• 09 enero 2020

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    América Latina, el Caribe y la Unión Europea en 2020: perspectivas y oportunidades

    El director de la Fundación Carolina, José Antonio Sanahuja, analiza la situación geopolítica de las relaciones entre la Unión Europea, el Caribe y América Latina

    José Antonio Sanahuja

    Al iniciarse la nueva década, América Latina y el Caribe, como el conjunto del sistema internacional, se enfrentan a un escenario regional y global más adverso. Pero en las coyunturas críticas también surgen oportunidades para redefinir la agenda de desarrollo y las estrategias de inserción internacional. La región, pese a registrar importantes avances, sigue lastrada por profundas fracturas sociales y debilidad institucional, y parece volver a caer en su secular ciclo de auge y caída, hoy caracterizado como la “trampa de ingreso medio”.

    Ese escenario adverso tiene en la economía uno de sus principales retos. América Latina y el Caribe viven el peor momento económico en décadas: el fin del ciclo de las commodities, la “guerra comercial” impulsada por Estados Unidos y el retroceso económico global, y la inestabilidad en la región son sus principales factores causales. En 2019 el crecimiento del PIB de la región, en promedio, fue solo de un 0,1%, y para 2020 se proyecta un exiguo 1,3%. No se trata solo del impacto de la gravísima caída del PIB de Venezuela: en 2019, 14 de 20 países de América Latina tuvieron tasas inferiores al 1%, y 18 países estaban en una visible fase de desaceleración. En conjunto, el periodo 2014-2020 será el de más bajo crecimiento en los últimos setenta años, peor incluso que en la llamada “década perdida” en los ochenta.

    Ello comporta significativos retrocesos de los indicadores sociales. Entre 2014 y 2019 el PIB per cápita cayó un 4%, y vuelve a aumentar el desempleo abierto y la economía informal. Los avances sociales de la etapa de auge de las commodities —reducción de la pobreza, expansión de clases medias, leve descenso de la desigualdad—se han detenido y ya se registran retrocesos: en ese mismo periodo la pobreza aumentó de 28% a 31% de la población total y la pobreza extrema de 7,8 % a 11,5%. Ello define un escenario de expectativas sociales en ascenso que no se alcanzarán, tanto para esas clases medias como para los sectores de la población que ya no eran pobres, pero sí vulnerables ante la recesión. Como ha señalado la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), Alicia Bárcena, las sociedades latinoamericanas no soportarían una nueva ronda de políticas de ajuste y es necesaria otra matriz de política económica: “es el momento de la política fiscal para reactivar el crecimiento y responder a las demandas sociales”.

    “Es el momento de la política
    fiscal para reactivar el crecimiento y
    responder a las demandas sociales”

    Estas tendencias también son factores causales del amplio “malestar en la democracia” y de las protestas sociales que atraviesan la región: entre 2017 y 2019 América Latina y el Caribe ha celebrado elecciones legislativas y/o presidenciales en todos los países. De ese “súper ciclo” electoral emerge un patrón claro que trasciende el tradicional clivaje izquierda-derecha: la derrota del oficialismo sea cual sea su signo político, como resultado de amplios reclamos de cambio político. Ello expresa un amplio “malestar en la democracia” que también se observa en los datos del Latinobarómetro y de otras encuestas de opinión: 6 de cada 10 personas no confía en sus gobiernos, y 8 de cada 10 afirma que su gobierno es corrupto. Entre 2009 y 2018 la proporción de personas insatisfechas con el funcionamiento de la democracia pasó de 51% a 71%. Son las peores cifras en 25 años. Crece también el cuestionamiento social hacia la “captura de políticas” por unas elites que la sociedad percibe como verdaderas “elites extractivas”: entre 2006 y 2018 la proporción de quienes piensan que en su país se gobierna en beneficio de los ricos y poderosos pasó, en el promedio regional, de 61% a casi 80%. En suma, el declive económico ha hecho que las desigualdades, la corrupción, la inseguridad ciudadana —que en países como Brasil, México o Venezuela va en aumento—, y el “mal gobierno” sean ahora menos tolerables.

    Más allá de circunstancias nacionales, estos elementos son clave para entender los cambios de gobierno en Argentina o México, y el origen de las revueltas sociales que han irrumpido en 2019 en países como Chile o Colombia. En conjunto, el panorama de relativa estabilidad que ofrecía América Latina hace apenas un año, de la mano de un ciclo de gobiernos liberal-conservadores, ha desaparecido en pocos meses, en algunos casos, como Chile, de manera relativamente sorpresiva, y el “paquete” de políticas neoliberales planteado por los mismos parece estar ampliamente cuestionado.

