EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu experiencia como experto movilizado?

Hasta ahora el mayor logro ha sido haber podido conseguir que las instituciones mozambiqueñas confíen en la capacidad del proyecto de Apoyo a la lucha contra la corrupción en Mozambique de trabajar con ellas para poder combatir, de un modo eficaz, la corrupción y conseguir su implicación, total, en el mismo.

¿De qué te sientes más orgulloso?

Del trabajo en equipo y del esfuerzo desplegado, hasta ahora, con mis compañeros en FIIAPP a la hora de defender la asistencia técnica pública como un valor destacado.

¿Cómo ha contribuye tu misión como cooperante y a la vez trabajador público a mejorar la vida de las personas y el planeta?

Como Magistrado concibo el servicio público a la ciudadanía como una prioridad absoluta y como un activo necesario para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Entiendo importante exportar esos valores y conocimientos a otros países por medio de la asistencia técnica pública promovida por FIIAPP.

¿Cuál es para ti el principal valor de lo público?

Capacidad técnica y experiencia, mérito y capacidad en la selección de profesionales, y priorización en el ejercicio profesional de los principios de imparcialidad, objetividad e independencia.

¿Qué aprendizaje destacarías?

Que, a veces, no es fácil defender lo público frente al mercantilismo del mercado, consultorías privadas e intereses creados. Pero que no hay duda de que en el ámbito público existen magníficos profesionales conocedores de la práctica diaria, y que debe defenderse este modelo público a pesar de los obstáculos.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

Naciones Unidas fijó en el 9 de diciembre el día internacional contra la corrupción. Un día en el que se pretende que medios de comunicación y organismos contribuyamos a sensibilizar a la ciudadanía acerca de dicha problemática.

Por corrupción entendemos “el abuso de poder, de funciones o medios para sacar un provecho económico o de otra índole”. Si nos remitimos al origen etimológico del latín “corruptio”, nos encontramos que el sentido original del término es “acción y efecto de hacer pedazos”. Y es que la corrupción es una lacra que, tal como se recoge en la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, aprobada el 31 de octubre de 2003, amenaza la estabilidad y seguridad de la justicia y de las sociedades. Como su nombre en latín indica, “hace pedazos” tanto a las instituciones como a los valores éticos y democráticos de las sociedades que la padecen.

Además, se trata de un fenómeno transnacional en la que suelen participar la delincuencia organizada por lo que deriva en otro tipo de criminalidad como la trata de seres humanos y el blanqueo de capitales.

Para combatirla, se hace imprescindible promover la cooperación internacional y la asistencia técnica y, para ello, los agentes de la cooperación internacional, como la FIIAPP, jugamos un papel clave.

LA CORRUPCIÓN EN GHANA

La corrupción sigue siendo un problema que ha permeado en todos los sectores de la sociedad y la economía ghanesa. Con sus efectos devastadores, impide el desarrollo sostenible y es una amenaza a los derechos humanos. Podría decirse que la corrupción ha sido identificada como una de las principales causas de pobreza, privación y subdesarrollo. En el caso particular de Ghana, la alta prevalencia de la corrupción ha dado lugar a una prestación de servicios deficiente y a una falta de acceso a otros servicios básicos como salud o educación. La corrupción es, igualmente, una amenaza para los ideales democráticos de Ghana, en particular, el estado de derecho, la justicia y la igualdad ante la ley.

Según el índice de percepción de la corrupción 2018 de transparencia internacional, Ghana ocupa el lugar 78 de los 180 países. 

EL PROYECTO ARAP-GHANA

El programa Accountability, Rule of Law and Anti-Corruption Programme (ARAP), financiado por la Unión Europea e implementado por la FIIAPP, lleva tres años apoyando los esfuerzos del gobierno de Ghana para reducir la corrupción.

El objeto que pretende es el de promover la buena gobernanza y apoyar la reforma nacional, a fin de mejorar la rendición de cuentas y fortalecer las iniciativas de lucha contra la corrupción en todo el país. Para ello trabaja junto con las instituciones gubernamentales pertinentes y otros socios estratégicos nacionales mejorando, al mismo tiempo, la rendición de cuentas y el respeto a las estructuras jurídicas ya existentes.

