia y su juventud como vendedor ambulante de helados y lavando coches en los suburbios de la ciudad de Gobernador Valadares, en el estado brasileño de Minas Gerais. Sabe muy bien lo que es vivir en un entorno con escasas oportunidades para prosperar.

     

    “La educación cambió la historia de mi vida”, afirma Sergio. Tras concluir una licenciatura y una maestría, ahora es profesor de ciencias contables en la universidad de Vale do Río Doce (Univale). Desde hace cuatro años, es además el coordinador del núcleo de apoyo contable y fiscal (NAF) de su universidad. El NAF es un servicio de asesoría contable y tributaria gratuito a personas de baja renta que Sergio lleva a cabo junto a sus alumnos y alumnas, quienes previamente han sido capacitados por la administración tributaria, la Receita Federal.

     

    El NAF opera en la universidad, pero también se desplaza de manera itinerante para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo la propia comunidad en la que Sergio creció. “Son zonas con problemas de acceso a microcréditos, a microemprendimientos, personas que no tienen acceso a internet, personas de baja renta sin recursos para pagar a un profesional contable, personas que no tienen información ni conocimiento sobre los derechos que tienen en relación con su jubilación, a su pensión o sobre los trámites para formalizarse. Estamos hablando de pequeños negocios de manicura y pedicura, peluquerías, puestos de churrascos, vendedoras de bizcochos, entre otros. El NAF les ayuda”, nos cuenta.

     

    El NAF de Univale apoya, asimismo, de manera itinerante, a organizaciones sin ánimo de lucro con carácter social, como es la Associação dos Catadores Materiais Reciclados (Ascanavi), que trabaja en barrios muy pobres, afectados por la droga y la prostitución.

     

    “Son personas que en ocasiones han sufrido agresiones sexuales, agresiones físicas, que no han tenido la oportunidad de acceder a la educación y que se dedican a la recolección de basura para sobrevivir a través del trabajo del reciclaje. El NAF va a esa comunidad para realizar un trabajo de orientación, de análisis y de apoyo documental contable y tributario a la asociación”, comenta Sergio.

     

    ¿Cómo transforma el NAF la vida de estas personas? “Le voy a poner un ejemplo. Un día conversamos con una madre que tiene un hijo con discapacidad. Desde hacía cinco años se le había retenido de manera indebida un beneficio al que ella tenía derecho por la situación de su hijo. Cuando resolvimos su problema y logramos que la administración tributaria le restituyera las cantidades retenidas indebidamente, ella lloró. Nos dijo que ese dinero le serviría pagar las medicinas y comer, alimentar a su hijo. La historia marcó mi vida porque resolvimos algo complicado para ella y muy sencillo para nosotros”.

     

    Pero el NAF también transforma la vida de los estudiantes. “En nuestra carrera tenemos cursos de ética y de ciudadanía. Cuando trabaja en el NAF, el alumno pasa a ver la teoría en la práctica. Interacciona con la realidad del país, haciendo cosas para el prójimo, ejerciendo ciudadanía. Veo la alegría en el rostro de los alumnos cuando ven que pueden transformar la vida de las personas”, afirma Sergio.

     

    Los NAF surgieron en Brasil en 2011. Hoy en día, gracias al apoyo de EUROsociAL + a través de su alianza con la Receita Federal de Brasil, están ya funcionando en más de 650 instituciones de enseñanza superior de 10 países de América Latina. En esta nueva fase del EUROsociAL impulsamos su carácter más social, promoviendo su ayuda a personas en situación de vulnerabilidad, en zonas de alta informalidad y baja presencia del Estado, donde los NAF actúan como puente entre la administración tributaria y la ciudadanía, conectando realidades todavía muy distantes.