    Es importante destacar que estas tendencias tienen rasgos específicos locales, y en la región, con factores de estructura y de agencia que son propios de cada escenario nacional. Esos factores diferenciadores son clave: explican que haya o no revueltas populares, y sus dinámicas particulares (Ecuador, Chile); o que el descontento se canalice por mecanismos electorales (Argentina, Uruguay, México); que el motivo de la protesta y el reclamo de cambio político se relacione más con la desigualdad y/o la precariedad socio-económica (Argentina, Chile, Ecuador), o con factores políticos o electorales, como el fraude electoral (Bolivia), o la corrupción (Perú, Brasil), o el rechazo de las clases medias consolidadas y los estratos de mayor renta al cambio social y el ascenso de grupos subalternos (Bolivia, Brasil). Ahora bien, existe un patrón regional común, y a la vez, estas tendencias serían también la particular expresión latinoamericana de una dinámica global de desafección y crisis de la democracia, de rechazo a las élites, y de contestación o cuestionamiento del orden vigente.

    América Latina y el Caribe, además, viven un escenario de fracturas ideológicas y fuerte polarización política, también observable en otras regiones, que afecta negativamente a su capacidad para formular políticas públicas basadas en el consenso, y con posibilidades de mantenerse en el tiempo. En particular, han supuesto una visible parálisis de América Latina en su condición de actor internacional. La crisis de Venezuela o la de Nicaragua, ante esas fracturas, impiden que se pueda utilizar la Organización de Estados Americanos (OEA) o recurrir a sus propias instancias regionales para buscar salidas democráticas: la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) ha sido desmantelada por los gobiernos liberal-conservadores; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) está paralizada; y los foros impulsados por los gobiernos de derechas, como el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) o el Grupo de Lima no tienen credibilidad ante el visible alineamiento de sus integrantes con un Estados Unidos que vuelve a proyectarse en la región. Así, una América Latina y el Caribe más fragmentada se convierte en una arena más para la creciente competencia geopolítica global, con una China en ascenso, una Rusia más asertiva, y unos Estados Unidos más intervencionista, aunque sin una estrategia clara más allá de torpes forcejeos para contener a China y sus intereses.

     

    El imperativo de reactivar la relación birregional y el rol de la Unión Europea

    En este escenario, la UE debiera reactivar su relación con América Latina y el Caribe, tras un periodo de relativo abandono del vínculo birregional, tratando de ganar presencia e interlocución con la región. Ello implica un compromiso más fuerte y mayor inversión de capital político. De hecho, ante la fragmentación de la región y la mayor competencia geopolítica global, Latinoamérica parece percibir que China y Estados Unidos serán los actores clave para la economía y/o para la gestión de las crisis políticas, y en particular en el caso de Venezuela. Esa percepción de bipolaridad emergente ha debilitado la posición de la UE, pero ésta también se debe a causas auto-infligidas: por un lado, a la pérdida de interlocución política. La VIII Cumbre UE-ALC, que debía celebrarse en 2017, se suspendió sine die a causa de las divisiones políticas en el lado latinoamericano, pero desde el lado europeo no se hizo gran cosa para revertir esa situación. Por otro lado, a cambios en la política de cooperación al desarrollo de la UE adoptados en el periodo presupuestario 2014-2020, que, con la “graduación” de la mayor parte de los países de renta media de la región, significó que la UE se privara a sí misma de las herramientas y recursos que, más allá de la transferencia de recursos, son necesarios para el trabajo en el desarrollo la región.

    Ante el escenario regional y global y el nuevo ciclo político en las instituciones europeas, es necesario reconocer tanto el imperativo de una relación birregional renovada, como las oportunidades que se abren en la nueva geopolítica regional.

    Es necesario reconocer tanto el imperativo de
    una relación birregional renovada,
    como las oportunidades que se abren en
    la nueva geopolítica regional

    Frente a la competencia de poder que protagonizan otras potencias globales en América Latina y el Caribe, ¿Cómo puede actuar la UE con la visión geopolítica que la nueva Comisión Von der Leyen asume como orientación estratégica y seña de identidad de su mandato? Por un lado, la UE ha de seguir actuando con un perfil propio e iniciativas singulares frente a las crisis de la región, y en particular, la de Venezuela. Ante el riesgo de enquistamiento de esa crisis, es necesario hacer frente a su dimensión humanitaria con iniciativas que también contribuyan a su salida negociada, promoviendo elecciones con garantías democráticas, o iniciativas que permitan utilizar los recursos petroleros del país para adquirir bienes esenciales en el exterior, mediante una suspensión parcial de las sanciones estadounidenses, como propone la iniciativa denominada “Petróleo para Venezuela”.