Además, actúa como un programa de apoyo para el gobierno en la implementación del Plan de Acción Nacional Anticorrupción (NACAP), la estrategia nacional anticorrupción de Ghana ratificada por el Parlamento, en 2014, cuyo objetivo es crear una sociedad ghanesa democrática y sostenible, basada en la buena gobernanza y dotada de un alto grado de ética e integridad.  

SEMANA ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

A la luz de esta problemática, del 2 al 9 de diciembre se ha celebrado en Acra, la capital del país, la Semana Anticorrupción y Transparencia (ACT) en la que han participado el Gobierno, los sectores público y privado, la academia, medios de comunicación, la sociedad civil y el público en general. La semana ha estado organizada por la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa (CHRAJ) apoyado por el programa ARAP.

La finalidad de la semana ACT ha sido crear una plataforma para evaluar el peso de NACAP en los cinco años transcurridos desde su implementación y reforzar el compromiso de los socios ejecutores en los cinco años restantes del NACAP;  concienciar a los ghaneses sobre los efectos perversos  de las prácticas corruptas; abogar por una colaboración y asociación interinstitucional sostenida en la lucha contra la corrupción, así como por la necesidad de dotar adecuadamente de recursos a las agencias anticorrupción; y potenciar el uso de los instrumentos de cooperación internacional en la lucha contra la corrupción.

La semana ha incluido un gran número de actividades, tanto a nivel nacional como regional. Entre ellos destacan el fórum internacional sobre lavado de dinero y recuperación de activos, cooperación internacional y cooperación jurídica internacional; el foro sobre integridad para la juventud; la conferencia de alto nivel de la NACAP; la entrega de premios de integridad; y la conmemoración de los días internacionales contra la corrupción y el de derechos humanos.

El trabajo de ARAP continuará no sólo durante la semana sino todos los días hasta el final del programa en diciembre de 2020, porque la lucha no es sólo una semana, sino todos los días del año.

Texto creado con la colaboración de Sandra Quiroz, especialista en comunicación de ARAP Ghana

A principios del mes pasado, tuve la suerte de asistir a la 6ª Cumbre Global de la Alianza del Gobierno Abierto en Canadá, un encuentro que reunió a dos mil personas de 79 países y 20 gobiernos locales que, junto a organizaciones de la sociedad civil, académicos y otros actores, integran la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés). Este año, la Cumbre giró en torno a tres prioridades estratégicas: participación, inclusión e impacto.

Durante la inauguración, y para mi sorpresa, apareció en las pantallas gigantes la iniciativa que apoyamos desde el proyecto ACTUE -proyecto que gestionó la FIIAPP con financiación de la UE entre 2014 y 2018-: la Estrategia de Justicia Abierta en el Consejo de Estado de Colombia como uno de las “Reformas Estelares”, seleccionadas en el último ciclo OGP. Fue muy emocionante poder vivir ese impacto tangible de uno de nuestros proyectos, algo que raramente podemos experimentar. La ilusión que me produjo superó a la de ver en directo al primer ministro canadiense Justin Trudeau, que ya es mucho. Y es que no es para menos, estos 12 compromisos han sido seleccionados por el Mecanismo de Revisión Independiente entre cientos de compromisos, por mostrar evidencias de resultados preliminares que suponen avances significativos en áreas políticas relevantes y transformadoras.

La Estrategia de Justicia Abierta en el Consejo de Estado de Colombia, ha permitido que, por primera vez, la Corte comenzase a publicar sus agendas y decisiones anteriores, así como información sobre posibles conflictos de intereses de jueces y del personal administrativo; aspectos esenciales para la rendición de cuentas públicas, así como para posibilitar que ciudadanía y sociedad civil ejerzan su labor de control social. A largo plazo, estos cambios pueden reducir la corrupción en las instituciones de justicia y permitirles recuperar la confianza de la ciudadanía. Justicia Abierta es una de las tendencias políticas en gobierno abierto que está ganando mayor relevancia dado el gran impacto que sus acciones pueden aportar a la ciudadanía; particularmente, el acceso a la justicia posibilita el ejercicio de otros derechos. Además, esta acción sectorial contribuye directamente al progreso de la Agenda 2030, a través de su objetivo 16 Paz, Seguridad e Instituciones sólidas.