     

    Borja Díaz Rivillas, técnico sénior en gobernanza democrática de EUROsociAL +

     

  • 04 julio 2019

    |

    Posteado en : Opinion

    |
    facebook twitter linkedin

    Hacia una justicia más abierta y transparente en Colombia

    La Estrategia de Justicia Abierta del Consejo de Estado de Colombia, apoyada por el proyecto ACTUE Colombia ha sido premiada como una reforma estelar

    Consejo de Estado colombiano

    A principios del mes pasado, tuve la suerte de asistir a la 6ª Cumbre Global de la Alianza del Gobierno Abierto en Canadá, un encuentro que reunió a dos mil personas de 79 países y 20 gobiernos locales que, junto a organizaciones de la sociedad civil, académicos y otros actores, integran la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés). Este año, la Cumbre giró en torno a tres prioridades estratégicas: participación, inclusión e impacto.

     

    Durante la inauguración, y para mi sorpresa, apareció en las pantallas gigantes la iniciativa que apoyamos desde el proyecto ACTUE -proyecto que gestionó la FIIAPP con financiación de la UE entre 2014 y 2018-: la Estrategia de Justicia Abierta en el Consejo de Estado de Colombia como uno de las “Reformas Estelares”, seleccionadas en el último ciclo OGP. Fue muy emocionante poder vivir ese impacto tangible de uno de nuestros proyectos, algo que raramente podemos experimentar. La ilusión que me produjo superó a la de ver en directo al primer ministro canadiense Justin Trudeau, que ya es mucho. Y es que no es para menos, estos 12 compromisos han sido seleccionados por el Mecanismo de Revisión Independiente entre cientos de compromisos, por mostrar evidencias de resultados preliminares que suponen avances significativos en áreas políticas relevantes y transformadoras.

     

    La Estrategia de Justicia Abierta en el Consejo de Estado de Colombia, ha permitido que, por primera vez, la Corte comenzase a publicar sus agendas y decisiones anteriores, así como información sobre posibles conflictos de intereses de jueces y del personal administrativo; aspectos esenciales para la rendición de cuentas públicas, así como para posibilitar que ciudadanía y sociedad civil ejerzan su labor de control social. A largo plazo, estos cambios pueden reducir la corrupción en las instituciones de justicia y permitirles recuperar la confianza de la ciudadanía. Justicia Abierta es una de las tendencias políticas en gobierno abierto que está ganando mayor relevancia dado el gran impacto que sus acciones pueden aportar a la ciudadanía; particularmente, el acceso a la justicia posibilita el ejercicio de otros derechos. Además, esta acción sectorial contribuye directamente al progreso de la Agenda 2030, a través de su objetivo 16 Paz, Seguridad e Instituciones sólidas.

     

    El proyecto ACTUE Colombia estuvo apoyando a la Secretaria de Transparencia de Colombia en la elaboración de sus planes de acción OGP , así como a las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo, a través de asistencias técnicas especializadas, la creación de un espacio de interlocución entre administraciones y sociedad civil para definir sus propias prioridades en gobierno abierto.

     

    Este es un buen ejemplo del impacto positivo que puede generar la cooperación delegada, gracias a la flexibilidad e innovación que aportan, a nuestras socias, las asistencias técnicas a demanda que llevamos a cabo.

     

    Sobre el proyecto ACTUE Colombia

     

    El proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia (ACTUE-Colombia) ha apoyado a las instituciones colombianas en la puesta en marcha de medidas clave para un Gobierno Abierto Territorial con la finalidad de avanzar en la prevención y la lucha contra la corrupción tanto a nivel nacional como territorial. Para ello, el proyecto apoyó la creación de condiciones para el cumplimiento de compromisos internacionales, el fortalecimiento del control social, la promoción de la corresponsabilidad del sector privado y la generación cambios culturales e institucionales.

     

    Entre el 2014 y el 2018, el proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP en coordinación con la Secretaría de Transparencia (ST) y Función Pública (FP) prestó asistencia en áreas como la aplicación de la Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, la redacción de Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), el fomento de la rendición de cuentas o la promoción de la participación ciudadana. De esta forma, se contribuyó a que los funcionarios comprendan que el derecho de transparencia y acceso a la información es un derecho llave para el ejercicio de otros, aumentando la conciencia por institucionalizar los avances en transparencia activa y el conocimiento en la identificación y gestión de los riesgos de corrupción.

     

    Carolina Díaz, técnico jurídico en el área de Justicia y Seguridad de la FIIAPP y, entre 2014 y 2018, miembro del equipo ACTUE Colombia