    Más allá de estos escenarios de crisis, en América Latina y el caribe una “UE geopolítica” ha de estar basada en una agenda societal. La UE es ahora el único actor global que en la geopolítica regional se aproxima a Latinoamérica con una agenda centrada en las preocupaciones centrales de sus sociedades: la inclusión, la calidad de la democracia, los derechos humanos, la igualdad de género, la paz y la seguridad ciudadana. En suma, con todo aquello que integra la Agenda 2030, cuyos contenido puede ser visto como una renovación del “contrato social”, que hoy está en cuestión. En particular, América Latina y el Caribe ofrecen una oportunidad para que el European Green Deal desarrolle su dimensión externa. Para todo ello, urge retomar el diálogo político birregional y promover una política de cooperación más activa a través de los nuevos programas e instrumentos financieros que se están definiendo dentro del Marco Financiero Plurianual 2021-2027.

    “Urge retomar el diálogo político
    birregional y promover una política
    de cooperación
    más activa”

    En buena medida, muchos de estos elementos ya están planteados en la Comunicación “La Unión Europea, América Latina y el Caribe: aunar fuerzas para un futuro común” de abril de 2019: es el primer documento de política de la UE con América Latina desde 2009 y plantea cambios importantes: en primer lugar, una relación más horizontal para abordar desafíos compartidos. No se trata, como en el pasado, de una UE que de manera paternalista ayuda a América Latina a resolver sus problemas, sino de dos regiones que trabajan juntas frente a interdependencias, riesgos y retos compartidos. En segundo lugar, la repolitización de las relaciones, con un “compromiso político más estratégico”, más inversión de capital político, y posturas “más fuertes” en torno a los valores e intereses compartidos.  En tercer lugar, se plantea una relación de “geometría variable”: evita el enfoque de “talla única” o “mínimo común denominador” reconociendo la diversidad de ALC y supone avanzar más con los países y grupos que quieran y puedan intensificar su compromiso en torno a cuatro prioridades: prosperidad, democracia, resiliencia y gobernanza mundial efectiva.

    Para ello, la UE ha de desplegar una estrategia de cooperación avanzada, conforme al nuevo Consenso Europeo de Desarrollo, más horizontal, que sin renunciar al uso de la ayuda al desarrollo ha de dejar atrás la “graduación” y estar abierta a todos los países de la región. Ello exige enfoques “a medida” para cada país, contemplar la cooperación Sur-Sur y triangular, el diálogo de políticas públicas, el intercambio de conocimientos, y montos importantes para la inversión en áreas como la infraestructura resiliente y transición ecológica, a través de las líneas de financiación que abre el nuevo Instrumento para la Vecindad, el Desarrollo y la Cooperación Internacional (IVDCI).

    En esa agenda, a la vez societal y geopolítica, subyace una importante premisa. No habrá manera de hacer frente a retos de índole global como el cambio climático, la migración, el comercio, la seguridad, el cambio tecnológico acelerado o el futuro del trabajo, fundamentales para alcanzar la Agenda 2030, si ambas regiones no recuperan el diálogo birregional y aúnan esfuerzos dentro de la agenda multilateral.

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  • 02 enero 2020

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    Vulnerabilidad, corrupción y trata, eslabones de una misma cadena criminal

    EUROsociAL+ y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) promueven el trabajo conjunto entre las fiscalías de Argentina, Paraguay y Brasil para combatir las prácticas corruptas que facilitan la trata de personas.

    Poco antes del amanecer, María cruzó el río Paraná  en una barcaza. No tenía los permisos migratorios para llegar a su destino, pero sí la esperanza de una vida mejor. La triple frontera que conecta Brasil, Argentina y Paraguay a lo largo de más de 1.000 kilómetros resulta fácilmente permeable. Con la promesa de un trabajo como empleada del hogar, arribó a la provincia argentina de Misiones. Al llegar, sus supuestos empleadores le arrebataron la célula de identidad y le mostraron su nuevo lugar de trabajo, un prostíbulo que funcionaba de manera ilegal en un rancho. A partir de ese momento, María vivió obligada a ejercer la prostitución en una pequeña habitación, subsistiendo con lo mínimo que le daban sus captores.  Se había convertido una de las más de 2,5 millones víctimas de trata que existen en el mundo, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC).