El proyecto ACTUE Colombia estuvo apoyando a la Secretaria de Transparencia de Colombia en la elaboración de sus planes de acción OGP , así como a las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo, a través de asistencias técnicas especializadas, la creación de un espacio de interlocución entre administraciones y sociedad civil para definir sus propias prioridades en gobierno abierto.

Este es un buen ejemplo del impacto positivo que puede generar la cooperación delegada, gracias a la flexibilidad e innovación que aportan, a nuestras socias, las asistencias técnicas a demanda que llevamos a cabo.

Sobre el proyecto ACTUE Colombia

El proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia (ACTUE-Colombia) ha apoyado a las instituciones colombianas en la puesta en marcha de medidas clave para un Gobierno Abierto Territorial con la finalidad de avanzar en la prevención y la lucha contra la corrupción tanto a nivel nacional como territorial. Para ello, el proyecto apoyó la creación de condiciones para el cumplimiento de compromisos internacionales, el fortalecimiento del control social, la promoción de la corresponsabilidad del sector privado y la generación cambios culturales e institucionales.

Entre el 2014 y el 2018, el proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP en coordinación con la Secretaría de Transparencia (ST) y Función Pública (FP) prestó asistencia en áreas como la aplicación de la Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, la redacción de Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), el fomento de la rendición de cuentas o la promoción de la participación ciudadana. De esta forma, se contribuyó a que los funcionarios comprendan que el derecho de transparencia y acceso a la información es un derecho llave para el ejercicio de otros, aumentando la conciencia por institucionalizar los avances en transparencia activa y el conocimiento en la identificación y gestión de los riesgos de corrupción.

Carolina Díaz, técnico jurídico en el área de Justicia y Seguridad de la FIIAPP y, entre 2014 y 2018, miembro del equipo ACTUE Colombia

A principios de año, el Banco Mundial publicó su previsión de crecimiento económico mundial para 2018, una previsión que tenía un marcado protagonismo africano.  Con una estimación de crecimiento del 8,3%, Ghana lideraba un ranking copado por países subsaharianos en sus primeros puestos. Además de Ghana, Etiopía (2ª), Costa de Marfil (4ª) y Yibuti (5ª) estaban entre los cinco países con una mayor previsión de crecimiento. Este dato de la economía ghanesa no puede calificarse como una sorpresa. Con un crecimiento ininterrumpido de 34 años (la última recesión data de 1983, cuando su economía se contrajo un 4,5%), Ghana es uno de los países del África subsahariana con una economía más diversa y dinámica -la octava en términos de PIB, la segunda de África Occidental tras Nigeria- y cuenta con una balanza comercial bastante equilibrada, lo que le sitúa como un país de renta media-baja.

Desigualdad frente a macroeconomía

Sin embargo, estos datos macroeconómicos no pueden ocultar otros indicadores que no son tan esperanzadores. Aunque la población en situación de pobreza extrema se ha reducido a la mitad en los últimos 25 años, del 52% en 1992 al 24% en la actualidad, Ghana es uno de los 50 países más desiguales del mundo y, como señala Oxfam en sus últimos informes, en este país “la desigualdad está en aumento, socavando la reducción de la pobreza, frenando el crecimiento económico y amenazando la estabilidad social”. Según los datos de esta ONG, en Ghana el 10% de la población más rica consume casi un tercio de los recursos (32%), la misma cantidad que consume el 60% más pobre. Por el contrario, el 10% más pobre sólo accede al 2% de los recursos.