    Decidió escapar, pero no llegó muy lejos. Fue encontrada por un policía local que, lejos de ayudarla, la devolvió al prostíbulo. Este caso real es un ejemplo de cómo la corrupción de funcionarios públicos actúa como facilitadora o connivente de la trata de personas, un fenómeno criminal que afecta especialmente a mujeres y niñas, por lo general para fines de explotación sexual. Lo subraya Sergio Leonardo Rodríguez, responsable de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público de Argentina: “Una red de trata, sobre todo con fines de explotación sexual, no puede prosperar sin corrupción. Es imposible. Siempre se necesita del componente del agente público para facilitar estas tareas y los agentes encargados de las investigaciones deben internalizarlo. Por eso es muy importante que los casos se investiguen desde el inicio con esta doble visión: desde la corrupción y la trata».

    La corrupción de los agentes públicos se manifiesta en aspectos como los cobros periódicos de dinero y/o la posibilidad de recibir favores sexuales. En contrapartida, los agentes omiten sus deberes de inspección, vigilancia, o actúan facilitando la expedición de documentos o permisos de forma indebida, obstaculizan la acción de la justicia dando información de operativos y ofrecen protección a los delincuentes, entre otros comportamientos ilegales. Estas conductas desviadas pueden darse en los cuerpos policiales, en agentes de aduanas, agentes de salud, médicos, jueces, fiscales, autoridades municipales, entre otros, a lo largo de la cadena criminal de la trata de personas. En algunos casos reflejan la existencia de pequeña corrupción, pero en otras son comportamientos parte de un fenómeno de carácter sistémico. En otros escenarios, el poder permite a los funcionarios controlar y ser dueños de la propia actividad criminal.

    Con el objetivo de combatir esta lacra, el área de Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+ y el Ministerio Público Fiscal de Argentina organizaron en octubre en Buenos Aires el Primer Taller Internacional sobre Corrupción y Trata de Personas. En la actividad, realizada en el marco del Primer Plan de trabajo de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), participaron representantes de las áreas de trata y corrupción de Brasil, Paraguay y Argentina, país este último que también aportó personal de la Defensoría General de la Nación, la Oficina Nacional Anticorrupción, la Unidad de Protección de Víctimas del Ministerio de Justicia, la Universidad de Buenos Aires y las ONG Mujeres en Igualdad y Poder Ciudadano.

     ‘Los rescates que hemos tenido eran
    de mujeres y niñas procedentes de
    hogares  sumamente vulnerables’.

    Durante la actividad se analizaron la corrupción y los riesgos de corrupción que están presentes en la trata de personas, así como diversas problemáticas relacionadas con la falta de identificación y persecución temprana de este tipo de prácticas, la desconfianza en el Estado o el miedo a denunciar provocado por la percepción de que las autoridades locales están involucradas con las organizaciones criminales.

    También se analizó en el taller cómo la vulnerabilidad extrema de mujeres y niñas es aprovechada por los delincuentes que explotan esta economía criminal. Así lo relata la Fiscal de Juicio de Posadas (Misiones), Vivian Barbosa: “Los rescates que hemos tenido eran de mujeres y niñas procedentes de hogares sumamente vulnerables. En ocasiones, no podrían definirse ni como hogares, ya que los propios progenitores habían sido los que las entregaban para que ejercieran este tipo de trabajo. Por eso, muchas veces no se sienten víctimas, es más, consideraban que en esos lugares están mejor. Proceden de lugares sin agua potable, con piso de tierra. Entonces, cuando alguien les ofrece una habitación con baño, comida y, eventualmente, la posibilidad de mandar dinero a sus familias, lo ven como una mejoría y aceptan esa condición, no se sienten víctimas. Muchas veces tuve, al momento del rescate, la sensación de que mujeres liberadas estaban enojadas por sacarlas de la prostitución”.

    Del encuentro surgieron una serie de propuestas estratégicas en relación con la articulación institucional e interinstitucional, la vinculación temprana de la investigación anticorrupción en los casos de trata de personas que lo requieran, el fortalecimiento de la capacidad de análisis y el refuerzo de los mecanismos de denuncia anónima y protección. Igualmente, se reseñó la importancia de prevenir estas manifestaciones de corrupción y visibilizar sus riesgos.

    Volviendo al caso con el que arrancaban estas líneas, María tuvo finalmente mejor suerte. Dos compañeras paraguayas consiguieron huir del rancho y el autobús en el que viajaban fue interceptado en un control policial fronterizo. Denunciaron el caso y lograron la liberación de María y otras cuatro mujeres de nacionalidad argentina que seguían cautivas, dos de ellas menores de edad. Los dos proxenetas, un hombre y una mujer, fueron condenados a 15 años de cárcel. De los agentes corruptos que facilitaron esta actividad criminal no se llegó a saber nada.

    Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en Gobernanza Democrática en la FIIAPP, EUROsociAL +

    Ana Linda Solano, experta de EUROsociAL+ en corrupción y género

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  • 19 diciembre 2019

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    Más ambición a partir de la COP25

    Alma Martín, técnica de apoyo en el proyecto de Intercambio de experiencias UE-Cuba para la promoción de las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética, medita sobre la participación del proyecto en la COP25 y los resultados de la cumbre

    Ponentes del acto "Transición energética y oportunidades de inversión económica en Cuba"

    La Cumbre Mundial del Clima COP25 esperaba acuerdos más ambiciosos sobre neutralidad del cambio climático para 2050. El nivel frenético de discusiones y negociaciones de los casi 200 países participantes en la Cumbre no cesó hasta el último momento buscando un consenso, sin embargo, el mercado de emisiones de CO2 y otros temas relevantes se pospusieron hasta la COP26 de Glasgow, prevista para noviembre de 2020.

    Durante dos semanas, representantes de Estados, organismos internacionales, instituciones y sociedad civil han mostrado cifras que no dejan lugar a dudas de la urgencia de tomar medidas: 13.000.000 toneladas de plástico llegan a los océanos anualmente, la acidificación creciente de los mares afecta a la pesca y repercute en la seguridad alimentaria, tres cuartas partes del planeta están amenazadas, más de un millón de especies corren riesgo de desaparecer, los gases de efecto invernadero han batido un nuevo récord, en los próximos 50 años habrá entre 250 y 1.000 millones refugiados medioambientales obligados a abandonar sus hogares. Es cierto: los datos abruman y se necesitan compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar el aumento de temperatura superior a 1’5 grados.

    Imagen de la zona verde en la COP25

    Sin embargo, la COP25 no quiso quedarse solo en la alarma y emergencia medioambiental, tratando de ofrecer espacios de concienciación, sensibilización y diálogo, abordando el tema medioambiental desde todas las disciplinas: biodiversidad, género, migraciones, urbanismo, industria, finanzas, desarrollo tecnológico, etc. Una amplia variedad de temas para que todas y todos, especialistas y público general, pudieran conocer la situación actual sin caer en el dramatismo y pesimismo, porque todavía es posible actuar.

    En este sentido, la FIIAPP colaboró estrechamente con el gabinete de la Alta Comisionada para la Agenda 2030, Cristina Gallach, apoyando la organización de la COP y promoviendo diferentes actividades, como el panel «Transición energética y oportunidades de inversión económica en Cuba» de la mano de la coordinadora del proyecto Maite Jaramillo, Felice Zaccheo (jefe de la Unidad de Programas regionales para América Latina y el Caribe en la Comisión Europea), Marlenis Águila (directora de energías renovables del Ministerio de Energía y Minas de Cuba), Elaine Moreno (directora general de la Oficina Nacional de Energía en Cuba, la ONURE), Ramsés Montes (director de política energética de la ONURE-Cuba) y Eric Sicart (Fira Barcelona). Dicha actividad se enmarca en el proyecto de Intercambio de experiencias UE-Cuba para la promoción de las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética que financia la Unión Europea y gestiona la FIIAPP. En dicho acto, se presentaron los principales elementos del programa y los retos y oportunidades de Cuba para el desarrollo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía.

    Los países isleños sufren de forma muy directa las consecuencias del cambio climático y son conscientes de la fuerte vinculación que existe entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico y social sostenible. En este sentido, la delegación cubana formada por especialistas del MINEM y la ONURE invitados a la COP dieron a conocer, a través del panel, la política ambiciosa del país de reducir sustancialmente en 2030 el uso de hidrocarburos y las emisiones de dióxido de carbono a través de un aumento progresivo de las fuentes de energía renovables y elevar su participación en la matriz de generación de energía eléctrica.

    Más allá de la COP, la comunidad internacional ha empezado a dar pasos hacia la transición ecológica, pero el reto es hacerlo a tiempo y de forma equitativa y justa, evitando ahondar las desigualdades ya existentes. La responsabilidad del cambio exige políticas públicas de Estados, organismos internacionales y regionales, hacia la descarbonización de la economía, adaptando el sistema actual a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Agenda 2030.

    A pesar de que los acuerdos de la COP no hayan sido los previstos, si algo ha quedado patente estos días es el interés de la sociedad española por reforzar la acción climática y avanzar en la neutralidad de las emisiones de CO2. Es tiempo de actuar y de buscar soluciones conjuntas.