Esta problemática se agrava con dos brechas importantes. En primer lugar, la de género, que provoca que las mujeres tengan muy restringido el acceso a recursos y riqueza. Como señala Oxfam, este colectivo tiene “la mitad de probabilidad que los hombres de poseer tierras”. Además, “solo el 6% de las personas más ricas de Ghana son mujeres”. En segundo lugar, la territorial. El patrón de desarrollo de Ghana ha acentuado las divisiones norte/sur y campo/ciudad, con una pobreza fundamentalmente situada en ámbito rural (casi cuatro veces más de incidencia que en las zonas urbanas); y en las tres provincias del norte (Upper East, Upper West y Northern Region), que tienen indicadores de desarrollo similares a países como Mauritania, Madagascar o Benín, según datos del Informe de Desarrollo Humano de 2015.

Anticorrupción frente a desigualdad

Para que la acción gubernamental de los países afectados por la desigualdad pueda revertir la situación debe poner el énfasis en tres aspectos, como se señala en el Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad: el gasto social, las políticas tributarias y los derechos laborales, y la corrupción es un fenómeno que impacta de forma negativa en estos tres aspectos. En primer lugar, al detraer recursos públicos, la corrupción afecta de manera importante a las políticas sociales, que cuentan con menos capacidad de gasto. En segundo lugar, al ser un circuito económico opaco no está gravado fiscalmente. Además, en muchas ocasiones la corrupción a gran escala y la evasión fiscal son fenómenos interconectados que involucran a las élites políticas y económicas. Sin olvidar que la percepción social de la corrupción es un gran desincentivador del cumplimiento de las obligaciones tributarias por la ciudadanía, que piensa que sus impuestos acaban en los bolsillos de los gobernantes. Finalmente, la corrupción estimula el empleo informal, sobre el que es más difícil adoptar regulaciones que promuevan el respeto de los derechos laborales y el establecimiento de salarios mínimos dignos.

En definitiva, como señalaba Transparencia Internacional en la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción 2016, “la corrupción sistémica y la desigualdad social se refuerzan recíprocamente creando un círculo vicioso entre corrupción, reparto desigual del poder en la sociedad y desigualdad en la distribución de la riqueza”. Y en el caso de Ghana se produce ese círculo vicioso. La percepción de la corrupción en Ghana, medida por el citado índice, arroja un resultado medio-alto para Ghana, con 40 sobre 100. Este índice indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción del sector empresarial y analistas de país, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto). Pero hay un dato más alarmante, y es que el resultado de Ghana viene empeorando en los últimos años, de 48/100 en 2014 a 40/100 en 2017. Es bastante probable que este empeoramiento se deba en gran medida a la revelación en los últimos años de importantes casos corrupción que afectaban al sistema judicial o la federación de fútbol.

La evasión fiscal, que como señalábamos es una cuestión muy vinculada a la corrupción, también es un desafío importante para Ghana. De hecho, para el ministro de Desarrollo Empresarial ghanés es el mayor desafío al que se enfrenta el país. Por todo lo expuesto, la lucha contra la corrupción en Ghana supone una poderosa herramienta en favor de un desarrollo inclusivo, que vaya más allá del mero crecimiento macroeconómico y tenga en cuenta a los colectivos más desfavorecidos. Y ese es el objetivo del Programa de Rendición de cuentas, Estado de Derecho y Anticorrupción de Ghana (ARAP, por sus siglas en inglés), que gestiona la FIIAPP en Ghana con financiación de la Comisión Europea: reducir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas de este país africano. Este proyecto comienza en un momento en el que el gobierno de Ghana se ha involucrado intensamente en lucha contra la corrupción creando el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción de Ghana (NACAP) dentro del cual se encuadra el proyecto.

Ángel González, técnico coordinador del proyecto de apoyo a la transparencia y anticorrupción en Ghana

¿Cómo podemos lograr un cambio cultural en nuestras sociedades en relación al fenómeno de la corrupción, de modo que deje de considerarse como un fenómeno natural?