  • 05 diciembre 2019

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    Europa y América Latina, juntas contra el cambio climático

    Iosu Iribarren, técnico del área de Estrategia de la FIIAPP, nos da su visión personal sobre la COP25 y cómo afrontar el reto del cambio climático.

    Iosu Iribarren en la COP25

    31 de octubre.  No paran de sonar los teléfonos. Y en silencio el «tic, tac» del reloj nos recuerda que es tiempo de actuar. Quedan cuatro semanas para que comience la COP25. Será en Madrid, apenas hay tiempo, y se apodera de todos nosotros una vigorizante mezcla de ilusión, confianza y nervios.

    Chile ha decidido, acertadamente, atender a las demandas sociales, que no pueden esperar. Y como la lucha contra el cambio climático también apremia, triunfa la solidaridad en forma de cooperación y multilateralidad.

    La COP25 es la última cumbre antes de la entrada en vigor del Acuerdo de París en 2020. Estados Unidos ya ha anunciado que abandona el barco y Greta, qué elocuente paradoja, nos cuenta por streaming su viaje en velero hacia la Cumbre. Mientras, la Unión Europea, América Latina y los demás países (hasta 196) se mantienen firmes en su compromiso de completar el artículo 6 – todavía en construcción – para crear un marco común para la compensación de emisiones de CO2.

    En el horizonte se dibujan un futuro neto en carbono y una transición energética global justa. La Agenda 2030 impregna el ambiente, nos marca el camino a seguir y nos ofrece un lenguaje común sobre el que promover – desde Iberoamérica, eso no ha cambiado – un desarrollo sostenible en sus tres dimensiones.

    La semana del 2 y del 13 de diciembre son la ocasión ideal para intercambiar perspectivas y poner en común los retos, las dificultades y las soluciones que, juntos, vamos encontrando para la adaptación y la mitigación del cambio climático. Diálogo político y diálogo de políticas: así, la COP25 será una plataforma para dar voz a América Latina y su agenda de adaptación.

    Los océanos son los protagonistas de esta Cumbre, a raíz del último informe del IPCC. Y es, en este contexto, que el océano Atlántico se presenta como puente para dos continentes unidos frente a los retos del cambio climático. Al pabellón de la presidencia chilena se suman el de Colombia (es la primera vez que el país tiene pabellón en una Conferencia del Clima), España, la Unión Europea  y EUROCLIMA+ para contar al resto del mundo nuestros esfuerzos en materia de cooperación climática.

    México aprobó su primera ley de cambio climático en 2012 y la reformó en 2018, al tiempo que Perú aprobaba su propia norma. Chile y España se encuentran en proceso de aprobación de sendos proyectos de ley y, en Panamá, recién arranca el diseño de su ley climática. Cuba, por su parte, aborda ahora la creciente inclusión de energías renovables en su matriz energética.

    ¿Experiencias similares o distintas? ¡Lo iremos descubriendo a lo largo la COP25! Lo que está claro es que no podemos eludir diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas con la reducción de las desigualdades y la búsqueda de una vida próspera para todos en el centro, para un futuro inclusivo y sostenible, sobre la base de un compromiso con el medio ambiente.

    Domingo 1 de diciembre. Está todo listo para la Cumbre. Los teléfonos se calmaron y se vuelven a escuchar las agujas del reloj. Las próximas fechas – 2020, 2030, 2050 – están cerca. Pero el ritmo ya no lo marca sólo el «tic, tac»; desde el pasado día 2 se suman las voces de América Latina y de Europa que se han encontrado más que nunca en la COP25 .

     

    A Alma y Carolina, compañeras de FIIAPP, y al equipo del Alto Comisionado para la Agenda 2030: gracias por vuestra ilusión y vuestras ganas contagiosas.  

     

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  • 03 diciembre 2019

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    Una excepción dolorosa

    La periodista Vicky Bendito nos cuenta su experiencia personal marcada por los retos que le planteó nacer con síndrome de Treacher Collins

    Vicky Bendito dando una charla en el evento anual de 2018 de Bridging the Gap

    Cuando mi madre me trajo al mundo, el diagnóstico que le dieron a mis padres fue que yo era “retrasada”. Me pregunto qué hubiera sido de mi si se hubieran conformado con aquel diagnóstico, si no hubiera tenido detrás un entorno estimulante, si no hubiera nacido en un país europeo.

    Yo nací con el síndrome de Treacher Collins, una malformación craneofacial congénita rara, discapacitante e incurable que afecta a dos de cada 100.000 personas. Los que tenemos este síndrome nacemos sin pómulos, con microtia (es decir, sin una o ambas orejas), la mandíbula no nos crece, tenemos la faringe muy estrecha y, en ocasiones, también nacemos con el paladar abierto, lo que nos confiere un rostro muy característico y nos ocasiona diversos problemas oculares (sequedad y úlceras en la córnea), digestivos (no pueden comer bien), respiratorios (apneas) y auditivos (sordera), entre otros.

    Una vez que supieron lo que tenía, mis padres tuvieron claro que tenían que hacer de mí una persona autónoma. Me llevaron a un colegio de educación especial, donde me pusieron mi primer audífono, me dieron muchísimas clases de logopedia y me enseñaron a leer los labios. De ahí, con ocho o nueve años fui a un colegio ordinario donde fui pasando los cursos con más o menos fortuna, sin apoyos técnicos especiales más allá de mi audífono retroauricular y de sentarme en primera fila para que escuchara mejor a los profesores.

    Recuerdo mi infancia feliz, con mis hermanos, los amigos, los veranos en la sierra, los primos, una adolescencia horrible, tras lo que llegó una etapa relativamente satisfactoria. Hubo dos etapas claramente diferenciadas en mi vida: una en la que lo que más pesaba era mi rostro, esa fisonomía que a mí me gustaba cuando me miraba al espejo pero que provocaba rechazo por no cumplir los cánones de belleza impuestos, y, otra, en la que lo que más pesaba era mi discapacidad.

    La primera es la que comprendió mi etapa adolescente, la segunda se hizo patente al incorporarme al mundo laboral. ¿A quién se le ocurre nacer sorda y hacerse periodista? ¡A mí! Y ya llevo 25 años en ejercicio, 20 como periodista de una agencia de noticias y 5 en el departamento de comunicación de una gran empresa que tiene la inclusión laboral como uno de sus principios.

    Ha sido a lo largo de estos años cuando no sólo he sido consciente de lo adelantados a su época que fueron mis padres, pues nací en un tiempo en el que las personas con discapacidad éramos considerados una desgracia familiar y un lastre para la sociedad (inválidos, deformes, inútiles, anormales o deficientes son algunos de los sustantivos con los que se referían a nosotros). A lo largo de estos años, he sido consciente de la suerte de nacer en un país europeo, y de lo injusto que es que tu vida sea tan distinta por tener una condición que no has elegido en un lugar determinado.

    Para mí, la determinación de mis padres fue fundamental para convertirme en la mujer que soy. Hace poco me contaba una persona que había conocido el caso de una mujer de casi 30 años, sorda, que utiliza audífonos para escuchar, pero que oye muy poco y que ha estado toda su vida tan sobreprotegida que no estudió una carrera, ni aprendió lengua de signos, tiene un trabajo no cualificado y no sabe dar un paso sin su familia. Es mucho más joven que yo, hija de la democracia, europea, nacida en una sociedad que ha ido cambiando su mirada hacia la discapacidad, ahí están las leyes que se han ido aprobando a lo largo de nuestra historia en pro de nuestros derechos. Tenía factores favorables para su desarrollo personal, pero su familia, ese pilar tan fundamental en el desarrollo de cualquier niño, pero especialmente de los que tienen discapacidad, la ha convertido en una inútil. No es el único caso que me llega. Y duele. Duele que estas cosas sigan pasando en países europeos, y si pasan en Europa, qué no ocurrirá en países menos desarrollados.

    El 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad, más del 80% son pobres, el 50% de las personas con discapacidad no tiene acceso a la sanidad, un porcentaje muy pequeño trabaja (varía de un país a otro), no entro a valorar si en un empleo con un sueldo decente o no. La gran mayoría de los más de 1.000 millones de personas con discapacidad que hay en el mundo vive en países en vías de desarrollo.

    La discapacidad es una condición que, quienes la tenemos, no elegimos, una condición que supone un factor de empobrecimiento, de discriminación, de desigualdad en cualquier parte del mundo pues, incluso en los países más avanzados son muchas las barreras, la primera de ellas es la falta de accesibilidad, que impiden nuestra inclusión, nuestra participación en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho.

    Yo tengo discapacidad, tengo una vida independiente, he podido estudiar y sigo haciéndolo, trabajo en la profesión que elegí, tengo acceso a la atención sanitaria… pero soy la excepción, no la norma. Una excepción dolorosa y vergonzosa difícilmente entendible. Y cuando echo un vistazo a las estadísticas, no puedo evitar preguntarme qué hubiera sido de mi si mis padres se hubieran conformado con aquel desacertado primer diagnóstico, con aquel «su hija es retrasada».