La normalización de la corrupción es un problema central en nuestras sociedades. La corrupción aparece cuando está instalada estructuralmente como la forma normal de hacer negocios o de conseguir tus derechos o lo que necesites del Estado en la prestación de servicios. Y ese es un problema que tiene que ver con la reconstrucción de ciertos consensos sobre valores básicos en una sociedad. Durante años se han ido rompiendo esos acuerdos y esa comprensión sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal en las sociedades. Incluso si uno analiza cuál es la percepción de un niño muy pequeñito sobre lo que es justo e injusto, es mucho más clara que la percepción que ese niño va a tener al permearse a los criterios sociales a lo largo de los años. Debemos trabajar fuertemente en educación, en rediscusión sobre lo que es aceptable y lo que no, porque, cuando se normaliza la corrupción, ya no hay ningún antídoto efectivo, porque precisamente el socio que necesitamos en la lucha contra la corrupción es la sociedad movilizada, ciudadano por ciudadano, consciente de lo que se debe admitir y lo que no. Hay que generar condiciones que favorezcan o canalicen esa energía social.

¿Cuáles son los desafíos de la coordinación internacional en la lucha contra la corrupción ante fenómenos de corrupción institucionalizada y alcance global como el caso Lava Jato?

La gran corrupción, como el caso del Lava Jato, plantea para la justicia desafíos distintos que los casos de corrupción que habíamos visto anteriormente, por muy grandes que fueran en términos monetarios, porque este es un fenómeno globalizado y, por lo tanto, requiere una respuesta global y de cooperación, no solo a nivel de los países, sino entre todas las agencias. Este es uno de los problemas que afronta la justicia cuando quiere investigar estos casos. No solo el acceso a información bancaria, información tributaria, información de los organismos de lavado de dinero, que debería ser mucho más fácil para los jueces y fiscales que investigan, sino también la necesidad de cooperar internacionalmente.

Es por ello que hay que cambiar las normas procesales en muchos países y modificar los convenios internacionales de lucha contra la corrupción, porque seguimos enfrentándonos a este tipo de problemas en una situación en la que el dinero cambia de un país a otro con un clic de la computadora, en cuestión de segundos, y desaparece del radar. Esto lo afrontamos con el mismo mecanismo de oficios ante los gobiernos que teníamos en el siglo XIX: el juez hace un oficio que va al gobierno, éste lo manda al gobierno del otro país, que se lo manda al juez, y el juez dice que le falta un detalle y vuelve de regreso, y tardamos meses, cuando no años, en obtener la información, y, si el dinero se pasó de un país a otro, o de una estructura social a otra, o a otro paraíso fiscal en cuestión de segundos, resulta imposible seguir su rastro, que es lo esencial para investigar la corrupción.

Recientemente se inauguró en Chile un Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), que ha contado con el apoyo de EUROsociAL+, programa gestionado por la FIIAPP, ¿qué valor tiene este centro para las denuncias de corrupción y cómo va a servir de enlace entre el Estado y los ciudadanos?

Los ALAC ya existen en más de 60 países en nuestros capítulos. La idea de estos centros es acompañar a las víctimas de corrupción o a aquellos que conocen casos de corrupción y que quieren denunciarlos y no tienen el acompañamiento legal o jurídico necesario para hacerlo. Los ALAC nos han permitidos en muchos países del mundo activar las denuncias contra la corrupción, porque ya no es un ciudadano aislado, es una organización que está vinculada con el Ministerio Público y puede canalizar las denuncias y acompañar.

En muchos de estos países lo que hacemos son convenios con los colegios de abogados que nos permiten contar con asesoramiento legal de primer nivel, abogados que trabajan ‘pro bono’ los casos y que permiten, a través de los ALAC, ese contacto con quien quiere ir a la justicia y no sabe cómo. Además, los centros ALAC nos han facilitado una gran cantidad de información sobre cómo opera la corrupción en los países, información directa, de primera mano, y que de otra manera hubiera sido difícil de recabar, dado que la corrupción opera en la opacidad total, no se entregan recibos de corrupción salvo en casos excepcionales en los que ha habido un registro de esa contabilidad, como pasó con Odrebrecht, que tenía una sección de la empresa dedicada a estas operaciones estructuradas.

¿En qué medida tiene la corrupción efectos diferenciados en las mujeres?

Un sector importante en el que se nota una diferenciación de género es aquel que se refiere al acceso a los servicios y a los derechos vinculados a la pequeña corrupción. Ello se debe a que las mujeres estamos a cargo de las tareas de cuidado y, por lo tanto, somos la cara visible que va a solicitar esas ayudas, porque la pobreza se ha feminizado y los sectores más pobres son los que necesitan de esa colaboración del Estado en la prestación de esos servicios.

Otro factor que castiga específicamente a las mujeres, o lo hace de manera más sustancial, es el tema de las monedas de intercambio. En muchos casos de pequeña corrupción, se exigen favores sexuales o se da lugar a situaciones de acoso en los cuales las mujeres son victimizadas doblemente.

Del barómetro de corrupción, que es una de las mediciones de Transparencia Internacional, surge que, en la región, áreas de política pública como la salud, la educación o los planes sociales son percibidas como las más corruptas o más proclives a la corrupción, y son las áreas que precisamente se vinculan con las tareas de cuidado y de solicitud de derechos. Ahí tenemos un efecto diferenciado en materia de corrupción entre hombres y mujeres.

Las otras dos áreas del Estado en las que también se observan efectos diferentes son la policía y los tribunales de justicia. Cuando la policía y los tribunales se ven afectadas por la corrupción, las mujeres que tienen que recurrir a ellos en casos de discriminación, de violencia doméstica o de género, de feminicidios, de violaciones o de acoso se enfrentan al hecho de que, al defender sus derechos en un área dominada por la corrupción, en lugar de encontrar la protección y la garantía de esos derechos, terminan siendo víctimas.

En los últimos años el Gobierno de Ghana ha realizado avances positivos para reforzar la transparencia y rendición de cuentas en sus reformas. Entre estos compromisos cabe destacar el desarrollo y puesta en marcha, en un horizonte temporal de 10 años, del Plan Nacional Anti-Corrupción (NACAP), así como la adhesión en 2011 a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

Como parte de estos esfuerzos, el Proyecto ARAP, financiado por la Unión Europea e implementado por la FIIAPP, trabaja en las áreas de “Rendición de cuentas, fomento del Estado de Derecho y Anti-corrupción”. El objetivo del programa es contribuir a los actuales procesos de reforma para reducir la corrupción y reforzar la rendición de cuentas, anticorrupción y gobernanza ambiental.

El acceso a la información resulta crítico y decisivo para todos aquellos que quieran exigir la rendición de cuentas al gobierno. La información es  fundamental para tomar decisiones informadas. La información es también poder. Cuando la información no se ofrece ni se consulta libremente, se generan condiciones que propician la corrupción.

El acceso privilegiado a la información puede confluir en situaciones en las que se requieren sobornos a aquellos que demandan de dicha información. No es de extrañar por tanto, que el acceso a la información se haya convertido en un pilar de la buena gobernanza, y una herramienta fundamental contra la corrupción.

Hoy, 28 de Septiembre, es el Día Internacional del Derecho a Saber. El Día Internacional del Derecho Universal de Acceso a la Información fue declarado hace dos años por la UNESCO. Sin embargo muchos desconocen esta iniciativa de las Naciones Unidas tiene sus raíces en África, siendo un resultado de las labores de promoción y defensa de la Plataforma Africana para la Información (APAI- African Platform on Access to Information).

En los últimos 10 años, el derecho a la información ha sido reconocido por un número cada vez mayor de países, mediante la adopción de una oleada de Leyes de Libertad de la Información. En 1999, únicamente 13 países habían adoptado legislaciones nacionales en materia de libertad de la información, mientras que en la actualidad hay 90 Leyes de tal calado adoptadas en todo el mundo.

Hasta el momento Ghana no dispone de una ley que regule la libertad de información, a pesar de que ha sido debatido en el país durante los últimos 20 años. Aunque existen signos positivos del gobierno que afirman que el Proyecto de Ley será aprobado el próximo año, en el marco de las reformas legislativas en marcha que incluyen varias iniciativas anti-corrupción como la creación de una Fiscalía especial Anti-corrupción o la protección de denunciantes y testigos.

Equipo del Proyecto “Rendición de cuentas, Estado de Derecho y Anticorrupción de Ghana” (ARAP)