    Más información en: Vicky Bendito

  • 14 noviembre 2019

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    Instituciones eficientes, abiertas y transparentes para una democracia fuerte

    Federico Buyolo García, director general del Alto Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de España nos da una visión general de los Objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030, con una mención especial a los ODS 16 y 17, que son los ejes de acción transversal de la actuación de la FIIAPP

    Al hablar de la Agenda 2030 como la hoja de ruta que todos los países nos hemos dado para encaminar las políticas públicas, generar alianzas multiactor y multisector, para transformar el mundo y que nadie quede atrás, hablamos más allá de una visión de futuro basada en las evidencias científicas y en los valores que representa una visión humanista del mundo en que vivimos, estamos ante todo de una gran transformación que ha de llevarnos a disponer de instituciones fuertes que hagan de la democracia un espacio de justicia social.

    Los 17 objetivos de la Agenda 2030 nos dan una visión compartida con la que construir un nuevo contrato social global que mediante un desarrollo sostenible inclusivo permita que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida. Una acción compartida de justicia social y de desarrollo personal donde las personas están en el centro de toda la acción.

    Por ello, no podemos perder de vista que la única forma de conseguir estas 169 metas vendrá de la mano del empoderamiento de la ciudadanía.

    Es el momento de abrir un espacio de colaboración radical donde las empresas, las instituciones y la ciudadanía trabajen de manera que la confluencia de acciones nos lleve a generar certidumbres en un mundo de cambio permanentemente constante. Alianzas que van más allá de la suma de acciones en una visión incremental para pasar a una transformación exponencial de sumas multiplicadoras.

    Tenemos el conocimiento necesario para saber hacia donde hemos de construir un desarrollo sostenible inclusivo. Los 15 primeros objetivos de la Agenda 2030 nos muestran, claramente, todas aquellas actuaciones que, de manera integral e integrada, debemos poner en marcha en una alianza global. Actuaciones donde, con una visión holística, no solo hagamos frente a los retos y amenazas del presente, sino que además avancemos en la dirección donde construyamos un futuro de progreso compartido, de justicia social y medioambientalmente sostenible. Pero para construir este conocimiento necesitamos apostar por la innovación y la creatividad, por disponer de una visión más abierta y compartida de los problemas y las soluciones, de entender que la mejora manera de avanzar juntos es a través de la transferencia de conocimiento.

    Pero tan importante como el conocimiento que suponen los quince primeros objetivos de la Agenda 2030 es, sin duda alguna, los valores y las transformaciones imprescindibles que se recogen en los objetivos 16 y 17 de la Agenda 2030. Tendemos a pensar que la importancia de los diferentes objetivos va en la posición numérica en la que se encuentran. Nada más alejado de la realidad. Si ya hemos entendido que la agenda es integral e integrada y por lo tanto no puede ser fragmentada, es también igual de importante entender que los objetivos en las últimas posiciones no sólo son igual de vitales, sino que además son imprescindibles para poder cumplir con los otros quince objetivos.

    Por ello, cuando hablamos de Paz, Justicia e Instituciones sólidas (Objetivo de Desarrollo Sostenible 16) y de Alianzas para lograr los Objetivos (Objetivo de Desarrollo Sostenible 17) estamos hablando del corazón mismo de la Agenda 2030, del cambio sistémico que ha de impulsar el logro del resto de los objetivos, del impulso de las instituciones, de la política y de la ética de una acción que solo puede ser transformadora si está basada en los derechos humanos.

    Aunque no podemos olvidar que las acciones a llevar a cabo para la consecución de la agenda 2030 es necesario que nazcan de una colaboración radical de todos los actores, no podemos obviar que las instituciones democráticas constituyen el núcleo de impulso y garantía de los cambios que hemos de realizar. Liderar supone en definitiva hacerse cargo de la realidad y proyectar hacia un futuro inclusivo. Las instituciones democráticas han de convertirse en esta nueva era en motores de transformación, en vectores de transparencia, en ejemplos de eficiencia y equidad. Eficiencia para no desaprovechar los recursos, equidad para que todas las personas tengan los mismos derechos y libertades.

    El desarrollo sostenible implica disponer de una economía próspera, una sociedad inclusiva, ambientalmente sostenible y bien gobernada. Sin instituciones fuertes no podremos avanzar en una sociedad justa. Sin transparencia no dispondremos de la confianza necesaria para construir una sociedad de equidad.

    Es el momento de comprometer nuestra visión en una acción transformadora, una acción de cambio y mejora de la vida de las personas a través del fortalecimiento de una economía al servicio de la sociedad, en un planeta medioambientalmente sostenible que disponga de instituciones eficientes, abiertas y transparentes para una democracia fuerte.

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